Foto/Emerson Flores

Los $300 para afectados por el coronavirus: las letras pequeñas de un contrato colectivo

El Plan de respuesta y alivio económico ante la emergencia del COVID-19 es un rompecabezas que se arma de a poco: el Ejecutivo anunció una cuarentena domiciliar obligatoria de 30 días y con esta el apoyo económico de $300 para 1.5 millones de familias afectadas por permanecer en el encierro. El subsidio se realizará a través de transferencias. Sus formas aún no están definidas. ¿Cuáles serán los mecanismos de selección? ¿Cómo se determinará quién necesita ayuda y quién no? Economistas dan algunas respuestas –y sugerencias- de la hoja ruta que debería tomarse.

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El presidente Nayib Bukele dio paso a una de las medidas más extremas para evitar la propagación del COVID-19: la cuarentena domiciliar completa en todo El Salvador por 30 días, con algunas excepciones. “La persona que no acate las medidas va a ser detenida y llevada a un centro de contención”, aseguró en cadena nacional, sobre una decisión de facto que comenzó este sábado 21 de marzo y cuya validez se respalda en el estado de emergencia y en el régimen de excepción decretados hace ya una semana.

El Ejecutivo reconoció el impacto económico que esto conlleva, más que todo en los sectores vulnerables. “Hay gente que vive al día. Estamos conscientes de eso, pero no podemos esperar a tener los mecanismos para distribuirles alimento, o en este caso dinero”, dijo Bukele mientras anunciaba la decisión de transferir $300 a 1.5 millones de hogares que consuman menos de 250 kilovatios de energía eléctrica al mes, como parte de una de las primeras medidas del Plan de respuesta de alivio económico.

Del subsidio se verán beneficiados quienes trabajen por cuenta propia, personas que fueron despedidas de su trabajo o laboran en el sector informal, como los carpinteros, meseros, vendedores de la calle y artistas, dijo. Los únicos que no recibirán subsidio son los hogares que tienen garantizado un salario.

¿Cuál será el criterio de selección? ¿Cómo saber qué hogar aplica y cuál no? El Gobierno dejó pendiente para después el mecanismo o la forma en la que hará llegar la transferencia. “Ya se habló con la banca nacional, con sistemas de pago con celular, puntos exprés, con el sistema de tarjeta solidaria, con la base de datos del Ministerio de Economía, se está trabajando en un sistema completo con el recibo de remesas, con el pin que no necesitan cuenta bancarias”, indicó Bukele, sin dar más especificaciones de cómo seleccionará la ayuda.

Economistas coinciden en que la transferencia monetaria directa es una opción necesaria y pertinente a corto plazo, tomando en cuenta que una gran cantidad de salvadoreños están en el subempleo. Sin embargo, se deben establecer cuanto antes cuáles serán los criterios claros para establecer parámetros de su impacto. Sugieren edad, personas en cuarentena, aquellos que queden desempleados y a familias que pertenecen al sector informal, como la prioridad de selección.

Para Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es con el grupo del sector informal donde el Ejecutivo debe trabajar con mayor cuidado para evitar el uso discrecional de los fondos.

¿Cómo comprueba una vendedora de pan que ha perdido su ingreso? Dado que muchas de las personas del sector informal no cuentan con registro bancario o en Hacienda y no cotizan en el Seguro Social, el economista José Luis Magaña, de Panorama Económico, añade que es factible hacer uso de sistemas y mecanismos con los que ya cuenta el Gobierno: “Y para esta metodología ya existe experiencia dentro del Ejecutivo”.

¿Cuáles deberían ser los criterios? Aunque en la conferencia del presidente Bukele, la hoja de ruta a seguir no quedó clara, los economistas dan algunas opciones de cómo segmentar los grupos a los que se debe ayudar prioritariamente. “Pero, ¿qué pasa en aquellos que son pobres y no cuentan con energía eléctrica?”, cuestionó Castaneda. Ahí es donde se debe hacer uso de sistemas ya existentes para agilizar los procesos, entre esos el Registro Único de Participantes, conocido como RUP.

Llenar formularios en línea o activar número de teléfono no deben de ser la opción inicial, sostiene el economista de Icefi, ya que solo haría más engorroso el funcionamiento de la medida. “El gobierno tiene el registro único de personas. Ese debería ser el primer filtro de identidad”, dice.

Para quien no llene los requisitos o los criterios establecidos, Castaneda sugiere que ahí sí puede aplicarse un estudio socioeconómico, pero ya sería con un grupo más reducido el que se tendría que analizar. “Es muy importante que cuando estás elaborando políticas públicas, definas cuáles son los criterios para selección de los beneficiarios”, insistió.

Los criterios de selección: el “cómo” en el plan de ayuda

Economistas coinciden en que el plan de ayuda debe establecer medidas de corto y mediano plazo para garantizar su alcance en la población más vulnerable y en pequeños empresarios. ¿Cómo identificarles? Para ello, sugieren segmentar por grupos, consumo de energía y hacer uso del Registro Único de Participantes.

Edad
Todas las personas arriba de 60 años deberían beneficiarse de la transferencia monetaria, por ser uno de los grupos más vulnerables al virus y porque la mayor parte de las personas se encuentran en esta edad no cuentan con una pensión.
Registro Único de Participantes (RUP)
El Gobierno, a través de la extinta Secretaría Técnica de la Presidencia, creó tiempo atrás un sistema que almacena todos los beneficiarios de los programas sociales. El sistema cruza información entre las distintas instituciones y tiene geo-localizados dónde están los grupos más vulnerables.
Consumo de energía eléctrica
Se puede establecer que aquellos hogares que consuman menos de cierta cantidad de kilovatios se verán beneficiados. En este punto, el Ejecutivo adelantó que los hogares que consuman menos de 250 kilovatios entran en el subsidio.
Registrar al sector informal
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) debe jugar un papel importante para establecer un mecanismo que identifique y agilice el registro de las personas que forman parte del sector informal.
Facilidades a empresas pequeñas
Seleccionar es más fácil porque llevan sus registros de contabilidad con lo que se puede confirmar una caída en las ventas para definir una ayuda.
Los no aplicables
Si una persona no reúne los requisitos anteriores y cuya economía se ve afectada, se debe implementar un mecanismo desde las instituciones de gobierno para que le puedan hacer un estudio socioeconómico y garantizar ayuda.

Las 30 medidas y sus costos

El viernes 20 de marzo de 2020, el Gobierno completó el Plan de respuesta y alivio económico ante la emergencia del COVID-19. Buena parte de las medidas han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, entre estas la suspensión por tres meses de los pagos de energía eléctrica, de agua, de teléfono, internet –montos que luego se deberán cancelar en cuotas diluidas en 24 meses-. 

El presidente Bukele también mencionó que habían sido suspendidos los pagos de créditos personales, hipotecarios, de tarjetas de crédito, sin que aplique una multa por el no pago de estos. Lo cierto es que el decreto no ha llegado al Legislativo y mucho menos aprobado.

El Legislativo, además, avaló el decreto Ejecutivo de prorrogar por tres meses el pago de impuestos sobre la renta a empresas a contribuyentes cuyo impuesto a pagar sea igual o inferior a $10,000, como a las empresas turísticas con pagos iguales o menores a $25,000. A estas se les exonera de su contribución especial del 5 %. Las distribuidoras de energía eléctrica, de telefonía y cable también tendrán una prórroga de ocho meses para comenzar a pagar el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

En otras palabras, “a cambio de que las personas se les postergue el pago de energía y de la telefonía, el Gobierno también le va a postergar el pago de impuestos a estas empresas”, sostiene el economista de Icefi, para quien esta medida es grave porque lleva a preguntarse entonces quién es el que asumirá la mayor parte de los costos en medio de la crisis.

“¿Por qué es que en la conferencia de prensa no dijeron que se les iba a suspender el pago? ¿Por qué el Ejecutivo está postergando el pago de impuesto a las grandes telefonías y a empresas de electricidad? El principio de justicia debería estar en la propuesta”, enfatiza Castaneda.

Castaneda dice estar de acuerdo con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en que el Estado no puede dejar de percibir impuestos, más cuando se requieren recursos para salud, “pero es la gran empresa la que tiene margen de maniobra y puede seguir pagando lo que le corresponde”. 

Aunque el presidente Bukele dejó claro que el plan ayudará a “todas las personas que demuestren afectación directa”, es importante definir el alcance de las medidas o se podría generar un impago generalizado, según el economista de Panorama Económico.

Para Magaña, una medida demasiado generalizada puede poner en peligro la liquidez del sistema financiero: “Y aquí no se trata de los bancos, de lo que se trata es que esa liquidez es parte del efectivo que van a necesitar los hogares y, sobre todo, las empresas micro y pequeñas para hacerle frente a lo que vaya pasando”.

Para que exista liquidez, en este punto específicamente, Castaneda recomienda que se haga uso de mecanismos de tarjeta en las zonas urbanas para que no circule dinero físico, solo en el área rural, por sus características, se pueden hacer las transferencias directas en físico.

El Ejecutivo ha enviado una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le sea autorizado gestionar un préstamo de $2,000 millones a través de Títulos Valores. El destino del préstamo se resume en tres líneas: “Financiar el Fondo de Emergencia y de Reconstrucción Económica del país, por los efectos de la pandemia a causa del COVID-19”, pero no se conocen los detalles de para qué y dónde serán usados los recursos.

De aprobarse el préstamo de $2,000 millones, es decir, tres veces el presupuesto general de la nación, permitiría que haya liquidez en el país, sostiene Castaneda, ya que el dinero vendría de afuera; sin embargo, hace el llamado a que esta deuda se haga con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no en bonos.

La otra opción, sugerida por Magaña, es llegar a un acuerdo de moratoria de los préstamos que ya se tienen con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Mundial, para no incurrir en nueva deuda.

La Asamblea Legislativa deberá discutir si aprueban la propuesta. Castaneda se pregunta si de ese posible préstamo saldrán los $450 millones para financiar el subsidio que hará llegar a un 75 % de los hogares salvadoreños. “Si se va a utilizar este monto significativo, se debe tener mucha certeza del plan económico de corto, mediano y largo plazo (…) Y lo que hay es una carencia de planificación y de gestión de las políticas públicas”, opinó. 

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