Durante la campaña electoral, Nayib Bukele utilizó una eficaz retórica anticorrupción contra sus oponentes, sintetizada en la popular frase “devuelvan lo robado”; y en su propuesta de gobierno ofreció “más transparencia y probidad en la gestión pública”. Sin embargo, en el corto tiempo que lleva su administración, ya le ha asestado tres zarpazos mortales al derecho ciudadano de acceso a la información: tres duros golpes contra la transparencia y la rendición de cuentas, que representan un grave retroceso en materia de anticorrupción y cultura de probidad en el ejercicio del poder público, especialmente en el manejo de los recursos financieros.

El primer zarpazo consistió -como dijimos en un artículo anterior- en desmantelar la institucionalidad que promovía el acceso a la información pública y los actos de rendición de cuentas en los ministerios, autónomas y demás instancias del Ejecutivo; y en no designar al “comisionado para la probidad”, “propuesto por la oposición”, que prometió cuando era candidato. 

En vez de eso, Bukele creó, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la -también prometida en la campaña- Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Pero dicha institución es totalmente dependiente de los designios de Casa Presidencial, no tiene facultades reales y vinculantes para actuar, guarda un profundo silencio frente a las numerosas irregularidades en el uso de fondos públicos y -para decirlo en palabras resumidas- en la práctica “no existe”.

El segundo zarpazo fue aprovechar la emergencia por la pandemia de COVID-19 para también “poner en cuarentena a las Oficinas de Información y Respuesta (OIR)” y negar injustificadamente información de interés público, violentando así en forma sistemática la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Por ejemplo: la Lotería Nacional de Beneficencia negó la información sobre su convenio con Yossi Abadi, el empresario israelí que anunció en sus redes sociales el jugoso negocio de “operar la Lotería” y gestionar una “innovadora plataforma digital para apuestas deportivas y otros juegos durante 20 años”. La información fue declarada “inexistente”.

La Presidencia también declaró inexistente la información (presupuesto y plan de medios) de la campaña publicitaria sobre la “nueva Fuerza Armada”, que fue difundida intensivamente en televisión y redes sociales previo a la interpelación del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, en la Asamblea Legislativa el pasado 21 de agosto. Esta campaña fue obscena, entre otras razones, porque los fondos utilizados pudieron haber sido para pautar campañas de prevención del contagio de coronavirus.

Y el tercer zarpazo tiene que ver con la deplorable estrategia de debilitar el funcionamiento, anular la independencia y tomar el control del IAIP, mediante el nombramiento de comisionados “de confianza” del gobierno y la modificación de su marco legal vía decretos ejecutivos.

La semana pasada, Casa Presidencial actuó en ambos frentes. Por un lado, nombró comisionados del IAIP por el gremio periodístico a Luis Suárez, gerente de operaciones de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) hasta hace dos meses, y a Gerardo Guerrero, empleado de la alcaldía de San Salvador durante la gestión edilicia de Bukele; ambos abogados, ninguno periodista y los dos postularon por una “asociación de periodistas” poco representativa que se ha prestado a la estrategia presidencial desde febrero pasado en la elección fallida de Juan Carlos Turcios, funcionario de confianza en el ministerio de Gobernación, como comisionado del IAIP.

La elección, oscura e irregular, ha sido denunciada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Mesa de Protección a Periodistas, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y otras instancias nacionales y hasta internacionales. En el proceso, la Secretaría de Comunicaciones dejó fuera a la APES, la más antigua y representativa gremial de periodistas; violentó los plazos para la presentación de propuestas e hizo la elección a puerta cerrada y con ternas incompletas.

Mientras tanto, en el otro frente, Nayib Bukele modificó -sigilosamente y de espaldas a la población- el Reglamento de la LAIP. Las reformas publicadas en el Diario Oficial le dan más poder al comisionado presidente, restan competencias al pleno, eliminan la apelación directa al IAIP ante la negación de información en las instituciones, quita requisitos éticos a los candidatos a comisionados y anula la posibilidad de impugnar su elección. A estas se suman las también cuestionadas reformas al reglamento de la Ley de Adquisiciones, Contrataciones y Compras en la Administración Pública (LACAP), que también constituyen un grave retroceso en transparencia y rendición de cuentas.

Esos son los tres atentados contra el acceso a la información pública perpetrados por el Presidente que ofreció transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia contra la corrupción. Ojalá la ciudadanía democrática actúe a tiempo para -como diría Ernesto Sábato- contener esta barbarie y revertir esta desolación.