Salud
Gobierno de Bukele prefiere enfrentar la epidemia de enfermedad renal con diálisis antes que prevenir casos y limitar a la industria cañera
El Gobierno de Bukele sigue con la misma complicidad que los anteriores tenían con la industria cañera. Eso significa, como daño colateral, que no hay esfuerzos serios para frenar la epidemia de enfermedad renal, sino solo un enfoque curativo deficiente que terminando cobrando vidas de agricultores pobres y empleados mal pagados de la industria cañera en la zona costera de El Salvador.
Por Mario Beltrán
Marzo 10, 2026
Es mediados del 2012 en las cálidas costas salvadoreñas. Grandes hectáreas de tierra se preparan para una nueva cosecha de caña de azúcar en el distrito de San Luis Talpa. En medio del cañaveral, Óscar López, -un adolescente de 12 años- con botas desgastadas, sombrero para el sol y su mochila fumigadora con litros de paraquat, peregrina los surcos de tierra aplicando herbicida para limpiar los cultivos de caña azúcar pertenecientes al ingenio Central de Izalco. Pero el veneno no solo contaminó la tierra, sino que en 2020 le costó la vida a su padre. Ahora, en 2026, las consecuencias siguen ardiendo a diario: Óscar y sus dos hermanos luchan por sobrevivir con diálisis semanales, un tratamiento provocado por el daño en sus riñones y espalda.
La producción de azúcar en El Salvador ha tenido un aumento histórico. Según datos del Anuario de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, la producción azucarera pasó de poco más de 11 millones de quintales entre 1999 y 2000, a más de 17,137,380 millones de quintales en 2022 y 2023.
En contraste con su crecimiento, la industria azucarera —controlada por un selecto grupo empresarial y familias de las élites históricas del país— ha sido señalada por ambientalistas y personas defensoras de derechos humanos de dañar al medio ambiente con prácticas como la contaminación y acaparamiento del agua y suelo de comunidades aledañas, monocultivos y cambio de uso de suelos, quema de rastrojo en la zafra que genera enfermedades respiratorias; explotación laboral y violaciones a derechos ambientales colectivos, a pesar de que este sector se promociona como “generador de empleos y desarrollo”.
Pero uno de los señalamientos más graves que recae sobre el sector azucarero de El Salvador, según ambientalistas y defensores de derechos humanos, es que las dinámicas históricas de fumigación de herbicidas y agrotóxicos han sido realizadas por personas de forma manual, o de forma aérea por medio de aviones de riego, afectando a empleados y comunidades aledañas, quienes años más tarde han desarrollado enfermedades renales crónicas, causando muerte en cientos de personas trabajadoras dedicadas a esta actividad, sin ninguna regulación o sanción estatal sobre la industria. Al contrario, el poder político, en vez de resolver esta problemática socioeconómica y de salud, ha favorecido a esta industria.
El 5 de septiembre de 2013, la Asamblea Legislativa, dominada en ese entonces por la derechista Arena, y el FMLN como segunda fuerza, emitieron un decreto legislativo que prohibía 53 ingredientes activos en agroquímicos, y otros plaguicidas. Además, ordenaba la creación de un organismo estatal para “la revisión, perfeccionamiento y registro, autorizaciones y prohibiciones de plaguicidas y fertilizantes, en concordancia con las características regionales, de país y las normas internacionales”; así como obligar a importadores a incluir manual y explicación de correcto uso de plaguicidas.
Ese decreto fue la única iniciativa estatal que hubo para resolver la problemática. Sin embargo, ya en manos de Mauricio Funes, el primer presidente de la izquierda en El Salvador, observó 11 de los 53 plaguicidas que la Asamblea quería prohibir. El fallecido exmandatario observó, entre otras cosas, que se debía buscar un equilibrio entre los derechos a proteger y la armonización de la legislación nacional con la tendencia internacional en el tema de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario y en el marco de los convenios internacionales suscritos por El Salvador en esta materia. En resumen, el mandatario de izquierda se plegó a los intereses de la industria azucarera.
Funes, además, observó que se debía documentar la prohibición de su uso en principios científicos y en técnicas de evaluación de riesgo elaboradas por organizaciones internacionales competentes, para que los mismos se prohíban, tanto “por la salud de las personas, así como el bienestar del medio ambiente y asegurando la seguridad alimentaria; además que no lleven aparejadas consecuencias internacionales para el país”.
A la fecha, las observaciones presidenciales nunca fueron superadas por la Asamblea Legislativa, por lo que esos 11 agroquímicos siguen sin ser regularizados en el país. Entre esos están el Paraquat y el Hedonal, dos de los agroquímicos que Óscar manipuló en su infancia como fumigador en San Luis Talpa.
GatoEncerrado ha venido documentando esta situación desde 2015 cuando publicó reportajes de cómo el riego aéreo de venenos afectaba a 90 familias de Tecoluca, San Vicente. Una situación que se vino repitiendo los años posteriores en zonas de cañaverales de Ahuachapán, al occidente, y del Bajo Lempa, al oriente salvadoreño.
Según ambientalistas y abogados especializados en medio ambiente, consultados por GatoEncerrado, la situación ha empeorado bajo el régimen inconstitucional de Nayib Bukele, ya que se ha generado un escenario propicio para tolerar estas prácticas debido a leyes y políticas desarrollistas; y a políticas represoras y de censura contra la sociedad civil que denuncia las vulneraciones realizadas por esta industria.
El año 2022, nueve años después de aquel dictamen de 53 agroquímicos, y Bukele ya con todo el control sobre el poder Legislativo, fue el último año en el que los diputados se pronunciaron sobre el tema, desestimando una petición de retomar el estudio de reformas a una ley de prohibición de agrotóxicos, bajo el argumento de que ese tema sería incluido en una ley de conservación de suelos, de la cual todavía no hay un expediente en la comisión. La siguiente y actual legislatura 2024-2027, ya no ha abordado el tema desde la fusión de comisiones legislativas, uniendo Salud, Agricultura y Medio Ambiente.
Óscar, quien además vive muy cerca de un cañaveral, dice que, si bien ya no usan avionetas para riego de agroquímicos como antes que rociaban, ahora ha visto que lo hacen con drones de noche, algo que es irregular, puesto que la Regulación de los Vehículos Aéreos No Tripulados de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) en la subparte “D” sobre Reglas Generales para Operaciones con Vehículos Aéreos no tripulados, en el literal “S”, establece que “no se permite que desde un vehículo aéreo no tripulado se suelte o se lance cualquier tipo de objeto o substancia”. El mismo reglamento prohíbe que se vuele un vehículo no tripulado de noche.
En tanto, en el literal “R”, el reglamento expresa que “no se permiten operaciones de vehículos aéreos no tripulados para albergar o transportar mercancías peligrosas”. Sin embargo, la misma ACC establece que “se reserva el derecho de autorizar excepciones a esta regulación siempre y cuando los interesados demuestren que pueden cumplir satisfactoriamente para la AAC una operación segura bajo los términos de una excepción”.
Óscar comenzó a trabajar como fumigador de maleza en cañaverales a sus 12 años, según él, debido a falta de oportunidades y de acceso a la educación. Pero pronto comenzó a sentir malestares que se intensificaron tres años más tarde a sus 15 años de edad. “Fui al médico, me hicieron chequeo y me salió creatinina alta del riñón, y el médico me dijo: -estás en etapa uno de insuficiencia renal crónica-. El motivo fue por regar el químico para maleza con equipo que no era adecuado”, comenta Óscar a GatoEncerrado, hoy de 25 años de edad.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la insuficiencia renal crónica se trata de la pérdida gradual de la función renal, y explica que, cuando la enfermedad renal crónica alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo.
De acuerdo con un documento del Ministerio de Salud de El Salvador llamado “Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica”, elaborado por el doctor Carlos Orantes, los grupos de riesgo ante la enfermedad son, entre otros, personas con obesidad, con práctica de tabaquismo, con diabetes, y personas “trabajadoras agrícola o con exposición directa a plaguicidas”.
Para entender la dimensión de este problema de salud, que representa el 21.8 % de las muertes por enfermedades no transmisibles en El Salvador, según el perfil de país de la PAHO, GatoEncerrado buscó información oficial y pública, pero esta no está disponible. Así que la solicitó al Ministerio de Salud de El Salvador, vía información pública, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido, incumpliendo así la Ley de Acceso a la Información.
El detalle de lo solicitado al Ministerio de Salud era el presupuesto anual total para la atención a pacientes con Enfermedades Renales Crónicas (ERC) para el año 2025; número total de pacientes con ERC a nivel nacional en el mismo año; principales causas que generan ERC en El Salvador; y el número total de médicos nefrólogos en el sistema público que atienden a pacientes con ECR en promedio. Al cierre de este reportaje, la Oficina de Transparencia no había respondido la solicitud de información, transgrediendo la Ley de Acceso a la Información Pública.
Ante la falta de información pública y accesible, la única información que queda en El Salvador (sin la posibilidad de corroboración) es registrar lo que los funcionarios comparten. En una visita que hizo el ministro de Salud, Francisco Alabí, en mayo de 2025 a la Comisión de Salud, Agricultura, Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa para discutir la propuesta de Ley Especial sobre Trasplante de células, Tejidos y Órganos Humanos, mencionó que en El salvador, hasta mayo de 2025, se registraban 52, 102 pacientes con ERC.
Presentación del ministro de Salud, Francisco Alabí, en la que comparte información y datos sobre la enfermedad renal con diputados de la Asamblea Legislativa.
Según explicó, del total de pacientes con ERC, hay 3,382 en terapia de sustitución renal; 1,609 en diálisis peritoneal; y 1,773 en hemodiálisis.
“Todos sabemos que en el país, una de las complicaciones más frecuentes es el tema de la insuficiencia renal, y es una (situación) donde el trasplante puede dar una gran solución en calidad de vida”, dijo el ministro Alabí a los diputados de la comisión.
En cuanto al número de nefrólogos que atiende a pacientes con ERC, si bien el Ministerio de Salud no respondió a la solicitud de información, una nota de el periódico El Diario de Hoy, publicada en noviembre de 2025, afirma que en El Salvador hay únicamente 70 nefrólogos para los 52 mil pacientes registrados.
La fuente del periódico es Rafael Chávez, nefrólogo quien fungió como presidente de la Asociación Nacional de Nefrología e Hipertensión Arterial.
El uso de agroquímicos continúa sin mayor control, a pesar de las innumerables denuncias que ambientalistas y especialistas que advierten sobre prohibición de dichos químicos en otros países, y las graves consecuencias a la salud de quienes se exponen directa o indirectamente. Incluso, han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presione a El Salvador por su pasividad en la legislación del uso de plaguicidas.
A sus 15 años, Óscar recibió la noticia de que su padecimiento llegó a la etapa cinco de la enfermedad, por lo que debía comenzar una estricta dieta y realizarse diálisis una vez a la semana para conservar su vida. Ahora, 11 años más tarde, continúa recorriendo unos 40 kilómetros entre su casa y el hospital para un tratamiento que, a veces, es limitado por el deteriorado sistema de salud público salvadoreño
“Yo viajo dos veces por semana al Hospital Rosales en San Salvador, voy los martes y los viernes; ahora son hemodiálisis, pero inicié con diálisis peritoneal que es el tratamiento de 24 horas. Hubo complicaciones, operaciones, bacterias y bastantes situaciones de problemas de salud por el mismo tratamiento”, dice Óscar.
Relata que, además de las dificultades de su enfermedad, se suman los problemas económicos. Para ir a sus hemodiálisis gasta en promedio unos $30 dólares semanales solo en transporte, además de la compra de medicamentos de por vida, ya que, según dice, no le son dados en el hospital público. Los gastos se vuelven inalcanzables para alguien que, desde su enfermedad, no ha podido acceder a un empleo que le permita juntar al menos el salario mínimo y pagar su tratamiento.
“Por los problemas de salud a uno lo discriminan, no le dan la oportunidad de trabajo. Ya no lo toman en cuenta en ningún trabajo. Es la crisis que pasamos los que padecemos de eso porque muchas veces hay que comprar medicamento que no hay en el hospital; muchas veces no hay para los pasajes. Entonces, todo eso es un estrés que lo viene marcando, lo viene agotando, tanto emocional, físico, todo lo viene afectando”, lamenta Óscar.
Relata que hay ocasiones en las que en el hospital no le han dado el tratamiento, o falta material, o únicamente les dan medio turno de hemodiálisis que son aproximadamente una hora y media, cuando el proceso debe durar tres horas.
Una PDDH que también es cómplice de la industria cañera
GatoEncerrado conversó con una abogada especialista en temas de derechos humanos y derecho ambiental, quien solicitó el anonimato por temor a represalias en el contexto autoritario que vive El Salvador. Según la especialista, la industria cañera vulnera derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación adecuada y a un medio ambiente saludable, y que, por lo tanto, se trata de una competencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a quien la abogada califica de “cómplice” con quienes depredan el medio ambiente.
“En el caso concreto de los efectos de la Industria cañera y el uso de agrotóxicos, la PDDH señaló en 2016 que la ERC por Causas no Tradicionales, era una de las consecuencias de esta cruel industria. Darle seguimiento a este tema, estar al lado de las víctimas y buscar alguna solución al sufrimiento de miles de personas era una de las misiones de la PDDH; sin embargo, como en los casos anteriores, actualmente la PDDH no ha hecho ningún denuncia ni diligencia efectiva para asistir a las víctimas”, expresa la especialista.
Asimismo, la abogada experta en derechos humanos ambientales, opina que el Estado salvadoreño, a pesar de saber los daños que causa la industria cañera en las personas y el medio ambiente, sigue apostando a este sector industrial, interesándose más la inversión que los problemas que genera.
“Al no tomar las medidas para evitar los daños generados por el monocultivo a las personas y al medio ambiente, el Estado tiene una responsabilidad objetiva, de actuar y evitar este grave daño. Existen obligaciones jurídicas establecidas en la Ley de medio ambiente en su artículo 42, que mandata que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de prevenir daños ambientales”, expresa la especialista.
La abogada también se refiere al la quema de rastrojo que hace la industria cañera, a pesar de que está prohibido por el Código Penal salvadoreño en su artículo 262 A que cataloga de ilícita la quema intencional de rastrojo o cultivo de cualquier naturaleza, sancionando con una multa de entre diez a doscientos días multa; equivaliendo cada día multa, al salario mínimo diario, según la capacidad económica del infractor.
GatoEncerrado solicitó saber a la PDDH el número de denuncias ambientales recibidas por la procuraduría adjunta de medio ambiente entre 2022 y 2025, evidenciando que esa institución, plegada al bukelismo, ha venido disminuyendo su incidencia en materia de recepción de denuncias sobre violación a derechos ambientales.
La última vez que la PDDH dio seguimiento a cómo los agroquímicos violan derechos humanos fue en 2016, bajo la administración de David Morales, quien publicó un estudio llamado “Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el uso de Agrotóxicos en El Salvador, y el Impacto en los Derechos Humanos”. Dicho estudio considera que el uso por décadas de químicos en la agricultura se ha traducido en “amenazas y transgresiones concretas para la vida”
“Se ha evidenciado el asocio de varios padecimientos al uso de pesticidas con graves afectaciones y amenazas al derecho a la salud de las personas y, de manera consecuente, contra los derechos a la alimentación adecuada y al medio ambiente, no solo en el presente, sino para las generaciones venideras”, indica el estudio.
El documento también califica de “tolerancia estatal” la permisividad de la siembra masiva de caña de azúcar como monocultivo que dependen en gran medida de agroquímicos y enormes extensiones de agua y tierra, anunciándolos como “inversión para la exportación”.
En tanto, Óscar relata que su padre murió por ERC en 2020, y que actualmente sus dos hermanos están etapa uno y dos de la enfermedad que él califica como la que “le cambió la vida” pues desde que fue diagnosticado a sus quince años, no ha podido volver a trabajar, lo que vuelve el tratamiento más difícil, en un país cuyo sistema de salud no da abasto para la atención digna y adecuada.
Esto, además, representa un dilema y un desafío para el ámbito laboral. Un documento de la organización Internacional del Trabajo (OIT) llamado “La Seguridad y la Salud en el uso de Productos Químicos en el Trabajo” plantea que, si bien los productos químicos son esenciales para la vida, “el control de las exposiciones a estos químicos en el lugar de trabajo, así como la limitación de las emisiones al medio ambiente, son tareas que los gobiernos, empleadores y trabajadores continúan esforzándose en abordar”, expresa la OIT.
Óscar afirma que en su trabajo no le daban el equipo adecuado para fumigar, puesto que recuerda que “los empaques no servían”.
“En la espalda yo sentía que un fuego andaba cuando terminaba de hacer la labor del día. Ese fuego que sentía por dentro era todo el veneno que me caía”, relata Óscar.
Al cierre de este reportaje, Óscar debía ir dos o tres veces por semana a un hospital con ausencia de recursos para tratarse una enfermedad causada por malas prácticas agrícolas que, ahora más que nunca, carecen de control estatal.
Este reportaje se hizo con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
