Foto Émerson Flores
En una economía frágil como la salvadoreña y un sistema de salud limitado, las salidas para enfrentarse a una pandemia mundial, sin que el impacto sea tan alto, dependerán de un plan urgente diseñado desde el Ejecutivo, en el que las medidas para evitar el contagio estén estrechamente vinculadas al ámbito financiero. De no reaccionar adecuadamente en las próximas horas, el panorama económico de El Salvador es desalentador.
“Si van a decretar que nadie salga de casa, como que es toque de queda, ¿quién nos va a alimentar?”. Elías Alas tiene 62 años y vende minutas en el centro de San Salvador. No tiene hijos ni tampoco familia. Tal vez, vivir solo es la mejor decisión que pudo haber tomado: “Si tuviera mujer o hijos, no me alcanzan los diez dólares que vendo a diario”.
Desde que la llegada del COVID-19 fue inminente, Elías ha estado al tanto de todo: de usar alcohol gel, de lavarse las manos, de las medidas tomadas por el Gobierno, del régimen de excepción, de la emergencia, de los mensajes del presidente Nayib Bukele. Está consciente de que no debe salir a la calle, pero lo hace. No por desobediente, sino porque no tiene de otra. Como él, muchos más siguen saliendo a la calle. Son los que subsisten de las ventas, de lo que venden el día a día.
“El Gobierno solo dice: ‘vamos a poner alerta roja, azul, negra’. Pero, no dice: ‘a cada quien de esos vendedores les vamos a ir a dar un paquete para que se mantengan’”. Elías trata de mantener distancia con sus clientes, pero lo que no puede es guardarse la carcajada que hace ameno su día de trabajo y el de sus clientes. Así seguirá hasta donde pueda y hasta dónde le permitan las autoridades. “Pasa que uno tiene necesidad de salir”, dijo a GatoEncerrado.
Hasta el martes 17 de marzos, por la noche, el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo que no había casos confirmados de COVID-19 en El Salvador. A través de un tuit insistió a la población: “Mientras tanto, si no es necesario: NO SALGA DE CASA”.
En El Salvador, cerca de un 70 % de los hogares cuentan con al menos un integrante de la familia que posee un trabajo inestable o en el subempleo o no cuenta con acceso a seguridad social, según los últimos datos de 2018 de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
Los números reflejan, en otras palabras, que buena parte de los salvadoreños que salen de sus casas para buscar sostenibilidad económica forman parte del sector informal.
Al analizar este escenario de la posible presencia de un virus en un territorio salvadoreño, donde buena parte de su gente pertenece al sector informal, los datos no son muy alentadores. Al menos, no si las medidas implementadas por el Ejecutivo están divorciadas del ámbito económico y no son impulsadas con la urgencia del caso, según Ricardo Castaneda, investigador y economista de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
En países desarrollados que han visto los efectos e impactos del coronavirus, explica el economista, es más fácil decirle a las personas que vayan a sus casas porque tienen un ingreso asegurado o tienen un sistema de protección social bastante bueno. En El Salvador, la mayor cantidad de gente está en el sector informal, por tanto, “si ellos no salen a trabajar, no comen, e inmediatamente caerían en situación de pobreza”. A esto se suma el hecho de que en el país hay una importante cantidad de adultos mayores que son indigentes.
Castaneda es enfático en que estos grupos también son vulnerables y por tanto se les deben diseñar albergues que cumplan con alimentación y vestuario asegurado donde se les pueda atender. “¿Qué pasa si a una de estas personas les da el coronavirus? No les puedes decir: ‘váyase a su casa y estese ahí 30 días sin salir, porque inmediatamente estarías condenando a que caiga en hambruna, pobreza”, sostuvo ante GatoEncerrado.
El impacto económico que apenas comienza visualizarse en los mercados financieros internacionales dará el golpe en El Salvador en los próximos meses. No será tan inmediato, dice Castaneda, pero afectará a la llamada “economía real”, en otras palabras, al empleo. “Realmente, nos estamos enfrentando a un escenario al cual nunca nos habíamos enfrentado”, dijo.
Aunque no se puede evitar el impacto, sí se puede hacer que sea el menor posible a través de medidas enfocadas al ámbito de salud. Si estas medidas no se toman pronto de manera simultánea por los gobiernos, es un hecho que aumentará el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
Los más próximos en verse afectados por el COVID-19 son el sector turismo y todos aquellos vinculados a él, como el transporte aéreo, el terrestre, hoteles, restaurantes. Castaneda reitera que las medidas implementadas en la cuarentena nacional, hasta ahora, también tendrán mayores repercusiones en el comercio al por menor: en las micro y pequeñas empresas. “Las grandes empresas tienen todavía un margen de maniobra más amplio”, expuso el economista.
¿Cuál debe ser el siguiente paso? El economista de ICEFI sugiere las reasignaciones presupuestarias: tomar de otros ministerios, de entidades, pero todo enfocado en aumentar el presupuesto de salud. Una de esas fuentes de donde se puede mover dinero es de los ministerios de Seguridad y Defensa –que aumentaron en su asignación presupuestaria de 2020 al pasar de un 3.8 % al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB)-. “En este momento no necesitamos balas, necesitamos medicinas, necesitamos médicos, enfermeras; necesitamos todo el equipo adecuado para enfrentar esta situación”.
La importancia de potenciar el sector salud, hasta ahora uno de los más bajos en América Latina, no solo radica en mejorar las condiciones para enfrentar una crisis pandémica, sino en las atenciones a futuro y las secuelas que dejará el impacto del virus: “En lo particular, sí veo que en esta parte ha habido demasiada lentitud (del Ejecutivo). Desde ya se deberían de haber presentado a la Asamblea Legislativa las reformas al presupuesto para garantizar los recursos necesarios al tema de salud”.
Entre toda esa propuesta, para Castaneda, una de las cosas que el Ejecutivo debería abstenerse es el seguir pidiendo donaciones al sector privado para afrontar la emergencia. “El gobierno no puede actuar como una fundación, para eso tiene políticas públicas y, si necesita más recursos, utiliza la política fiscal que para eso está y es su responsabilidad”.
“Los recibos no lo esperan a uno”. Jessica Hernández tiene 50 años y vende bisutería en los alrededores del Teatro Nacional, en el centro de San Salvador. De ella, y de lo que vende, dependen diez personas. Jessica ha considerado dejar de salir a vender si las indicaciones sanitarias así lo exigen, pero sabe que eso le afectará.
“Si cierran las calles, uno de aquí sostiene a su familia. El presidente (Bukele) ha dicho que a la empresa privada va a ayudar, pero a uno ¿qué?”, se pregunta. Con los cinco o diez dólares que gana en ventas paga deudas y compra comida. “El presidente debería dar lo más necesario, porque uno de viejo aguanta, pero los niños no”.
Los créditos no esperan y tampoco los pagos para Marta Jaco. A unos minutos del centro capitalino está el puesto de Marta, de 57 años, quien es dueña de un chalet cercano al hospital Saldaña, el que ha sido destinado para atender las primeras emergencias que se presenten por el COVID-19 y a pacientes crónicos en cuarentena. Todavía no ha cerrado su negocio, aunque las ventas han bajado, y es que no puede: “Tengo prestamos con cooperativas, ahorita tengo uno que pago diez dólares diarios por 20 días y uno tiene que estar aquí (en el trabajo) para pagarles”.
Marta tiene familia, lo que gana en el trabajo es para ella y para una hija a la que le ayuda luego de que el esposo muriera en un accidente de moto. Sus hijos le han pedido que no vaya a vender, al menos hasta que termine lo crudo de la emergencia. Están preocupados de que esté tan cerca de pacientes enfermos por el virus. Pero ella está confiada en que el día que haya un caso, las autoridades lo notificarán. Mientras tanto, seguirá trabajando: “Tampoco quiero ser una carga para mis hijos”.
Ricardo Castaneda insiste en que el Ejecutivo tendría que presentar una propuesta adecuada de presupuesto en las próximas horas. ¿Qué pasa si no lo hace? El panorama es muy poco alentador, ya que El Salvador podría caer en recesión económica y donde los impactos de las crisis lo sufrirán los grupos más vulnerables: mujeres, la tercera edad, personas que habitan en áreas rurales, como el sector informal de la economía.
Una caída tan rápida mundial no sucedía desde 1929, desde la gran depresión económica internacional. Esos factores llevan a prender las alertas de que la situación económica va a empeorar a nivel mundial, dice Castaneda: “Y cuando al mundo le va mal, a El Salvador le va peor”.
*Con reportes de Émerson Flores y Carmen Valeria Escobar
Algunos de los pandilleros que huyen del régimen de excepción se han quedado en la ciudad de Tapachula buscando un refugio que México les otorga a las víctimas de las pandillas. Para lograr visas humanitarias, inventan historias en las que se venden como víctimas. Todo por no retornar a su país, donde la cárcel les espera.
Julia Evelyn Martínez lo tiene claro: el Gobierno de Nayib Bukele ha dado muestras de profundizar en la implementación de la corriente económica neoliberal y eso, como consecuencia, ya ha provocado más pobreza, exclusión y desigualdad, mientras los ricos se hacen más ricos.
Existen al menos cinco razones indiscutibles para rechazar una posible reforma a la Constitución de la República.
