Foto/Emerson Flores

Fideicomiso para recuperar la economía excluye a los comerciantes informales más vulnerables

Economistas advierten que los requisitos para optar a los créditos que dará Bandesal son demasiado estrictos para el sector informal. El presidente de esa institución bancaria estatal, Juan Pablo Durán, rechazó flexibilizar los requisitos y afirmó que los créditos serán solo para quienes hayan tenido un récord crediticio impecable.

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Flor Núñez es una vendedora ambulante del Mercado Central de San Salvador. Vende cubrecamas, cortinas y alfombras de segunda mano. En medio de la cuarentena obligatoria se quedó sin mercadería y sin los ahorros que hizo cuando trabajó en una maquila. Hasta ahora no ha regresado a trabajar porque las tiendas de ropa usada aún no están operando y tampoco tiene dinero para poner a funcionar el negocio. 

“Tengo que esperar a que abran. Pero, igual, no tengo capital para invertir”, comentó a GatoEncerrado el pasado 23 de junio. Flor siempre ha trabajado con capital propio, nunca ha tenido un crédito ni tampoco una cuenta bancaria. 

Aunque Flor ha sido afectada por las medidas para contener la pandemia, su perfil y el de otros comerciantes informales no encajan para ser beneficiarios de los $100 millones del “Programa de Financiamiento Productivo” para empresarios del sector informal. Este programa forma parte de la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas (Firempresa) de $600 millones para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. La ley aún está en discusión en la Asamblea Legislativa. 

Este fideicomiso será financiado con la deuda de $1,000 millones que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 5 de mayo, y que fue parte de un plan que negoció el Gobierno  a través del hermano del presidente, Karim Bukele— y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep).

Una medida desigual
El fideicomiso, según la petición hecha por el Gobierno, se constituye con aportes del Ministerio de Hacienda por hasta $600 millones, distribuidos así:
$140 mill
Para el “Programa de Subsidio para Empleados de la micro, pequeña y mediana empresa”.
Requisitos
→ Este programa es solo para empresas formales registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
→ La última planilla reportada al ISSS debe contar con un número menor a 100 empleados, y deben probar haber sido afectadas por la pandemia.
→ Los ingresos anuales por ventas brutas en 2019 declarados al 31 de marzo, o en su defecto en el 2018, deben ser iguales o menores a $7 millones según su declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
→ En el caso de las empresas que iniciaron operaciones en 2019 y que no han presentado declaración de renta, se tomará como base los ingresos de sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019. Para las que iniciaron operaciones en 2020, será el monto de su última declaración de pago a cuenta.
→ Las empresas registradas tendrán 60 días para inscribirse en el Programa de Subsidio a Empleados, contados a partir de la fecha en que Bandesal publique el inicio del Programa.
→ Según el Artículo 10 de la ley, se cubrirá el 50 % de la nómina mensual de los patronos inscritos en el ISSS, por un período máximo de dos meses. La asignación mensual es de hasta $22,500, para un total por empresa de $45,000.
$360 mill
Para el “Programa de Otorgamiento de Créditos”.
Requisitos
→ También aplica para empresas formales inscritas como patronos en el ISSS que han sido afectadas por el COVID-19, y que ocupen el préstamo como capital de trabajo.
→ Los créditos devengarán una tasa máxima de interés nominal al 3 % anual, un plazo máximo de 10 años y un período de gracia de 12 meses.
→ Según el Artículo 14, el monto máximo de entrega de préstamos será de hasta el 75 % de la planilla de salarios cotizables al ISSS de cualquier mes entre diciembre 2019 a febrero 2020.
→ Impone otro límite, además, al monto máximo: será equivalente a la renta declarada para el ejercicio fiscal de 2019; o correspondiente a 2018 en caso de no haber declarado aún.
→ De los que iniciaron operaciones en 2019 y no hayan presentado declaración, se tomará como base el impuesto determinado y reflejado en sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019.
→ Si se iniciaron operaciones en 2020, se considerará el monto de su última declaración de pago a cuenta. Todo dependerá del valor solicitado por la empresa, hasta un máximo de acuerdo a los criterios anteriores.
$100 mill
Destinados al “Programa de Financiamiento Productivo” para empresarios del sector informal.
Requisitos
→ El Gobierno pide que las personas tengan al menos un crédito vigente con la banca privada o cooperativas.
→ La persona debe tener una categoría de riesgo crediticio A o B. Esto significa que no debe tener más de 90 días de mora en su crédito vigente, hasta el 29 de febrero de 2020.
→ Debe probar que fue afectado por la pandemia de COVID-19. No se especifica cómo.
→ El crédito es fundamentalmente para capital de trabajo que permita su recuperación económica, y será bajo las mismas condiciones que empresas formales: una tasa máxima de interés nominal del 3 % anual, un plazo de 10 años y un período de gracia de 12 meses.

Según el decreto legislativo 640, los fondos se distribuirán en dos grandes grupos: $400 millones para que el Estado pague sus compromisos con el sector privado y $600 millones para el fideicomiso. El fideicomiso será administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), que actualmente está presidido por Juan Pablo Durán.

Los $600 millones que se otorgarán directamente a empresas no llegará a los sectores más vulnerables. Economistas de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), así como asociaciones de pequeños productores, aseguraron a GatoEncerrado que los fondos del fideicomiso se distribuyen de forma desigual entre el sector formal e informal. Algunos requisitos como tener un crédito activo y bajo riesgo crediticio, representan una barrera para los trabajadores por cuenta propia.

Rommel Rodríguez, economista de la Funde, explicó a esta revista que dentro de los $1,000 millones que debe gestionar el Gobierno en el mercado internacional, solo $100 millones son para el sector informal: es decir, de cada $10 para empresas, solo $1 será para trabajadores por cuenta propia. Aunque estos recursos son “lo más destacable dentro del plan del Gobierno”, los requisitos “son muy estrictos dadas las condiciones reales del país”. 

En la propuesta de ley enviada a la Asamblea, el Gobierno pide que las personas tengan al menos un crédito vigente con la banca privada o cooperativas y tener una categoría de riesgo crediticio A o B. Esto significa que no debe tener más de 90 días de mora en su crédito vigente, hasta el 29 de febrero de 2020. Además, debe comprobar que fue afectado por la pandemia de COVID-19, pero no se especifica cómo. 

El crédito sería para capital de trabajo que permita la recuperación económica de los comerciantes informales y bajo las mismas condiciones que empresas formales: una tasa máxima de interés nominal del 3 % anual, un plazo de 10 años y un período de gracia de 12 meses. 

Los comerciantes informales no suelen solicitar créditos en la banca y recurren a usureros, porque obtienen el dinero más rápido para ponerlo a trabajar. Una encuesta elaborada por el Centro de Investigación de Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS), de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) de 2019, reveló que solo un 37 % del sector informal acude a bancos, cooperativas y casas de empeño para sostener su negocio, frente a más del 99.3 % que están comprometidos con usureros. En promedio, por cada $100 prestados, el usurero cobra hasta $35 en intereses, y “el problema grave es que las personas solicitan hasta 30 veces el mismo crédito en un año, pagando un interés anual de 2,359 %”, indica el estudio.

El esposo e hijo de Flor Núñez se dedican a transporte de productos en carretillas en el centro de San Salvador. Por causa de la pandemia se vieron afectados y se han quedado sin ningún medio para obtener ingresos. Ellos son un ejemplo del impacto económico de la pandemia en el sector informal Foto/Emerson Flores

Esto deja un margen de acción reducido al fideicomiso: si solo cuatro de cada 10 emprendedores tienen créditos con la banca, ¿qué ocurre con el resto? 

El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, fue categórico al decir que el Gobierno se enfocará en los empresarios ya bancarizados, “porque no habrá tiempo para ir a evaluar si la empresa existe”, y un crédito con el sistema financiero es la manera “más práctica y rápida” de lograrlo. Economistas opinaron que se desaprovecha una oportunidad para sacar de la informalidad a los comerciantes.

Según Durán, son 200,000 los empresarios del sector informal que han tenido créditos con la banca formal. Al tomar en cuenta este dato y compararlo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) de 2018, estimó que hay cerca de 750,600 trabajadores por cuenta propia en el país; el criterio de apoyar a los bancarizados dejaría fuera de la lista a unas 550,000 personas del sector informal. Sin embargo, aún no está claro cuántos serían los candidatos para aplicar a un crédito.

Los cuentapropistas, además, deben cumplir con un récord crediticio y una categoría de riesgo casi impecable, entre “A” y “B”. En términos simples, el emprendedor no puede tener más de 30 días de mora ni deber más de dos cuotas en sus créditos, al menos hasta el 29 de febrero de 2020.

“Obviamente, hay micro y pequeños empresarios que cuentan con estos requisitos, pero son una élite al interior de la parte informal. No es el gran grueso de la población, si no un perfil de personas bancarizadas, con un mayor nivel educativo”, explicó el economista de Funde. Por tanto, los recursos del fideicomiso “no van a estar orientados en términos de equidad a quienes más lo necesitan”.

Salir del sector informal no es fácil. Flor lo intentó alguna vez, cuando hizo una “mala inversión” y esto la llevó a buscar trabajo en una maquila. Ganaba $7 al día que, dijo, no valían el desgaste físico que le causaba hilar camisas. Dos años después, dejó su puesto y se unió de nuevo a las filas del autoempleo.

Rodríguez explicó que, tal como lo presentó el Ministerio de Economía a la Asamblea, el fideicomiso no es más que un paliativo. “Está averiado por otras variables fuertes: si vemos el monto global es una inyección pequeña. Para el grueso de la informalidad, es pequeño, es insuficiente en absoluto”, afirmó. El economista agregó que “esperar que un fondo de $100 millones reduzca la pobreza es utópico. (Este fondo) es más útil para mejorar la imagen de los gobernantes”.

Los $500 millones restantes, destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas, también imponen requisitos complejos. Jorge Ortiz, representante de la red Un Pueblo Un Producto, acudió a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el pasado 15 de junio, y pidió a los diputados que se garantice la cobertura de los trabajadores por cuenta propia y microempresarios que no cumplen con todas las condiciones que exige Bandesal.

Una opción, indicó, es dar capital de trabajo como fondos no reembolsables, flexibilizar el requisito para contar con expediente crediticio y no exigir a las microempresas estar inscritas en el Seguro Social, debido a que la mayoría no paga prestaciones a sus trabajadores. 

En un país como El Salvador, donde los recursos públicos son limitados y tienen un alto costo de oportunidad, es indispensable que el Gobierno priorice a los más vulnerables. Así lo plantea Lourdes Molina, economista sénior del Icefi.

Dentro del sector privado, las micro, pequeñas y medianas empresas, principales beneficiarias del fideicomiso, “están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los impactos económicos de la pandemia, en especial al considerar que son la principal fuente de empleo en el país”, consideró Molina.

En la práctica, la mayoría de micro empresas mantienen a sus trabajadores en situación de informalidad, sin acceso a sistemas de protección social y muchas veces, con un salario menor al mínimo. Según la Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (2017), elaborada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), solo el 35.26 % de las empresas paga prestaciones sociales.

La economista del Icefi coincidió en que los requisitos son demasiado estrictos y el esquema de distribución de los recursos podría causar problemas de exclusión similares a los observados en la entrega del bono de $300 a las familias. 

La misma encuesta de Conamype señaló que solo una de cada cinco microempresas tenía acceso a líneas de crédito en 2017, “por lo que el criterio de bancarización y calificación crediticia, en lugar de priorizar, excluiría a la mayoría de micro y pequeñas empresas”, dijo Lourdes Molina.

Flor Núñez vende cortinas y cubrecamas en el Mercado Central de San Salvador. Luego de la cuarentena se quedó sin producto y sin ahorros que pueda usar para continuar con su venta. Foto/Emerson Flores

Bandesal rechazó bajar a la categoría “C” 

El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, acudió este 25 de junio a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que estudia la petición del Gobierno, para justificar el fideicomiso.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, le solicitó que se tomara en cuenta la recomendación de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) de incluir a los pequeños empresarios en la categoría crediticia “C”, para que puedan optar a los créditos;  es decir, con hasta 120 días de mora. 

La sugerencia fue rechazada por Durán. Aseguró que el fideicomiso “no es para salvar a los que ya estaban en problemas antes de la pandemia, es para rescatar a los que estaban bien”. A su criterio, si dan créditos a personas que antes de la pandemia no habían pagado por tres meses seguidos, es evidente que no van a pagar, principalmente si saben que es dinero estatal. 

Lo único que está en juego es su categoría, pero si ya la tenían mala, no pierden nada. Es simple. Va a ser dinero que no vamos a recuperar, por eso es que no estamos de acuerdo en que bajemos a categorías superiores a la A y B", sostuvo.

Durán explicó que para garantizar el retorno de los fondos al Estado, es necesario que los $100 millones destinados a informales se otorguen a empresas que ya estén funcionando, y una forma de comprobarlo es a través de compromisos de deuda.

“El espíritu es que sea cualquier institución financiera porque esto facilita la gestión, porque son muchos, y si no canalizamos los productos a través de ellos, sería imposible hacer estudios, evaluaciones y análisis”, dijo.

“Un pequeño crédito” para la hermana de Carolina Recinos

En la reunión de la comisión de hacienda, Durán también tuvo que responder por una investigación de El Faro que reveló que Bandesal benefició a Susana Elizabeth Recinos Montes, hermana de la comisionada presidencial Carolina Recinos, con un crédito de $22,514 para montar una cafetería en el Ministerio de Hacienda, pese a dos advertencias del Comité de Créditos por conflicto de interés. Durán defendió la legalidad del préstamo después de ser cuestionado directamente por el diputado Rodolfo Parker, del PDC, y Anabel Belloso, del FMLN.

“No lo pidió para gastos personales, no lo pidió para comprar vivienda, no lo compró para comprar vehículo. Lo pidió para ir a poner un negocio, absolutamente válido dentro de las políticas en los reglamentos de Bandesal, es una ciudadana más, de hecho, es un honor respaldar a una mujer luchadora, como a cualquier otra”, justificó Durán ante los diputados.

El presidente de Bandesal dijo que fue “un pequeño préstamo” a través del Fondo de Desarrollo Económico, desde donde otorgan créditos a “cientos de mujeres” a través de los programas Banca Mujer y Mujer Emprende, ambos financiados con fondos extranjeros.

El diputado de Gana y presidente de la comisión de hacienda, Guadalupe Vásquez, dio otra explicación: "Entiendo que esa señora beneficiada de crédito padeció dos tipos de cáncer y ella tenía su sueño de tener su negocio de cocina y adquirió eso, y creo que por eso lo están cuestionando, lamentablemente”, dijo.

La comisionada Carolina Recinos respondió, en una conferencia de prensa del sábado 27 de junio, que sus familiares han trabajado en el Gobierno desde las administraciones anteriores. "Es mentira que yo haya traído hermanos míos a este Gobierno. No existe ningún conflicto. Mis hermanos tienen toda una vida de trabajo en el Gobierno", defendió.

En la misma reunión de la comisión de Hacienda, el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, respaldó la posición de Durán de establecer requisitos para dar los créditos; de lo contrario, los $100 millones “pueden convertirse en una masa incobrable”. Pidió que se incluyan otros “candados mínimos” en el otorgamiento de créditos por “abusos de ejecutivos” que financian a sus amigos. 

¿Cómo se controlará el fideicomiso?

La ley para crear el fideicomiso incluye un comité contralor que aún no ha sido conformado. A finales de abril, el Gobierno acordó con empresarios que se crearía un “Consejo de Administración” para supervisar la ejecución de los fondos, integrado por un representante del Ministerio de Economía, de Hacienda, del Banco Central de Reserva (BCR), de la Anep y de Camarasal. Con eso, el Gobierno tendría mayoría mínima para tomar decisiones. 

Sin embargo, con la ruptura entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el nuevo presidente de la Anep, Javier Simán, el acuerdo se alteró. La propuesta formal del Gobierno excluyó a la Anep, mientras que Camarasal renunció al consejo por considerar la acción del Ejecutivo como una decisión política. 

Entre las funciones de ese consejo está la aprobación de su reglamento interno de funcionamiento, la normativa financiera, operativa y de inversiones del fideicomiso. Así como políticas y reglamentos de crédito, incluyendo los requisitos para empresarios del sector informal; aprobar el manual para el programa de subsidios, aprobar la contratación de auditores externos y hasta ordenar la denegatoria de créditos por información falsa y actos ilegales.

Este consejo no es el primero que enfrenta problemas para su articulación, por diferencias entre el Gobierno y sectores privados. El comité público-privado que fue creado para supervisar los gastos de los $2,000 millones de deuda, aún no logra funcionar después de que algunos de sus miembros renunciaron. La razón de su renuncia, según explicaron, fue por la falta de transparencia e información del Gobierno.

Un representante de una de las organizaciones que aún está estudiando integrar el comité para supervisar el fideicomiso dijo a GatoEncerrado, bajo la condición de conservar su anonimato, que el manejo de fondos públicos es una función exclusiva del Estado, y que desde la sociedad civil solo se puede sugerir u orientar. “A la hora de firmar y dar sustento a la política pública, no pueden estar los civiles como tal. Ese es un problema, un canal en el que se puede prestar el ciudadano a distribuir fondos de forma indebida, sin tener toda la información”, alertó.

El control ciudadano, en realidad, no está garantizado por la creación de un comité. “Al estar nosotros y con el respaldo de organizaciones internacionales, por decreto que vaya a funcionar no es tan fácil, debe haber voluntad del Ejecutivo para transparentar sus decisiones”, dijo.

Según los diputados del FMLN y de Arena, las principales preocupaciones están en la falta de transparencia en el uso de los fondos y la diferencia de recursos para emprendedores, micro y pequeñas empresas. 

Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, también cuestionó que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aún no ha enviado a la Asamblea las solicitudes de préstamos para adquirir los $1,000 millones de deuda aprobados, con los cuales se financiará el fideicomiso de $600 millones.

Los 84 días de encierro provocaron que miles de emprendedores se quedaran sin ahorros, sin capital de trabajo y sin acceso al sistema financiero, que les exige garantías para optar a un crédito productivo. 

De los $1,000 millones, el Gobierno también usará  $300 millones para pagar las obligaciones con sus proveedores del sector privado y $100 millones para pagar la devolución del IVA a los exportadores. Esto, debido a que el Gobierno dijo que disminuyó la recaudación de impuestos por la crisis, según confirmó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el 26 de junio.

La ley para crear el fideicomiso todavía está en debate. Mientras tanto, Flor y otros 750,637 personas en El Salvador que se dedican al trabajo informal quedan en riesgo de ser excluidas. Unas 378,482 de esas personas son comerciantes por cuenta propia, uno de los grupos más golpeados por la cuarentena domiciliar obligatoria que finalizó el 16 de junio.

*Con reportes de Julia Gavarrete

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