Justiciómetro
En El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción: GIPES
En El Salvador de Bukele hay una crisis de derechos humanos. El informe del Grupo de juristas internacionales, que han investigado exhaustivamente la situación de El Salvador bajo el régimen de excepción, señala que la política de seguridad pública ha desembocado en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Los expertos documentaron un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y muertes bajo custodia estatal que afectan a miles de ciudadanos, especialmente de zonas empobrecidas. Ante los señalamientos, funcionarios del gobierno mantienen un discurso negacionista.
Por Ezequiel Barrera
Marzo 11, 2026
Rafael López Castellón, de 53 años, fue detenido el 8 de abril de 2022 en Jucuapa, Usulután, frente a su molino de maíz. Según sus familiares y vecinos, toda su vida había trabajado para subsistir y, en los últimos años, también para juntar dinero y comprar medicinas para tratar la diabetes y una afección cardíaca que padecía. Quienes lo conocieron, afirman que jamás fue pandillero. Pero los policías que llegaron a buscarlo, durante la segunda semana del régimen de excepción, dijeron que era acusado de pertenecer a pandillas. Luego, sin más explicaciones, lo subieron a un vehículo y se lo llevaron. Cuatro meses después murió en prisión y fue enterrado por el Estado en una fosa común sin consentimiento de su familia. Después de enterarse del fallecimiento, la familia de Rafael también supo que las medicinas que le llevaban a las cárceles nunca llegaron a sus manos.
El caso de Rafael no es un incidente aislado ni “margen de error” o “daño colateral” en la guerra contra las pandillas, sino el ejemplo de un patrón represivo que ha desembocado en crímenes de lesa humanidad bajo el régimen impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022. Así lo señala el informe de 298 páginas del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
Basado en 1,700 fuentes, el documento del GIPES subraya que lo ocurrido a Rafael tipifica las centenas de denuncias por capturas arbitrarias, torturas y asesinatos en prisiones. El informe detalla cómo la fuerza estatal ha actuado sistemáticamente contra personas, que en la gran mayoría de los casos, son pobres.
Este informe, que fue presentado el pasado 10 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala explícitamente que en El Salvador operan políticas de Estado que configuran crímenes de lesa humanidad. Las cifras documentadas son alarmantes: las fuerzas de seguridad han detenido a más de 90,000 personas, entre las que abundan casos de capturas arbitrarias. Además, existen 540 casos de desapariciones forzadas y al menos 403 muertes bajo custodia del Estado hasta agosto de 2025, incluyendo a cuatro niños.
“El de El Salvador es un modelo de seguridad basado en la falsa idea de que un estado de excepción que restringe derechos y que la concentración de poder son necesarios para proteger a los ciudadanos del crimen y violencia. El gobierno salvadoreño celebra los resultados del régimen de excepción para sostener que el fin justifica los medios. Esa es una fórmula históricamente utilizada para justificar atrocidades que conducen al desastre social y causa daños a vidas humanas”, declaró Noah Bullock, director de Cristosal, en un evento de la ONU donde el GIPES presentó sus hallazgos.
DATO
¿Por qué son crímenes de lesa humanidad?
La definición jurídica:
Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad son actos como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual, la persecución política o la encarcelación arbitraria, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en conformidad con una política de Estado.
La conclusión de los expertos:
El GIPES determinó que los horrores en El Salvador encajan perfectamente en esta tipificación. Las miles de detenciones arbitrarias, las torturas y las fosas comunes no son “márgenes de error” ante una emergencia; responden a un patrón planificado y sostenido desde la cúpula del poder de Nayib Bukele . El régimen de excepción perdió por completo su característica de temporalidad y se transformó en el mecanismo estructural permanente que legalizó el horror y la concentración absoluta del poder. Por ello, los expertos instan a que estos delitos, que son imprescriptibles, sean investigados a nivel internacional para asegurar la justicia que hoy es inexistente en el país.
El régimen de excepción es una herramienta de dos filos
El informe del GIPES identifica dos patrones claros de ataques sistemáticos. El primero es contra pandilleros, pero resulta que en la práctica no solo han sido arrestados presuntos pandilleros, sino también personas estigmatizadas por su apariencia o lugar de residencia, que en la mayoría de los casos son pobres. Las capturas masivas se sostienen sobre la arbitrariedad y cuotas policiales exigidas “desde arriba”, como le ocurrió a William Gavidia, arrestado solo por estar en una zona distinta a la de su documento de identidad, o al joven colombiano José Antonio Potes, capturado por tener un tatuaje en honor a su abuela.
Una vez dentro de las prisiones, las torturas son una política institucional. Marcelo Gómez fue obligado a arrodillarse desnudo durante cuatro horas y a sumergirse en barriles de agua helada en el penal de Izalco. Marvin Argueta, un paciente diabético al que le negaron su medicina, fue encerrado en una celda hacinada donde los guardias arrojaron gas lacrimógeno como castigo impuesto sin haber cometido alguna falta. El horror alcanza, incluso, a menores de edad: una niña de 13 años fue violada por un militar, dejándole la marca de una bota en el cuerpo, y Noemí Abrego (seudónimo), de 16 años, perdió su embarazo en prisión luego de ser detenida sin motivo mientras esperaba un autobús frente a su casa.
El segundo patrón demuestra que el régimen mutó para devorar a opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y voces críticas en general. Uno de esos casos es el de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del presidente Bukele, quien pasó de ser un aliado a morir bajo custodia estatal en febrero de 2024. Aunque el reporte oficial menciona “edema pulmonar” como causa de su muerte, peritajes internacionales revelaron lesiones de tortura. Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia del gobierno anterior, estuvo casi tres años en prisión arbitraria en lo que él mismo denunció como una venganza política.
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El aparato judicial, controlado por Bukele desde Casa Presidencial, también se utiliza para criminalizar. Ejemplo de ello es el caso de la destacada abogada anticorrupción Ruth López, quien fue arrestada bajo engaños en su domicilio y procesada por “enriquecimiento ilícito” en un caso bajo reserva total. Periodistas como Mónica Rodríguez —quien transmitió en vivo la represión de la Policía en contra de una comunidad pobre que pedía no ser desalojada— han sufrido allanamientos en sus casas para decomisarles sus equipos de trabajo. Asimismo, defensores ambientales como Alejandro Henríquez han sido arrestados y acusados de “desórdenes públicos” por acompañar manifestaciones pacíficas.
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Para los expertos del GIPES, estos crímenes no son excesos aislados de guardias de prisión, soldados descarriados o policías corruptos. Existe responsabilidad penal individual, que es imprescriptible, para quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron esta política de terror. Los juristas internacionales son claros al apuntar a la cadena de mando, especificando cargos que podrían enfrentar a la justicia internacional como: el presidente de la República, el director general de Centros Penales, el director de Reconstrucción del Tejido Social, el director del Organismo de Inteligencia del Estado y los diputados oficialistas y sus aliados en la Asamblea Legislativa.
El negacionismo de los funcionarios
Frente a la contundencia de las pruebas y los cadáveres devueltos a sus familias, la respuesta del Gobierno ha sido el encubrimiento y la descalificación. El Estado justifica los cientos de fallecimientos alegando que ocurren por “temas de salud”, y la Fiscalía ha archivado decenas de expedientes argumentando que “no hay delito que perseguir” por tratarse de muertes por causas naturales. Para sostener esta narrativa, el Instituto de Medicina Legal opera como cómplice, ocultando huellas de tortura bajo diagnósticos genéricos y falsos de “edema pulmonar”.
Al más alto nivel, el negacionismo es la norma. El vicepresidente Félix Ulloa calificó recientemente de “leyenda” los señalamientos de muertes en cárceles durante el régimen de excepción. Por su parte, el presidente Bukele ha reconocido la captura de 8,000 “inocentes”, pero lo ha minimizado y catalogado como un “margen de error” o un daño aceptable en su cruzada. Lejos de rendir cuentas, Bukele ha defendido los arrestos de activistas, asegurando que “le tiene sin cuidado que le llamen dictador”, y ha fustigado a las organizaciones de sociedad civil y a la prensa independiente, acusándolas sin pruebas de ser protectoras de criminales y parte de una agenda de la oposición, que además están financiadas por una supuesta red de enemigos internacionales que no quieren dejarlo gobernar el país.
En sus redes sociales, el mandatario incluso se burló del informe del GIPES y de los medios de comunicación que le han dado cobertura.
En la audiencia ante la CIDH en la que fue presentado el informe del GIPES, la vicecanciller, Adriana Mira, mantuvo el discurso negacionista del gobierno. La funcionaria rechazó categóricamente la existencia de los crímenes de lesa humanidad y catalogó las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos como “narrativas” alejadas de la realidad.
“En El Salvador, no hay detenciones arbitrarias, no hay desapariciones forzadas ni nada que se le asemeje. Por el contrario, hay un esfuerzo articulado de todas las instituciones del Estado para actuar en contra de la violencia y la criminalidad”, sostuvo.
Sobre los casos documentados en los que el régimen de excepción es utilizado para perseguir y encarcelar a personas con una postura crítica al gobierno, periodistas y defensores, la vicecanciller dijo que no es cierto y que algunos de los capturados utilizan la etiqueta de “defensores de derechos humanos” como una forma de evadir la justicia.
“Es fundamental aclarar ante esta comisión que la labor de defensa de derechos humanos no es criminalizada en El Salvador, pero tampoco puede ser una carta de inmunidad frente a conductas delictivas”, dijo.
Mientras los funcionarios de gobierno mantienen ese discurso negacionista, casos como el de Rafael López Castellón se repiten a diario y son la prueba de que en El Salvador la seguridad pública se sostiene sobre una política de tortura deliberada y sistemática que cobra vidas y destruye la dignidad humana, especialmente de las personas empobrecidas.
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