Por Leonel Herrera

El Salvador vive un clima de censura generalizada. Esto significa que, aún cuando todavía existen algunos medios alternativos (principalmente digitales), no se restringen las redes sociales y aún se puede protestar, la censura y la autocensura predominan en la sociedad.

Esta censura generalizada tiene diversas manifestaciones. Una de las más graves tiene que ver con el bloqueo del acceso a la información pública, los ataques contra la prensa y las restricciones hacia la libertad de expresión. El último informe del centro de monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), presentado a inicios de este mes, registra más de 400 vulneraciones al ejercicio periodístico durante el último año. 

Estas agresiones van desde descalificación, estigmatización y ataques digitales hasta acoso fiscal, cierre de espacios mediáticos y amenazas de capturas arbitrarias contra periodistas y comunicadores. La cantidad y gravedad de las agresiones aumentó desde el inicio del actual gobierno y empeoró cuando éste tomó el control de todo el aparato estatal en mayo de 2021.

Por su parte, el más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a El Salvador en los escalones más bajos: en el puesto número 143, de 180 países. En estos informes, nuestro país ha bajado 70 escaños desde 2019 cuando el actual presidente asumió el poder.

Otra forma grave de censura es la autocensura de la mayoría de la población. Según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), el 60% de los salvadoreños y salvadoreñas tiene temor de expresar sus opiniones debido a posibles represalias del gobierno, entre estas la detención arbitraria bajo las reglas del régimen de excepción. 

En el país más seguro del hemisferio occiental (según la incesante y omnipresente propaganda gubernamental), 6 de cada 10 personas no pueden expresar libremente lo que piensan y se autocensuran por miedo. 

Esta situación generalizada de censura y autocensura afecta, incluso, a operadores del propio régimen autoritario. Por ejemplo: los ministros, viceministros, directores y otros funcionarios gubernamentales, a quienes se les impide hacer conferencias de prensa o dar declaraciones a los medios si no tienen autorización de Casa Presidencial.

Otro caso es el de diputados y diputadas, a quienes con frecuencia les ordenan no utilizar sus redes sociales o únicamente retomar mensajes que el aparato de propaganda oficial publica. Medios periodísticos también han documentado que ciertos legisladores que intervienen en las plenarias no son libres de decir lo que quieren, sino que les entregan escrita su alocución.

Hay otras maneras de censura en el ámbito gubernamental, como la prohibición de palabras o frases vinculadas al lenguaje inclusivo que ahora  resultan incompatibles con la narrativa conservadora que ha adoptado el gobierno. Palabras como “equidad de género” o “derechos sexuales y reproductivos” están proscritos en los nuevos manuales emitidos por los ministerios de Educación y de Salud. 

Y en el ámbito de la sociedad civil, la censura está relacionada principalmente con la Ley de Agentes Extranjeros que restringe el accionar de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y limita drásticamente el espacio cívico. En un año de implementación de dicha normativa, varias organizaciones cerraron, otras trasladaron sus sedes a terceros países y muchas se han callado, replegado y desaparecido del debate público.

Este tipo de leyes es propio de países con régimenes autoritarios. La LAEX salvadoreña pone un impuesto del 30 % a los ingresos de las ONGs, multas de 100,000 a 250,000 dólares por infracciones, penas de cárcel de hasta 15 años para sus miembros que sean condenados por “lavado de dinero” y la cancelación de la personería jurídica.

Estas y otras manifestaciones de censura y autocensura se podrían agravar y alcanzar un nivel de censura total si este régimen autoritario termina de consolidar su fase dictatorial luego de las elecciones de 2027. Es posible que, reelecto (ilegalmente) y con su nueva mayoría legislativa fraudulenta, el gobernante autócrata salvadoreño podría proceder a cerrar los pocos espacios de expresión que todavía quedan.