Allanamientos en el Minsal. Foto/Carmen V. Escobar

Salud, Agricultura y Turismo incumplen obligación de entregar información sobre gastos en pandemia

Los ministerios de Salud, Agricultura y Turismo son las entidades que siguen sin responder a las solicitudes de información del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE). Dicha entidad fue creada a través de un decreto de la Asamblea Legislativa y avalado por el presidente de la República, Nayib Bukele, para supervisar la transparencia del uso de $2,000 millones asignados para afrontar la pandemia.

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Por Xenia Oliva

Por Xenia Oliva

El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) tuvo que enviar dictámenes a la Corte de Cuentas (CCR) de la República y a la Fiscalía General de la República (FGR) después de que los ministerios de Salud, Agricultura y Turismo se negaron a entregar información relacionada al uso de fondos públicos asignados para la atención de la pandemia. Al negar el acceso a la información al comité, los funcionarios al frente de los tres ministerios podrían haber incurrido en faltas de carácter patrimonial y penal.

El coordinador del comité, Wilson Sandoval, explicó a GatoEncerrado que solicitaron a las instituciones información relacionada a las licitaciones, adjudicaciones, contrataciones, ingresos y egresos de los ministerios. Todos los datos están relacionados a fondos y compras efectuadas en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Los ministerios no respondieron a ninguna de las solicitudes. Salud y Agricultura ignoraron las peticiones del comité, mientras que Agricultura envió una respuesta en la que pedía que el comité justificara su existencia legal.

Sandoval señaló que en el decreto 674, emitido por la Asamblea Legislativa el 22 de junio de 2020 y sancionado por el presidente de la República, Nayib Bukele, el artículo 14, literal C, indicaba que “todos los funcionarios públicos relacionados con el Fondo deben entregar toda información que el Comité requiera, sin reserva”. Además, que los requerimientos de información son de cumplimiento obligatorio y deben ser atendidos en un plazo máximo de diez días hábiles.

“Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con el decreto legislativo 674 y 608, la información es de carácter irrestricto para el comité de veeduría, es decir que no se le puede negar la ejecución de los fondos usados para enfrentar la pandemia”, detalló Sandoval.

Sandoval agregó que el comité no busca hacer “una cacería de brujas” de las entidades que no entregan la información, sino que solo quieren cumplir la misión con la que se creó el comité de vigilar cómo se están ejecutando los fondos.

“Que la información que se obtenga se comparta con los ciudadanos y ciudadanas, para que estén informados de cómo su dinero se está utilizando frente a la pandemia. Es dinero que viene de los impuestos, como la renta y el IVA, que proviene de créditos que quizá no vamos a pagar nosotros, pero sí nuestros hijos y nietos, así como dinero de donantes de la cooperación internacional”, agregó Sandoval.

Añadió que la información solicitada sobre las adjudicaciones debería ser pública de oficio y que debería poder encontrarse en los portales web de los distintos ministerios.

Por ello, Sandoval cuestionó el hecho de que toda esta información, como las adjudicaciones y contrataciones, haya sido declarada en reserva por el ministerio de Salud, incluyendo otro tipo de datos como el Plan Nacional de Vacunación.

“Esta información es importante que la ciudadanía la conozca, primero porque es su derecho, y segundo porque le permite tomar decisiones inteligentes”.

Sandoval consideró que si la ciudadanía conociera a profundidad en qué consiste el plan de vacunación, las aglomeraciones que se vieron esta semana en los puntos de encuentro para la vacunación podrían haberse evitado. “Pero, ¿qué es lo que sucede? La ciudadanía a cuenta gotas recibe información pública y a punta de tuits”.

Ricardo Castaneda, el otro coordinador del Comité de Veeduría, explicó a esta revista que todas las solicitudes de información las han realizado directamente a los ministros, al ser los encargados de las entidades. Al no brindar la información, Castaneda señaló que estarían violando la ley, así como el acceso a información pública de la ciudadanía.

“El comité no puede devolverle a la ciudadanía la forma en cómo se han estado gastando los recursos”, dijo Castaneda.

Sandoval reconoció que no todas las entidades han adoptado esta misma actitud. El comité ha solicitado información similar a entidades como el ministerio de Hacienda, Economía y Obras Públicas. Destacaron que esta última institución compartió información complementaria de forma voluntaria con el comité.

“La pregunta es por qué estos ministerios no siguieron los mismos pasos de los titulares de Obras Públicas y Hacienda. Por qué esta diferenciación, si al final todos estos lugares están bajo el mando del presidente Bukele, pero pareciera que unos están más dispuestos a rendir información pública que otros”, dijo Sandoval.

Tanto Salud como Agricultura han destacado como las entidades que más han sido señaladas por realizar procesos de contratación de forma inadecuada, dando pie a posibles casos de corrupción. En noviembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las instalaciones del Ministerio de Salud para capturar información ante las denuncias de posibles irregularidades cometidas por el gobierno para la adquisición de insumos ante la pandemia por la COVID-19. En julio del año pasado, GatoEncerrado publicó una investigación en la que reveló que el ministro de Salud, Francisco Alabí, había adjudicado la compra de $225 mil en botas a una empresa familiar. Además, el Ministerio de Turismo contrató una casa del primo del ministro Alabí para usarla como centro de contención. 

“Resulta preocupante que estos ministerios son los que les están negando información al comité de veeduría. Creo que es un mensaje negativo y que refuerza que estos ministerios no están dispuestos a rendir cuentas y a transparentar cómo están tomando decisiones y cómo están administrando los recursos públicos, es un mensaje negativo”, dijo Sandoval.

Tanto Castaneda como Sandoval dijeron que esperan que el nuevo ministro de Agricultura, David Josué Martínez, estuviera abierto a cooperar con el comité, no como el exministro Pablo Anliker.

“El presidente (Nayib Bukele) fue quien aprobó la creación del comité. Significa que los ministros deberían cumplir con lo que el presidente ha encomendado hacer”, apuntó Sandoval.

Castaneda hizo un llamado a que los actuales titulares de ministerios reflexionen sobre la importancia de la información a disposición de la ciudadanía. También espera que, ahora que el presidente Bukele tiene los dictámenes del comité en sus manos, tome cartas en el asunto.

Además, quedarán pendientes las acciones que podrían tomar la Corte de Cuentas y la Fiscalía. Castaneda señaló que los funcionarios podrían haber incurrido en faltas de carácter patrimonial y penal. Sandoval reiteró que es importante que la población comprenda que la labor del comité no es de ser un obstáculo al trabajo del Ejecutivo, sino de transparentar.

“Queremos ser un ente que respalde el tema de la transparencia, respalde la rendición de cuentas y que articule aquella información que está en poder del Estado para que pueda fluir y pueda ser conocida por la ciudadanía. Buscar y recibir información pública es un derecho humano”.

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