Los “malos hábitos” del MARN y la Asamblea que opacan los días mundiales del Medio Ambiente

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, atribuye las consecuencias ambientales a "los malos hábitos" de la población, pero ambientalistas señalaron que "los malos hábitos" que más daño han hecho al país son los del Ministerio de Medio Ambiente y de la Asamblea Legislativa, cuando han sido históricamente complacientes con permisos ambientales o cuando siguen dando largas a las discusiones para aprobar leyes para proteger recursos naturales, como el agua. También cuando el gobierno anterior y el actual se han resistido a ratificar el Acuerdo de Escazú.

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Por Mario Beltrán

Por Mario Beltrán

🗓️ 13 de junio de 2020

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente para generar conciencia del cuido de la biodiversidad en el mundo. Este 5 de junio 2020, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, escribió en su cuenta de Twitter que “nuestros malos hábitos” hacen enfrentar al país las consecuencias ambientales. Entre esas, aunque no lo especificó, están las tragedias, derrumbes e inundaciones que dejaron a su paso las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Ambientalistas, sin embargo, señalaron ese mismo día que los "malos hábitos" que provocan tragedias durante los eventos climáticos son, en gran medida, responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Órgano Legislativo salvadoreño. Los activistas explicaron que la responsabilidad es histórica y no solo de los funcionarios que actualmente están en el MARN o los diputados de la legislatura actual.

Para los ambientalistas, el discurso de unidad, de cambio de hábitos y de sumar esfuerzos que el ministro Fernando López tuiteó, el 5 de junio, contrasta con las acciones históricas y actuales del MARN. A lo largo de los años y con los diferentes gobiernos de turno, los ambientalistas han señalado que el MARN ha sido complaciente con las empresas y constructoras que depredan el medio ambiente para residenciales, centros comerciales y otras actividades que explotan los recursos naturales del país.

Este año, a través de una caminata virtual para evitar salir en medio de la cuarentena por COVID-19, los defensores de los derechos ambientales señalaron que ven con preocupación que en el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele hubo una filosofía de trabajo orientada a "desentrampar el desarrollo” con permisos ambientales exprés, en medio de un inexplicable recorte presupuestario para 2020 y otros recortes para financiar las medidas implementadas para enfrentar la pandemia.

“Es difícil que un ministerio funcione si no tiene los recursos adecuados y si no es conducido de la manera correcta”, dijo el ambientalista Eduardo González. 

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo que en el primer año de Gobierno observó improvisación en el manejo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Ha habido una falta de planificación en la gestión ambiental. Bosques, biodiversidad, gestión hídrica, lo evidencia. En este año hemos pasado de crisis a crisis como la de ANDA a inicio de año. El agua no nace en el chorro sino en los ecosistemas. Si no se respeta el recurso, habrá menos acceso al agua”, opinó Luis González.

Otra de las demandas es la prohibición real del uso de agrotóxicos en la agricultura salvadoreña. Los activistas dicen que llevan más de 12 años exigiendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que prohíba la venta, uso y consumo de agrotóxicos, pero no han recibido respuestas.

Asimismo, señalaron que las decisiones del MAG durante la emergencia por COVID-19 para alimentar a la población, afectaron a los productores locales. “Este año, el MAG ha obtenido el más bajo presupuesto de los últimos ocho años. Además, hay una reducción de más de 22 mil paquetes agrícolas. Vemos también la apertura de fronteras en las que el Ejecutivo ha comprado 50 toneladas de maíz blanco sin primero verificar si nuestros agricultores lo tienen. ¿Por qué incentivar lo externo cuando podemos brindar una ayuda real a nuestros agricultores?”, cuestionó Adela Bonilla, parte de la Mesa por la Soberanía y Seguridad Alimentaria.

Bonilla destacó la urgencia de la aprobación de una Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria que garantice alimentación de calidad y libre de transgénicos. Esa es una de las deudas históricas que tiene la Asamblea Legislativa.

Otra deuda es una Ley de Agua que garantice agua para todos los salvadoreños por encima de los intereses mercantilistas, pero que también vele para que nadie siga contaminando los ríos y fuentes de agua.

“La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2018 muestra que el 4.6 % de la población urbana (305,567 personas, unas 61,000 familias) aún carece de servicios de agua por cañería y también el 22.9 % en la zona rural (1,521,193 personas, unas 304,000 familias)”, expresó Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, durante la caminata virtual que se realizó este año.

Asimismo, destacaron que 1.3 millones de personas (21 % de la población nacional) se abastece con agua potable a través de juntas de agua rurales (JAR), las cuales al no ser reconocidas legalmente, en su mayoría, no reciben apoyo del Estado. Aseguraron que estas Juntas de Agua Rurales han enfrentado serias dificultades para funcionar durante la pandemia debido a la falta de recaudación de pagos por parte de sus usuarios que se han quedado sin trabajar por la cuarentena domiciliaria obligatoria.

También denunciaron públicamente que debido a la pandemia por COVID-19, la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa suspendió el debate sobre la ley de agua. Eso, según dijeron los activistas, es algo contradictorio, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado el lavado de manos para prevenir la propagación del coronavirus.

El Estado salvadoreño también tiene pendiente ratificar el Acuerdo de Escazú. Ese acuerdo es una normativa internacional que obliga a los Estados a ser trasparentes con información ambiental, participación ciudadana en las decisiones ambientales y la garantía de protección a defensores de derechos humanos, incluyendo a ambientalistas.

“A falta de esta normativa nacional e internacional, sí existen en el país procesos de criminalización, persecución y agresiones a defensores del medio ambiente, colocándoles en una situación de vulnerabilidad”, expresó Omar Flores, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.  

En octubre de 2019, durante la pre-Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, realizada en Costa Rica, GatoEncerrado consultó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, sobre este acuerdo, pero el funcionario no dio respuesta, evitando ser cuestionado.

Los ambientalistas también hicieron un llamado al Órgano Judicial para que fortalezca los juzgados ambientales y exigieron un equipo coordinador con los otros poderes del Estado y organizaciones ecológicas en materia de Justicia Ambiental.

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