Política
Asamblea de Bukele reforma la Constitución para aplicar la pena perpetua a homicidas, violadores y terroristas
En una nueva reforma exprés de la Constitución, la Asamblea Legislativa instauró la pena perpetua en El Salvador. Analistas señalan que esta medida de corte punitivo es la respuesta del bukelismo a los señalamientos hechos por el GIPES sobre los crímenes de lesa humanidad que habría cometido el gobierno en el marco del régimen de excepción. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ocupó el discurso de presentación de la propuesta de reforma para expresar su incomodidad con los expertos del GIPES, a quienes les dijo: “¡Váyanse al carajo!”
Por Beatriz Benítez
marzo 17, 2026
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó este 17 de marzo un acuerdo de reforma constitucional que habilita la imposición de la pena perpetua para personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo. La modificación ocurrió en medio de la controversia generada por el reciente informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), que señaló al Estado salvadoreño de cometer crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción, impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022.
El informe del GIPES, que fue presentado el pasado 10 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), provocó una serie de acusaciones de parte de Bukele y sus funcionarios, señalando que los expertos supuestamente les están pidiendo liberar a 89 mil presuntos pandilleros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien presentó la propuesta por instrucción de Bukele ante la Asamblea Legislativa, arremetió contra las organizaciones internacionales, a las que llamó “criminales”, “demonios que representan la maldad” y las acusó de defender a “criminales violentos”.
“Ya se quitaron, recientemente, la máscara. Ya no son las ovejas que vendían, ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida hispanoamérica. Sus argumentos ya no tienen ningún sentido de valor en nuestra sociedad, y si las organizaciones de criminales violentos que ustedes representan no les cedemos ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía. No es por no ser democráticos que nos atacan, nos atacan porque el resultado de la democracia es el que no les gusta”, dijo el funcionario.
Agregó: “Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo, como siempre, a criminales violentos, a violadores, asesinos de hombres, mujeres, terroristas y representantes de organizaciones criminales. El voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país. Y quisiera decírselo como ciudadano, pero tengo que respetar el cargo que me embiste. Simplemente les puedo decir: “¡Váyanse al carajo!”.
La reforma
Hasta esta modificación, la Constitución prohibía las penas perpetuas. La reforma aprobada al inciso segundo del artículo 27 mantiene la prohibición de la prisión por deudas, infamantes, proscriptivas y de toda especie de tormento, pero añade una línea que establece: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”. La legislación vigente establecía que la pena máxima en El Salvador era de 60 años de cárcel.
Durante la exposición ante el pleno legislativo, la diputada oficialista Suecy Callejas sostuvo que la reforma busca garantizar que quienes han cometido delitos graves “jamás vuelvan a caminar por las calles”.
“La reforma que hoy estamos estudiando tiene por objetivo el aprobarle cadena perpetua a aquellas personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores. El Salvador ha dejado atrás esta era de impunidad; por tanto, esta reforma constitucional no solamente es un cambio que va a derivar también en cambios legales, sino que es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles”, dijo.
Según la narrativa de la diputada, quien también criticó el informe del GIPES, la medida consolida los resultados del régimen de excepción que permitió recuperar “territorios y comunidades” y pretende asegurar que estos cambios sean irreversibles en el largo plazo y que corrijan décadas de injusticia.
“La paz que hoy respiramos no es negociable, no es negociable con organismos internacionales ni con opositores que prefieren el caos para recuperar sus negocios”, sostuvo.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, al igual que Bukele, planteó el tema en términos de confrontación política con la oposición: “Si votan en contra se oponen a penas más duras contra violadores, asesinos y pandilleros”.
“Veremos quienes apoyan esta reforma y quienes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió Bukele en las redes sociales.
La diputada de oposición del partido Arena, Marcela Villatoro, anunció que su partido votaría a favor de la reforma, pero pidió incluir en la discusión una propuesta de castración química para violadores. Además, solicitó un informe al director de Centros Penales para que explicara sobre un privado de libertad que fue condenado por violación sexual a menores y apareció en un video publicado por el gobierno en donde mostraba unas pinturas como parte del plan de Cero Ocio. Ambas propuestas fueron rechazadas.
Luego de una hora de discursos de distintos legisladores para intentar justificar la reforma, el acuerdo de reforma constitucional fue aprobado con los 59 votos de los diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN y Arena. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra.
Tras los aplausos que celebraban la reforma, el diputado Christian Guevara solicitó de inmediato ingresar la iniciativa para cumplir con la ratificación del acuerdo de reforma constitucional. Junto a esa propuesta también ingresaron otras reformas al Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de armonizar la legislación secundaria con el cambio constitucional. Todas fueron enviadas a la Comisión Política, la cual quedó convocada para las 2:00 de la tarde de este 18 de marzo.
Señalamientos
Ante la reforma exprés, abogados y analistas tanto a nivel nacional como internacional han calificado la medida como un “populismo punitivo”. Han señalado que esta es la forma en la que el bukelismo busca contrarrestar las acusaciones de haber incurrido en crímenes de lesa humanidad. Además, advierten que la medida es “peligrosa” porque podría ser utilizada contra quienes se oponen al Gobierno de Bukele, sobre todo ahora que las instituciones del Estado, incluido el sistema judicial, están sometidas a su voluntad.
La presidenta de Wola, Carolina Jiménez, escribió en la plataforma de X que en un país sin independencia judicial, esta pena es “sumamente peligrosa”, más allá de que de momento será aplicada a “homicidas, violadores y terroristas”. Indicó que la reforma tiene detrás una lógica en la que se asume al individuo como “irrecuperable”, negando la posibilidad de reinserción futura, aun cuando es deseable.
“En países donde se aplica, tiende a afectar de forma desproporcionada a personas pobres y minorías. Hay condenas de cadena perpetua a menores de edad”, sostuvo.
Agregó que no hay evidencia concluyente sobre efectos disuasorios o en tasas de criminalidad e implica un alto gasto público para gobiernos.
“La cadena perpetua es una pena irreductible. Al final, puede violar la dignidad humana al negar toda posibilidad de ‘transformación’ de un individuo”, señaló.
La abogada Marcela Galeas, quien también se pronunció en su cuenta de X, señaló que el riesgo no está en la instauración de la pena perpetua, sino que el sector justicia carece de independencia en El Salvador y, por tanto, incluso personas inocentes podrían ser sometidos a una condena de este tipo.
“El problema no es habilitar la cadena perpetua. El verdadero problema es el sistema que muchas veces investiga mal, recibe directrices por medio de ‘likes’ y convierte el proceso penal en espectáculo”, dijo Galeas.
