El pasado 30 de septiembre, el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para el año 2021. Analizar un presupuesto es algo complejo, sin embargo, con una primera revisión superficial de la información general del presupuesto es posible identificar algunas preocupaciones, alertas o puntos que deberán atenderse, aclararse e incluso modificarse  en el proceso de discusión y aprobación en el Legislativo.

Uno de los primeros elementos a los que debe prestarse atención es el escenario macroeconómico sobre el que se construyó el presupuesto. Actualmente estamos en una de las crisis económicas más grandes de la historia que afectará a todo el mundo, incluido El Salvador. La actividad económica en el país está cayendo, al igual que los niveles de empleo, por más optimistas que queramos ser, el comportamiento de las variables económicas no da indicios de que podamos crecer 5.5 %, en términos nominales, el próximo año, supuesto sobre el que se elaboró el presupuesto. El problema con utilizar un escenario tan optimista es que el desempeño esperado de la economía determina cuántos ingresos se espera que el Estado reciba en concepto de impuestos; entonces, se pueden hacer cuentas alegres de lo que se espera recaudar y en el transcurso de 2021 aparecerán brechas fiscales, porque los ingresos serán insuficientes para cubrir los gastos que se aprueben en el presupuesto. Por lo tanto se deberá revisar y ajustar los supuestos bajo los que se construyó el presupuesto, para que atiendan al contexto macroeconómico en el que estamos.

En cuanto a las proyecciones de ingresos tributarios, es decir, los que provienen del pago de impuestos, que contiene el proyecto de presupuesto, llama la atención que en 2021 se espera recaudar USD 5,316.0 millones, algo que representa más de lo obtenido en 2019 y más de lo que se esperaba recaudar en 2020 previo a la pandemia. Esto está en consonancia con lo que se espera del desempeño de la economía, y por eso mismo también resulta cuestionable. El incremento está concentrado en el IVA, impuesto con el que se espera recaudar USD 327.5 millones adicionales, respecto a lo aprobado en 2020, previo a la pandemia. De acuerdo a declaraciones del ministro de Hacienda, eso será resultado de la reducción contra la evasión; de ser así, en el marco de la discusión del presupuesto, se debería conocer y revisar los planes de lucha contra la evasión para verificar que su alcance es acorde al incremento de la recaudación y, de no ser el caso, deberán realizarse los ajustes pertinentes.

Respecto al gasto público hay por lo menos tres aspectos a los que deberá prestársele atención. Primero, hay un incremento significativo en las inversiones en salud y educación, algo que siempre es buena noticia, pero como seguimos sin contar con un presupuesto por resultados, no conocemos cuáles son los resultados esperados con ese incremento de recursos, por lo que deberá prestársele mucha atención al destino específico de dichos recursos. Segundo, no solo es importante prestarle atención a las instituciones que recibirán más recursos, sino también a aquellas que verán reducidas sus asignaciones. Se debe alertar que en el proyecto de presupuesto presentado se le reducen las asignaciones a entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otras, todas esas entidades son estratégicas tanto para la defensa de derechos humanos, como para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción por lo que los presupuestos públicos deben ir encaminados a buscar fortalecer a instituciones de esta naturaleza. Y, tercero, el servicio de la deuda, pago de amortizaciones e intereses, es una de las partidas más grandes dentro de nuestro presupuesto. Para el próximo año se espera que solo incremente en alrededor de USD 60.0 millones, algo que no es congruente con nuestra situación de endeudamiento. Pareciera que esta partida está subestimada, en especial al considerar que, tan solo por los bonos emitidos en julio de este año, se deberán pagar USD 95.0 millones en intereses en 2021; además, de que se deberá pagar la deuda de corto plazo (Cetes y Letes) que se han estado utilizando durante la pandemia. Es importante que esto se revise para evitar repetir errores del pasado y que compromisos que ya se conocen queden fuera del presupuesto.

En materia de financiamiento, el proyecto de presupuesto plantea que en 2021 necesitaremos USD 1,575.4 millones de deuda, que equivale a 5.9 % del PIB, algo que podría incrementarse si, como se mencionó anteriormente, los ingresos que obtengamos el próximo año sean menores y que no se incluyan todos los gastos en el presupuesto. Los requerimientos deuda nos reafirma la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado salvadoreño de generar sus propios ingresos. Además del monto, preocupa la forma en la que se pretende gestionar esta nueva deuda, ya que alrededor de USD 1,342.2 millones se obtendrían con la emisión de bonos, en lugar de utilizar préstamos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales que nos permitirían tener mejores tasas de interés. Sobre este aspecto, el Ejecutivo deberá explicar cuál es su estrategia para gestionar la deuda y por qué se proponen los instrumentos de deuda más cara.

Los anteriores son solo algunos de los aspectos a los que se debe prestar atención, a medida que se profundice en el análisis del presupuesto habrá más cosas que cuestionar, debatir y proponer. Es un proceso que debemos normalizar y que apenas empieza. Como ciudadanía debemos informarnos y exigir que se abran espacios de participación para opinar y proponer sobre nuestro presupuesto. Además, tenemos el derecho de exigirle a toda la clase política, que demuestren madurez, dejen a un lado sus intereses electorales, y estén a la altura para debatir con argumentos técnicos un presupuesto que no solo debe sentar las bases para que El Salvador empiece a recuperarse de la crisis sanitaria y económica, en la que nos encontramos a causa de la pandemia de la COVID-19, sino también garantizar los derechos y el bienestar de las personas.