Xenia Oliva

En la segunda sesión plenaria del 5 de mayo, 63 diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron una ley que deja en la impunidad cualquier caso de corrupción que haya cometido el gabinete de salud en la pandemia, evade los procesos de compras establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y transgrede derechos de acceso a la salud y justicia de los pacientes.

En noviembre del 2020, el ex fiscal Raúl Melara informó que estaba investigando 17 casos de presunta corrupción por contratos y compras irregulares realizadas por el gobierno de Nayib Bukele en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19. En ese momento, el ministerio público también denunció que el gobierno había obstaculizado la investigación durante el allanamiento al Ministerio de Salud.

Sin previo debate en comisión y  bajo el argumento de acelerar la compra de productos médicos para atender la emergencia por la Covid-19,  los partidos del oficialismo aprobaron con dispensa de trámite la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia Covid-19”.

Aunque los diputados argumentaron que era una herramienta necesaria para prevenir más muertes por el virus, expertos en el área de leyes y transparencia advirtieron que la nueva ley se puede convertir en un cheque en blanco para la corrupción y deja en vulnerabilidad a los salvadoreños que podrían tener efectos adversos por medicamentos adquiridos. 

“Lo que estamos observando es un golpe letal a la transparencia. Por ley se quiere legalizar una amnistía que permitiría que quede en impunidad cualquier caso de corrupción que se haya cometido en la pandemia”, advirtió Ricardo Castaneda, economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). 

La nueva ley otorga impunidad a funcionarios y empresas por posibles efectos colaterales de los nuevos productos adquiridos.

Pero, según el ministro Francisco Alabí, son cláusulas de exoneración solicitadas por las farmacéuticas en el marco de la estrategia de vacunación. “Las farmacéuticas siguen exigiendo tener ese respaldo de que ante una situación cuenta con el sustento necesario para salir adelante. Esto lo tienen todos los convenios”, alegó en una entrevista de televisión. 

Para Manuel Escalante, doctor en Derecho Constitucional y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la ley transgrede tres componentes importantes: derechos de los pacientes, combate a la corrupción y, al ser una ley de orden público, genera un efecto de retroactividad. 

“Es una amnistía para las malas praxis, para productos averiados, pero también impide el acceso a la justicia, es también una ley pro impunidad”, expuso Escalante. 

Previo a la plenaria del miércoles, no se conocía nada sobre esta propuesta de ley. El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, quien fungió como jefe de comunicaciones de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) durante las gestiones del FMLN y luego como jefe de comunicaciones del Ministerio de Salud al inicio de la actual gestión, solicitó la modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia. Dicha pieza contenía “iniciativas del presidente Bukele a través del Ministro de Salud, Francisco Alabí”. 

En la presentación del decreto se indicó que tiene el objeto de “habilitar mecanismos expeditos y eficaces para la adquisición de medicamentos para precaver o contrarrestar los efectos del Covid-19”. Esto ante una “posible escasez” si incrementa la demanda mundial. 

En la ley se habla de accesos a medicamentos y vacunas; sin embargo, esto contrasta con el hecho de que El Salvador ha sido uno de los países que ha votado en contra de que se liberen las patentes de las vacunas, permitiendo que pocos laboratorios controlen la producción de las vacunas contra Covid-19. 

¿Qué dice la ley?

En el primer artículo dice que la ley establecerá el régimen legal de las responsabilidades extracontractuales de “las personas y entidades que operan en el sector de la salud en el contexto de situaciones excepcionales de salud pública que han surgido a raíz de la pandemia Covid-19 y que den como resultado daños o lesiones significativas a los residentes en El Salvador o el riesgo de que se causen estos”. 

Además se declara a la pandemia como una “materia de orden público”; lo que permite que la ley se aplique de forma retroactiva y que ya no pueda perseguir hechos de corrupción ocurridos meses atrás durante el manejo inicial de la pandemia. 

Los tratamientos médicos de los que habla la ley incluyen las vacunas, antivirales y otros dispositivos, tanto para el tratamiento, cura o prevención del virus. Esto implica la compra y uso de medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina, cuyo uso ha sido desaconsejado en diversas ocasiones por especialistas tanto en el país como en el mundo. 

En mayo de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que habían adquirido $575,000 en lotes de hidroxicloroquina. Pese a los riesgos de complicaciones cardíacas se llegó a conocer que el medicamento fue entregado como un “preventivo” a personas que estuvieron en centros de contención. 

La ivermectina es un antiparasitario que aún se incluye en los paquetes de medicamentos que el Ministerio de Salud entrega a los pacientes positivos o con sospecha de Covid, pese a los cuestionamientos de la comunidad médica internacional sobre los posibles daños al hígado. No se conoce a cuánto asciende la inversión en este medicamento. 

El polémico artículo 4

El artículo 4 de la nueva ley fue uno de los que generó mayor preocupación entre los diputados de la oposición y abogados consultados. El artículo 4 otorga completa inmunidad a un grupo de personas y entidades, incluyendo farmacéuticas internacionales, para que no puedan ser demandadas o denunciadas de forma judicial o administrativa. 

“Estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia Covid-19”,  dice el artículo 4 de la ley.  

En este grupo están trabajadores del área de salud que usen el producto comprado para tratamientos médicos. 

“El fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero”, añadió la ley. 

Esta inmunidad se podrá aplicar ante cualquier reclamo relacionado al “desarrollo, administración o uso de un producto o servicio para tratamiento médico para atender la pandemia”. 

La ley amplía la inclusión de la inmunidad al: “diseño, desarrollo, prueba o investigación clínica, fabricación, etiquetado, distribución, transporte, almacenamiento, formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos para atender la pandemia COVID-19”.

Aunque en el artículo 6 se estableció que la inmunidad no se aplicará en caso de una demanda por muerte o lesiones graves, se debe comprobar que hubo “mala conducta o dolo”. 

El diputado Guillermo Gallegos de Gana dejó entrever lo difícil que sería comprobar que haya dolo en casos de muerte. 

“Se trata de proteger aquellos que aplican este tipo de medicamentos, porque ya se dieron lamentablemente casos en otra parte del mundo que una persona por una vacuna puede fallecer, no es culpa del que la aplica, no es culpa de la farmacéutica, muchas veces el mismo cuerpo de la persona lo rechaza y puede generarle un problema grave como la muerte”, dijo Gallegos al defender su voto por la aprobación de la nueva ley.

Aunque en la ley se habla de que todos los productos o servicios a adquirir deben requerir registros y autorización según la Ley de Medicamentos, Gallegos también dio a entender que se buscaría adquirir medicamentos muy recientes. 

“Cada día se está innovando con el medicamento y todos los países del mundo buscan comprarlo, por trámites podemos tardarnos mucho para adquirir medicamentos y por eso se están obviando algunos procesos que se tienen en nuestras leyes. Lo veo como una oportunidad como país para poder ir teniendo lo necesario según vaya avanzando el combate contra la pandemia”, dijo Gallegos.