Por Gabriela Villarroel

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) presentó este 28 de septiembre dos avisos de demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que Casa Presidencial y el Ministerio de Educación entreguen toda la documentación relacionada a la elección de dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), del sector de periodistas y de las universidades. 

ALAC pidió que Casa Presidencial entregue el expediente de la elección de comisionado propietario y suplente del sector periodístico, Luis Javier Suárez Magaña y Gerardo José Guerrero Larín, y que el Ministerio de Educación proporcione  el procedimiento que siguió para definir al representante del sector de universidades y actual presidente del IAIP, Ricardo José Gómez Guerrero. 

El pasado 1 de septiembre, un día antes de la convocatoria prevista, Casa Presidencial realizó la asamblea general en secreto, de la elección de los candidatos a comisionados del IAIP, del sector de periodistas. El proceso, sin embargo, irrespetó lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su reglamento (RELAIP) sobre los plazos, el número de organizaciones participantes, así como los principios de publicidad y máxima transparencia.

Sonia Hernández, abogada de ALAC, explicó a GatoEncerrado que también requirieron el expediente administrativo de la elección del presidente del IAIP, Ricardo Gómez, para analizar si cumple con la idoneidad requerida para el cargo, y si se siguió el proceso de forma apegada a la LAIP.

Hernández aseguró que la elección del sector universidades también sufrió un “primer intento irregular” en marzo de 2020, pero se frustró debido a la presión de la sociedad civil, en referencia a la participación de Óscar Campos, quien aceptó que trabaja para el Gobierno y luego declinó de participar.

Aunque el Grupo Promotor de la LAIP pudo observar la elección de candidatos en la asamblea general, según Hernández, “no hubo acceso suficiente al expediente administrativo para conocer todos los atestados legales”.

“Lo que buscamos es que se conozca si todos los comisionados, ahora que son electos en funciones, llenaron los requisitos del procedimiento. Queremos conocer el método procedimental de la elección de comisionados, porque se transgredieron los principios de la LAIP y podríamos encontrar más hallazgos que puedan definir que hubo una arbitrariedad en el proceso, porque no fue transparente”, agregó la abogada de ALAC.

Aviso permitirá recusar a los comisionados

Los procesos iniciados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo abre la oportunidad para que cualquier demandante de información ante el IAIP pueda solicitar que se retire del pleno al comisionado presidente o al representante del sector periodistas, por estar enfrentando un posible conflicto de interés, explicó Sandoval.

Los avisos de demanda son procesos que nacieron con la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), y permiten a la parte demandante requerir los expedientes administrativos y documentos de un proceso específico que podría tener vicios legales.

En este caso, según dijo Hernández, servirá como “una herramienta para poder recusar a los dos comisionados que estén siendo posiblemente demandados, porque solo es un aviso, para conocer el expediente. Pero ya esto nos da la pauta para poder recusar y que ellos desconozcan o no sean parte de un proceso que pueda llevar a una decisión medular”.

Las recusación de un comisionado puede ser solicitada en una audiencia ante el IAIP por cualquiera de las partes que participan en un proceso. Según el artículo 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), cuando es recusado el miembro de un órgano superior o autónomo, como es el caso del IAIP, debe resolver por sí mismo si retira o no al funcionario en cuestión y decide llamar a un suplente. Cuando la mayoría de los miembros son recusados, la decisión se traslada a la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, explicó a GatoEncerrado que, en el caso de que sean recusados Luis Suárez y Ricardo Gómez Guerrero, “podría llegarse al punto de entrampar” al pleno. Sin embargo, el pleno debería apartar de los casos a quienes tengan un potencial vínculo partidario o material, indicó.