Bitácora judicial

Juez envía a prisión provisional a empleados de Salud acusados de asesinar a militantes del FMLN

Documentación del caso presentada por Fiscalía. Foto/Emerson Flores

Por Karen Moreno

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El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de tres empleados del Ministerio de Salud, acusados de asesinar a dos militantes del FMLN y lesionar a otros tres activistas el pasado 31 de enero, son indicios suficientes para que el caso pase a la fase judicial de instrucción y que los imputados permanezcan en prisión provisional mientras continúan las investigaciones y las diligencias judiciales. 

Los tres fueron acusados de cometer homicidio agravado en contra de Juan De Dios Tejada y Gloria Rogel del Cid, e intento de homicidio agravado en contra de otros tres activistas políticos que venían de actividad de la campaña electoral.

La investigación preliminar de la Fiscalía reveló que luego del ataque, ocurrido entre la 11 avenida norte y 1 calle poniente de San Salvador, dos de los acusados fueron a refugiarse en las instalaciones del Ministerio de Salud y otro fue trasladado al hospital Médico Quirúrgico tras resultar herido en el tiroteo. 

El herido, y quien aún se encuentra en el hospital con custodia policial, fue identificado como Diego Francisco Alvarado Peña, quien es el jefe de seguridad del Ministerio de Salud. Los que fueron capturados en las instalaciones de Salud han sido identificados como Héctor de Jesús Castaneda, motorista del ministerio; y Roberto Carlos Coto de Paz, quien es vigilante privado de esa institución.

Durante la audiencia inicial, el juzgado pidió a la Fiscalía que investigue cómo es que el acusado Diego Alvarado Peña resultó lesionado. Esto con el fin de que se esclarezca el incidente y si es necesario que se abra un nuevo proceso judicial en contra de quien le disparó.

Alejandro Portillo, abogado defensor de uno de los imputados, manifestó que la evidencia presentada por la Fiscalía no es contundente para determinar quién ocasionó el hecho. “En el video se ve que las personas bajan. No sabemos lo que ocurrió después. En derecho no podemos presumir qué fue lo que pasó. Tiene que haber evidencia concreta”, insistió Portillo a preguntas de GatoEncerrado.

Pruebas

La fiscal del caso evitó dar detalles sobre las pruebas que tiene sobre el caso. Sobre lo único que sí ofreció detalles es sobre la prueba balística que apunta a que el tirador fue Diego Alvarado Peña.

“Esa prueba balística es coincidente. Es concordante con casquillos encontrados en la escena del delito y es concordante también con los proyectiles recolectados en los cadáveres”, dijo la fiscal. 

GatoEncerrado platicó con una de las militantes que iba a bordo del pick up que fue atacado. Según su versión, no hubo un enfrentamiento, sino un ataque directo y por eso aún no comprende cómo es que uno de los atacantes resultó herido en el tiroteo.

El abogado Portillo, sin embargo, insiste en que se trató de un enfrentamiento armado, debido a que los implicados tenían “ánimos caldeados”, por el evento deportivo en el que se encontraban momentos antes del crimen. Afirmó que, a diferencia de Diego Alvarado Peña, los otros dos imputados son inocentes y que principalmente su cliente no asesinó a nadie, porque “al momento que sale del vehículo, tenía un arma pero nunca disparó. Su participación nada más fue a manera de amenaza”. Aunque aceptó que esto también es delito, dijo que no está de acuerdo con la acusación de homicidio agravado y en grado de tentativa, porque según su versión no mató, ni hirió a nadie.

Agregó que en los videos se puede captar que el imputado saca el arma, pero no que dispara. “A parte de eso, al momento en el que se realiza el hecho, se encontraron 13 vainas de bala. De estas 13 vainas, 12 corresponden a una persona, pero la otra no sabemos a quién corresponde”. Afirmó que en el lado izquierdo de la escena, donde se encontraba su cliente, no se encontró ninguna vaina. 

El abogado también aseguró que es pagado por la familia del imputado y no por medio de recursos del Estado. 

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