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El Salvador aún no acata exigencia de ONU para liberar a mujeres criminalizadas

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exigió al Estado de El Salvador liberar a las mujeres encarceladas tras experimentar partos extrahospitalarios. A pesar de la criminalización y persecusión que sufren en el país que más violaciones comete a los derechos sexuales y reproductivos, las organizaciones feministas han trabajado en procesos legales para liberar a 41 mujeres. 

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

@KarenMorenoPala

El Estado de El Salvador aún no ha acatado la exigencia que hizo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) en febrero de este año, de liberar a las mujeres que han sido criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas y que aún se encuentran encarceladas. 

La instancia de la ONU solicitó la liberación de Sara Rogel y Berta Arana, después de estudiar sus casos. Además, pidió que Evelyn Hernández dejase de ser criminalizada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando insistió en un tercer juicio. Hernández, sin embargo, fue reconocida inocente el 30 de junio de 2020, tras haberse agotado los tiempos que habilita la ley para que la FGR pudiera impugnar la resolución de agosto de 2019. También la Cámara de la Segunda Sección del Centro confirmó la sentencia absolutoria. 

Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, recomendó a las autoridades del sistema judicial y la Dirección General de Centros Penales que revisen el reclamo del Grupo de Trabajo de la ONU y que procedan a darle libertad a las mujeres.

“Es justo liberarlas a todas en realidad, porque ninguna de las 17 y más representan un riesgo para la sociedad salvadoreña, pero en particular para quienes el Grupo de Trabajo ha señalado”, consideró.

Actualmente hay 19 mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas en El Salvador: en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango (Cárcel de Mujeres), el CDM Zacatecoluca y la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca. De las 19, 16 tienen condenas firmes y tres tienen procesos abiertos, según datos de la Agrupación Ciudadana.

El país más criminalizador

El Estado de El Salvador prohíbe de manera absoluta el aborto. El Código Penal establece como “delitos relativos a la vida del ser humano en formación” aun cuando pueden ser por aborto consentido y propio, sin consentimiento, aborto agravado, por inducción o ayuda, culposo; y también contempla lesiones en el no nacido, desde el artículo 133 al 139. Las penas pueden variar entre 8 a 12 años, pero si las autoridades consideran que fue un homicidio, la condena puede ser entre 30 a 35 años. En el caso de Evelyn Hernández, la Fiscalía pidió 40 años cuando se repitió la vista pública.

La legislación nacional contradice el compromiso de El Salvador con el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificado en 1981. El comité de expertos que supervisan la aplicación de la CEDAW han recomendado que, “en la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”, entre otras recomendaciones para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos de riesgo.

El artículo 144 de la Constitución de la República consigna que los tratados internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia. Sin embargo, el Estado salvadoreño ignora lo dispuesto en la CEDAW.

En Latinoamérica y el Caribe, hay seis países que criminalizan totalmente el aborto: El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y Haití. “Pero en la práctica, solo en El Salvador se está dando este nivel de criminalización estructural. Comparado con los seis países que tienen una penalización total, vemos que la práctica estructural de criminalización de mujeres es mucho más alta y mucho más grave en El Salvador”, señaló Catalina Martínez, directora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés).

Según Martínez, entre los países que más han avanzado en el ámbito de la educación sexual y reproductiva está Uruguay, donde hay una despenalización del aborto por etapas estacionales libre, para que las mujeres puedan decidir si quieren seguir adelante o no con un embarazo; la Ciudad de México tiene una legislación similar y hay países en donde se puede acceder por causales, como Colombia,  Argentina y Perú. En contraste, “todos los ojos internacionales están sobre El Salvador, precisamente para pedir que estas mujeres sean liberadas pronto”, expresó la directora regional.

Tanto organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales como internacionales han denunciado públicamente que la FRG criminaliza y persigue a las mujeres que han sufrido abortos extrahospitalarios.

Para Martínez, la Fiscalía “ha sido un ente que se ha convertido en un ente absolutamente persecutor de las mujeres y que no ha cumplido tampoco con los estándares que existen a nivel de derechos humanos, en lo que se refiere a los debidos procesos y las garantías judiciales, porque la misma Fiscalía ha presumido la culpabilidad de estas mujeres desde un inicio”.

Sobre el caso de Evelyn, la representante del CRR también dijo que lo ocurrido demuestra que son mujeres que han dicho la verdad, que efectivamente no hay una presunción de inocencia. “Evelyn nos da muchas esperanzas, nos dice que estamos por el camino correcto, que le estamos creyendo a las mujeres y que por ahí debemos seguir avanzando”.

41 mujeres liberadas

El equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en alianza con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y otras organizaciones feministas e instituciones defensoras de derechos humanos, han logrado la libertad de 41 mujeres desde 2009, por distintas vías.

Karla Vaquerano es una de las cuatro personas que conforman el equipo. Representan legalmente a las mujeres que han sido procesadas por el delito de homicidio agravado y aborto. También hacen seguimiento de sus familias que son procesadas, con una condena firme o son procesadas en libertad. 

La abogada explicó a GatoEncerrado que han logrado la libertad de las mujeres con revisión de sentencia, conmutación de pena, indulto, beneficio penitenciario, absolución y sobreseimiento. Actualmente, las que tienen procesos pendientes son dos por aborto y otras seis por homicidio agravado. 

Los obstáculos

Las mujeres que sufren emergencias obstétricas no solo enfrentan una legislación que las detiene de manera arbitraria, las persigue y las condena. Vaquerano detalló que los peritajes que se ordenan de oficio o que emite el Instituto de Medicina Legal (IML) no son óptimos, porque no profundizan en el estado emocional y tampoco cuentan con enfoque de género.

También son condenadas socialmente. “Muchas veces sus familias se distancian de ellas. Los vecinos las señalan cuando piden la libertad, no tienen ese proceso adecuado de reinserción a la sociedad, como lo tiene cualquier persona que sale de cárcel. He visto mujeres que han sido desplazadas de sus hogares por amenazas de pandillas”, manifestó la abogada.

Según Vaquerano, aunque las pruebas que presente Fiscalía sean deficientes, “siempre van absolutamente criminalizadoras a las mujeres (...)  aunque esté vago, aunque no haya autopsia todavía o una audiencia inicial (y que eso es fundamental, porque determina la causa, que hubo una muerte y debemos saber la causa de la muerte), nunca se atreven a solicitar sobreseimiento definitivo”.

Para Morena Herrera, defensora de derechos humanos, otra dificultad es que estas mujeres no tuvieron una defensa adecuada y fueron juzgadas con base a prejuicios de género. “¿Por qué mujeres que en realidad lo que tienen es un problema de salud, que acuden a los hospitales buscando atención para su salud, son señaladas como sospechosas de haberse realizado o provocado un aborto y son inmediatamente señaladas a la Fiscalía?”, cuestionó. Sobre este punto, Herrera recomienda hacer protocolo en los hospitales, que establezca que no se puede denunciar sin antes haber una investigación médica y científica.

Morena resalta el estigma y la carga ideológica, que las autoridades y el personal de salud tienen con respecto al aborto. “En algunos casos, las mujeres necesitan una interrupción del embarazo. Y esto requiere un cambio de ley, un cambio de la legislación para incluir al menos algunas circunstancias o causales que eximan de responsabilidad penal a las mujeres”, señaló.

Responsabilidades del Estado

Los expertos de la ONU solicitaron al Estado salvadoreño implementar todas las medidas necesarias para otorgar indemnizaciones y otras reparaciones. En ese sentido, la directora regional del CRR recomienda que todos estos casos sean revisados por un tribunal ad hoc. “Esto requeriría un compromiso político mayor por parte del Estado que hasta este momento no existe, pues lo que estamos tratando de hacer es avanzar a través de las vías judiciales”, lamentó. Agregó que el Gobierno de Nayib Bukele debe hacer una propuesta concreta sobre cómo responder a la exigencia. 

Al respecto, la líder feminista Morena Herrera señaló que es importante que el presidente Bukele entienda que es responsable de garantizar los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, pero también añadió que las personas que se presenten a las elecciones deben asumir esta responsabilidad.

La Asamblea Legislativa no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un instrumento para defender derechos humanos de las mujeres e incluso para que miembros del comité investiguen violaciones a derechos, tal como establece el artículo 8. 

El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo en una entrevista a GatoEncerrado que la institución no puede acompañar algo que sea contrario a lo que establece la Constitución. “Es decir, si la Constitución ya le dijo que reconoce a la persona humana desde la concepción, sería pedir una ilegalidad”, indicó.

En relación al papel de la Procuraduría de Derechos Humanos, la abogada Vaquerano, sin embargo, dijo que ha tenido un papel constante y la procuradora adjunta de derechos de la mujer, Leonor Elisa Arévalo Romero, ha comparecido cuando solicitan su presencia a las audiencias, para garantizar que se cumplan los derechos de las mujeres. 

Canción "Las 17", de Las Musas Desconectadas sobre las mujeres criminalizadas en El Salvador

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