Por Gabriela Villarroel

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró ante diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que es “materialmente imposible” presentar un proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2021 con un plan para reactivar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), normativa que se suspendió durante el estado de emergencia, finalizado el 29 de mayo. Según Zelaya, no está obligado a cumplir la ley porque El Salvador continúa en “emergencia sanitaria”, evadiendo su obligación de entregar un plan para estabilizar la deuda pública y una declaración jurada para certificar que las cifras presentadas en el presupuesto 2021 son reales.

“Es materialmente imposible presentar una nueva ley (de reglas fiscales). El mismo decreto 607 dice que nosotros tenemos 90 días para presentar el plan de regularización o el plan para volver a la regla fiscal, no la regla fiscal como tal; pues esta es una ley que exige amplia discusión no solo en el país, sino con los entes externos”, dijo Zelaya a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que le exigen al menos tres documentos: una declaración jurada, el marco fiscal de mediano y largo plazo, y un plan para reducir la deuda pública.

La afirmación del ministro Zelaya, en respuesta a las peticiones de la Asamblea Legislativa, encaja en la definición de Falsa, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato hace verificaciones del discurso público de los funcionarios. 

¿Por qué es falso el argumento del ministro?

El 26 de marzo, junto a la aprobación de la emisión de deuda por $2 mil millones para que el gobierno de Nayib Bukele enfrentara la pandemia por la COVID-19, la Asamblea aprobó el decreto legislativo 607, que suspendió temporalmente la aplicación de los parámetros y metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que el gobierno sobrepasara los límites de endeudamiento.

La Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca dar sostenibilidad a las finanzas públicas, establece límites para el endeudamiento público y metas que debe lograr El Salvador en materia fiscal en un plazo de diez años, para garantizar una mayor inversión pública en áreas sociales en el futuro. Esta normativa fue aprobada en 2016 como parte de las negociaciones entre el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y Arena para la aprobación de $550 millones de deuda para pagar Fodes, remuneraciones y proveedores, pero con el fin de ir reduciendo el déficit fiscal y la deuda pública.

En el decreto legislativo 607, los diputados dejaron establecido que la aplicación de la Ley de Responsabilidad y “la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha ley”, estarían suspendidas temporalmente y mientras duraran los efectos de la emergencia nacional por la pandemia.

En el mismo decreto se añadió que, en un plazo no mayor a 90 días, contado a partir de un día después de la culminación de los efectos del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, el Ministerio de Hacienda elaboraría un plan de regularización que permitiera retomar el proceso de consolidación y sostenibilidad fiscal, en coherencia con el marco fiscal de mediano y largo plazo y que debería ser actualizado conforme a las condiciones sociales y económicas que se terminen, una vez que el país se recupere de los impactos de la pandemia. 

El decreto de estado de emergencia nacional de la pandemia finalizó el 29 de mayo; por tanto, los 90 días que tenía el ministro de Hacienda terminaron el 27 de agosto. Sin embargo, el ministro alegó que El Salvador todavía está enfrentando una emergencia sanitaria y que eso lo exime de cumplir las reglas fiscales. Aunque, el estado de emergencia ya no cuenta con un marco legal.

José Marinero, abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas, explicó a GatoEncerrado que la suspensión hace referencia al decreto 593 de estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, que estuvo vigente hasta el 29 de mayo de este año y que fue declarado inconstitucional.

El abogado advirtió que la interpretación de Zelaya “es incorrecta y falsa”, pues solo hay dos maneras de suspender la Ley de Responsabilidad Fiscal: por un régimen de Excepción aprobado por la Asamblea Legislativa —según el artículo 24 de la misma ley—; o a través de una ley transitoria, como el decreto 607 que “se apega a un estado de Emergencia no como un concepto abstracto, sino a través de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres”. 

“Esto es un sofisma, porque la emergencia, como pandemia y como fenómeno sanitario, sigue presente y nadie lo puede negar. La ley, sin embargo, no se refiere a una pandemia o una emergencia según como parezca o sea conveniente al funcionario; sino a un estado de Emergencia, declarado por la Asamblea Legislativa en todo sentido jurídico”, explicó Marinero. 

En su artículo 24, la regla fiscal establece que “cuando se encuentre vigente el estado de emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 de la Constitución de la República, se podrá suspender temporalmente la aplicación de las metas fiscales”.

Este mismo artículo establece que el ministro de Hacienda “debe elaborar un plan de regularización que permita retomar la trayectoria de sostenibilidad, expresada en el marco fiscal de mediano y largo plazo, en un plazo razonable”. Aunque la Asamblea le dio 90 días para presentarlo, Zelaya no llevó ni el plan de regularización, ni el marco fiscal. 

“¿Ustedes realmente creen que ellos tienen base legal para exigirme esa declaración jurada? Y yo no es que no la quiera aportar, ya se los dije: tienen la declaración de prensa, porque ellos lo que quieren es certificar el expediente y mandarlo a la Fiscalía”, respondió Zelaya el 19 de octubre, a periodistas que lo cuestionaron por la entrega de documentos.

La economista y exviceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía, Merlin Barrera, aseguró que “el decir que no está obligado ni siquiera a presentar el marco fiscal de mediano y largo plazo, junto al plan de regularización de la deuda, es una mentira”.

“Cuando el decreto 607 dice que se suspenda la aplicación, claramente menciona que es en relación a las metas que establece el plan de mediano plazo que el Gobierno presenta con el presupuesto y que garantiza el equilibrio fiscal. Se exime al ministro de Hacienda no de cualquier cosa, sino que reconoce que al existir una emergencia nacional, y puede ser porque las tasas de crecimiento bajan, el ministro ya no tendría una camisa de fuerza del equilibrio fiscal”, explicó Barrera. 

La Ley de Responsabilidad Fiscal establece en su artículo 28 que, en caso de incumplir las obligaciones establecidas en los artículos 2,7,8 y 10 de la normativa, “el ministro de Hacienda podrá ser interpelado por la Asamblea Legislativa, y si da lugar, propiciar una recomendación al Presidente de la República para que proceda a la destitución del funcionario”.

A juicio de Marinero, el incumplimiento de los principios de transparencia, del presupuesto a mediano plazo (enmarcado en el escenario macroeconómico), da lugar a una interpelación contra Zelaya; sin embargo, los grupos parlamentarios no han promovido la iniciativa, y tampoco alcanzaron acuerdos para interpelarlo por no llegar a la Comisión Especial que estudia la colocación de bonos durante la pandemia.

Asamblea cuestionó a Zelaya

El pasado 19 de octubre, durante la primera sesión de la Comisión de Hacienda para discutir el presupuesto de 2021, los diputados cuestionaron a Zelaya por el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el nuevo plan de gastos. Legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) coincidieron en que el proyecto del presupuesto estaba “incompleto” sin los documentos que exige la regla fiscal.

Donato Vaquerano, diputado de Arena, fue el primero en preguntar al ministro de Hacienda por qué no presentó una declaración jurada de veracidad e inclusión completa de todos los gastos del presupuesto. El jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, señaló que sin este documento “no tenemos una base cierta para confirmar que las cifras que están referidas en el presupuesto son estimaciones ciertas”, por lo que declaró como “no recibido” el anteproyecto de presupuesto.

La legisladora de Arena Margarita Escobar también increpó a Zelaya para efectos de grabación. “¿Usted da fe y se hace responsable de que no hay gastos omitidos en el presupuesto 2021 como sucedió en el tema de Fomilenio II en el presupuesto 2020? ¿Da usted fe y se hace responsable de que los datos de ingresos y egresos de este presupuesto son correctos y no maquillan absolutamente nada? ¿Da usted fe y se hace responsable de los escenarios macroeconómicos del presupuesto, los ingresos que usted calcula y los escenarios macro fiscales de mediano y largo plazo se ajustan a la realidad del país?”, cuestionó.

Zelaya, sin embargo, le pidió “respeto” y la acusó de atacarlo. “Así se está presentando, diputada, y doy fe que no se ha omitido ningún gasto. Con esta declaración ya pueden certificar a la Fiscalía General de la República si hay alguna variación, porque ese es el juego”, contestó.

El ministro también se justificó diciendo que hay una declaratoria de emergencia en el decreto legislativo 661, que entró en vigencia después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional esta ley, y ordenó al presidente de la República, Nayib Bukele, su publicación en el Diario Oficial. 

La declaratoria en la “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia de COVID-19, atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, sin embargo, perdió vigencia el 7 de septiembre. “Es una ley muerta”, le respondió Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena.

“El decreto 607, si ustedes quieren que nos apeguemos a ese, exige un plan de regularización, pues. O sea, él dice (Reyes) que en mayo terminó la emergencia por COVID-19 (…) Para el diputado, la emergencia terminó en mayo, y eso para constancia de nuestro personal de primera línea que sigue luchando por la vida de los salvadoreños”, contestó Zelaya.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, aseguró que la pausa decretada en esa ley es en relación a la declaratoria del estado de Emergencia, “no a la percepción que pueda tener más o menos una persona respecto a si concluyó o no concluyó el estado de la situación sanitaria o la pandemia”.

“Si quiere interpretarse hoy que la ley de responsabilidad fiscal no está vigente, hay una equivocación muy grande, y pretender que por eso no va a presentar la declaración jurada es problemático, porque está considerado en la Constitución”, agregó.

El ministro calificó la insistencia de los diputados como un juego político y afirmó que “la declaración jurada es lo mismo a que yo lo esté diciendo ahora, frente a las cámaras, son hechos públicos y notorios que hacen prueba en un proceso judicial”.

Según Zelaya, “lo que ellos quieren hacer es decir, por ejemplo, que el 6 % que corresponde a la Corte Suprema de Justicia no está incorporado de acuerdo a los ingresos corrientes porque yo mentí en la declaración, y por eso me tiene que meter preso el fiscal”. El presupuesto, tal como reveló, no incluye los $340 millones que corresponden a la CSJ, solo $290 millones.

Un mensaje de incertidumbre

La ausencia de un marco fiscal de mediano plazo, que abarca una proyección de los ingresos y gastos en los próximos 10 años y el horizonte de cómo se moverán las metas fiscales, provoca un mensaje de incertidumbre a inversionistas, organismos multilaterales y calificadoras de riesgo, según los expertos consultados por GatoEncerrado.

“La actitud de un ministro, funcionario elegido por el presidente, sin dar cuentas ni cumplir ante los diputados, irrespeto a las obligaciones que de ley debe cumplir, es una pésima señal para los organismos internacional que otorgan crédito, calificadoras, inversionistas que compran nuestros bonos y cualquier inversionista interesado en invertir en el país”, consideró la exviceministra de Economía. 

El Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), elaborado por la financiera estadounidense J.P. Morgan, revela que la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la creciente deuda del país, mantiene el riesgo soberano de El Salvador como el más alto de Centroamérica.

El EMBI calcula el rendimiento que debe pagar un bono de un país emergente frente al estadounidense, que es considerado como “libre de riesgo”, y es el principal indicador que toman en cuenta los inversionistas al momento de adquirir deuda. 

Este riesgo provocó que el cupón de la última emisión de $1,000 millones de bonos, en julio, pagara una cifra récord del 9.5 % de interés. Materialmente, esto significa que el país deberá pagar $95 millones anuales por 32 años —el período de vencimiento de la deuda—, y en 2052 tendrá que pagar $1,000 millones más.

“Si tengo una proyección de gastos debo decir. La ley se creó para disminuir el déficit fiscal, y si seguirá aumentando, queda claro que no se quiere cumplir, y nadie quiere venir a un país donde el ministro de Hacienda viola la ley”, añadió Barrera.

El encarecimiento de los bonos, aunque parece abstracto en el corto plazo, tiene consecuencias directas en el desarrollo, advirtió. “Al no tener recursos propios y una actividad económica contraída, será más difícil recuperarnos, y a la larga, nos quedaremos con menos financiamiento para educación, salud y programas que benefician a la población”.