Las víctimas de El Mozote solicitaron una reunión con el juez del caso para expresar su preocupación por la dilación del proceso judicial. El juez les dijo que en las próximas semanas nombrará a tres peritos para realizar la inspección de los archivos de la Fuerza Armada. Estos peritos definirán la metodología y calendarización para acceder a los documentos militares.
El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, anunció, este 11 de marzo, que le tomará la palabra al presidente Nayib Bukele, cuando dijo: “Si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos (abrir los archivos militares) hasta la Z” y agregó que nombrará a tres peritos para la inspección de los archivos en siete u ocho dependencias de la Fuerza Armada. Aunque no detalló cuáles.
“Se ha propuesto tres peritos: una perito guatemalteca y dos salvadoreños. En cuanto a las unidades militares no tengo bien presente, pero son unas siete u ocho. Tenemos el apoyo logístico de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. La idea es intentarlo, que al momento dado, cuando el tribunal lo ordene y señale se niegue el acceso, pues estamos expuestos a eso, al menos lo vamos a intentar”, dijo el juez Guzmán, en una reunión que los sobrevivientes de la masacre solicitaron.
El juez insistirá en tener acceso a los archivos, a pesar de que el Gobierno le respondió, el 15 de noviembre de 2019, que en 42 dependencias del la Fuerza Armada no fueron encontrados los archivos militares relacionados con la masacre El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, en la que el Ejército ejecutó 978 personas, según un censo de víctimas que el Gobierno de El Salvador tuvo que hacer por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 533 de esas personas eran niñas y niños.
David Morales, de Cristosal y acusador particular en el caso, dijo que le preocupan los antecedentes del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) cuando en reiteradas ocasiones ha negado abrir los archivos militares.
“Es lo mismo que el gobierno anterior: buscamos y no encontramos. No existe la información. Eso no es verosímil, evidencia que en el actual gobierno sigue el propósito de encubrimiento. Hemos observado con preocupación cómo el actual Ministro de Defensa y el propio presidente han bloqueado una diligencia de inspección legítima de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo cual, aparentemente, es con fines de encubrimiento de la verdad histórica y de violaciones a los derechos humanos del pasado”, dijo Morales.
La reunión, en la que el juez anunció que enviará a tres peritos a inspeccionar los archivos militares, ocurrió a solicitud de las víctimas de la masacre El Mozote, quienes querían manifestar su preocupación por la dilación del proceso judicial del caso, que lleva ya cuatro años desde que inció en 2016.
El juez Guzmán explicó que la lentitud en el avance del proceso judicial se debe a la complejidad del caso.
“Es un megaproyecto, pero siempre pensamos en un plazo razonable. Este caso tiene como base el Código Procesal Penal de 1973, pero también aplicamos el Código Procesal Penal actual y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normativa de derechos humanos. Es un proyecto híbrido, nutrido por varias leyes”, detalló el juez.
Guzmán también mencionó que las instituciones del Estado han obstaculizado el proceso cuando se niegan a esclarecer los hechos relacionados a la masacre. Prueba de ello es que, hasta la fecha, no se han abierto los archivos militares.
En febrero de este año, el Juez también solicitó al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que entregue la información que estaba clasificada y en la que aparecen datos importantes para descubrir la verdad histórica de todo lo ocurrido en diciembre de 1981, en El Mozote. Esa petición aún no tiene respuesta.
Las víctimas agregaron que están preocupadas por la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y luego vetada por el presidente Nayib Bukele, a finales de febrero.
“Se nos dice (en la nueva amnistía) que los que asesinaron a nuestros familiares son ancianos, que están enfermos. Ahí había ancianos, enfermos y niños, y ellos no tuvieron piedad”, mencionó Dorila Márquez, una de las sobrevivientes que participó en la reunión.
Sobre la recién aprobada y vetada Ley de Reconciliación, el juez explicó a las víctimas que no puede trabajar sobre la base de una ley que no existe.
“Este tribunal no puede estar supeditado a que se dicte o no se dicte la ley. Mi obligación es seguir tramitando el proceso”, mencionó.
La actividad tuvo micrófono abierto para las víctimas. Y, aunque asistieron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Procuraduría General de República (FGR) y abogados de los militares, la participación de ellos estuvo supeditada a la aprobación de las víctimas. La reunión del juez con las víctimas no tenía carácter judicial, solo sirvió para entablar un diálogo entre las víctimas y el juez.
La reunión duró aproximadamente dos horas. Se realizó, según explicaron los organizadores, con base en la Ley Procesal Penal, que establece que las víctimas tienen el derecho a pedir audiencia con el juez durante el proceso y también gozó del respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Para nosotros es importante externar nuestras inquietudes. Le pedimos al señor juez que siga con este proceso y que solicite los archivos militares que estamos hace bastante estamos pidiendo y hasta hoy se han negado”, dijo Jorge Cruz Vigil, presidente de la Asociación de Víctimas de la masacre El Mozote.
El Idhuca busca saber con qué fines el Ministerio de la Defensa usó un dron, mientras los comisionados del Instituto de Acceso a la Información llegaron a las instalaciones para realizar una diligencia administrativa.
El general Rafael Bustillo, uno de los 18 militares acusados de participar en la masacre de El Mozote, aprovechó su declaración para desligarse, asegurar que es inocente y reconocer que el coronel Domingo Monterrosa es el principal implicado en el caso.
Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre, espera que el presidente Bukele acate. El mandatario se comprometió a abrir los archivos de la “A a la Z”.
