Foto/Émerson Flores
Un equipo de producción y los gastos innecesarios del Gobierno frente a la emergencia
Julia Gaverrete
🗓️ 1 de junio de 2020
El Ejecutivo logró la aprobación del presupuesto 2020 con incrementos sustanciales en seguridad y publicidad estatal. Pero, con la pandemia, el reajuste para atender la emergencia y proteger a los más vulnerables es inevitable. Mientras economistas llaman a priorizar y evitar gastos innecesarios en plena crisis, la Presidencia lanza una oferta de compra de un equipo de producción por un monto de casi $60,000.
Julia Gavarrete
🗓️ 1 de junio de 2020
E l 18 de marzo, una semana después de que el Gobierno de presidente Nayib Bukele anunciara la cuarentena nacional para todos los que ingresaban al país, como la habilitación de centros de contención, y en plena emergencia, la Presidencia hizo pública la oferta de compra de un equipo de producción audiovisual valorado en $59,830, que se realiza a través de la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros).
Para la adquisición de cámaras fotográficas, de video, entre otro equipo de producción, la Presidencia estableció un precio base que dividió en tres lotes: $16,106.40, para comprar equipo de fotografía profesional DSLR y accesorios tecnológicos; $19,375.26, para equipo de video o audiovisual; y $24,348.34 para equipo de video, fotográfico, gama media y accesorios tecnológicos. Los montos por cada lote no incluyen el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y serán cubiertos con fondos del Gobierno de El Salvador, según la oferta de compra n° 93 titulada: “Suministro de artículo tecnológico, fotográficos profesionales para producción de audio y video” y que se encuentra disponible en la página de Bolpros.
En el documento se detalla el interés de comprar tres cámaras fotográficas profesionales, dos de video y una lista larga de equipo complementario, como juego de luces, un teleprompter, estabilizadores de movimiento y un sistema de producción en vivo.
La oferta de compra fue divulgada cuatro días después de la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19 y la aprobación del decreto Legislativo 593 con el que se facultaba al Ministerio de Hacienda para “velar que el manejo de los recursos que deban utilizarse en el contexto del presente Decreto sean focalizados directamente a la atención de la declaratoria del Estado de Emergencia”. En otras palabras, la luz verde para hacer compras sin necesidad de pasar por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Al cierre del primer año de gestión del gobierno de Bukele, la crisis por la COVID-19 ha llevado a que las acciones, tanto de ministerios como de sus funcionarios, se enfoquen en la pandemia, no así en priorizar gastos y algunos fondos presupuestados que, según economistas, podrían ser redireccionados para atender la emergencia.
Las imágenes de funcionarios en comunidades son compartidas en todas las cuentas institucionales del Gobierno: en Twitter o Facebook —algunos hasta suben videos a Tick Tock—. El recurso comunicacional se activa y explota como pólvora a diario. La publicidad es una de las prioridades dentro del presupuesto 2020, que le fue aprobado al gobierno de Bukele por la Asamblea Legislativa, el 13 de diciembre pasado. Esta partida fue una de las que sufrió un incremento respecto al presupuesto del año pasado: de $13.6 millones pasó a $22.6 millones.
Al retomar algunos gastos del presupuesto aprobados hace casi seis meses, Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), cree que el incremento en la partida presupuestaria de publicidad fue sustancial, pese a no tener justificación “considerando las carencias que tiene el país en otras áreas”. Algunos de esos recortes, menciona, se dieron en áreas del Ministerio de Trabajo, Agricultura y Medio Ambiente. Solo Trabajo y Medio Ambiente operan con un menor presupuesto que lo asignado para publicidad; es decir, $17,996,800 y $14,980,727 millones, respectivamente.
Dentro de la Presidencia, Bukele cuenta con dos secretarías a disposición para difundir sus mensajes: la Secretaría de Comunicaciones, que tiene un presupuesto de $8.8 millones y la Secretaria de Prensa de la Presidencia, con $2.5 millones. Ambas suman $11.3 millones y su trabajo es centralizar la comunicación oficial.
A esta hora, en Casa Presidencial, reunido con el Gabinete de Seguridad.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 27, 2020
Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios, se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión. pic.twitter.com/xh9y65DH9H
Tomando en cuenta la emergencia, Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), es de la opinión que gastos de este nivel deberían recortarse: “Si estamos en una etapa de crisis severa, no veo por qué se van a gastar $22 millones en publicidad”. Para Acevedo, aunque no cree que se puedan hacer reajustes de mil millones, es posible encontrar gastos superfluos, como el de publicidad, si se revisa partida por partida.
En este punto coincide Castaneda, para quien “cada ministerio tiene que identificar gastos que en este momento no son prioritarios”. Por ejemplo, explica que en las circunstancias en las que el país se encuentra, se deben evitar gastos relacionados con megaobras “de las cuales no hay certeza sobre sus beneficios y su viabilidad financiera”, sobre todo, cuando se tiene un Ministerio de Salud que urge de recursos y que opera con un presupuesto de $757.8 millones, insuficiente para afrontar la crisis.
El Ministerio de Salud, si bien presentó un aumento del 13 % en su presupuesto de 2020 respecto al del año pasado, su incremento no se compara con el del Ministerio de Defensa, que subió en un 51.78 %, o al del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que creció en un 30.01 %.
El presupuesto que presentó el Ejecutivo, además de apuntar todo su recurso a seguridad pública, también incorporó rubros que no formaban parte de la partida correspondiente. Tal es el caso de la partida 55599 denominada “Impuestos, tasas y derechos diversos”, que en el 2019 tenía un presupuesto de $6.5 millones y en 2020 subió a $69.7 millones. Los mayores aumentos lo tuvieron Justicia y Seguridad Pública, donde de $200 mil pasó a $25.1 millones, como en Defensa que, de no tener nada el año pasado, ahora cuenta con $19.2 millones.
¿Por qué el redireccionamiento es importante? Ante esta pregunta, el economista de Icefi sostiene que, tomando en cuenta que el país está frente a una crisis sin precedentes, toda la capacidad del Estado debe estar enfocada en enfrentarla, “lo que implica priorizar los recursos financieros, eliminar los gastos innecesarios y postergar los que no son urgentes”.
Redireccionar hacia los más vulnerables
La pandemia llegó a dejar en evidencia áreas donde el Estado está ausente. Los hogares más vulnerables —o propensos a estarlo— solo esperan a que el confinamiento termine para poder salir a trabajar. Muchos de estos se ubican en lugares donde todavía viven sin energía eléctrica o son de familias que están a un paso de caer en hambruna. Algunas comunidades dejan ver afuera de sus casas una bandera blanca en alerta de que ahí no tienen más comida.
Según estimaciones de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), 1.5 millones de personas estarían en riesgo de caer en pobreza, lo que generaría una tasa de pobreza del 54 %. Pero la crisis post COVID-19 podría llevar a que los pobres, que ya viven en situación extrema, sean todavía más pobres. En ese escenario, estiman que el porcentaje de personas en pobreza relativa suba de un 24 % a un 39 % y de pobreza extrema de un 7 % a un 15 %.
La ESEN, en su informe “Reapertura de la economía salvadoreña en 4 fases”, es determinante en afirmar que si bien se deben de preservar vidas, también es importante preservar medios de vida. En otras palabras, es necesario un balance entre estos dos puntos claves.
Wilber Baires, catedrático y economista investigador de la ESEN, explica que una persona vulnerable en pobreza relativa del área urbana con solo que pierda $0.36 en promedio al día la llevaría a caer en pobreza extrema. En el área rural, basta con que pierda en promedio $0.21 para que eso pase.
En El Salvador, los hogares que viven en pobreza relativa cuentan con la capacidad de comprar como mucho dos canastas básicas, aquellos que viven en pobreza extrema ni siquiera alcanzan para una.
Aunque pensar en una reorientación presupuestaria no debe significar, como lo describe Castaneda, que “están solucionados todos nuestros problemas”, sí puede evitarse que el impacto de la crisis no sea tan alto en las poblaciones más vulnerables.“El gasto público es de las de las mejores herramientas para reducir la pobreza, por lo que hoy más que nunca el principio debe ser salvar a las personas. Eso implica no solo garantizar salud, sino también ingreso”, manifiesta.
Castaneda reconoce que el margen de maniobra para reajustar es mínimo ante los niveles de rigidez del presupuesto, que se va en el pago de salarios y deuda pública. Pero los cambios, dice, deben hacerse. Primero, para priorizar recurso y, segundo, para darle más legitimidad. “Si la ciudadanía tiene que enfrentar una situación compleja, desde el Gobierno se debe asegurar que no se hagan gastos que no son ni prioritarios ni necesarios”.