Por Karen Moreno

Organizaciones civiles exigieron a la Asamblea Legislativa, este 7 de abril, que apruebe su propuesta de Ley Especial para la facilitación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), antes de que termine la actual legislatura, el 30 de abril. En síntesis, las organizaciones buscan que la Cicíes tenga facultades para investigar la corrupción y combatirla al participar como querellante en los procesos judiciales. Minutos después de la declaración pública de las organizaciones, el presidente Nayib Bukele aseguró, en su cuenta de Twitter, que aprobar ese anteproyecto de ley “sería lo peor que pudiéramos hacer”. 

El objetivo de la propuesta, según explicaron los representantes de las organizaciones, es dotar a la Cicíes “de las condiciones y facilidades para desarrollar su mandato establecido en el Acuerdo Marco”, celebrado entre el Gobierno de El Salvador y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 6 de septiembre de 2019. En su artículo 2, el anteproyecto propone que las instituciones y personas naturales y jurídicas y del sector de la banca “deberán colaborar con la Cicíes en el desarrollo de su mandato”. El artículo 5 establece que se reconoce a la Cicíes como una instancia con autonomía financiera y operacional, establecida para la “investigación, persecución y sanción de los actos y delitos de corrupción”.

A pesar del rechazo del presidente, la iniciativa de ley que las organizaciones presentaron a la Asamblea está en concordancia con la promesa de campaña de Bukele. Cuando era candidato presidencial, prometió la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción con los atributos de imparcialidad y con la capacidad de profundizar en las investigaciones. El 31 de agosto de 2018 aseguró que “prometer que las cosas van a cambiar con el mismo sistema sería una mentira más. Ya los últimos 6 presidentes lo hicieron y todos, sin excepción, fallaron”. 

El 6 de septiembre de 2019, el presidente Bukele dijo que “la Cicíes va a combatir la corrupción” y agregó que tiene “un marco de acción de este tamaño (grande)”. Pero la realidad es que carece de una normativa que le permita tener atribuciones legales para investigar la corrupción.

Para garantizar que la Cicíes pueda cumplir con su misión, la sociedad civil también ha propuesto reformas al Código Procesal Penal, en sus artículos 17, 29 y 107, con el fin de que la Comisión actúe como querellante; es decir, darle facultades de autonomía jurídica para representar los casos en los procesos penales, según explicó a GatoEncerrado Sonia Rubio, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), y según constató esta revista al revisar los dos documentos que la sociedad civil presentó a la Asamblea.

El argumento de Bukele para rechazar la iniciativa de ley y reformas, que otorgaría facultades a la Cicíes, fue “los logos de las organizaciones” que han hecho las propuestas y el hecho de que GatoEncerrado y medios de comunicación independientes estén informando sobre esta exigencia de las organizaciones.