Hace 36 años, la masacre de El Mozote, Morazán, ensangrentó la historia de cientos de pobladores. El genocidio dejó 978 personas asesinadas, entre ellos, 553 niños a manos del Batallón Atlacatl; una matanza que tardó en ser reconocida
Por Marvin Díaz con aportes de Mario Beltrán
La rabia, la indignación y la cólera, todavía se atragantan en los suspiros de Genera. Se armó de valor; los nervios no la dejaban tranquila pero tenía que volver a mostrar en público las heridas del alma y de la memoria causadas por los soldados del Batallón Atlacatl entre el 9 y 11 de diciembre de 1981 en El Mozote.
—En la matanza murió mi hermana, su niña de cuatro meses y una tía de 80 años. Al recordar la muerte de mi familia es dura y dolorosa, siento como que ayer los mataron. Yo vengo aquí para ver si me dan las osamentas de mi hermana, quiero darle santo entierro; así tendré un poquito de confortación en saber que he enterrado a mi hermanita—, dice Genera con la voz entre cortada porque es demasiado recuerdo.
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La única culpabilidad de su familia hace 37 años era vivir en El Mozote. La gente destilaba pavor a los militares comandados por el difunto coronel Domingo Monterrosa que marchaban por las veredas de El Mozote con lista de nombres en mano para exterminarlos.
El relato de Genera se esparcía entre el público presente la acalorada mañana del 2 de diciembre de 2017.
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Quien también le ponía atención profunda era James McGovern, un congresista Demócrata de los Estados Unidos que estaba en El Mozote para oír los relatos de gente como Genera. Estaba en El Mozote para revivir el fantasma del genocidio alentado por su país.
Con un sombrero blanco y ropa fresca, no tan acostumbrado a la misma, James McGovern ponía atención. Cuando le llegó el turno de la palabra, no se podía esperar menos de un hombre que representaba al país que respaldó la guerra.
“Esta es una tierra santa, aquí pasó algo terrible y debemos insistir que haya justicia. Lo que sucedió aquí fue horrible y no se puede describir”, dijo el funcionario norteamericano.
Pero lo que continuó en su discurso fue más sorpresivo, porque pocas veces –o ninguna- se ha escuchado a un político estadounidense hablar de desclasificar archivos secretos de su país para esclarecer una de las matanzas más duras del siglo pasado en América Latina.
“Estoy aquí para que presionemos a mi gobierno para que puedan dar ayuda técnica para dar justicia, y eso incluye abrir todos los archivos de servicio secreto”, dijo el Congresista.
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El coronel Monterrosa preguntaba a los hombres de cómo querían morir
María Margarita Chicas de 63 años, habitante de Arambala, cercano a El Mozote, se hizo en el pelo una cola, se puso un vestido aterciopelado de colores fríos y tomó el micrófono para desnudar los golpes que la causó la matanza a su dignidad como persona.
—Cuando pasó el operativo en Arambala, el coronel Monterrosa reunió a los hombres, mujeres y niños, y nos dijo que traía orden de arrasar con todo. Luego les preguntó a los hombres qué cómo querían morir, ningún hombre le contestó. Después sacó una lista con nombres y comenzó a molestarlos y golpear a los hombres. A los hombres los sacó y los fue a matar a una finca de Arambala.
Nosotras teníamos miedo porque el coronel se estuvo ochos días en la zona y pensábamos que otra cosa iba a suceder, pero después se regresaron para El Mozote—, relató María.
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Hoy se conmemoran 36 años de ese genocidio. A más de tres décadas, el Gobierno de El Salvador ha hecho pública la cifra oficial de las víctimas de El Mozote.
Ahí fueron ejecutadas a sangre fría 978 personas, de las cuales, 553 eran menores de edad; 477 tenían menos de 12 años; 248 eran menores de seis. Además, 93 mayores de 56 años; 478 de ellas mujeres y 488 hombres.
La publicación de la cifra oficial se da tras verificación de archivos del gobierno, y la hizo pública el periódico digital El Faro, quien además subraya que la aceptación del Gobierno sobre lo ocurrido, y el registro oficial, obedece a una sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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“Cuando me escapé de los militares, ellos me tiraron balazos”
Juan Antonio Pereira de 78 años, dirige su mirada al horizonte, se acomoda su sombrero de agricultor, y sentado en una banca del monumento a las víctimas de El Mozote, describe la cólera que le dio al ver que su familia era exterminada.
—Donde vivía masacraron a la gente, toda la gente del caserío la terminaron. Allí quemaban casas, mataban ganado y un gran desorden que hicieron. El batallón Atlacatl sacaba a la gente de las casas para darles; mataban niños, embarazadas, ancianos, era parejo. Viera que es duro ver que le estén matando a la familia, da cólera
Yo fui sobreviviente de esa masacre porque me les escapé, no ve que los militares me hicieron disparos pero no me agarraron. Fuera bueno que hubiera justicia porque mucho hicieron y se aprovechaban de su mando—
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La justicia en el caso fue polémicamente truncada en la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993 que hizo un borrón y cuenta nueva para quienes cometieron crímenes de guerras.
No obstante, el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tumbó la ley al declararla inconstitucional, con lo que daba luz verde para reabrir o iniciar de cero juicios en contra de quienes cometieron tales crímenes.
Es en ese contexto que el 17 de agosto de 2016, abogados y familiares de las víctimas piden al juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Alberto Guzmán, reabrir el caso judicial, siendo el primero en estrenar la derogatoria de la Amnistía.
Y es el mismo juez quien el 30 de septiembre del mismo año, ordena la reapertura del caso y solicita al presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada, que entregue al menos cinco archivos militares que contienen información oficial del caso.
En marzo de este año, el referido Tribunal requirió a 18 militares en retiro para que respondan por el caso, quienes son acusados por crímenes de guerra.
Entre los acusados se encuentran: el exgeneral José Guillermo García; el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, exgeneral Rafael Flores Lima; y el excoronel Jaime Flores Grijalva.
Recientemente, familiares de las víctimas han rendido su declaración en calidad de testigos y cada testimonio incrimina más a los miembros del Batallón Atlacatl.
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“En la masacre murió mi esposa y mi hija”
Pedro Ramos Fernández de 67 años y habitante del Cantón la Joya, no esconde el dolor que lo invade al recordar cómo los soldados le mataron a su familia, a su niña pequeña y a su esposa.
—El día 11 de diciembre del 1981 hubo la masacre en el Mozote, en la Joya y lugares aledaños. Yo estaba en la milpa, desde allí veía que los militares iban recogiendo a las personas para ir a matarlas a otra parte; entre esas personas estaba mi esposa y mi hija.
En la masacre perdí a mi compañera de vida y mi hija. Yo nunca las olvidaré hasta que muera, yo extraño mucho a mi niña. Esos animales (Batallón Atlacatl) le vinieron a quitar la vida a muchos niños y ancianos que no tenia que ver con la guerrilla—, dice Pedro, mientras clama por justicia.
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Sol Yáñez, experta en acompañamiento a víctimas, aseguró que los sobrevivientes y familiares aun no superan las vivencias de la masacre de 1981.
“La gente del Mozote no puede olvidar y aun tienen las heridas abiertas. El impacto de estas masacres es de largo alcance y afecta a todas las familias”, mencionó la doctora.
Agregó que mientras no haya verdad, justicia y atención a las víctimas, es muy difícil que esa herida se pueda cerrar.
Video/Marvin Díaz.
