Bitácora ambiental

Comunidades indígenas exponen las amenazas que supone la construcción de una octava hidroeléctrica en Sensunapán

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Por Oscar González

Juez de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, durante la inspección en Nahuizalco. Foto/Oscar González

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Los magistrados de la Cámara Ambiental de Primera Instancia de San Salvador, Cesia Romero y Samuel Lizama, visitaron el pasado jueves 4 de marzo diferentes zonas aledañas al río Sensunapán para realizar una inspección con relación al proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, que busca construir la sociedad Sensunapán S.A. de C.V. para generar “energías limpias”.

Las comunidades indígenas de Nahuizalco expusieron a los magistrados que la construcción de la represa afectará a 30,000 habitantes de cuatro comunidades de forma directa: Sisimitepet y Pushtan del municipio de Nahuizalco; Loma del Muerto de Sonsonate; y El Almendro de Sonzacate.

“Es una amenaza para la vida, desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, un atentado para la creación. Para nuestro abuelo río Sensunapán sería la muerte”, dijo Sofía Morán, habitante de Sisimitepet e integrante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco.

Morán agregó que es un lugar sagrado. “Tiene una gran riqueza histórica que, lamentablemente, no ha sido reconocida. No solamente el río sino todo el territorio. Hay fosas comunes donde se encuentran restos de nuestros abuelos que fueron asesinados en (la masacre de) 1932”.

Durante el recorrido, los magistrados visitaron un punto conocido como Sital (que significa “estrella”), en el cual se encuentra un altar de piedra, ya que es un sitio en el que se realizan ceremonias en fechas como el 3 de mayo, y para los solsticios y equinoccios que ocurren dos veces al año cada uno. Pedro Antonio Pérez realizó un ritual y explicó que la represa no solo los afectaría a ellos como comunidades, sino a todos los seres vivos. “Todos vivimos del común”, afirmó.

Además de la Cámara Ambiental, asistieron a la inspección representantes del Ministerio de Cultura (Micultura), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Gustavo Pineda, de la Dirección de Multiculturalidad del Ministerio de Cultura, expresó que “el agua está ligada a la espiritualidad mesoamericana”. 

La visita de los magistrados de la Cámara Ambiental finalizó con la firma de un acta por parte de representantes de las comunidades y de las entidades presentes, con el fin de producir un informe técnico.

El 11 de enero pasado, el Tribunal Ambiental de Santa Ana ordenó archivar el expediente que estaba abierto tras un aviso de denuncia presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), desde el 26 de junio de 2020 en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Cultura, por considerar que el proyecto vulnera los derechos culturales y de participación ciudadana en la gestión ambiental de los pueblos indígenas de Nahuizalco. 

El 21 de enero, sin embargo, Fespad interpuso un recurso de apelación y, el 10 de febrero, la Cámara Ambiental de San Salvador declaró nula la resolución de la jueza ambiental de Santa Ana y determinó que no tiene competencia para conocer el proceso contra el MARN y Micultura.

El proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II sería, de construirse, la octava represa hidroeléctrica en la zona.