Por Ezequiel Barrera

Entre los 9,000 salvadoreños deportados por Donald Trump en 2025, hay hombres que fueron expulsados de Estados Unidos en aviones que también traían a 250 venezolanos —quienes fueron torturados y, en algunos casos, abusados sexualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)—. Estos salvadoreños, a diferencia de los venezolanos, siguen sometidos a “desaparición forzada y detención arbitraria” en las cárceles de su propio país, bajo la complicidad del Gobierno de Nayib Bukele que no aboga por sus casos, sino que los estigmatiza y sigue las órdenes de Estados Unidos.

Ante esta situación, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció públicamente, este 16 de marzo, que se ha cumplido un año desde que estos salvadoreños fueron recibidos en El Salvador y enviados inmediatamente a prisión como si ya estuvieran condenados, sin haber sido presentados ante un juez ni acusados formalmente de pertenecer a las pandillas. 

El gobierno de Estados Unidos los envió como si fueran miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) y El Salvador, como parte de su acuerdo con Trump, los mantiene encarcelados, incomunicados con su familia y sin que sus abogados puedan acceder a sus expedientes.

“Independientemente de los antecedentes penales de estos salvadoreños, tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué razón (…) La deportación no puede significar una desaparición forzada”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Las familias y abogados de estos salvadoreños siguen sin recibir, un año después, indicación alguna de que fueron presentados ante algún juez, en qué centro penal están y por qué fueron detenidos inmediatamente al bajar del avión que aterrizó en El Salvador. Están en la misma condición que los detenidos y sus familiares en el régimen de excepción, que sigue vigente desde hace cuatro años, cuando se aprobó a finales de marzo de 2022 y que se ha venido prorrogando hasta la fecha. 

De estos casos de salvadoreños deportados en marzo de 2025, solo de cinco se sabe su paradero. Ellos son Brandon Sigarán, William Martínez, José Osmín Santos, Elmer Escobar e Irvin Quintanilla García. Para saber si estaban vivos y confirmar que efectivamente fueron enviados a prisión, sus familias y abogados acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde consiguieron que el Estado salvadoreño los buscara en el sistema penitenciario.

A finales de 2025, el Gobierno de Bukele admitió formalmente que William Martínez y José Osmín Santos están en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana y que los mantiene en prisión por supuestos delitos cometidos en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas no supieron explicar cuáles son esos delitos y alegaron que se encuentran a la espera que Estados Unidos envíe información sobre sus procesos judiciales y situación legal. Mientras tanto, y saltándose el debido proceso, los mantiene en prisión.

Elmer Escobar también se encuentra en el mismo centro penal porque cuenta con un registro por el delito de acoso sexual en Estados Unidos, según explicó el Estado salvadoreño. La familia, por su lado, asegura que la acusación original fue “actos lascivos” y ocurrió mientras era extorsionado y enfrentaba una “venganza personal”. Según la resolución de la CIDH, fue condenado a cinco años de libertad condicional tras pagar una fianza y declararse culpable de un delito menor de abuso de sustancias. 

Sobre Brandon Bladimir Sigarán, el gobierno de El Salvador admitió que se encuentra encerrado en el CECOT por estar perfilado como miembro activo de la MS13. A pesar de esta afirmación, la familia asegura que él, así como otros retornados, han sido acusados y enviados a prisión “sin pruebas”. 

El caso más complejo es el de Irvin Quintanilla García, quien no tiene vinculación con pandillas y tampoco antecedentes penales. Fue arrestado en diciembre de 2024 en un parqueo de Texas, pero quedó libre de cargos. Su retención y posterior deportación se debió, según la resolución de la CIDH, a un tema administrativo-migratorio relacionado con una orden de deportación pendiente que se activó por no haberse presentado a una audiencia ante un juez de migración por un caso de asilo. Según datos de las autoridades estadounidenses, Irvin fue expulsado a El Salvador en un vuelo del 15 de marzo, junto a los venezolanos. Cuando su familia preguntó por su situación legal y si estaba en alguna prisión, las autoridades salvadoreñas dijeron que no lo tenían identificado en sus registros. Así que para intentar aclarar lo ocurrido, la familia acudió ante la CIDH. El gobierno salvadoreño también le dijo a la CIDH que no sabía de su paradero, pero luego se retractó y admitió que se encuentra recluido en Santa Ana. 

Saber su paradero fue lo único que las familias lograron, ya que hasta la fecha siguen incomunicados y permanecen en prisión sin haber ido a un juicio y sin estar condenados. 

Además de estos casos, uno de los más mediáticos fue el de Kilmar Ábrego García, quien también fue deportado a El Salvador por un “error administrativo” de Estados Unidos. Mientras estuvo encarcelado en su propio país, fue tratado como si fuera un pandillero al que se le aplica el régimen de excepción. El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos, tras una orden girada por un juez federal. Los abogados de Ábrego alegaron ante los tribunales estadounidenses que había sufrido torturas en las cárceles salvadoreñas. Ante esos señalamientos, el mismo presidente Bukele negó públicamente los abusos físicos. El pasado 11 de diciembre, un tribunal del distrito de Maryland ordenó su liberación de la custodia de ICE.