Cuando la tormenta Amanda golpeó El Salvador, el 31 de mayo pasado, Flor* recibió la noticia de que había sido despedida de la oficina para la que limpió por más de diez años. Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, fue enviada a su casa por tener 65 años, una edad vulnerable al virus. Pero Flor se fue sin un sueldo. Los ingresos en su casa se desplomaron cuando su esposo, Jorge*, un jardinero en colonias acomodadas, tampoco podía salir a trabajar. 

La comunidad donde viven se encuentra al final de una calle polvorienta y apartada del casco urbano de Tonacatepeque, al norte de San Salvador. Ahí los sacos con alimentos llegaron la semana de su despido. Días antes, personas de la directiva recogieron los números de los documentos de identidad de un representante de cada familia. Flor y su esposo no fueron incluidos. Ella contó a GatoEncerrado que por haber “asalariados” en su hogar no les tomaron entre los beneficiarios. Como su familia, 12 casas más se quedaron sin recibir la ayuda, pero el sticker sí se lo dejaron pegado en la puerta de su casa. A mediados de junio, Flor recibió un saco. Lo consiguió por casualidad, o quizá suerte, al ver un pick-up que iba a hacer entregas a otras comunidades. Fue entonces cuando les comentó que no había recibido comida y logró que le dieran uno. 

El paquete que Flor consiguió tenía la forma de un saco: blanco, de material sintético y de unos 75 cm. En uno de los lados llevaba estampado el logo de Bienestar Social, del Gobierno de El Salvador y del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Esas bolsas con alimentos son las que el presidente Bukele anunció como parte de la seguridad alimentaria que brindaría su gobierno a las familias salvadoreñas. Las bolsas, tal y como enfatizó, fueron producidas por militares y voluntarios que estarían trabajando a diario en bodegas. Aunque habló de voluntarios, como personal de todo el aparataje estatal, el Gobierno sí hizo contrataciones de personal eventual para producir y salir con la demanda. Jaime* fue uno de ellos.

Jaime accedió a hablar con GatoEncerrado el 3 de junio. Había renunciado a la producción de bolsas porque el fin de semana que iniciaron las lluvias por Amanda, el del 30 de mayo, murmuraban dentro de las bodegas que los contagios por COVID-19 habían comenzado a subir. Jaime es estudiante universitario y originario del norte de San Salvador, había optado por ese trabajo a falta de ingresos en su casa. A través de un amigo conoció que en bodegas de Ilopango se producían paquetes de alimentos. La paga prometida fue de $13 por día trabajado, con horarios de 12 horas: de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero el horario ni el salario se cumplieron. Cuando renunció, los días que trabajó se los pagaron a $10 y su tiempo laborado se extendía hasta las 10 de la noche. 

“Había personas, las que vivían más lejos, a las que dejaban en la carretera a las 11:30 de la noche, no les llevaban hasta las puertas de sus casas y tenían que caminar. Los del transporte decían que no podían desviarse. Al día siguiente, esas personas se levantaban tipo a la 1:30 de la madrugada para llegar al punto de encuentro. Yo vivía más cerca, dormía cuatro horas”, relató Jaime. Él esperaba cada madrugada a las 4:30 el transporte que lo llevaría a la aduana de San Bartolo, en Ilopango, la misma en la que Bukele dio una conferencia de prensa rodeado de sacos alimentarios. De ahí salía hasta que terminaba la producción. “Eran tres bodegas, yo estaba en la mediana. Cerca había otra más grande y una más pequeña. En todas había militares de la brigada de paracaidismo, de la naval y aéreas. Varios cabos comenzaron a contagiarse”. 

Los militares eran los encargados de empacar y los únicos con el aval de tocar alimentos. Lo que el personal subcontratado, como Jaime, hacía era garantizar que los soldados tenían el producto a la mano y luego movían esas bolsas a las tarimas donde las embalaban. “A veces se sacaba mucha pérdida: había producto desperdiciado porque las ratas se lo estaban comiendo o averías al terminar la jornada, como del azúcar, que venía en sacos”. En todos metían —al menos hasta mayo— cuatro bolsas de harina de maíz de una libra, siete latas de atún, una bolsa de azúcar de cuatro libras, cuatro libras de arroz, cuatro libras de frijol, una bolsa de leche, seis paquetes de macarrones, una botella de aceite de 800 ml y una caja o bolsa de café, productos en su mayoría de origen mexicano y que llegaron en buques al país. Los sacos se amarraban cada 20 segundos si los soldados estaban de buenas.

Al día, en la bodega donde trabajaba Jaime, se llenaban 62 tarimas con 50 paquetes cada una y que se multiplicaban en las 10 líneas de producción que habían diseñado. Al hacer números, esto representaría un total de 31 mil bolsas diarias solo en esa bodega. Cada línea de producción tenía entre 13 y 15 militares asistidos por personas como Jaime. En total, hasta el día que Jaime laboró, había cerca de 55 personas subcontratadas, cuando a inicios de mayo eran como 88. Al menos, eso escuchó decir a una administrativa que se quejaba porque debía aumentar la producción a 35 mil sacos diarios, pero con menos personal. Al equipo de Jaime se les conocía como el “grupo de las hormiguitas”.