Foto/Emerson Flores

Pandemia agudiza situación de las trabajadoras sexuales trans

La historia de Sabrina es también la de muchas mujeres transgénero en El Salvador. Una cadena de vulneraciones a sus derechos humanos las llevan a ejercer el trabajo sexual, que las enfrenta día tras día a una sociedad hostil y a un Estado que prefiere voltear el rostro. Durante la cuarentena domiciliar parecen ser más invisibles que nunca y, a pesar de pertenecer a los grupos más vulnerables de los vulnerables, luchan porque las instituciones estatales les permitan al menos tener un nombre y acceder a sus derechos.

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Karen Moreno

Karen Moreno

@KarenMorenoPala

La vida de Sabrina se volvió más difícil el 21 de marzo de este año. Si bien la cuarentena domiciliar implementada por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19 afectó a toda la sociedad salvadoreña, ella pertenece a una de las poblaciones más vulnerables e invisibilizadas: las mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual. Aún frente a una pandemia mundial, se vio obligada a salir de su hogar, a riesgo de contagio.

Las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de los mismos, el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad pública y los problemas económicos durante el régimen de excepción no le eran ajenos, pero empeoraron sus condiciones. En cuarentena, salía a escondidas, esquivando a militares y policías. Aunque actualmente hay menos restricciones que antes, debe luchar contra la falta de oportunidades laborales y contra la pandemia.

“Es bien triste que luchemos contra esta pandemia y contra la falta de un trabajo formal. Nos ha afectado bastante, bastante, (...) Tenemos que salir a pesar del riesgo, a pesar de la policía”, lamentó Sabrina. En el período de emergencia, agentes policiales la detuvieron y la amenazaron con llevarla a un centro de contención. “Nos toca escondernos, a pesar de que no entienden que tenemos necesidad”, señaló.

Trabajo sexual: una imposición

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita in loco a El Salvador en diciembre de 2019, observó que “las mujeres trans se ven completamente excluidas de acceso a trabajo formal”. Según el Informe sobre Desplazamiento Interno 2018, de las 102 personas entrevistadas de la población LGBTI, el 45 % se dedicaba al trabajo sexual, mayoritariamente las mujeres trans. 

¿Por qué las mujeres transgénero se ven obligadas a ganarse la vida a través del trabajo sexual? Esta población no solo enfrenta discriminación por su género y orientación sexual. El Estado salvadoreño no les ha otorgado el derecho al nombre y a la identidad de género, lo cual es fundamental para acceder a derechos humanos, como el empleo digno, según la CIDH, en la “Opinión consultiva OC-24/17”, del 24 de noviembre de 2017.  Para ello, señala la necesidad de que la identidad de las personas trans concuerde con los datos de identificación en los distintos registros, así como en los documentos de identidad. 

“El trabajo sexual no es una opción para las personas trans, es una imposición. No podemos hablar de que las personas trans existen si no tienen una Ley de Identidad”, dijo a GatoEncerrado la abogada de Fespad, Kerlin Belloso, quien integra la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género. “Si no tengo nombre con el cual me identifique, no puedo ejercer ningún derecho”, agregó.

El 20 de agosto, las Mesa Permanente presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Asamblea Legislativa en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por omisión parcial respecto a que el Órgano Legislativo no ha regulado el derecho al nombre de las personas trans. Si bien el artículo 36 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique, y que “la ley secundaria regulará esta materia”, es decir, la Ley del Nombre de la Persona Natural, no lo regula para las personas trans. 

“Esta ley solamente regula el derecho de las personas cis género a poder cambiar sus nombres, de acuerdo a cinco elementos que ahí aparencen, pero no se establece el procedimiento en esa ley para que las personas trans, de acuerdo a su identidad o su expresión de género, puedan realizar su cambio de nombre”, explicó Belloso, quien también señaló que se vulnera el artículo 3 de la Constitución, que consigna que todas las personas son iguales ante la ley. 

Sabrina Raquel expone que durante la pandemia tuvo que salir a trabajar, porque no recibió ayuda de parte del Gobierno. Foto/Emerson Flores

Sabrina tenía 12 años cuando supo que ya no podía seguir con la vida que la sociedad le imponía. El siguiente año decidió asumir su identidad de género y comenzar el proceso hormonal para cambiar su aspecto físico, a pesar de la discriminación que sufría en la escuela por parte de sus compañeros y profesores.

“A los 13 años comencé a cambiar. Ya no me vestía con ropa de niño. Tuve que dejar la escuela por esa razón, porque no me aceptaban como yo quería ser”, relató. Los cambios en su cuerpo no fueron aceptados por su padre, quien intensificó los golpes. Para evitarlos, huyó de su hogar y se mudó con una amiga. Para sobrevivir, buscó trabajo sin cansancio, pero fue inútil. “No tuve otra opción que ejercer el trabajo sexual”, expresó.

Una ley de identidad ignorada

La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa discutió el 15 de junio, en el Mes del Orgullo LGBTI, la posibilidad de abordar el anteproyecto de Ley de Identidad de Género. La normativa ha sido ignorada desde el 2018. De acuerdo a algunos de los legisladores, se ha establecido un plan de trabajo a inicios de la legislatura, para abordar las reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Actualmente, el trabajo de la comisión está centrado en la pretensión de agregar al artículo 10 de la LEIV la modalidad de violencia política. 

“Lo que sucede es que nosotros, en esta comisión, establecimos una prioridad y es las reformas a la LEIV”, justificó ante GatoEncerrado la diputada de Arena, Karla Hernández. “Sé que hay colegas del FMLN que han insistido en la Ley de Identidad de Género, pero yo he sido de las que ha insistido que, por la naturaleza de la comisión, que ahí es donde se llevan en su mayoría los temas de mujer, que empezáramos con esto (las reformas a la LEIV)”, añadió. 

Cuando GatoEncerrado preguntó si estaría dispuesta a discutir la Ley de Identidad de Género cuando sea una prioridad en la agenda, dijo que “yo no tengo problema en discutir el proyecto. Evidentemente, me reservo el derecho de opinar si lo voy a acompañar o no. Acuérdese que este país tiene pluralidad democrática y lo he dicho siempre. Cada grupo parlamentario representa a un segmento de la población. Yo pertenezco a un partido que es liberal en materia económica y conservador en materia de familia, de valores”. 

El anteproyecto de Ley de Identidad de Género no aborda, en ninguno de sus artículos, las uniones civiles entre la población LGBTI. Según el artículo 1, el fin es “reconocer, promover y garantizar el derecho a la identidad de género de cada persona y en particular a ser identificada de ese modo en los documentos que acrediten su identidad”. 

 

El artículo 2 consigna que la identidad de género “es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. 

Esta definición concuerda con la Opinión Consultiva OC-24/17 de la CIDH, que también señala que “la falta de reconocimiento al cambio de nombre de conformidad con esa identidad auto-percibida, implica que la persona pierde total o parcialmente la titularidad de esos derechos”.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, Audelia López, aseguró a GatoEncerrado que existe una oposición política por parte de los partidos de derecha a discutir el tema, “no digamos a aprobar”. Afirmó que agendó el tema hasta lograr recibir a las organizaciones civiles en mayo de 2019 para explicar el anteproyecto, aunque hubo una “oposición terrible”. También dijo que el FMLN ha asistido a las convocatorias de eventos realizados por las representantes civiles para conocer el problema, las cuales han sido ignoradas por los demás grupos parlamentarios. 

Por su parte, el diputado Jorge Godoy, de Arena, solicitó el 15 de junio agendar el tema. “Creo que no es un tema de estar a favor en contra, porque es un tema de derechos humanos (...) Empezar a estudiar la ley es un buen mensaje. Son poblaciones vulnerables que sufren mucha violencia. También vimos la ola de asesinatos que hubo el año pasado hacia esta población y que, incluso, en esta crisis, en esta pandemia, también se han visto vulnerados”.

La abogada de Fespad explicó que el anteproyecto fue discutido y validado por personas trans e instituciones a nivel nacional, como alcaldías municipales, el Registro Nacional de Personas Naturales y el Órgano Judicial. Consideró que los legisladores anteponen sus creencias religiosas y que existe transfobia, es decir, creerse superior a las personas trans y que pueden decidir su futuro. 

“Les afecta su proyecto de vida porque no existen legalmente; si no tengo nombre con el cual me identifique, no puedo ejercer ningún derecho”, señaló Belloso. 

La abogada de Fespad también explicó que, por ejemplo, cuando una persona trans hace un trámite en el banco y la persona encargada nota que el documento de identidad no concuerda con su aspecto físico, no las tratan de acuerdo a su identidad de género. “Esa situación pasa en todos los ámbitos de la vida (...) ¿Qué hacen estas personas? Antes que verse afectadas su intimidad, prefieren dejar de ir a la escuela, prefieren automedicarse, prefieren el trabajo sexual”, detalló. 

Vulnerabilidad agudizada

“Si sos una niña, tenés que comportarte como tal”, le dijo su madre a Sabrina. Al enterarse que su hija ejercía el trabajo sexual, le aconsejó que buscara un empleo digno. Encontró uno en una pupusería como mesera. Sabrina contó que ganaba poco dinero y que las personas se quejaban porque la dueña del negocio tenía a “un maricón” trabajando. “La señora tomó la decisión de no darme trabajo. Tuve que volver de nuevo al trabajo sexual”, lamentó. 

Ahora tiene 27 años y aún no ha tenido la oportunidad de acceder a un empleo formal. Durante los primeros meses de la cuarentena tuvo dificultades para pagar la renta de su casa y la amenazaron con echarla, pero logró saldar las cuentas. Sin embargo, muchas mujeres trans no han tenido la misma suerte. “Muchas compañeras se han tenido que ir de sus casas, se han quedado en las calles. La ayuda del gobierno tampoco nos llegó”, dijo. Llamó incansablemente para obtener el subsidio de $300 pero nunca lo obtuvo, aunque recientemente logró un saco solidario. 

Belloso criticó que no se verificó que la población trans obtuviera el subsidio para sobrevivir al encierro. Dijo que muchas personas trans viven en mesones o en casas alquiladas porque su derecho a la propiedad privada se ve limitado al no tener empleos formales. Por tanto, generalmente el recibo de luz no es pagado por ellas. “Es un círculo, una cadena. En cuanto no tengo nombre, no tengo propiedad, energía eléctrica ni subsidio. El problema del hambre, la pobreza, se ha agudizado con esta pandemia”, aclaró. 

Bianka Rodríguez, defensora de derechos humanos y directora de Comcavis Trans, dijo que no fueron tomadas en cuenta para los $300 que dio el Gobierno para sobrevivir al encierro. También consideró que provisionar de una canasta básica no es suficiente, “que en teoría no todas la han recibido”. 

Karla Guevara es directora de Colectivo Alejandría, una organización fundada en 2011 por mujeres trans, manifestó que en la zona del Barrio Zurita, en San Salvador, las trabajadoras sexuales transgénero viven del día a día. El alquiler de un cuarto tiene un costo de $3 a 5 diarios y cobran alrededor de $1 a $3 por encuentro sexual con los transeúntes, según Guevara.

“De por sí su situación es difícil, porque si tienen que pagar entre $3 a $5 diarios y hacen unos cuatro trabajos diarios, a puras penas ganan para pagar el cuarto y para poder comer”, detalló. Muchas de ellas aún no han salido a trabajar por el miedo al contagio. Asegura que han recibido casos de mujeres trans que no han podido pagar el cuarto para trabajar o han tenido mayores dificultades para pagar su vivienda. Sobre este punto, Comcavis Trans atendió 9 casos de desalojos forzados. 

Según estimaciones del Colectivo Alejandría, las trabajadoras sexuales transgénero tienen entre 15 y 30 años, mayoritariamente de la zona urbana del país. Explicó que en la zona rural las mujeres trans también ejercen el trabajo sexual, pero suelen dedicarse a la agricultura, al comercio y labores domésticas y de cuido, aunque la situación recrudece por la falta de empleo. 

La directora de Comcavis Trans coincide en que son muy jóvenes. El promedio de vida de las mujeres trans ronda los 33 años, según la CIDH. Dijo que, antes de la crisis sanitaria, algunas recolectaban $150.00 mensuales, mientras que el salario mínimo ronda los $300 para el sector comercio e industria. Durante la pandemia han percibido menos ingresos porque los clientes dicen no tener el estipulado debido a la crisis. 

Sabrina no ha tenido oportunidad de acceder al empleo formal. Lamenta que el Estado no garantice los derechos humanos de las personas trans en El Salvador.

Violencia institucionalizada 

“Se sufre de todo”. Sabrina intenta enumerar los retos en un día de trabajo. “Una vez fui golpeada por un cliente que me robó. Me acerqué a una delegación y me dijeron ‘está bien que te golpeen, te lo mereces’. No tomaron cartas en el asunto”. También ha recibido amenazas de la misma policía. 

“¿Qué cuesta llevarse a uno de ustedes? ¿Qué se va a perder? Nada. Nadie se va a dar cuenta. Se lleva, se pierde y ya estuvo. De todas maneras, nadie los quiere”, fueron las palabras que agentes policiales le hicieron. En otra ocasión, la encerraron a ella y a otras compañeras en una delegación de manera arbitraria por una noche. 

Recordó el caso de Camila Díaz Córdova, quien era su amiga. “A varias las perdimos en el camino... Se llevaron a una compañera y fue bien triste”, dijo. Un juez de San Salvador declaró culpables a tres policías por el homicidio de Díaz, ocurrido en enero de 2019, y cada uno tuvo penas de 20 años de cárcel, la primera condena por el homicidio de una persona transgénero en el país.

El 21 de marzo, El Salvador recordó lo que vivió durante el conflicto armado en 1980, con la militarización de la cuarentena nacional. La Fuerza Armada y la PNC cometieron violaciones a los derechos humanos, constatados por la Procuraduría para la Defensa de los derechos humanos. El régimen de excepción fue la principal apuesta del Gobierno para combatir la pandemia, y las mujeres trans no estuvieron exentas de las consecuencias de esta medida.  

Bianka Rodríguez, de la Federación LGBTI, dijo que antes de la cuarentena por la emergencia de la COVID-19 había un contexto violento contra las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, pero que aumentó con el encierro. “Podemos hablar de un contexto violento antes de la cuarentena. Estar en el trabajo sexual expone a violencia sexual, violencia física, violencia verbal y violencia económica, que pone (a las trabajadoras sexuales) en una situación de desventaja”, indicó Rodríguez.

 Señaló que ni la Asamblea Legislativa ni el Gobierno implementaron un plan con enfoque de género para proteger a estos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. 

 Del 15 de marzo al 16 de junio, de las 98 mujeres transgénero atendidas por Comcavis Trans, 13 casos de los casos fueron por abuso de autoridad, específicamente, detenciones arbitrarias. También hubo nueve denuncias por falta de asistencia en el sistema de salud público y 57 en situación de desplazamiento forzado. 

Los retrocesos del Gobierno

“Yo voté por él (el presidente Nayib Bukele), por el cambio”, dijo Sabrina con una risa irónica. Se queja porque el Gobierno no le da la oportunidad de acceder, junto a sus compañeras, a un trabajo digno.   

Una de las primeras acciones de la administración central fue cerrar la Secretaría de Inclusión Social (SIS). La Dirección de Diversidad Sexual estaba adscrita a la SIS, que contaba con una línea telefónica que brindaba apoyo psicológico, asesoría sobre derechos de la población LGBTI y en casos de discriminación. Según organizaciones civiles, esa línea se eliminó. En redes sociales, representantes civiles denunciaron que la línea 131, que en su momento fue para ese fin, ahora “será un apoyo para temas relacionados a tu embarazo, tu bebé o tus hijos pequeños y así poder mejorar la salud de tu familia, sin que tengas que salir de tu casa”, informó Gabriela de Bukele el 5 de agosto. 

Con la eliminación de la Dirección de Diversidad también quedó sin efecto el decreto 56, que ordenaba la erradicación de todo tipo de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. El Gobierno de Bukele creó una unidad de género y diversidad en el Ministerio de Cultura. La directora del Colectivo Alejandría criticó que el ministerio no hace referencia al tema sexual. 

Actualmente, Sabrina trabaja como voluntaria en la Asociación ASPIDH Arcoirirs, acompañando a personas que, como ella, han sufrido violencia de todo tipo. Sueña con tener una casa y un negocio propio. “Yo siempre quise tener una tienda. Me gustan las ventas (...) sería una gran oportunidad para dejar de exponerse, un trabajo digno”, finalizó.

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