Foto/Secretaría de Prensa de la Presidencia

Capres declara inexistentes las actas del comité supervisor de $2,000 millones que sí existen

El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó $2,000 millones en deuda para atender la emergencia por COVID-19 y un comité para supervisar los fondos. Casi dos meses después, los representantes del sector privado y académico renunciaron al comité por falta de transparencia del Gobierno. En respuesta, funcionarios los acusaron de no querer declarar su patrimonio y ofrecieron publicar las actas de las reuniones para demostrarlo. Dos meses después, Capres le dijo a GatoEncerrado que esas actas no existen, a pesar de que ha sido notorio y público que sí existen. Los miembros de ese comité aseguran que la declaración patrimonial nunca estuvo en discusión.

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Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

“Todo está en acta y toda la documentación existe. Es totalmente falso lo que se está diciendo”, declaró el ministro de hacienda, Nelson Fuentes, el 11 de mayo, en una conferencia de prensa que montó el Gobierno para supuestamente refutar los argumentos de la renuncia de los representantes del sector privado y académico al Comité del Fondo de Emergencia que fue creado, el 26 de marzo, para vigilar el uso de $2,000 millones de deuda que aprobó la Asamblea Legislativa para financiar la emergencia por la pandemia COVID-19. 

En la misma conferencia, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, le pidió al asesor jurídico, Javier Argueta —quien lo acompañaba en la mesa— hacer públicas las actas de las 10 reuniones que sostuvo el comité para que “la gente se de cuenta” de la verdad. “Nosotros no tenemos nada que estar escondiendo”, dijo.

El Gobierno, sin embargo, no publicó las actas en su página web y solo algunos medios de comunicación tuvieron acceso a siete actas.

Casi dos meses después de esas declaraciones, Casa Presidencial declaró inexistentes las actas, pese a que los mismos funcionarios aseguraron que existían y que, además, siete de esas fueron entregadas a miembros del comité y también a algunos medios de comunicación.

Debido a que solo se conocía el contenido de siete actas, GatoEncerrado pidió las 10 actas vía acceso a la información, el 14 de mayo, para contrastar las versiones. El pasado 6 de julio, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial resolvió “declarar inexistente la información requerida por no haberse generado, debido a que no se contó con un mecanismo normativo que regulara el funcionamiento como organismo colegiado”.

El vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Omar Serrano, calificó como “locura” esa respuesta de Casa Presidencial.

“Es una locura que digan que son inexistentes, porque las tengo yo, las tienen los miembros del comité y mucha gente”, sostuvo Serrano, quien en representación de la UCA fue miembro del comité fiscalizador. 

La UCA, junto a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (Esen) decidieron renunciar a ese comité, por la falta de transparencia del Gobierno en el manejo de los fondos.

En su respuesta, Capres remitió un memorándum de la Secretaría Privada en el que indica que en la primera reunión sometieron a votación el reglamento de funcionamiento del comité, pero que “jamás se aprobó porque la prioridad de los representantes privados y académicos fue reformar el decreto para quitarse la investidura de funcionarios”. Serrano aclaró que la reforma no estaba relacionada con quitarse la investidura, sino con otorgar a los privados y académicos la competencia de dar lineamientos del uso de los fondos y no de administrar y auditar fondos, como se establecía en el decreto legislativo.

Gobierno mintió sobre declaración patrimonial

En la conferencia del 11 de mayo, el asesor jurídico, Javier Argueta, aseguró que los miembros del comité renunciaron porque en la primera reunión les explicaron que al ser nombrados por la Asamblea Legislativa se convertían en funcionarios públicos y tenían que declarar su patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En las siete actas que fueron retomadas en notas periodísticas de medios de comunicación, como El Faro, y estudiadas por GatoEncerrado, no se registra que hayan discutido sobre la declaración patrimonial. 

“Nunca se discutió. Eso fue una bajeza, porque es mentira. Nunca se nos pidió eso, nunca hablamos del tema, ese no fue el problema, creo yo”, dijo Serrano, dos meses después de lo que pasó. 

Para la abogada del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Xenia Hernandez, la declaratoria de inexistencia de las actas deja al descubierto que el Gobierno mintió y que no existe voluntad de transparencia, pues es notorio y de conocimiento público que existen. “Es un abuso y un mecanismo disuasivo para no transparentar”, opinó.

Wilson Sandoval, de ALAC, también indicó que fue un hecho notorio y público la existencia de las actas. "En tal sentido, estamos ante la posible destrucción de información pública que es una infracción de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública y un claro atentado contra el compromiso de máxima publicidad y transparencia que el Gobierno tanto viene afirmando en su discurso. Que es finalmente incoherente y especialmente el mismo presidente de la República", dijo a GatoEncerrado.

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