Foto/Carolina Amaya

Bukele prioriza proyectos urbanísticos antes que firmar el Acuerdo de Escazú

El presidente Nayib Bukele confirmó, en cadena nacional, que no firmará el Acuerdo de Escazú porque, según argumentó, no puede detener la construcción de viviendas como parte del desarrollo del país. El Acuerdo que no firmará trata, entre otras cosas, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, protección de ambientalistas y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Ahora, la adhesión de El Salvador a este convenio internacional queda en manos de la Asamblea Legislativa, que podría ratificarlo con 43 votos.

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Por Carolina Amaya

Por Carolina Amaya

Con reportes de Julia Gavarrete

El Salvador quedará en la historia como uno de los países en donde el presidente se negó a firmar el Acuerdo de Escazú. Eso quedó claro tras las declaraciones en cadena nacional Nayib Bukele, quien aseguró que Escazú es un obstáculo para la construcción de viviendas en el país. El "gran pacto ambiental de la región", como también se le conoce al Acuerdo, es para que los países se comprometan a cumplir con las directrices en acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental, además de proteger a los defensores ambientales.

“Hoy por hoy, no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del Acuerdo. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos (Cepal) han puesto una fecha límite. Estoy seguro que podemos firmarlo luego si se arreglaran algunas cláusulas”, argumentó el mandatario.

Desde sus inicios, el gobierno de Bukele se ha caracterizado por la flexibilización de permisos ambientales y la reducción de presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). GatoEncerrado reveló, a inicios de este año, que la suegra del presidente Bukele es una de las vendedoras de las quintas de Marco Zablah, hermano del diputado de Gana, Francisco Zablah. La zonificación ambiental del MARN prohíbe las construcciones en el cerro Afate, del Lago de Coatepeque, por su importancia biológica; sin embargo, el mismo Ministerio ha dado el permiso para el desarrollo urbanístico.

“Lo firmaríamos si se hicieran pequeños cambios que parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medioambiente, que es lo que que pretende el Acuerdo, sin evitar el desarrollo de nuestros países, que les falta desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir viviendas,”, explicó.

Para César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor de Escazú, Bukele está mal asesorado en el argumento que quiere cambiar algunos artículos para firmarlo. En marzo de 2018, el país adoptó el Acuerdo, luego de cuatro años de negociaciones, por eso “el Acuerdo no se va a negociar, no se va a renegociar por el criterio de un país que ya lo adoptó, por eso de entrada está muy mal asesorado y muy mal informado”, señaló.

Según el activista ambiental, el mensaje de Bukele es penoso porque está diciendo “que a esta administración de gobierno no le importa el medioambiente y la excusa de decir que va a detener la construcción de viviendas realmente es penosa. A mí me avergüenza escuchar la declaración que acaba de dar, porque quiere decir que sus asesores, sus abogados no lo han informado adecuadamente”, criticó Artiga. 

Rubén Sorto, uno de los biólogos que han denunciado a los depredadores ambientales del lago de Coatepeque, también le parece poco formal que el presidente diga que no están de acuerdo con algunos artículos y no decir qué número de artículo o qué dice el artículo, “para que los salvadoreños estemos informados de qué es lo que no le parece a este gobierno. Y que la mesa de diálogo tenga un punto en concreto a superar y se pueda firmar el tratado”, sostuvo.

El biólogo y activista también coincide con Artiga en que el presidente está mal asesorado. El Acuerdo de Escazú “es una gran oportunidad que tiene el país para hacer prevalecer la justicia ambiental, para tener otro instrumento de acceso en concreto para la problemática ambiental y lo más importante es que los ambientalistas y activistas estén protegidos por leyes ambientales”, añadió.

GatoEncerrado le preguntó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, sobre el Acuerdo y contestó que califica como un “atraso en la gobernanza ambiental” la serie de solicitudes de acceso a la información que su cartera recibe a diario.

La entrada en vigencia del acuerdo internacional tiene tres fases: la adopción, que ocurrió en marzo de 2018 y que El Salvador firmó; la segunda es la firma del Acuerdo, que le correspondía al Ejecutivo; y la tercera es la ratificación, que la hace la Asamblea Legislativa.

Dado que el Ejecutivo ya manifestó que no está en disposición de firmar, el Acuerdo queda en la cancha de la Asamblea Legislativa, a partir del 28 de septiembre. La Comisión de Relaciones Exteriores será la que debe discutirlo y dar un dictamen favorable para que el pleno lo firme y ratifique con 43 votos. Recientemente, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático mandó a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores un recomendable para que discutan en conjunto el acuerdo internacional.

Crisis ambiental

Permisos ambientales arbitrarios y consultas públicas viciadas frenan el éxito de la gobernanza ambiental. Por ejemplo, en Cuisnahuat, Sonsonate, la comunidad indígena se opone a la construcción de un parque municipal, que tiene permiso del MARN, pero que se construye sin una consulta pública. A  diario los activistas son acosados por un pelotón de la Policía Nacional Civil que custodia el proyecto. 

“En El Salvador, por la grave crisis ambiental que sufrimos y por la falta de capacidad del Estado en proteger los bienes ambientales, es urgente que haya instrumentos que protejan a esas personas que están cuidando el río, la montaña, cuidando el parque, cuidando los árboles, porque son ellos los garantes de estos bienes ambientales”, señaló Luis González, ambientalista de la Unidad Ecológica de El Salvador (Unes).

Marcela López, ecofeminista de la Asociación Ameyalli, es hija de una de las defensoras que fue judicializada por oponerse a una construcción de Grupo Roble en el municipio de Santo Tomás. “A partir de esa experiencia que vivimos como familia y defensoras del territorio, queremos que el Acuerdo de Escazú sea ratificado por el Estado Salvadoreño”, dijo la activista. 

Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia se necesita que 11 países firmen y ratifiquen. El 24 de septiembre, Argentina se convirtió en el décimo país que se sumó al pacto ambiental de la región.

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