Ministro del Ambiente autoriza la destrucción de una zona protegida en Nuevo Cuscatlán
Una constructora acaba de obtener la última licencia que necesitaba del Ministerio del Ambiente para levantar viviendas en un área de Nuevo Cuscatlán donde, según el mismo Ministerio, está prohibido cualquier tipo de construcción y talar árboles.
Por Ezequiel Barrera | Mayo 30, 2023
Edición Ricardo Vaquerano
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) infringió su propia prohibición y permitió que la urbanizadora Algasa S.A. de C.V. amplíe el área de construcción de un proyecto residencial ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Con esa autorización, la empresa taló una porción de un bosque que tiene el estatus de “zona de máxima protección” y al que la misma empresa y sus predecesoras habían descrito inicialmente como parte de un “microcorredor biológico”, donde es ilegal construir.
El proyecto residencial, conocido como La Florida, nació en 2005 y ha sido motivo de una larga pugna entre el Ministerio y las desarrolladoras inmobiliarias a cargo. En 2014, Algasa heredó el proyecto de la sociedad Altos de Santa Elena y el conflicto con la autoridad ambiental se fue agudizando debido a los señalamientos de que la urbanizadora incumplía, con reiteración, los términos bajo los cuales se le había concedido el permiso ambiental para desarrollar el complejo habitacional.
Desde 2017, el MARN estuvo frenando las pretensiones de Algasa de ampliar el número de viviendas y torres de apartamentos sin hacer ajustes a su plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es la manera en que la empresa explica con detalles al MARN cómo gestionará el impacto de la construcción en el ambiente para procurar que el daño sea el menor posible e incluye medidas de mitigación y de compensación. El permiso para construir que otorga el Ministerio del Ambiente incluye el visto bueno al plan de manejo ambiental.
Sin embargo, con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de la República en 2019, los obstáculos en el camino de la urbanizadora fueron desapareciendo. El pasado 7 de marzo de 2023, la empresa logró su victoria final con la modificación firmada por el ministro Fernando Andrés López Larreynaga, la cual va en contra de las mismas disposiciones del Ministerio. Con esta modificación al permiso original, Algasa ha invadido una zona protegida para construir nuevas viviendas, a pesar de que en 2005 la desarrolladora a cargo del proyecto anunció que ese territorio sería parte de un área donde estaría prohibida “toda intervención humana”. Es irónico que esta área, en proceso de destrucción, sea el patio trasero de una propiedad del ministro López, quien en 2014 adquirió un lote en la residencial La Florida.
Imagen tomada de un monitor de las oficinas del CNR, en el que se explica que el vendedor del lote es Algasa y el comprador de derecho de nuda propiedad, en 2014, es Fernando Andrés López Larreynaga, por un precio de $47,901.15. Nuda propiedad se refiere a que López es el dueño del inmueble, pero su esposa (usufructo) es quien puede disponer del inmueble.
En el sistema de catastro del CNR aparece que el ministro mantiene el 100 % de derecho por nuda propiedad del lote que adquirió en 2014. Su esposa tiene el derecho de usofructo y el Banco Agrícola tiene hipotecado el inmueble.
El proyecto La Florida está colgado en la cima de la Cordillera del Bálsamo, en el norte del municipio de Nuevo Cuscatlán, en frontera con los municipios vecinos de Santa Tecla, en el noroccidente, y de Antiguo Cuscatlán, en el norte. Es uno de los más recientes desarrollos inmobiliarios que están comiéndose los últimos bosques del extremo oriental de esa formación montañosa y un sector donde la población ha notado en los últimos meses, con asombro y preocupación, la aparición reiterada y con mayor frecuencia de venados cola blanca deambulando en las calles que comunican Nuevo Cuscatlán con Antiguo Cuscatlán.
DENUNCIA CIUDADANA
— Defensoria Ambiental Civil (@ambiental_civil) March 8, 2023
Señores: @nayibbukele @FGR_SV @CortedeCuentas @HaciendaSV
Solicitamos su ayuda y actúen de oficio investigando y parando la cantidad de incumplimientos en Nuevo Cuscatlán, en contra del medio ambiente, sus habitantes y la vida silvestre existente.
Sigue Hilo… pic.twitter.com/PiYWMNtl7U
Habitantes de Nuevo Cuscatlán viralizaron a los venados que fueron vistos en las calles que conectan Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán. Denunciaron que estos animales se salieron a las calles porque su hábitat está siendo destruido por las urbanizadoras que gozan del favor del MARN. El ministro López retomó el tema, en una entrevista del canal gubernamental, para asegurar que “es un fenómeno normal” ver especies silvestres en las calles y admitió que los venados han existido en Nuevo Cuscatlán “desde hace siglos”.
El ministro Fernando López participó en el programa de entrevistas de la televisión gubernamental el pasado 9 de marzo. Sobre el avistamiento de venados cola blanca en Nuevo Cuscatlán dijo que es un fenómeno completamente normal y que las empresas que están construyendo en el hábitat de la vida silvestre tienen todos los permisos correspondientes. Justificó las urbanizaciones bajo el argumento de que “obviamente el desarrollo no se puede detener”.
Hasta este lunes 29 de mayo de 2023, el Visualizador de Información Geográfico de Evaluación Ambiental (VIGEA) del MARN mostraba que el área donde Algasa tiene la autorización para construir 53 nuevas viviendas abarca parte de la zona de máxima protección. GatoEncerrado ha visitado el lugar repetidas ocasiones y constató la segunda semana de mayo que la constructora ya había intervenido parte del remanente boscoso catalogado como protegido. VIGEA es la herramienta digital oficial del MARN donde se publica, entre otra información, la clasificación del uso del suelo y zonificaciones ambientales en el país.
En VIGEA del MARN se puede observar cómo el área del proyecto en construcción invade la zona de máxima protección. Video/Karina Hernández y Bladimir Nolasco.
La modificación al permiso original que Algasa obtuvo se basa en un “dictamen técnico”, pero ni este ni el permisofirmado por el ministro menciona que el área donde la empresa está interviniendo tiene la categoría de zona de máxima protección. “Se ha tenido a la vista el dictamen técnico favorable emitido por el equipo técnico de la Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental de este ministerio”, escribió el ministro López Larreynaga en su resolución del pasado 7 de marzo para autorizar a Algasa la expansión de las obras. Ese “dictamen técnico”, en el que dijo basar su decisión, tiene fecha 6 de marzo: “Este dictamen técnico determina la viabilidad ambiental del proyecto”, resume el informe, calzado con la firma de tres personas: ingeniera Metzi Rivera, la técnica en evaluación ambiental que elaboró el dictamen; la licenciada Evelin Herrera de Carranza, como técnica jurídica, y la ingeniera Luisa María Cañas Villacorta, quien dio el visto bueno como gerenta de evaluación ambiental.
En ninguna línea de sus 21 páginas, el dictamen técnico alude a la zona de máxima protección y solo hace referencia a la larga cadena de solicitudes de autorizaciones, aprobaciones y rechazos, y consigna la amplia lista de incumplimientos por parte de la empresa original a cargo del proyecto y de la compañía heredera, a tal punto que en varias ocasiones el MARN se rehusó a devolver la fianza que la constructora depositó como una especie de seguro de daños en caso de que incumpliera alguna disposición legal o causara perjuicios no previstos con responsabilidad achacable a la empresa. La primera vez que el MARN retuvo la fianza fue en 2007 por cambios en la construcción que Altos de Santa Elena hizo sin autorización.
En esta historia hay cinco protagonistas principales: la desarrolladora inmobiliaria, que consiguió la expansión del proyecto; el Ministerio del Ambiente anterior a Bukele, que ofreció alguna resistencia a las constructoras a cargo; el Ministerio del Ambiente de Bukele, que ha sido un apoyo a la constructora actual; los habitantes de la residencial, esos vecinos del ministro López Larreynaga que se han organizado en la Asociación de Desarrollo Comunal La Florida (Adesco La Florida) y en el Movimiento Vecinal La Florida, y que ya han acudido a instancias judiciales para denunciar que Algasa pretende construir en área prohibida y con la petición de que se ordene la suspensión de las obras. Y, finalmente, el juzgado ambiental que tomó el caso y que ya respondió… a su manera.
El Movimiento Vecinal La Florida nació en 2022 para organizar una denuncia colectiva contra Algasa por sus planes de tocar un área intocable. El caso fue llevado ese mismo año ante el Juzgado Ambiental de San Salvador, donde ya había una denuncia previa por la misma razón y que había sido presentada por la Asociación Ecológica para la Protección y Acción del Medio Ambiente Tierra Verde (Aeproterra) en nombre de la Adesco La Florida.
En el principio todo era verde...
Antes todo era verde...
Antes de la tala, así se veía la montaña en marzo 2023
Antes de la tala, así se veía la montaña en marzo 2023
Tras las autorizaciones, así se veía en mayo de 2023
Tras las autorizaciones, así se veía la montaña en mayo 2023
Más casas sin ajustar el plan ambiental
El 25 de mayo de 2005, la sociedad Altos de Santa Elena consiguió el permiso ambiental para desarrollar el proyecto “Complejo Nuevo Cuscatlán”, que hoy lleva por nombre “Residencial La Florida”. Era un proyecto de 353 lotes para viviendas y torres de apartamentos que, en su propia descripción, incluía “un microcorredor biológico, área verde recreativa y un área destinada para uso futuro de una autopista”.
Cuando arrancó el proyecto, este tenía dos caras: una ante el MARN y otra ante el público. Ante el MARN, el proyecto fue sometido a aprobación por la sociedad Altos de Santa Elena, Y ante el público, la responsabilidad la llevaba la sociedad Lomas de Santa Elena, .S.A de C.V., que según el historial del inmueble en el Centro Nacional de Registros (CNR) era en realidad la propietaria del complejo. Fue esta compañía la que desmembró los lotes y los comercializó. En ese rol, Lomas de Santa Elena terminaría unos años más tarde enredada en una acusación de estafa por otro caso, que se saldó con la condena de tres de sus representantes por la venta de terrenos por medio millón de dólares.
Ante el MARN, la urbanizadora Altos de Santa Elena prometió que iba a garantizar la conservación del corredor biológico y que se prohibiría toda tala e intervención humana. La otra empresa, Lomas de Santa Elena, aseguró a sus clientes que el proyecto contaba con “más área verde de la requerida por ley”. Cuando Algasa heredó el proyecto, en 2014, continuó con la misma campaña publicitaria y aseguró que sus nuevas viviendas estaban “rodeadas por cuatro manzanas de naturaleza” y que vivir en la zona era tener de “vecina a la naturaleza”.
A pesar de esas promesas ante el MARN y sus clientes, las empresas comenzaron a incumplir su propio plan de manejo ambiental en los primeros años, cuando hicieron modificaciones al proyecto original sin pedir autorización. Cuando el Ministerio lo descubrió por medio de dos auditorías y tres inspecciones del proyecto, en 2007 y 2009, ordenó que las fianzas de cumplimiento ambiental, por más de $325,000, fueran retenidas y que la empresa Altos de Santa Elena presentara nuevos formularios ambientales para solicitar modificaciones.
Esas modificaciones fueron solicitadas formalmente al MARN hasta que Algasa asumió el proyecto, después de que Lomas de Santa Elena se lo transfirió junto con algunas tierras. Aunque los documentos en el CNR no precisan los detalles, consignan que Lomas de Santa Elena saldó así una deuda que tenía con Algasa.
Antes de que Algasa heredara el proyecto, los representantes de Lomas de Santa Elena estuvieron en el ojo público acusados de estafa. La compañía había sido fundada en 2004 por el empresario de origen alemán Axel Preuss Kuhne, aliado con el salvadoreño Óscar Leonel Zaldaña Paredes. Ese mismo año, Preuss Kuhne otorgó a Carlos Federico Paredes Castillo un “poder general judicial, administrativo y especial” para vender o hipotecar los terrenos de la empresa, aunque según los registros del CNR en ese tiempo la urbanizadora carecía de inmuebles. Paredes Castillo, tío de Zaldaña Paredes, fue el primer presidente del Banco Central de Reserva (BCR) del gobierno de Nayib Bukele, quien lo destituyó a los cinco meses por estar en medio del juicio al que lo habían llevado tres personas que pagaron a Lomas de Santa Elena medio millón de dólares por 26 lotes que nunca recibieron porque en realidad pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
Lomas de Santa Elena era el intermediario que el IPSFA contrató para negociar los terrenos. En 2016, tras el escándalo judicial, Paredes Castillo y su compañero de negociaciones, César Augusto Alvarado Reyes, quien fue viceministro de Vivienda durante el gobierno de Francisco Flores y señalado por fijar precios preferenciales a los terrenos del IPSFA que adquirió el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, fueron detenidos y acusados de estafa. Preuss Kuhne fue procesado como reo ausente por estar fuera del país. En 2014, el año en el que Lomas de Santa Elena transfirió el proyecto La Florida a Algasa, Paredes Castillo y Alvarado Reyes fueron liberados porque, aunque el juez reconoció que había delito, no los pudo condenar bajo el argumento de que el caso ya había prescrito. El caso se reactivó en 2019, después de que las tres víctimas apelaron y luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio. Al final, Paredes Castillo, Alvarado Reyes y Preuss Kuhne (prófugo) fueron condenados a ocho años de prisión y a devolver el medio millón de dólares a las víctimas.
Mientras el proceso judicial en contra de los operadores de Lomas de Santa Elena se desarrollaba en 2017, Algasa hizo la primera solicitud de modificación al permiso original, con el objetivo de ampliar el proyecto y construir torres de apartamentos en el microcorredor biológico, áreas verdes y en el área que inicialmente estaba destinada a convertirse en la autopista. La solicitud la hizo, incluso, antes de que Lomas de Santa Elena le transfiriera legalmente los lotes.
El MARN, dirigido entonces por la ministra Lina Pohl, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, rechazó la solicitud bajo argumentos técnicos: el incremento de población en el complejo habitacional aumentaría la demanda de servicios básicos y Algasa no había hecho ajustes al plan de manejo original de 2005, que estaba basado en una población menor. El Ministerio citaba como ejemplos el suministro de agua potable y la generación de aguas residuales y de basura. Asimismo, advertía de potenciales consecuencias perjudiciales para el entorno. “Esto podría ocasionar impactos ambientales negativos como erosión, inundaciones, deslizamientos”, enumeró el Ministerio en la resolución MARN-5888-235-2017. En ese mismo documento, y como conclusión, el gobierno señalaba una omisión fundamental de la constructora: pretendía modificar y expandir el proyecto original sin presentar un nuevo plan de manejo ambiental. Además, señaló que no era procedente la solicitud de incorporar al proyecto urbanístico el área que estaba destinada a convertirse en autopista porque en el CNR aparecía que le pertenecía a Lomas de Santa Elena y no a Algasa.
Ante ese rechazo, el representante legal de Algasa, Herbert Danilo Alvarado, solicitó en dos momentos distintos al MARN que reconsiderara su postura. El Ministerio sostuvo su decisión y en ambas ocasiones ratificó que no eran procedentes las modificaciones.
La zona de máxima protección dentro del proyecto La Florida data de 2011, cuando por ordenanza municipal, Nuevo Cuscatlán le dio ese estatus. En 2014, ya con Nayib Bukele como alcalde, la municipalidad reformó la ordenanza para flexibilizar los trámites de permisos de construcción, pero no alteró el área protegida. Ya en 2017 fue el MARN el que puso candado al área que la misma constructora original había ofrecido al Ministerio y a la clientela como zona que se conservaría sin alteración. El Ministerio elaboró una “Zonificación ambiental y usos de suelo para el municipio de Nuevo Cuscatlán”, en la que estableció cuáles eran las zonas de máxima protección, las de protección y restauración, las de aprovechamiento acondicionado y las de territorio edificado. En los mapas oficiales del MARN puede observarse que las modificaciones al permiso original que solicitó Algasa suponen invadir parte de la zona de máxima protección.
En esa área, según la zonificación, “debe conservarse la cobertura forestal principalmente para la protección del recurso suelo, mantenimiento de recarga hídrica y reducción de riesgo”. Asimismo, en esa área “no están permitidos los proyectos urbanísticos, todo desarrollo urbanístico existente y cambio de uso de suelo”. En otras palabras, están prohibidas las construcciones que Algasa solicitó al MARN.
Estos mapas muestran la ordenanza municipal de 2011 y la reforma de 2014 cuando Bukele era el alcalde de Nuevo Cuscatlán. Lo más notable es que en la reforma el uso de suelo cambió de “zona de desarrollo agroforestal (en el primer mapa con color verde claro) a “zona habitacional en terrenos con pendientes entre 20 % y el 45 % de inclinación (en el segundo mapa con color amarillo). Lo importante a notar en estos mapas es que la zona de máxima protección nunca cambió (representada en ambos mapas con color verde oscuro). En esa área, al norte del municipio, está ubicado el proyecto Residencial La Florida. Los mapas fueron elaborados por Karina Hernández, a partir de la ordenanza ambiental de NC.
Desproteger zonas protegidas ya es un patrón
Tras el rechazo del MARN a la solicitud de Algasa en 2017, la empresa solo tuvo que esperar la llegada de Bukele a la presidencia para que su suerte cambiara. Diez días después de asumir el cargo, el presidente de El Salvador dio un discurso en el que aseguró que miles de millones de dólares estaban impedidos de ingresar a la economía salvadoreña debido a que los gobiernos anteriores habían negado -según él sin fundamento técnico- las autorizaciones ambientales para numerosos proyectos. “He instruido al ministro del Ambiente para que en 100 días firme y autorice todos esos permisos”, anunció Bukele. Y dicho y hecho.
Discurso de Bukele, el 10 de junio de 2019, en la inauguración del sexto hangar en el aeropuerto internacional.
Ese año, Algasa comenzó de nuevo a solicitar modificaciones y ese año fue el inicio de una cascada de resoluciones indiscriminadas a favor de las constructoras, muchas de las cuales están ejecutando obras en zonas ambientalmente sensibles y reconocidas como áreas de infiltración de agua o de valor natural.
Ambientalistas como Carolina Amaya Tobar y Mauricio Sermeño, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijeron en su momento que esa decisión del mandatario de “favorecer a los empresarios” fue “una irresponsabilidad, un desastre por saltarse los procesos legales y una muestra del desconocimiento de la situación ecológica del país”.
La luz verde a los permisos ambientales que estaban en trámite, dispuesta desde la Presidencia de la República, coincidió con una caída del presupuesto del MARN, que en 2023 recibe una cuota menor de todo el pastel presupuestario nacional respecto de la porción que recibía en 2019, cuando Bukele asumió el poder. El recorte ha afectado particularmente a las unidades encargadas de velar por la protección del ambiente y la prevención de riesgos.
En 2019 el presupuesto anual fue de $18.9 millones. En 2020, el primer presupuesto diseñado por la administración Bukele, fue recortado a $15 millones. En 2021 cayó hasta los 14.2 millones y en 2022 tocó fondo con solo $13 millones. En estos años, los recortes los sufrieron principalmente las oficinas de evaluación y cumplimiento ambiental y el Observatorio de Amenazas y Prevención de Riesgos. Para 2023 por fin hubo un aumento, pero los $19.2 millones aprobados representan solo el 0.21 % del presupuesto de la nación, mientras que los $18.9 millones de 2019 equivalían al 0.28 % del presupuesto.
El viento favorable para Algasa comenzó a concretarse el 2 de julio de 2021, después de que la empresa subsanó observaciones en su formulario ambiental. El ministro López firmó y autorizó la modificación al proyecto que en 2017 había sido rechazada por el MARN. En esta resolución de 2021, por primera vez desde el permiso original de 2005, la descripción del proyecto deja de mencionar el “microcorredor biológico” que antes se ofrecía como anzuelo para clientes, y en su lugar se agregó que “incluye los lotes para construcción de torres de apartamentos”.
Un año más tarde, el 19 de agosto de 2022, el ministro también firmó y autorizó otra modificación que solicitó Algasa para realizar una redistribución de los lotes individuales del proyecto urbanístico, con el que se redujeron las áreas verdes. El triunfo final fue el del 7 de marzo de 2023, cuando López, cuyo deber constitucional como ministro es “proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente”, firmó la sentencia de muerte para la zona clasificada como de máxima protección. Algasa cambió de opinión sobre las torres de apartamentos que se habían agregado en 2021 en lugar del “microcorredor biológico” en la descripción del proyecto y propuso construir 53 viviendas de dos niveles con sus calles de acceso, en una superficie que invade la zona bajo protección. Por eso los vecinos organizados han acudido al Juzgado Ambiental a pedir justicia, y este ya respondió.
El ministro ha mantenido durante su gestión un discurso público que contradice con sus acciones. Ocho días después de autorizar la expansión del proyecto hacia la zona de máxima protección, el funcionario proclamó públicamente en un conversatorio que su compromiso es “continuar trabajando por el desarrollo sostenible de nuestro país y el cuidado de los ecosistemas, impulsando acciones basadas en la naturaleza”. Dos semanas después viajó a Estados Unidos para participar en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas, donde aseguró que “la protección y gestión sostenible del recurso hídrico es una prioridad para el gobierno”.
Esta resolución es solo parte de una serie de autorizaciones de desarrollos de obras en áreas ambientalmente sensibles o protegidas que se han convertido en un patrón desde que Bukele está en el poder. En el norte de San Salvador, por ejemplo, la inmobiliaria Urbánica recibió en 2020 un permiso ambiental para desarrollar su megaproyecto “Ciudad Valle El Ángel”, en una zona donde el MARN ya había declarado como “no factible” la construcción por afectar la subcuenca del río Tomayate.
Ese mismo año el gobierno de Bukele también respaldó el proyecto turístico “El Cancún de El Salvador”, que es un complejo hotelero en la Isla Tasajera, a pesar de estar en una “zona de amortiguamiento” de una área natural protegida, donde tampoco se puede construir. También en 2020 el MARN otorgó el permiso ambiental para erigir una urbanización de lujo en el Cerro Afate, del lago de Coatepeque, en una extensión de tierra que es considerada “la última joya ecológica del lago” y que está clasificada como “zona de máxima conservación”. En este proyecto, la suegra del presidente Bukele, Arena Perezalonso de Rodríguez, fue la encargada de la comercialización de los inmuebles. En 2022, el MARN también favoreció a la inmobiliaria Fénix con un permiso ambiental para desarrollar un proyecto urbanístico en Ahuachapán, donde las comunidades pobres denunciaron que la empresa les robó su agua.
Ese patrón de autorizar obras que atentan contra el patrimonio natural también fue llevado al sector público. En 2022, Bukele anunció que iba a cumplir su promesa de campaña de construir el “Aeropuerto del Pacífico”. En consecuencia, el ministro López sustituyó las directrices que regulaban las construcciones en la franja costero-marina y en su lugar promovió otras menos restrictivas para otorgar el permiso de construir el aeropuerto.
Esta revista hizo cuatro intentos por contactar al ministro del Ambiente para hablar sobre los permisos ambientales y las modificaciones que se aceptan a empresas como Algasa, aunque las obras autorizadas vulneren zonas protegidas. El 15 de mayo, este medio escribió un correo electrónico a la gerente de comunicaciones del Ministerio de Ambiente, María José Guzmán Pinto, para solicitar formalmente una entrevista con el funcionario. Dado que no contestó, el 16 de mayo se le repetió la petición, también vía correo electrónico. Tampoco respondió. El 23 de mayo, esta revista buscó personalmente a López afuera de la televisora Megavisión, donde ofrecía una entrevista. En el lugar, una comunicadora institucional pidió que se le dijera cuáles eran las preguntas de GatoEncerrado y luego se fue al foro de grabaciones para preguntar si el funcionario atendería a la prensa. Unos minutos después regresó diciendo que López había abandonado el lugar por una puerta alterna. Como último recurso, este medio escribió directamente al celular de López por medio de la aplicación de chat WhatsApp, pero hasta este lunes 29 de mayo tampoco había respondido ni había hecho acuse de recibo.
La misma agua para más gente
En el caso de La Florida, los habitantes se han convertido en los últimos meses en cuestionadores naturales de las modificaciones en el proyecto y de las concesiones del MARN a Algasa. Y tienen razones poderosas, más allá de las que puedan recogerse en los documentos: ya han tenido “avisos” de la naturaleza de lo que puede ocurrir en un complejo residencial levantado en una ladera con pendientes de más del 60 % de inclinación, que es parte de la Cordillera del Bálsamo. Es decir, esa misma que a escasos metros al occidente de este lugar colapsó durante el terremoto de 2001 y sepultó a más de 500 habitantes del municipio vecino de Santa Tecla. El vecindario ya ha visto cómo las lluvias torrenciales arrastran grandes cantidades de material proveniente de la cima, que ha dejado bajo lodo y piedras algunas vías de la residencial, y las viviendas ubicadas en la parte más baja han sufrido de inundaciones. Su temor radica en que al reducir más el área boscosa en la parte más alta del terreno, se incremente el riesgo de deslizamientos e inundaciones.
Les inquieta que el mismo pozo para abastecer los 353 lotes del proyecto original, ahora deberá surtir también a 53 viviendas adicionales y a los otros townhouses de los proyectos Altema 1, 2 y 3 que han sido construidos gracias a las modificaciones al permiso original. En una carta dirigida a su vecino el ministro López, le explicaron que han documentado cómo la empresa ha exigido más presión a la bomba para llevar agua desde la parte más baja de todo el complejo habitacional hasta la más alta y cómo eso ha provocado roturas en las tuberías y fugas en las calles de la residencial. Además, prevén que al aumentar el caudal que se extraiga del pozo, este eventualmente baje su nivel hasta un punto insostenible o que se agote como fuente de agua.
“Solicitamos que se cumpla con lo acordado en los estudios de impacto ambiental en cuanto a los sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de tanques y abastecimiento por gravedad y se mantengan las áreas verdes, recreativas y equipamiento social originales”, escribieron los vecinos al ministro, en la carta que le hicieron llegar hasta su despacho en febrero de este año, con una lista de habitantes que firman en apoyo al Movimiento Vecinal La Florida.
En el sistema de evaluación ambiental del MARN consta que Algasa no solicitó nuevos permisos ni factibilidades para un nuevo pozo que logre abastecer a las nuevas viviendas. De hecho, Algasa se desligó de ese servicio y en su lugar lo ha asumido una empresa que fue creada por los mismos directivos de Algasa para encargarse de proveer el agua potable a los habitantes de la Residencial La Florida, los condominios Altema y las torres de apartamentos Florida Sky. Servicios La Florida S.A. de C.V. obtuvo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) una declaración de factibilidad para proveer ese servicio y viabilidad ambiental del MARN que le autoriza explotar el agua para abastecer en total a 475 casas y 36 apartamentos en todo el complejo habitacional, según consta en la resolución MARN-NFA377-2022-R-66-2023, que fue firmada por el director general de evaluación y cumplimiento ambiental, Carlos Andrés Schonenberg Llach, el pasado 18 de enero de 2023.
El dictamen técnico que sirvió de base para esa resolución describe que el único pozo ubicado en el proyecto fue perforado en 2006.
Los habitantes de La Florida también han escrutado a lo largo de los años el rol de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, y creen haberla pillado en una serie de incumplimientos de sus responsabilidades. Basándose en la Ordenanza municipal para la regulación de los usos del suelo y las actuaciones urbanísticas de Nuevo Cuscatlán y sus modificaciones sucesivas, sostienen que en al menos 16 ocasiones distintas, desde 2004, la alcaldía permitió que Algasa y las predecesoras Altos y Lomas de Santa Elena incumplieran la Ley de Urbanismo y su reglamento. Entre algunas de esas irregularidades está la permisividad para que las constructoras ejecutaran obras fuera de la línea trazada del proyecto y dentro de las zonas que habían sido destinadas para derecho de vía.
Además, ni Algasa ni las empresas predecesoras cumplieron con el artículo 34 de la misma ordenanza que obliga a todo urbanizador a que identifique las áreas verdes, áreas de equipamiento social y áreas ecológicas para luego “donarlas a la municipalidad inmediatamente se otorgue la autorización de los planos de la urbanización”.
Esta revista verificó en el CNR que el total de las áreas identificadas como verdes y ecológicas del proyecto Residencial La Florida, incluida la que está clasificada como zona de máxima protección, no fueron donadas a la alcaldía en su totalidad, como lo establece la ordenanza municipal.
En el CNR consta que Lomas de Santa Elena, propietaria original del proyecto, hizo un desmembramiento de sus tierras en 2007. Esas tierras estaban registradas bajo el escueto nombre de “Lote situado en Nuevo Cuscatlán (reunión)”. En el Registro consta que Lomas de Santa Elena sigue siendo dueña de algunas áreas que tenían que haber sido donadas, como los sectores identificados como “área verde ecológica uno” y “área verde recreativa dos”, ubicadas entre la avenida Dundee y senda Osteen de la residencial. Esta última es la Casa Club de la residencial que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán no pudo inscribir en el CNR por estar insolvente con el fisco, así como tampoco podía ser transferida en concepto de donación desde la empresa Lomas hacia la municipalidad por también estar insolvente con el fisco.
La omisión de inscribir áreas verdes a nombre de la municipalidad tiene antecedentes. La Corte de Cuentas de la República recomendó en 2015 a la alcaldía dirigida por Nayib Bukele que, de acuerdo con la ley, inscribiera en el CNR todas las áreas donadas y que las incorporara al patrimonio municipal. Tres años más tarde, en 2018, la Corte de Cuentas declaró en un examen de seguimiento a las recomendaciones de 2015, que la alcaldía entonces presidida por Michelle Sol también estaba incumpliendo con su deber de inscribir todas las donaciones de áreas verdes y ecológicas.
GatoEncerrado intentó platicar con el sucesor de Michelle Sol, el alcalde José Manuel Dueñas, sobre los señalamientos que hacen los habitantes de la La Florida y los antecedentes expuestos por la Corte de Cuentas, pero hasta este lunes 29 de mayo de 2023, no había respuesta. El director de comunicaciones de la alcaldía, Arnoldo Herrera, se comprometió a gestionar la entrevista e incluso pidió que se le facilitara algún documento con las denuncias de los vecinos para que el funcionario pudiera preparar sus respuestas. Este medio de comunicación le entregó una copia simple de la denuncia del caso que está en el Juzgado Ambiental de San Salvador, pero luego de eso no hubo respuesta.
Esta revista también intentó platicar, en dos ocasiones, con el representante legal de Algasa, Herbert Danilo Alvarado, para que explique por qué en las modificaciones al proyecto se incluyó que parte de las nuevas 53 residencias se levantarán en la zona de máxima protección y por qué no han sido donadas todas las áreas verdes y ecológicas del proyecto. En la oficina de Algasa, ubicada dentro de la Residencial La Florida, un empleado prometió hacer la gestión, pero advirtió: “El ingeniero normalmente no atiende medios”. Hasta el cierre de esta nota tampoco hubo una respuesta al correo que se le envió con la solicitud de entrevista.
Kevin Espinal, quien se presentó como el coordinador de gestiones comerciales y responsable de la imagen de Algasa, se limitó a responder que está enterado de las denuncias de los habitantes de la residencial y aseguró que esas personas están confundidas porque, según él, la nueva construcción es adyacente a la zona protegida y no la vulnera. “Cuando mi jefe compró la residencial, se restringió un área como protegida y esa área nosotros no la podemos tocar nunca. El último proyecto que vamos a construir queda a la par del área protegida, entonces sí puedo entender dónde entra la confusión de las personas”, aseguró Espinal y luego agregó que “Los inspectores de la alcaldía hicieron una visita para verificar que todo esté en orden y que no nos pasemos ni un metro” a la zona de máxima protección.
A pesar de las explicaciones del representante de Algasa, en el sistema VIGEA del MARN se puede comprobar que sí hay una invasión de parte de la constructora en la zona catalogada como de máxima protección. Y los vecinos del ministro, que conocen bien el terreno, ven con preocupación cómo el proyecto que les vendieron se va transformando para peor y se depreda una zona blindada por el mismo MARN. Por eso, y con la Ley del Ambiente en la mano, acudieron a pedir justicia. La Ley del Ambiente, en sus artículos 8, 9 y 10, detalla el derecho de la ciudadanía a que se le consulte y se le brinde información sobre proyectos y permisos que puedan alterar el ambiente, y la obligación de las instituciones del Estado no solo de darles información y consultarles, sino también de diseñar mecanismos para que los habitantes puedan estar debidamente informados y para que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
Herbert Danilo Alvarado, además de ser el representante legal de Algasa, es el gobernador propietario por el sector patronal en el Fondo Social para la Vivienda. En ese cargo fue nombrado en diciembre de 2021, por un periodo de cuatro años que terminan en diciembre de 2025.
En su hoja de vida aparece que se graduó como ingeniero civil de la Universidad Politécnica de El Salvador y que ha sido gerente de varias empresas como Aceros Centroamérica y Durman Esquivel. Asimismo, es directivo del Fondo de Conservación Vial y miembro de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco). En su hoja de vida no aparece, pero fue presidente de Lomas de Santa Elena hasta 2008, cuando renunció. Luego, en 2009, esa misma empresa le entregó un poder especial para vender, hipotecar o lo que fuere necesario con los terrenos y actualmente es el representante legal y presidente de Algasa, Servicios La Florida y Los Tres S.A. de C.V., donde también están involucrados sus hijos y esposa. Estas empresas están relacionadas entre sí con el proyecto La Florida y todas comparten la misma oficina.
Según el informe de donantes de partidos elaborado por la organización Acción Ciudadana, Herbert Danilo Alvarado donó más de $7,000, a través de Algasa, al partido Arena en 2014, 2015 y 2018.
Un juzgado ambiental entra en acción
El caso de La Florida llegó hasta el Juzgado Ambiental de San Salvador gracias a la denuncia que la Adesco y el Movimiento Vecinal hicieron llegar en 2022, en la que solicitaron medidas cautelares para suspender las obras y una inspección para constatar que se está invadiendo la zona de máxima protección.
En el expediente más reciente y las resoluciones de marzo y abril de este año, la jueza ambiental Nidia Oneyda Cáceres Domínguez de Jiménez se ha dedicado a lanzar los balones que le llegan hacia afuera de la cancha. Por un lado, ha explicado a los denunciantes que ha preguntado sobre los señalamientos al Ministerio del Ambiente y a la alcaldía y que ambos han respondido que no encuentran irregularidades ni incumplimientos de parte de Algasa en su proyecto. Ante eso, la jueza ha “concluido” que el caso “no concurre por el momento en ninguno de los presupuestos legalmente requeridos para la adopción de medidas cautelares” y que “los impactos negativos, así como las medidas de compensación y mitigación de los mismos ya fueron previstas”.
Por otro lado, la jueza también señaló en la última resolución, del pasado 23 de abril, que ha “verificado” que en el caso hay una “disconformidad” de los denunciantes en relación con los permisos y autorizaciones emitidas por el MARN y la alcaldía, pero añadió que esa disconformidad no es de su jurisdicción y debe ser resuelta “en las instancias respectivas”.
Antes de su nombramiento como jueza ambiental, Cáceres tuvo el cargo de coordinadora de la unidad ambiental del Ministerio de Seguridad, según la página de transparencia de esta institución.
A pesar de desmarcarse de la disconformidad que le expresaban los vecinos, en la última resolución la jueza sí ordenó la suspensión inmediata de las obras, con el fin de que la alcaldía y el MARN hagan una revisión al “Análisis de cumplimiento de la regulación de permisos de parcelación y construcción” que los denunciantes agregaron al caso y que contradice la versión de la municipalidad y del ministerio. Además, la jueza solicitó al MARN que haga una nueva auditoría ambiental para corroborar si la expansión urbanística efectivamente invade la zona de máxima protección. La funcionaria también anunció que iría personalmente a hacer una inspección en la zona el 17 de mayo.
Luego de la orden del 23 de abril de suspender de inmediato las obras, estas continuaron como si nada al menos hasta un mes más tarde, el 23 de mayo, como pudo constatar esta revista. Consultados por qué no habían acudido a cerciorarse del cese de las obras, agentes del puesto policial de Nuevo Cuscatlán dijeron a este medio de comunicación que hasta el 23 de mayo ellos no habían recibido oficialmente ninguna notificación para ir a verificar la suspensión de las obras.
El pasado 17 de mayo, los habitantes de La Florida se reunieron en la casa club para esperar a la jueza. Querían mostrarle que Algasa seguía construyendo en la zona de máxima protección a pesar de la orden judicial de suspender los trabajos. La jueza no se presentó.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
