La ruta de los sacos solidarios y su desnutrido plan de entrega

El gobierno de Nayib Bukele ordenó la compra de 3.4 millones de cestas con alimentos para cubrir todos los hogares salvadoreños y garantizar seguridad alimentaria ante la crisis por COVID-19. Familias acomodadas, de residenciales de clase media alta de la zona metropolitana, también fueron beneficiadas con el paquete. Mientras tanto, por la falta de criterios claros de entrega, hay hogares pobres que siguen sin recibir el suyo. Esta es la historia de un plan de entrega alimentaria sin dirección y poco transparente.

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Por Julia Gavarrete

Del plan de entrega de cestas solidarias se conoce muy poco. Casi nada. Lo único que se sabe es que sería lanzado para brindar seguridad alimentaria, inicialmente, a 1.7 millones de familias pobres de El Salvador, que Bienestar Social sería el ente encargado de las entregas y que representaría un costo para el Estado de $50 millones mensuales. Fue el mismo presidente Nayib Bukele el que al anunciarlo sostuvo que las entregas se darían mes a mes, dada la crisis por el encierro obligatorio, aunque tiempo después su mensaje cambió y llegó a mencionar que por falta de herramientas para mapear los hogares de El Salvador —sobre todo aquellos más vulnerables—, era necesario redoblar las entregas: de 1.7 millones, el plan pasó a entregar 3.4 millones de sacos solidarios para cubrir todos los hogares salvadoreños. Pero, no todos los hogares los recibieron y otros que sí se dieron el lujo de rechazarlos. 

La falta de un plan estructurado, transparente, con criterios claros de entrega propició que los paquetes hayan llegado hasta las puertas de hogares clase media alta del área metropolitana cuando hay familias en condición de pobreza que no han recibido aún su primer saco. GatoEncerrado buscó las voces de quienes aún siguen a la espera de una ayuda de parte del Gobierno y de los que, aunque tarde, la recibieron; pero, también se dio a la tarea de trazar indicadores que identifiquen dónde están los más vulnerables dentro de los ya vulnerables, un grupo al que el plan de entrega debió haber garantizado seguridad alimentaria no con una bolsa de comida que duraría como mucho dos semanas, según especialistas, sino con un plan de emergencia alimentaria que evitase que estos grupos más pobres sean golpeados en un futuro o por la hambruna o por la desnutrición. Dos meses después de haberse ejecutado este plan, Bukele anunció una segunda entrega.

La hora cero del lanzamiento

CAPÍTULO I

La hora cero del lanzamiento

El 17 de mayo de 2020, la noticia sobre la entrega de cestas solidarias por parte del Gobierno a las familias afectadas por la pandemia corrió como lo hace la pólvora. En el caserío Los Amates del cantón El Canelo, Nahuizalco, Claudia Cortez se comunicaba con sus vecinos para ver de qué manera podrían recibir la ayuda de alimentos. Habían pasado ya casi dos meses desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todos los salvadoreños ante la amenaza de la COVID-19. En esos dos meses, no hubo trabajo para nadie de la comunidad: las fincas de café donde laboran anunciaron el cese de  operaciones hasta nuevo aviso y muchos otros dedicados a la venta informal tuvieron que ajustarse al encierro. 

Para entonces, ni Claudia ni otras familias vecinas habían recibido la transferencia monetaria de $300 que entregó el gobierno, ni ningún otro tipo de ayuda. El dinero se les acababa, lo que les llevaba a pensar que cualquier ayuda, la que fuera, les serviría para seguir soportando la crisis venidera. 

Claudia es una lideresa nata y activa dentro de su comunidad. Corrió a sacar de nuevo la lista de las familias que tienen censada. La usó para llamar al 929, número por el que denunciaron, fallidamente, que no aparecían en la base de datos de beneficiarios de los $300. Cuando supo que esta vez las entregas de las cestas solidarias se harían casa por casa, pensó en volver a llamar al mismo número para notificar que en ese caserío existe una comunidad marginal en la que viven 50 familias que necesitan ayuda. Así lo hizo en diez repetidas veces, de las que solo cuatro llamadas sí le contestaron. “Empezamos a llamar a Bienestar Social, porque solo en municipios aledaños repartieron. Llamamos, pero muchas de las llamadas no las contestaban”, comentó Claudia sobre la insistencia que tuvieron al buscar ayuda.

Claudia Cortez es originaria de Los Amates, en Nahuizalco. En su comunidad, de 50 familias, no recibieron el paquete pese a constantes llamadas que hicieron a Bienestar Social. Foto: Julia Gavarrete

El caserío Los Amates es un asentamiento al pie de un barranco en Nahuizalco, Sonsonate. Las casas se esconden entre cultivos de maíz y espesos árboles. Hay que bajar varios metros para saber que al fondo de una loma hay familias. Este lugar, como muchos otros del municipio de Nahuizalco, está catalogado con un nivel “muy alto” dentro del mapa de retardo en talla trazados por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), en otras palabras, propenso a desnutrición crónica de escolares.

Los datos que arrojó el IV censo nacional de Talla y I censo nacional de peso en escolares de 1er grado de 2016, trabajado por el Conasan junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, determinaron entonces que departamentos como Ahuachapán (16.02 %), Sonsonate (11.59 %), Morazán (12.62 %) y Cuscatlán (10.23 %) son los que más alta tienen su prevalencia en retardo en talla.  

Pese a las llamadas y pese a que la comunidad de Claudia está en una zona de alto riesgo de desnutrición, esta seguía siendo invisible. Cuando ella dio esta entrevista a GatoEncerrado, había pasado un mes exacto desde que comenzaron las entregas de sacos solidarios. Era 17 de junio. Claudia lucía preocupada, no solo por su familia, sino por la comunidad que defiende. Su interés por llevar comida se convertía en una lucha constante para que alguien la escuchara. Sabía que el Gobierno repartía sacos de alimentos, también tenían conocimiento de que la alcaldía de Nahuizalco haría entregas, pero el tiempo comenzaba a dar el impacto por el encierro que acumulaban desde marzo. “A partir de que se decretó la cuarentena obligatoria, en esta comunidad hubo cierta afectación en todas la familias: la gente dejó de percibir ingresos y dejó de ser proveedora de sus alimentos”, explicó Claudia. Pero a la comunidad de Claudia nunca llegó la ayuda.

La entrega de sacos alimentarios por parte del gobierno de Bukele comenzó el 17 de mayo, así lo dio a conocer el mismo mandatario en una cadena nacional. Ese domingo por la noche, Bukele evitó dar detalles sobre el plan alimentario que había lanzado, omitió hablar de cuántos meses proyectaban y cuántas veces llevarían comida a las familias o los costos totales que representaría el plan. De lo que habló fue de “garantizar la alimentación de nuestro pueblo” con repartir 1.7 millones de sacos solidarios como parte del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), entregas que se harían a través de Bienestar Social en los 50 municipios más pobres del país. “Daremos seguridad alimentaria a 1.7 millones de familias al mes, eso significa que se invertirán cerca de $50 millones cada mes solo en entrega de alimentos”, continuó su mensaje. 

Días después, el 20 de mayo, Bukele dio un nuevo ajuste a su plan: incrementar a 3.4 millones el número de entrega de paquetes, bajo el argumento de que los 1.7 millones de sacos iniciales, más millones de “bolsitas solidarias”, no cubrían ni la mitad de lo que se necesitaría. “En la realidad, aquí hay más hogares. ¿Cuántos? Me da vergüenza decirlo, no sabemos, porque no hay cifras desde 2006. Este país tiene 14 años de no haber hecho un censo”, justificó Bukele sobre las nuevas compras, haciendo énfasis en que no tenía herramientas para hacer una radiografía de los hogares vulnerables. Esa cantidad, más las bolsas que ya se entregaban a través de las municipalidades y que previamente había entregado Bienestar Social, según dijo, lograba cubrir los hogares del país. “3.4 millones ahí sí son más de los hogares que hay en el país. No creo que hayan más de 3.4 millones de hogares, seríamos más de mil millones de habitantes”. 

Bukele dio a conocer el anuncio de la entrega de paquetes alimentarios en sus redes sociales. Un post en su página oficial de Facebook, del 15 de mayo, decía que iniciaría la repartición el 17 de mayo y que esta se daría bajo la misma modalidad de los $300: las personas debían buscarse en una base de datos para saber si habían sido beneficiadas y para conocer la fecha específica de entrega de su saco. “Lo haremos ORDENADO, CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CON TRANSPARENCIA Y GARANTIZANDO LLEGAR A TODOS LOS QUE LO NECESITAN”, se leía en el mensaje publicado. El post en Facebook fue borrado minutos después y reemplazado por otro en el que anunciaban que cambiarían y la modalidad y las entregas se harían casa por casa.

Detrás del empaquetado

CAPÍTULO II

Detrás del empaquetado

Cuando la tormenta Amanda golpeó El Salvador, el 31 de mayo pasado, Flor* recibió la noticia de que había sido despedida de la oficina para la que limpió por más de diez años. Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, fue enviada a su casa por tener 65 años, una edad vulnerable al virus. Pero Flor se fue sin un sueldo. Los ingresos en su casa se desplomaron cuando su esposo, Jorge*, un jardinero en colonias acomodadas, tampoco podía salir a trabajar. 

La comunidad donde viven se encuentra al final de una calle polvorienta y apartada del casco urbano de Tonacatepeque, al norte de San Salvador. Ahí los sacos con alimentos llegaron la semana de su despido. Días antes, personas de la directiva recogieron los números de los documentos de identidad de un representante de cada familia. Flor y su esposo no fueron incluidos. Ella contó a GatoEncerrado que por haber “asalariados” en su hogar no les tomaron entre los beneficiarios. Como su familia, 12 casas más se quedaron sin recibir la ayuda, pero el sticker sí se lo dejaron pegado en la puerta de su casa. A mediados de junio, Flor recibió un saco. Lo consiguió por casualidad, o quizá suerte, al ver un pick-up que iba a hacer entregas a otras comunidades. Fue entonces cuando les comentó que no había recibido comida y logró que le dieran uno. 

El paquete que Flor consiguió tenía la forma de un saco: blanco, de material sintético y de unos 75 cm. En uno de los lados llevaba estampado el logo de Bienestar Social, del Gobierno de El Salvador y del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Esas bolsas con alimentos son las que el presidente Bukele anunció como parte de la seguridad alimentaria que brindaría su gobierno a las familias salvadoreñas. Las bolsas, tal y como enfatizó, fueron producidas por militares y voluntarios que estarían trabajando a diario en bodegas. Aunque habló de voluntarios, como personal de todo el aparataje estatal, el Gobierno sí hizo contrataciones de personal eventual para producir y salir con la demanda. Jaime* fue uno de ellos.

Jaime accedió a hablar con GatoEncerrado el 3 de junio. Había renunciado a la producción de bolsas porque el fin de semana que iniciaron las lluvias por Amanda, el del 30 de mayo, murmuraban dentro de las bodegas que los contagios por COVID-19 habían comenzado a subir. Jaime es estudiante universitario y originario del norte de San Salvador, había optado por ese trabajo a falta de ingresos en su casa. A través de un amigo conoció que en bodegas de Ilopango se producían paquetes de alimentos. La paga prometida fue de $13 por día trabajado, con horarios de 12 horas: de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero el horario ni el salario se cumplieron. Cuando renunció, los días que trabajó se los pagaron a $10 y su tiempo laborado se extendía hasta las 10 de la noche. 

“Había personas, las que vivían más lejos, a las que dejaban en la carretera a las 11:30 de la noche, no les llevaban hasta las puertas de sus casas y tenían que caminar. Los del transporte decían que no podían desviarse. Al día siguiente, esas personas se levantaban tipo a la 1:30 de la madrugada para llegar al punto de encuentro. Yo vivía más cerca, dormía cuatro horas”, relató Jaime. Él esperaba cada madrugada a las 4:30 el transporte que lo llevaría a la aduana de San Bartolo, en Ilopango, la misma en la que Bukele dio una conferencia de prensa rodeado de sacos alimentarios. De ahí salía hasta que terminaba la producción. “Eran tres bodegas, yo estaba en la mediana. Cerca había otra más grande y una más pequeña. En todas había militares de la brigada de paracaidismo, de la naval y aéreas. Varios cabos comenzaron a contagiarse”. 

Los militares eran los encargados de empacar y los únicos con el aval de tocar alimentos. Lo que el personal subcontratado, como Jaime, hacía era garantizar que los soldados tenían el producto a la mano y luego movían esas bolsas a las tarimas donde las embalaban. “A veces se sacaba mucha pérdida: había producto desperdiciado porque las ratas se lo estaban comiendo o averías al terminar la jornada, como del azúcar, que venía en sacos”. En todos metían —al menos hasta mayo— cuatro bolsas de harina de maíz de una libra, siete latas de atún, una bolsa de azúcar de cuatro libras, cuatro libras de arroz, cuatro libras de frijol, una bolsa de leche, seis paquetes de macarrones, una botella de aceite de 800 ml y una caja o bolsa de café, productos en su mayoría de origen mexicano y que llegaron en buques al país. Los sacos se amarraban cada 20 segundos si los soldados estaban de buenas.

Al día, en la bodega donde trabajaba Jaime, se llenaban 62 tarimas con 50 paquetes cada una y que se multiplicaban en las 10 líneas de producción que habían diseñado. Al hacer números, esto representaría un total de 31 mil bolsas diarias solo en esa bodega. Cada línea de producción tenía entre 13 y 15 militares asistidos por personas como Jaime. En total, hasta el día que Jaime laboró, había cerca de 55 personas subcontratadas, cuando a inicios de mayo eran como 88. Al menos, eso escuchó decir a una administrativa que se quejaba porque debía aumentar la producción a 35 mil sacos diarios, pero con menos personal. Al equipo de Jaime se les conocía como el “grupo de las hormiguitas”. 

Foto/Presidencia de la República.

En esa bodega no solo había personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Ejército. Algunas personas que asistían a los militares se identificaban como gente que trabajaba en una empresa de desechos sólidos y que habían sido trasladadas para ahí por la empresa que coordinaba la producción: Grupo Job, según hizo memoria Jaime. Un par de administradores también portaban en sus camisas el estampado de esa marca. “De esta onda tarde o temprano nos vamos a contagiar. Somos héroes”, recordó que les repetía un hombre que se decía gerente de producción y parte de Grupo Job”. Pero eso no lo convenció. “De héroes están hechos los panteones”, se dijo. “Hoy me voy, solo tomo mi almuerzo y me voy”. Luego de eso, Jaime no volvió a presentarse más.

De Grupo Job en internet solo se encuentra un sitio web en el que describen que se dedican a desechos sólidos, transporte de carga, taller de equipos de transporte pesado y dicen que también hacen procesos de desinfección por COVID-19. Son Transporte Bonilla, Consolidadores del Pacífico, Ciudad Taller, TRADESS S.E.M de C.V.  y SIAS S.A. de C.V. la que lo conforman. Aunque no hay mayor información sobre procesos de licitación ganados, más allá de uno que obtuvo en 2018 con la alcaldía de Soyapango para arrendar cinco camiones compactadores de desechos sólidos, el mismo ministro del MOP, Romeo Rodríguez, confirmó el 15 de julio que esta empresa ganó un proceso de licitación de transporte de carga para seguir moviendo paquetes de alimentos. 

 

Los miles de sacos diarios que salían de esa bodega eran trasladados a otros lugares, escuelas en su mayoría, donde todavía permanecen almacenados desde hace tres o cuatro semanas. Según denuncias, algunos paquetes se encuentran en mal estado por el tiempo que llevan guardados. Incluso, algunos no están empacados en sacos, sino en cajas que podrían tratarse de una segunda entrega de 3.4 millones que el presidente Bukele ordenó debía iniciarse.  

El 18 de julio, Bukele afirmó que se iniciaría con una segunda entrega de los paquetes alimentarios al 100 % de la población. “Son 3.4 millones de paquetes alimentarios que estamos entregando. No hemos terminado, llevamos un 98 % más o menos. ¿Cuándo terminamos? (…). En unos 10 días”, recalcó mientras visitaba San Vicente. “Todos van a recibir el mismo paquete, del mismo tamaño, con el mismo producto y con la misma cantidad”, expresó luego de pedir a su equipo que crearan una página de reclamos y un call center para que la gente llame y diga “no han venido a mi casa y verifiquemos que no ha llegado”. 

La segunda entrega ya inició. Esta también se ha dado a través de cajas que han comenzado a ser distribuidas y acompañadas de un calendario 2020 con la foto del Bukele detrás de un atril. Pese a que el presidente mencionó que volverían a entregar lo mismo, estos nuevos paquetes contienen otros productos. La diferencia es que ahora llevan más harinas y han agregado cereales, gelatinas y galletas en formas de animales, que se suman a la harina de maíz, los frijoles y el arroz que estaban en la lista que describió Jaime. Pero, esta vez no hay latas de atún, aceite, café ni azúcar.

*Nombres de cambiaron por seguridad.

El reparto de los dulces sacos

CAPÍTULO III

El reparto de los dulces sacos

“La gente se ha mantenido a puro pescado, algunos agricultores comenzaron a cosechar mora”. Un líder comunitario en el Lago de Coatepeque, en Santa Ana, se muestra preocupado por la seguridad alimentaria de las familias de los cantones Potreríos de La Laguna, Planes de La Laguna y cantón La Laguna que bordean la cuenca. El panorama que describe es el mismo que en todos lados: gente sin empleo, negocios locales quebrados y familias tratando de sobrevivir de las cosechas que, si no estuvieran en crisis, estarían vendiendo. Las 8 mil familias que viven en el lago, y que según el líder totalizan en los censos de cada Asociación de Desarrollo Comunitaria (Adesco), que en la zona son alrededor de 14, recibieron los sacos solidarios en junio, aunque no todas. No comprende cómo priorizaron o definieron las entregas cuando existía un registro, elaborado por las Adescos desde marzo, en donde especificaron a los más vulnerables.  

El líder también pertenece a una de las Adescos. Para evitarse problemas prefirió omitir su nombre. De haberles escuchado, dice, las entregas podrían haberse dado más ordenadas y sin que dejaran a familias afuera. “Siempre quedaban comunidades a medias. Al mes y algo (de la primera visita en junio) llegaron a entregar los que hacían falta”, comentó en una llamada telefónica a GatoEncerrado el 25 de julio. Para entonces, decía que hacía unos 15 días había llegado el Viceministerio de Vivienda, en nombre de la viceministra Michelle Sol, con un cargamento de paquetes para complementar los que hacían falta. Pero esos no eran los famosos sacos blancos, sino paquetes transparentes, con menos comida. 

Del plan de entrega de los sacos solidarios se conoce muy poco. Si bien llevaba el estampado de Bienestar Social, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el encargado de haber hecho la planificación y distribución de los mismos, según la documentación brindada por el Ejecutivo. En el informe presentado ante la Asamblea Legislativa por el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, lo único que especificó es que para “Contrataciones directas por emergencia para el paquete alimentario promovido por la Presidencia de la República” el monto ejecutado fue de $151,946,347; sin embargo, los gastos en emergencia suman los $273,021,112.38.

Los diputados solicitaron al ministro que llegase a la Comisión de Hacienda para aclarar cada punto del escueto informe de rendición de cuentas compartido, pero el ministro se excusó con estar esperando los resultados de una prueba de COVID-19 que se había practicado para entonces. Esta era la segunda vez que el Legislativo lo citaba para que explicara gastos y movimientos presupuestarios no autorizados que realizó. El ministro Anliker finalmente llegó a la Asamblea, este 11 de agosto.

Hasta ahora todavía se desconocen los criterios que el Gobierno utiliza para hacer las entregas y cómo han distribuido los fondos. GatoEncerrado hizo una solicitud de información vía ley de acceso para conocer el plan de entrega y los criterios usados, pero el MAG solicitó prórroga de respuesta. Hasta hoy, la Corte de Cuentas de la República (CCR) confirmó que ha encontrado seis irregularidades en el manejo de los fondos para atender la emergencia. La transparencia ha sido uno de los puntos que más se ha cuestionado al MAG, tras hacer compras de productos a una empresa fantasma de origen mexicano, según una investigación de la Revista Factum.

Fue por esta falta de transparencia que el comité supervisor de los $2 mil millones renunció el 11 de mayo. Era un comité creado, según el decreto legislativo 608, para “definir la estrategia, planes y programas de la Emergencia Nacional”, entre otras competencias. Pero, en el fondo, ese apartado nunca se cumplió. 

Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), fue parte del comité. Él es uno de los que más críticas ha hecho sobre la asignación de fondos del Gobierno durante la emergencia, comenzando por el manejo que dieron en la entrega de los $300. Cuando el comité tuvo su primera reunión, en ese momento dejaron por escrito en actas que no eran responsables de la implementación de ese plan de ayuda monetaria porque se empezó a ejecutar sin participación del comité. “No podíamos responder por algo que no teníamos nada que ver”, respondió Serrano a GatoEncerrado días después de haber hecho pública su renuncia. Los $300 fueron entregados a 1.3 millones de salvadoreños y no a los 1.5 millones que inicialmente se dijo.

El comité sesionó diez veces y sus miembros nunca estuvieron al tanto del manejo de los fondos. Por ejemplo, nunca tuvieron información sobre la orden de compra n° 114, con fecha 15 de abril de 2020, en la que el Gobierno solicitaba el “suministro de paquetes de víveres para beneficiar a familias afectadas por la emergencia ante el COVID-19”. En ella, abrieron la oferta para suministrar 800,000 paquetes de víveres a un precio base de $35 por canasta. Los detalles de esta orden de compra sobre los productos solicitados distan de los entregados en las cestas solidarias, por lo que podría tratarse de otros paquetes que debió haber entregado el Gobierno —muchos en nombre de ministerios como Gobernación y Vivienda—, según fuentes consultadas.

De acuerdo con Serrano, para diseñar cualquier estrategia dejaron claro a la comitiva de funcionarios, encabezada por el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, que debían saber las finanzas. “Nunca fue que se nos negara información, es que nunca se nos dio información necesaria para tomar decisiones”, dijo el vicerrector a GatoEncerrado.  

El comité renunció luego de que el Gobierno llevó una propuesta de reforma al decreto 608 que no era la que ellos, como miembros del comité, acordaron. “Íbamos a proporcionar criterios para la asignación de fondos y lineamientos para auditorías externas. Ese era el acuerdo de nuestra propuesta de reforma”. Al no respetarse y sospechar que las decisiones no se tomaban en el comité, renunciaron.  

La transparencia se ha cuestionado no solo por la falta de conocimiento del plan, sino que los mismos funcionarios al dar cifras de cómo va el porcentaje de entrega, estas tampoco coinciden. Como lo hizo la tarde del 2 de julio, desde Casa Presidencial, la comisionada presidencial, Carolina Recinos. En ese momento mencionó que eran 2.7 millones de paquetes los que entregarían. Días después, Bukele reiteró que se trataba de 3.4 millones.

Para Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), hubo una advertencia clara en cuanto a que la falta de criterios definidos o que dieran “un parámetro mínimo de transparencia” es lo que ha llevado a que haya discrecionalidad en la entrega. La afiliación política también ha condicionado ser beneficiario, según una base de denuncias que maneja la ALAC y a la que GatoEncerrado tuvo acceso. “Se les ha excluido porque no son afines a una ideología política o del gobernante de turno”, dijo Sandoval. Otras denuncias registradas también tienen que ver con haber detectado abiertamente a candidatos de Nuevas Ideas haciendo entregas de paquetes o al partido del presidente involucrado en la promoción del plan.

La Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) en su momento también emitió un comunicado en el que sostenían que había una diferencia en el tipo de canastas que se repartían. Para evitar irregularidades sugirieron al Gobierno que hiciera uso de los censos ya existentes. Al consultársele al alcalde de Nahuizalco, Jorge Wilber Patriz, sobre esta denuncia, insistió en que como alcaldes no se les tomó en cuenta para el plan. “En una forma general, en todo el país, el Gobierno ha tomado sus propias decisiones y acciones”, dijo.

Para Patriz, lo entregado no ha sido efectivo ni es lo requerido nutricionalmente por la gente. “Llegaron bolsas transparentes, luego han llegado en dos ocasiones de parte del Gobierno, pero focalizadas; de ‘esto te lo entrego porque sos de mi partido’. De alguna u otra manera no fueron al 100 % de la población”, expuso.

Los destinatarios que no debieron ser

CAPÍTULO IV

Los destinatarios que no debieron ser

No había acabado de terminar una llamada con una lideresa de Jicalapa, en La Libertad, que me contaba sobre los paquetes entregados en su comunidad, cuando tocaron a la puerta de mi casa. Eran las 11:20 de la mañana del 16 de julio. Se trataba de los repartidores de sacos que andaban en mi colonia. Una mujer con camiseta del Ministerio de Obras Públicas preguntó si me dejaban uno. “¿Podría no agarrárselo, verdad? —le dije— Aunque me imagino que los guardarán de vuelta a una bodega”. Ella asentó con la cabeza. Parecía ironía, pero mejor lo tomé. 

En la visita de esa mañana, el Gobierno contempló repartir a hogares de clase media, pero también de clase media alta. Muchos los rechazaron.  “Por eso nosotros les decimos que lo agarren, tal vez a una empleada se lo pueden dar”, replicó mientras anotaba el número de mi DUI.  La mujer pegó un sticker en la pared de mi casa. Decía “primera entrega”. Me contó que en varios hogares de la colonia Satélite, en San Salvador, como de la colonia Escalón les habían rechazado los sacos. En la colonia Centroamérica también lo recibieron. Ahí si dos pedían, dos les dejaban.

Al ver el saco me acordé de Cecilia Ábrego, a quien conocí un tiempo atrás mientras pedía comida sobre la 79 avenida Norte, en San Salvador. Cecilia vive en la comunidad Nueva Esperanza, una de las zonas vulnerables y marginales en la Escalón. Ella ha pedido comida desde que inició la emergencia. Ni las lluvias por Amanda evitaron que siguiera plantada en una esquina pidiendo ayuda. Como ella, varios de su comunidad. Cecilia es madre de dos pequeños, uno de seis y otro de diez años. Es vendedora informal. Esa mañana volvimos a hablar. Seguía pidiendo comida porque no ha tenido nada de ingresos en semanas. El saco con alimentos lo recibió el 30 de junio, mes y medio después de que fue lanzado el plan de seguridad alimentaria del Gobierno. 

Antes de eso, solo habían vivido de un paquete que el Ministerio de Gobernación les envió para que guardaran sus banderas blancas y dejaran de pedir sobre esa avenida. Días después, también le llegó un pequeño paquete enviado por la alcaldía de San Salvador con dos bolsas de espagueti, un kilogramo de frijoles empacados, otro kilo de harina de maíz, una libra de arroz y una bolsa de aceite. “Es verdad, no tienen ninguna obligación, pero tampoco es justo k (sic) jueguen con uno y luego dicen llevamos una canasta de comida a las comunidades”, fue el mensaje que Cecilia me compartió junto a una foto de los productos. 

El mes y medio que Cecilia esperó para que le llegara un saco es el reflejo de una falla detectada por el economista Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), debido a que nunca hubo un plan que identifique las prioridades de entrega desde su lanzamiento el 17 de mayo o capaz de dar seguridad alimentaria. “¿Qué se tenía que empezar a plantear si se sabía que iba hacer una entrega de alimentos? Identificar a los más vulnerables”, puntualizó.

A Cecilia Ábrego la falta de trabajo y comida la ha obligado a pedir comida o dinero cada día para sostener a sus hijos sobre una avenida transitada en la colonia Escalón, en San Salvador. El saco solidario ella lo recibió a finales de junio. Foto: Émerson Flores

En este punto coincide la economista Carmen Aída Lazo, para quien se debió haber trazado una logística de entrega de cada dos a tres semanas para garantizar realmente seguridad alimentaria a la población más afectada. “Tomando de referencia lugares de mayor vulnerabilidad, se debió haber hecho una programación de entrega con un calendario porque esto es comida: se tiene que volver a dar”, agregó. 

Con un plan estructurado, señaló Castaneda, habría permitido hasta diferenciar el tipo de ayuda que debía hacerse, ya que “se le está dando el mismo tratamiento a todos los hogares como si todos los hogares les estuviese impactando de la misma manera la pandemia, como la crisis económica”. Esto también incluía que desde el primer momento el Gobierno habilitara una línea que diera respuestas a las familias que no habían recibido ninguna ayuda. “Eso se hace desde el inicio”, dijo Castaneda en respuesta al anuncio del presidente Bukele en su última cadena de este domingo 9 de agosto de poner un número de teléfono a disposición de la población no beneficiada. 

Hasta ahora, hay familias que llevan esperando hasta dos meses para recibir una segunda dotación de alimento. De haber dejado claros los criterios, se podía determinar esa periodicidad de entrega y evitar que haya lugares pasando hambre. 

Para conocer el impacto de esta hambre, Lazo retomó el planteamiento inicial del presidente Bukele en cuanto a que el valor de la canasta entregada ronda los $50, eso quiere decir que vale un cuarto de la canasta básica salvadoreña, que alcanza los $211 en el área urbana y $150 en la zona rural, según datos hasta junio de la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc). 

“Aquí tendrían que haber levantado un tema de emergencia de hambre”, enfatizó Lazo, y para lograr lo que ella llama una “periodicidad religiosa” de entrega, y garantizar la seguridad alimentaria, se debieron haber trazado criterios claros a partir de indicadores que sí existen, y que no dependen directamente del MAG. “Incluyeron a una institución que no tiene ninguna experticia ¿Qué tiene que ver el MAG? Nada, nada”, cuestionó e insistió que debió haberse hecho un plan en donde instituciones, como el Conasan, estuvieran más involucradas. “El Conasan ya tiene mapa en talla para evitar que los niños no caigan en desnutrición”. 

La emergencia sanitaria generaría que la pobreza pase de un 27 % a un 51 % de pobres en el país, es decir que de 100 hogares 51 estarían en situación de pobreza, según cálculos de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Sin embargo, Wilber Baires, catedrático e investigador de la ESEN, advierte que el encarecimiento de la canasta básica llevaría a que haya un incremento adicional del 4 % de hogares que podrían pasar a reclasificarse de no pobres a pobres dada la pérdida de ingreso real en las familias salvadoreñas.

Pese a que no hay un censo poblacional actualizado, como lo dijo el presidente, la también decana de la ESEN insiste en que hay suficiente información que habría servido para crear un plan que responda a una emergencia de hambre y que evite un problema de desnutrición a mediano plazo. “No es cierto que no había información para hacer los criterios de entrega. No es un Estado que parte de 0, hay estructura”. Lazo lamentó que se pretenda desmeritar los datos que tienen la Digestyc, como la información con que cuenta el Conasan o la estructura que se ha levantado los Equipos Comunitarios de Salud (Ecos) y los mismos alcaldes.

Ese plan también debió haber estado amparado en la información levantada por la extinta Secretaría Técnica de la Presidencia y los datos que como lo que ya está mapeado a partir del conocido como “Corredor Seco”, según el economista del Icefi.  

Basta con hacer un ejercicio y retomar la información que ya tiene el Conasan sobre retardo en talla, cruzarla con el mapa de desnutrición del Programa Mundial de Alimentos y el mapa de pobreza del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) para conocer cuáles son los municipios más vulnerables y detectar el tipo de ayuda que debía de hacerles llegar; entre estos, Tacuba en Ahuachapán, San Simón y Cacaopera en Morazán, Berlín y Alegría en Usulután, que tienen un alto nivel de retardo en talla, desnutrición como niveles de pobreza de alta a severa. 

En estos lugares, si bien los sacos de alimentos llegaron “en tiempo”, luego del lanzamiento, han esperado casi tres meses para una segunda entrega. 

En un país en donde cuatro de cada cinco hogares se encuentra en nivel de inseguridad alimentaria, según el informe “Evaluación de seguridad alimentaria y medios de vida”, publicado en 2019, un saco no es suficiente. “¿Son las canastas suficientes? No. El objetivo para mí es evitar que la gente pase hambre, no es solo darle una vez una bolsa, sino que evitar que caiga en desnutrición. Y eso se hace si tiene claridad de los criterios, si tiene claridad de la vulnerabilidad”, expuso Lazo.  

El hecho de que Bukele incrementara de 1.7 millones de hogares a 3.4 millones la entrega de un saco por hogar debió haberse efectuado a partir de un trabajo técnico. Para Castaneda, el Ejecutivo debe mostrar más pruebas para demostrar que efectivamente está cubriendo a los hogares con más necesidades.

Hogares acomodados de la zona metropolitana también recibieron un paquete. Algunas familias los rechazaron. Foto: Julia Gavarrete

Aunque Lazo considera que esto podría considerarse como un “error técnico”, no puede aplaudirse el que hayan llegado a hogares de clase media y clase media alta cuando hay familias que no han recibido un saco o solo han recibido uno: “Eso es un despilfarro del recurso cuando esos sacos debieron haber estado llegando ya por segunda vez a Cacaopera o Nahuizalco”.

La economista insiste en que esto debe cambiar o se puede llegar a niveles de desnutrición nunca antes vistos. “La vulnerabilidad debe ser el criterio”, reiteró. Ella afirma que herramientas hay en la administración pública para detectar a los más vulnerables a la hora de hacer las entregas. “Tienen que hacerlo con transparencia, esa transparencia en los criterios no les va a hacer daño. Porque no se pueden dar el lujo de equivocarse de esa forma: la diferencia entre comer o no comer es lo que está en juego”.

Radiografía de los vulnerables

Pese a que no hay un censo poblacional actualizado, especialistas coinciden en que hay bastante información para crear un plan de entrega de sacos alimentarios, que detecte cuáles son las familias en condiciones de vulnerabilidad dentro de grupos ya vulnerables. Este mapa es una muestra de cinco municipios con altos indicadores de vulnerabilidad. 

 

Las entregas que no llegaron

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ordenó la compra de 3.4 millones de sacos con alimentos para distribuir en todos los hogares y garantizar seguridad alimentaria ante la crisis por COVID-19. Pero estos paquetes no llegaron a todos durante su primera entrega.

 

Créditos

Investigación y texto

Julia Gavarrete

Montaje de video

Carolina Amaya

Fotografía

Émerson Flores y Julia Gavarrete

Infografía

Leonel Pacas

Edición

Ezequiel Barrera

Fotografía principal: Casa Presidencial.