Ilustración/Leonel Pacas

Gobierno de Bukele respalda proyecto “Cancún de El Salvador” en la joya ecológica Isla Tasajera

El conflicto entre colonos y dueños privados de la isla Tasajera parece llegar a su fin. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, acordó con la familia Closa el desarrollo de un megaproyecto turístico dentro de la isla a cambio de que los Closa donen un terreno para reubicar a 11 familias que usurpan sus tierras. El presidente de la República, Nayib Bukele, también ofreció una unidad de salud con UCI en la isla, que carece de servicios básicos como agua potable, manejo de aguas negras y recolección desechos sólidos. La comunidad acepta el acceso a la salud, pero rechaza la reubicación para la construcción del proyecto turístico que se ubicará en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida. El MARN no ha hecho el plan de manejo de la reserva, por lo que no hay lineamientos sobre las actividades permitidas y prohibidas en el lugar. Expertos recomiendan conservar los recursos naturales de la isla; entre otras razones, por ser un sitio de importancia para la anidación de cuatro especies de tortugas marinas que están en peligro de extinción.

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Por Carolina Amaya

Por Carolina Amaya

La Isla Tasajera es parte de un humedal de importancia internacional por la visita de aves migratorias, conocido técnicamente como “Sitio Ramsar”. Este lugar, ubicado en el estero de Jaltepeque, La Paz, es un territorio privilegiado por su belleza escénica y abundante biodiversidad, que lo vuelven un tesoro ecológico dentro de la costa salvadoreña y el lugar preferido de las tortugas marinas en peligro de extinción. Históricamente, la isla ha sido deseada y peleada por los colonos que viven en la comunidad San Rafael Tasajera y la familia Closa. Por un lado, los colonos defienden que la isla es su hogar y que no están dispuestos a ser desalojados con todo y su proyecto de turismo mochilero. Por el otro, la familia Closa, que forma parte de la élite económica del país que ha desarrollado hoteles en la playa Costa del Sol, asegura que el terreno que le pertenece debe ser desalojado por los colonos para luego construir un megaproyecto turístico denominado “El Cancún de El Salvador”, que incluye hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales.

La pugna entre colonos y la familia Closa ha llegado hasta los tribunales y en consecuencia han ocurrido inspecciones judiciales e intentos de desalojos, como los ocurridos en septiembre de 2015 y octubre de 2019. Para intentar concluir con el conflicto, la actual ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha negociado que la familia Closa proceda con la construcción del complejo turístico, que incluye hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales; a cambio de que done un terreno para reubicar a 11 familias que están en su propiedad. 

Para entender la importancia ambiental de la isla, el megaproyecto se edificará en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida (ANP) Isla Tasajera, que ha sido abandonada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) desde su nombramiento en mayo de 2018.

La familia Closa tiene historial en desarrollos hoteleros en el departamento de La Paz. Por iniciativa de Antonio Closa Aguilar, un ingeniero industrial también conocido como Tony Closa y padre de Eduardo y Javier Closa Salazar, la familia se hizo de una serie de hoteles en la Costa del Sol. Entre ellos el hotel Tesoro Beach y el Tortuga Village. En 1989, Tony Closa fue parte de la junta directiva del hotel Pacific Paradise, según datos inscritos en el Centro Nacional de Registros (CNR).

GatoEncerrado habló con Eduardo Closa, quien ha llevado a tribunales a los líderes comunitarios de la isla y promovido varios desalojos; también, es uno de los que ha negociado con el gobierno la construcción del “Cancún de El Salvador”.

Eduardo Closa, entre otras cosas, sostuvo que su proyecto en Tasajera es ecológico, porque también quieren “cuidar la naturaleza”. 

“No es un hotel, son varias cosas. Recuerde que ese terreno es grande, ahí van a ir un montón de cosas. O sea, la idea es hacer una cosa bonita, 100 % ecológica”, aseguró el empresario.

Con el proyecto, no solo se materializa la intención de los Closa de hacer una mini ciudad en Tasajera, sino también una de las propuestas de campaña electoral con la que llegó Nayib Bukele al poder: urbanizar la zona costera marina con su megaproyecto “Franja Pacífico”. Consecuente con su promesa, el presidente Bukele dejó en claro, en una conferencia de prensa de septiembre, que prioriza las construcciones por encima de la protección ambiental al no firmar el Acuerdo de Escazú. Durante su gestión, y tal como GatoEncerrado lo ha confirmado, los permisos ambientales se han acelerado para proyectos públicos y privados.

La solución

Con la gestión Bukele en curso, el 7 de octubre de 2019, se viralizaron en redes sociales las imágenes de un desalojo judicial en el que participaron, según los pobladores y publicaciones periodísticas, cerca de 300 agentes policiales; a lo que la ministra Sol reaccionó en Twitter: “Si una jueza los desalojó, nosotros les decimos: ¡no tengan miedo! Vamos a trabajar juntos para que puedan tener sus casas y no sean desalojados, igual que en la comunidad El Espino”, publicó en su cuenta personal. 

La solución fue acordada el mismo mes del desalojo, según consta en el informe del Ministerio de Vivienda presentado en la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa, con fecha del 25 de octubre de 2019. El documento detalla que son 11 familias las que usurpan un terreno privado. La ministra Sol presentó tres acuerdos hechos con los dueños privados, dejando fuera la opinión de los colonos y su proyecto de turismo mochilero.

El primer acuerdo es que las 11 familias pueden mantenerse en el lugar “mientras el propietario del inmueble no realice el desarrollo de su proyecto”; el segundo, es el compromiso de la familia Closa para donar un terreno en el que “de ser necesaria la reubicación de las 11 familias, se hará con soluciones habitacionales adecuadas”; y el tercero, es que el Ministerio de Vivienda asume la responsabilidad de “atender y apoyar en el momento que se considere” las necesidades habitacionales de las 11 familias.

La ministra confirmó a GatoEncerrado que las escrituras no son para todas las familias, sino solo para “las 11 familias que ya tienen años de estar viviendo ahí y que se habló con el dueño de esos terrenos que tienen derecho a tener su escritura”, dijo Sol.

Los Closa han proyectado iniciar su inversión y megaproyecto en 2021, tras la reactivación económica de todo el sector industrial, que estuvo paralizado unos meses por la pandemia de COVID-19.

“Falta bastante todavía. Tenemos que hacer un montón de cosas, especialmente, sacar a toda esa gente y reubicarla. La gente esta (los colonos) no se da cuenta de que uno lo que quiere hacer es llevarle trabajo, porque toda esa gente que está ahí, está súper mal. No tiene trabajo”, dijo Eduardo Closa a esta revista. 

El discurso del empresario coincide con el ofrecimiento que llevó la ministra Sol el pasado 16 de agosto, en una visita oficial que realizó junto al ministro de Salud, Francisco Alabí, y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy. Después de la distribución de alimentos y medicamentos a la comunidad San Rafael Tasajera, la funcionaria tuvo una reunión con representantes de la Adesco (Asociación de Desarrollo Comunal). Ahí, Sol resaltó la entrega de escrituras a las 11 familias censadas y les explicó de forma escueta el plan de reubicación.

“Duerman tranquilos, eso es lo que yo les puedo garantizar: de aquí no se los llevan (...) Ya tenemos el censo y a esos son a los que les vamos a ayudar y quiero que ustedes también me ayuden a mí a que no lo hagan más grande. ¿Para qué, pues? Si lo más que puede pasar es que traigan una inversión aquí y consigamos trabajo. ¿Quién no quiere un buen trabajo? Es lo peor que nos puede pasar y eso es bendición. Entonces, veámosle el lado positivo de lo que pueda venir aquí”, expresó la funcionaria a la comunidad.

En la isla también tiene un terreno Astrid Oyarbide. Ella es una empresaria de transporte público, política ligada al partido PCN y cuñada de Eduardo Closa. El terreno que tiene en la isla, de hecho, se lo compró a Eduardo y, aunque no está de acuerdo con la construcción del megaproyecto turístico, también ha tenido conflictos con las comunidades de Tasajera, ha promovido la captura de líderes comunitarios, ha puesto varias denuncias por daños ambientales ante la Fiscalía General de la República (FGR), y recientemente envió una carta al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que evalúe el estado del área protegida.

Oyarbide, contrario a lo planteado por la ministra y según dijo a GatoEncerrado, es consciente de que el proyecto de Eduardo Closa es inviable porque se ubicará en el área de amortiguamiento; es decir, afectará a todo el ecosistema de duna de la zona. “Las áreas de amortiguamiento son los 10 kilómetros a la redonda del área protegida. En esos 10 kilómetros nos come a nosotros también. Se come a toda la isla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí no se puede construir más”, explicó Oyarbide.

El área protegida a la que se refiere Oyarbide es en realidad 401 hectáreas que en 2013 fueron donadas por el BCIE al Estado salvadoreño.

Modelos opuestos

Tasajera es una isla joven de 21 kilómetros cuadrados que se formó hace 100 años, según registró el autor H.G. Gierloff Emden en su libro “La costa de El Salvador”, publicado en 1959. Varios documentos académicos identifican tres desplazamientos registrados en la historia de la isla: En las décadas de 1940 y 1950 llegaron los primeros migrantes ambientales que huían de los agroquímicos del cultivo de algodón en el Bajo Lempa. En la década de 1980 llegaron a la isla los que huyeron del conflicto armado (1980-1992) y en el 2000 arribaron los desplazados por las pandillas. Actualmente, la Adesco registra a 2,000 residentes que conforman 380 familias.

En un recorrido por la isla con Elmer Funes, líder comunitario que llegó en 1981 desplazado por el conflicto armado, señaló el área que los Saca Silhy quisieron intervenir en 2013. “Aquí termina el muro que pusieron los señores Closa en el 2006. Luego, el señor Gerardo Saca tiró un muro allá, privando la isla. Hemos puesto las denuncias y Medio Ambiente nos ha visitado en diferentes ocasiones, pero yo veo que al poder económico no le paran los trabajos”, criticó el isleño.

La Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Medio Ambiente entregó a esta revista la resolución MARN No. 18912-570-2013, con fecha 13 de junio de 2013; en la que el ministerio, bajo el mando del exministro Rosa Chávez, le ordenó a Gerardo Miguel Saca Silhy, representante legal de la sociedad Inversiones Turísticas Tasajera, S.A. de C.V., hacer un estudio de impacto ambiental para su proyecto Urbanización Hotelera Punta Tortuga Isla Tasajera. La resolución fue en respuesta a una solicitud que hizo Saca Silhy de revisión del formulario ambiental para no elaborar el estudio de impacto. El documento dice textualmente que “el titular no deberá iniciar la ejecución o desarrollo del proyecto sin contar con el correspondiente permiso ambiental”.

GatoEncerrado tuvo acceso a una auditoría de diciembre 2018 y 2019 realizada a Pentágono S.A. de C.V., que es una sociedad de la familia Saca Silhy dedicada al factoraje; es decir, financiamiento a corto plazo a través de ceder cuentas por cobrar, quedan o facturas vigentes, según detalla el sitio web de la empresa.

En el documento de la auditoría aparece Inversiones Turísticas Tasajera, S.A. de C.V., junto a cuatro sociedades más, con una relación de “control común”. Contadores y economistas consultados por esta revista explicaron que estas relaciones se dan cuando hay dueños que son miembros de una misma familia o tienen puestos gerenciales o directivos en común. Y en efecto, publicaciones del Diario Oficial y de la Bolsa de Valores ubican a Gerardo Miguel Saca Silhy como accionista de Pentágono y representante legal de Inversiones Turísticas Tasajera, que se abrevia INTURISTA, S.A de C.V.

En la auditoría, además, aparece que la familia Saca Silhy, a través de la empresa Pentágono, tiene una relación acreedor-deudor con Tony Closa, quien para la fecha de la auditoría les adeudaba $6,000.

En los años 80, Tony Closa tenía más tierra en la Isla Tasajera de la que hoy su familia conserva para el megaproyecto turístico. Tony perdió gran parte de sus tierras tras el trámite de un préstamo, “con ese dinero se creó el Tesoro Beach”, narró la empresaria Oyarbide a esta revista. También, con la expropiación de tierras promovidas por la reforma agraria, la familia Closa perdió tierras que tenía en la playa San Marcelino. “Vaya a ver lo que son esas 1,800 manzanas, la gente pobre vive ahí. Siguen siendo pobres porque nunca les enseñaron a trabajar. ¿Qué hubiera pasado si eso se hubiera desarrollado, si se hubieran hecho edificios, hoteles, casinos, una ciudad, pues. ¿Cómo estuvieran ahora?”, cuestionó Eduardo Closa.

El empresario también dijo que su proyecto en Isla Tasajera es a gran escala y a desarrollarse en un plazo de diez años. Aseguró que sus tierras en la isla no tienen ningún problema para desarrollar el megaproyecto. “No tenemos nada que nos impida hacer un edificio. No queremos hacer edificios grandes; pero tampoco queremos una cosa mochilero, porque el mochilero no paga nada. El mochilero lo que quiere es encontrar un palo en donde poner sus cosas, su tienda de campaña. Eso, ¿qué porvenir le va a traer a la gente de ahí? Nada”, añadió.

El líder comunitario Elmer, sin embargo, criticó la negociación entre los Closa y el gobierno: “el desarrollo que quieren hacer es una cadena hotelera que solo beneficia al poder económico (...) El turismo que ellos quieren desarrollar, con el gobierno apoyando a esta gente (los Closa), a ningún miembro de esta comunidad le estaría beneficiando, porque ellos traen gente extranjera, preparada para ese tipo de hoteles. Y sino, veamos al lado de Los Blancos, la cadena de hoteles que tienen ahí”, sentenció.

Los desalojos fallidos han impedido que los Closa materialicen el “Cancún de El Salvador”, a construirse en un terreno de 120 manzanas con salida a la playa y colindante con el área protegida. “Imagínese, si nosotros hacemos por decirle 3,000 habitaciones, casinos, shopping centers. ¡Ay, que van a venir a destruir! No señores, no estamos destruyendo nada. Estamos construyendo trabajo, creando impuestos. ¿Cuánto impuesto va a percibir el país de lo que nosotros vamos a hacer ahí? ¿Cuánto impuesto va a recolectar la alcaldía de lo que nosotros vamos a construir ahí? ¿A cuánta gente le vamos a dar trabajo ahí?”, cuestionó el empresario.

En El Salvador, en nombre del desarrollo económico se ha dado ventaja a este tipo de proyectos, que no solo obtienen factibilidades y permisos ambientales, sino que también gozan de beneficios fiscales mal diseñados, explicó la economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Lourdes Molina.

La economista advierte que otorgar incentivos a sectores económicos que generan altos impactos ambientales, “refleja la falta de planificación que hay desde el Estado; la falta de visión de desarrollo en la política pública y la falta de una visión integral de ese desarrollo”. Molina agregó que “las políticas públicas no deben ir solo encaminadas a generar crecimiento económico, sino tomar en cuenta el bienestar de la población y no debe permitirse que la moneda de cambio sea el deterioro ambiental”.

Una base de datos del Icefi identifica que los incentivos fiscales en el sector turismo pueden ir dirigidos a empresas que ofrecen alojamiento, alimentación, transporte y arrendamiento de vehículos. Es así como, entre 2006 y 2019, el rubro recibió $130,794,756.96 en beneficios fiscales. Varios de los hoteles con incentivos son de playa, como: el Royal Decameron Salinitas Etapa II, ubicado en Los Cóbanos, Sonsonate, que en 2006 recibió $817,949; o el Cocotera Ecolodge, en la Barra de Santiago, Ahuachapán, que en 2009 obtuvo $100,000; o Cardedeu en el lago de Coatepeque, que en 2019 recibió $298,111. En 2019, con la gestión Bukele en curso, se han otorgado $5.3 millones en incentivos fiscales al turismo.

Aunque en Tasajera, el megaproyecto de la familia Closa sigue en formulación, la ministra Sol ya tiene definido que van a capacitar a los colonos para que trabajen para los Closa. En la zona privada de la isla “va un desarrollo turístico grande de parte de los dueños de ese terreno. Y se va a capacitar a las familias que viven en la isla para que puedan tener trabajos dignos dentro de ese desarrollo”, afirmó la funcionaria.

En el mismo terreno que la familia Closa planea construir su megaproyecto, Leonardo Fuentes, hijo de Elmer, ha puesto un pequeño emprendimiento de turismo mochilero. Ahí ofrece alimentación y hamacas para los turistas locales y extranjeros. Leonardo también es presidente de la Adesco San Rafael Tasajera y es el contacto directo con el gobierno para atender a los ministros y otros funcionarios que han llegado a la isla recientemente. Durante el procedimiento judicial del 7 de octubre de 2019, su rancho terminó con severos daños, por lo que varias personas de la comunidad lo ayudaron a restablecer el lugar. 

“Como líder comunal yo pienso en el desarrollo sostenible, el desarrollo que nosotros mismos podamos generar. Y no estar trabajando esclavizados para una franquicia hotelera; porque los derechos de nosotros están siendo vulnerados, estamos siendo desalojados. Las amenazas de desalojo continúan”, explicó Leonardo.

Para el abogado ambiental de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES), Luis González, el desarrollo no debería de ser un concepto vertical impuesto por el gobierno de turno y los empresarios a las comunidades, el desarrollo debe ser participativo. En esa construcción social, “la gente puede decir: mire, lo que yo quiero es la oportunidad de tener algún tipo de ingreso, pero sin lesionar el ambiente. Eso se puede lograr con visitas guiadas al bosque o con rutas en la lancha, pero no precisamente construyendo un megahotel”, explicó.

Astrid Puentes, abogada especializada en justicia climática y derechos humano, y coordinadora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), calificó de “gravísimo” lo que ocurre en Tasajera, y le recomendó al Ministerio de Medio Ambiente hacer una evaluación ambiental considerando el factor cambio climático. Si eso no se logra, la experta recomienda “hacer una queja ante el Convenio Ramsar y al Convenio de Biodiversidad”, que son dos convenios internacionales firmados por El Salvador, explicó.

El magistrado propietario de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, coincidió con Puentes en que el estudio de impacto ambiental debe incluir la variable de la crisis climática, y agregó que los urbanistas deben hacer una evaluación del entorno, no solo de la zona a intervenir. “Sin este componente nos encontramos con una evaluación de impacto ambiental mal hecha y que tiene repercusiones ambientales”, señaló. 

El Plan de Manejo del Humedal Complejo Jaltepeque 2018-2023 identifica a la isla como ecosistemas de “duna con vegetación de playa” y “manglar”. Según los Lineamientos Ambientales para Proyectos Turísticos y Desarrollo en la Zona Costera Marina, publicados por el MARN en 2013, ambos ecosistemas están clasificados como “ecosistemas de conservación críticos”. 

Actividades permitidas en los ecosistemas de dunas:
Construcción de senderos elevados, sin afectación de las dunas.
Actividades de circulación que permitan atención a emergencias y actividades de interpretación de naturaleza.
Pequeñas obras de infraestructuras desmontables (no permanentes) que no afecten la duna, playa y vegetación de playa, además de no afectar los menesteres de la pesca artesanal.
Conservar los procesos naturales de anidación de tortugas marinas y otras especies residentes y migratorias que utilizan dicho hábitat.
Los desarrollos urbanos, turísticos y proyectos de infraestructura deberán garantizar áreas de amortiguamiento y conservación natural de los paisajes, facilitar el libre acceso a las playas y costa en general; así como permitir visibilidad de posibles eventos extremos, tales como mareas extraordinarias y/o tsunamis.
Se deberán conservar, sin alteraciones, los materiales constituyentes de estos ecosistemas (arena, piedra, madera, entre otros), a fin de evitar su degradación.

El plan de manejo 2016 del Sitio Ramsar Estero de Jaltepeque estableció a Tasajera como una de las áreas críticas por la ocupación ilegal de tierras y las amenazas a los ecosistemas. El plan ubica la isla en la Zona de Uso Especial, cuyos objetivos deberían de ser la “gestión adecuada del área protegida; la mitigación de impactos negativos en los ecosistemas y conservación tortugas marinas”. 

Históricamente, Tasajera ha sido un lugar de importancia para la anidación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción: Golfina (Lepidochelys olivácea), Baule (Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricata) y Prieta (Chelonia agassizi). Funzel tiene su corral de tortugas más importante en Isla Tasajera, según confirmó el biólogo de la oenegé, Mauricio Velásquez.

Partiendo de que ahora no será un desalojo judicial, sino una reubicación liderada por el gobierno; Ariel Quintanilla, sociólogo salvadoreño que cursa su maestría en geografía humana en el Colegio de Michoacán, México, y que desarrolla su tesis “Configuraciones del sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario en el estero de Jaltepeque”, considera que las comunidades San Rafael Tasajera y La Colorada necesitan impulsar el desarrollo sostenible.

El académico explicó a GatoEncerrado que las comunidades están bien organizadas, pese a que carecen de derechos como el acceso a la salud, agua potable y educación. Quintanilla consideró que se tiene que “entender todo el sistema socioecológico que puede verse afectado ante la construcción y el avance de megaproyectos, que solo benefician a un pequeño sector de la población y no a las grandes mayorías. Aquí hay 2,500 personas que están en un tambaleo de no saber cuál será su situación”, añadió.

Según Quintanilla, el Plan de Aprovechamiento Sostenible que se desarrolla en Jaltepeque no solo debe continuar, sino mejorarse, en vez de procurar construir megaproyectos en la zona. “Hay un vivero de tortugas en Tasajera; un proyecto de reforestación en Santa Marta, Tecoluca; un programa de conservación de cangrejos, almejas y peces, mediante la regulación de aprovechamiento; también, una disminución de la tala de mangle. Todo eso ha permitido que la extensión del bosque no disminuya”, añadió.

El biólogo experto en áreas costeras marinas, Néstor Herrera, coincidió con Quintanilla en que se debe mejorar el Plan de Aprovechamiento Sostenible. Para el especialista, lo más inmediato que debería hacer el Ejecutivo es zonificar la isla, reubicar a las familias en una sola franja y decirles las actividades que se permiten y las que se prohíben. 

Herrera recordó que Tasajera está ubicada dentro de un corredor biológico y agregó que “quebrar eso de forma abrupta para poner apartamentos implicaría que los inversionistas van a tener que poner rompeolas para desviar que la arena les inunde su inversión, y ese cambio va generar otro conflicto en otras zonas ahí mismo en la Costa del Sol, generando mayor conflicto social. Son proyectos que hay que pensarlos bien, que hay que diseñarlos ya no de esa manera extractivista, sino de pensar proyectos más en armonía con el medio ambiente”, recomendó el biólogo. 

Una UCI dentro de una Área Natural Protegida

La Isla Tasajera se ubica entre la desembocadura del río Lempa y la bocana El Cordoncillo, a unos 10 minutos de distancia de la playa La Puntilla. Según datos del CNR, tiene una extensión de 699 manzanas, de esas, 524.07 manzanas le pertenecen al Estado y 174.93 manzanas son privadas.

La gestión de Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente, hizo la declaratoria de Área Natural Protegida Isla Tasajera el 2 de mayo de 2018, pero hasta la fecha no hay un plan de manejo específico para la isla; solo existe el plan de manejo del sitio Ramsar Jaltepeque. Así lo confirmó el director ejecutivo de la oenegé Madre Cría, Martín Muñoz, quien dijo a GatoEncerrado que el plan de manejo sigue en “espera de autorización por parte del MARN”.

Según fuentes consultadas por esta revista, el plan de manejo es el instrumento legal que establece la categoría de la área protegida, zonifica el lugar y establece las actividades permitidas y prohibidas. Por lo que, el MARN al solo nombrar un lugar como ANP sin establecer un plan de manejo, o al menos, un plan operativo, lo que hace es dejar el manejo de los recursos naturales a la buena voluntad de los dueños privados y colonos.

El magistrado Lizama explica que el abandono de algunas áreas protegidas genera ilegalidades, “he visto que aquí las áreas protegidas no tienen ni la adecuada señalización que es tan básica. Usted va a estas áreas y no ve ninguna diferencia del área y los terrenos privados que están ahí cerca. Definitivamente, otorgar permisos para actividades, obras o proyectos que incumplen con el régimen de las áreas naturales protegidas les hace carecer de validez legal”.

La falta de un plan de manejo y zonificación es evidente, incluso, en las promesas que hace el presidente Bukele, quien el pasado 27 de agosto, anunció la construcción de un centro de salud con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El mandatario hizo la promesa durante una conferencia de prensa que desarrolló junto al embajador de EE.UU., Ronald Johnson, por la entrega oficial de 158 ventiladores portátiles donados por el gobierno de EE.UU. 

Una UCI requiere de otros servicios como un laboratorio clínico, área de rayos x, área de lavado y secado; de zonas grises, blancas y estériles como un quirófano; también, requiere personal especializado para atender cuidados críticos, explicó a esta revista el doctor Miltón Brizuela, presidente del Colegio Médico. La gremial fue de las primeras en calificar la iniciativa presidencial de político electoral. 

El médico criticó la “sumisión” del ministro de Salud, pues él debería de ser quien oriente al Presidente de la República con proyectos que se apeguen a la realidad local. Según el especialista, en Tasajera probablemente lo que necesitan sea una unidad de salud, que se refuerce al personal de salud y que haya capacidad para estabilizar a un paciente, más no una UCI. De hecho, remarcó que ni siquiera los hospitales de Usulután y Zacatecoluca, los más cercanos a la isla, cuentan con UCI.

“Lo que ha demostrado el Ejecutivo es que esos pormenores no importan si se puede poner una fachada bonita, iluminado bastante bien y que se haga un buen video, que es lo que ha pasado con el Hospital El Salvador”, agregó el doctor Brizuela.

La profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Amparo Marroquín, hace una lectura sobre el uso mediático que hace el Ejecutivo de problemas como los que ocurren en Isla Tasajera. Para ella, el “Ejecutivo ha buscado los lugares más desatendidos para trabajar lo que por ahora es solo una estrategia de comunicación que parecería ser directa, yo hablo al presidente, el presidente me escucha. Yo me siento por fin escuchado y atendido cuando nunca antes ha sucedido. Por ahora, todo se reduce a lo que en lingüística se conoce como un "acto de habla", que puede o no llegar a hacerse realidad”, explicó la catedrática.

Por su parte, Herrera reconoce que el ofrecimiento de la UCI “es loable”, aunque no está basado en ciencia. “Tasajera con todo lo malo que está, no está tan mal; yo pienso en la gente de La Pirraya que está mucho peor, o la gente de la isla de Meanguera o la isla Conchaguita, de pronto el presidente va a tener que poner UCI en todas las islas”, criticó el biólogo. 

Independientemente, de las lecturas sobre el ofrecimiento hay algo muy claro: la UCI se construirá en un área natural protegida. Y en este año, después del intento de desalojo han desfilado una serie de funcionarios públicos en búsqueda de soluciones para la población de Tasajera, menos el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

Para el biólogo Herrera, el ministro López tiene grandes vacíos de experiencia en gobernanza ambiental, pero tiene una ventaja que no ha tenido ningún otro ministro: su mano derecha es el ecologista, Alex Hasbún, quien es buzo y conocedor de la zona costera marina. 

“Probablemente, el ministro López apruebe uno de estos planes dentro de dos o tres años, que ya esté más ubicado y se dé cuenta que ese plan de manejo no representa un peligro o una amenaza para la política del presidente Bukele y lo apruebe; pero hoy por hoy, todo tiene que pasar por la visión de ellos (ministro y viceministro) y ellos están bien ocupados con otro montón de cosas, qué sé yo, la Record, por ejemplo”, señaló el biólogo.

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