Foto/Emerson Flores

Nueva Asamblea concede amnistía a casos de corrupción y mala praxis

Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron una ley para el uso de productos para tratamientos médicos por la pandemia Covid-19 que permite saltar los procesos existentes que rigen las compras con fondos públicos y libera de responsabilidades penales o civiles a los funcionarios y contratistas involucrados en la compra de insumos y equipo médicos durante la emergencia por pandemia.

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Xenia Oliva

Xenia Oliva

En la segunda sesión plenaria del 5 de mayo, 63 diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron una ley que deja en la impunidad cualquier caso de corrupción que haya cometido el gabinete de salud en la pandemia, evade los procesos de compras establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y transgrede derechos de acceso a la salud y justicia de los pacientes.

En noviembre del 2020, el ex fiscal Raúl Melara informó que estaba investigando 17 casos de presunta corrupción por contratos y compras irregulares realizadas por el gobierno de Nayib Bukele en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19. En ese momento, el ministerio público también denunció que el gobierno había obstaculizado la investigación durante el allanamiento al Ministerio de Salud.

Sin previo debate en comisión y  bajo el argumento de acelerar la compra de productos médicos para atender la emergencia por la Covid-19,  los partidos del oficialismo aprobaron con dispensa de trámite la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia Covid-19”.

Aunque los diputados argumentaron que era una herramienta necesaria para prevenir más muertes por el virus, expertos en el área de leyes y transparencia advirtieron que la nueva ley se puede convertir en un cheque en blanco para la corrupción y deja en vulnerabilidad a los salvadoreños que podrían tener efectos adversos por medicamentos adquiridos. 

“Lo que estamos observando es un golpe letal a la transparencia. Por ley se quiere legalizar una amnistía que permitiría que quede en impunidad cualquier caso de corrupción que se haya cometido en la pandemia”, advirtió Ricardo Castaneda, economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). 

La nueva ley otorga impunidad a funcionarios y empresas por posibles efectos colaterales de los nuevos productos adquiridos.

Pero, según el ministro Francisco Alabí, son cláusulas de exoneración solicitadas por las farmacéuticas en el marco de la estrategia de vacunación. "Las farmacéuticas siguen exigiendo tener ese respaldo de que ante una situación cuenta con el sustento necesario para salir adelante. Esto lo tienen todos los convenios", alegó en una entrevista de televisión. 

Para Manuel Escalante, doctor en Derecho Constitucional y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la ley transgrede tres componentes importantes: derechos de los pacientes, combate a la corrupción y, al ser una ley de orden público, genera un efecto de retroactividad. 

“Es una amnistía para las malas praxis, para productos averiados, pero también impide el acceso a la justicia, es también una ley pro impunidad”, expuso Escalante. 

Previo a la plenaria del miércoles, no se conocía nada sobre esta propuesta de ley. El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, quien fungió como jefe de comunicaciones de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) durante las gestiones del FMLN y luego como jefe de comunicaciones del Ministerio de Salud al inicio de la actual gestión, solicitó la modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia. Dicha pieza contenía “iniciativas del presidente Bukele a través del Ministro de Salud, Francisco Alabí”. 

En la presentación del decreto se indicó que tiene el objeto de “habilitar mecanismos expeditos y eficaces para la adquisición de medicamentos para precaver o contrarrestar los efectos del Covid-19”. Esto ante una “posible escasez” si incrementa la demanda mundial. 

En la ley se habla de accesos a medicamentos y vacunas; sin embargo, esto contrasta con el hecho de que El Salvador ha sido uno de los países que ha votado en contra de que se liberen las patentes de las vacunas, permitiendo que pocos laboratorios controlen la producción de las vacunas contra Covid-19. 

¿Qué dice la ley?

En el primer artículo dice que la ley establecerá el régimen legal de las responsabilidades extracontractuales de “las personas y entidades que operan en el sector de la salud en el contexto de situaciones excepcionales de salud pública que han surgido a raíz de la pandemia Covid-19 y que den como resultado daños o lesiones significativas a los residentes en El Salvador o el riesgo de que se causen estos”. 

Además se declara a la pandemia como una “materia de orden público”; lo que permite que la ley se aplique de forma retroactiva y que ya no pueda perseguir hechos de corrupción ocurridos meses atrás durante el manejo inicial de la pandemia. 

Los tratamientos médicos de los que habla la ley incluyen las vacunas, antivirales y otros dispositivos, tanto para el tratamiento, cura o prevención del virus. Esto implica la compra y uso de medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina, cuyo uso ha sido desaconsejado en diversas ocasiones por especialistas tanto en el país como en el mundo. 

En mayo de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que habían adquirido $575,000 en lotes de hidroxicloroquina. Pese a los riesgos de complicaciones cardíacas se llegó a conocer que el medicamento fue entregado como un “preventivo” a personas que estuvieron en centros de contención. 

La ivermectina es un antiparasitario que aún se incluye en los paquetes de medicamentos que el Ministerio de Salud entrega a los pacientes positivos o con sospecha de Covid, pese a los cuestionamientos de la comunidad médica internacional sobre los posibles daños al hígado. No se conoce a cuánto asciende la inversión en este medicamento. 

El polémico artículo 4

El artículo 4 de la nueva ley fue uno de los que generó mayor preocupación entre los diputados de la oposición y abogados consultados. El artículo 4 otorga completa inmunidad a un grupo de personas y entidades, incluyendo farmacéuticas internacionales, para que no puedan ser demandadas o denunciadas de forma judicial o administrativa. 

“Estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia Covid-19”,  dice el artículo 4 de la ley.  

En este grupo están trabajadores del área de salud que usen el producto comprado para tratamientos médicos. 

“El fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero”, añadió la ley. 

Esta inmunidad se podrá aplicar ante cualquier reclamo relacionado al “desarrollo, administración o uso de un producto o servicio para tratamiento médico para atender la pandemia”. 

La ley amplía la inclusión de la inmunidad al: “diseño, desarrollo, prueba o investigación clínica, fabricación, etiquetado, distribución, transporte, almacenamiento, formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos para atender la pandemia COVID-19”.

Aunque en el artículo 6 se estableció que la inmunidad no se aplicará en caso de una demanda por muerte o lesiones graves, se debe comprobar que hubo “mala conducta o dolo”. 

El diputado Guillermo Gallegos de Gana dejó entrever lo difícil que sería comprobar que haya dolo en casos de muerte. 

“Se trata de proteger aquellos que aplican este tipo de medicamentos, porque ya se dieron lamentablemente casos en otra parte del mundo que una persona por una vacuna puede fallecer, no es culpa del que la aplica, no es culpa de la farmacéutica, muchas veces el mismo cuerpo de la persona lo rechaza y puede generarle un problema grave como la muerte”, dijo Gallegos al defender su voto por la aprobación de la nueva ley.

Aunque en la ley se habla de que todos los productos o servicios a adquirir deben requerir registros y autorización según la Ley de Medicamentos, Gallegos también dio a entender que se buscaría adquirir medicamentos muy recientes. 

“Cada día se está innovando con el medicamento y todos los países del mundo buscan comprarlo, por trámites podemos tardarnos mucho para adquirir medicamentos y por eso se están obviando algunos procesos que se tienen en nuestras leyes. Lo veo como una oportunidad como país para poder ir teniendo lo necesario según vaya avanzando el combate contra la pandemia”, dijo Gallegos. 

El gabinete de salud ampliado lideró la emergencia por la pandemia. Estuvo integrado por el ministro de Salud Francisco Alabí, la comisionada Carolina Recinos y la exdirectora de la Dirección Nacional de Medicamentos y ahora directora del ISSS, Mónica Ayala. También fue parte la exministra de salud, Ana Orellana y otros funcionarios. Foto/Casa Presidencial

Inmunidad que podría dar pie a corrupción 

En el artículo 8, la ley también autoriza al Ministerio de Salud y miembros del Sistema Integrado de Salud Pública, como el Seguro Social, Comando de Sanidad Militar y Fosalud, para que puedan llevar a cabo contrataciones directas para la adquisición de productos médicos sin tener que aplicar la Lacap.

Entre los argumentos para aprobar la ley estaba la del diputado de Nuevas Ideas, Luis Armando Figueroa, quien expresó haber sido el director del Hospital Ahuachapán durante la época más dura de la pandemia. Aseguró que hubo días en los que veían hasta “16 muertos” por Covid, pese a que dicho dato no se reflejó en los registros oficiales. 

“Con 16 muertos ustedes creen que íbamos a hacer todos esos procesos que la ley Lacap pide”, expresó.

Sin embargo, Ricardo Castaneda señaló que la misma Lacap considera cuáles son los procedimientos que se deben seguir en compras de emergencia. Además cuestionó que todas las compras de este año deberían haberse hecho ya con la planificación adecuada, teniendo en cuenta al nuevo virus. 

Por ello, llama la atención que la ley se haya hecho retroactiva.  “La ley lo que busca es desarticular nuevamente el tema de rendición de cuentas. Como una ley de amnistía para todas aquellas acciones que se podrían haber cometido de forma ilegal”, dijo Wilson Sandoval, coordinador en ALAC (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción)-FUNDE. 

Con el efecto de retroactividad, los funcionarios que habían sido señalados por malversación de fondos y que incluso se habían iniciado investigaciones de parte de la anterior Fiscalía General de la República , como es el caso del ministro de Salud, Francisco Alabí, quedarían libres de responsabilidades. 

En julio de 2020, la revista GatoEncerrado publicó dos investigaciones que involucran al ministro Alabí con posibles casos de malversación de fondos. Se reveló que el funcionario había comprado $225 mil en botas para uso médico a una empresa familiar y que además el Ministerio de Turismo arrendó una propiedad que pertenece a uno de los primos de Alabí para usarla como centro de contención. 

El medio suramericano, Salud con Lupa, también publicó que el Ministerio de Salud compró con un sobrecosto de más de $500,000 un lote de 400 mil protectores faciales a una empresa propiedad de Koky Aguilar, quien entonces era funcionario del gobierno. 

Sandoval señaló que mientras esta nueva ley esté vigente, todos estos casos podrían quedar en el aire. “Sería la protección para los funcionarios públicos que han cometido delitos”, dijo Sandoval. 

“Se están blindando todas las investigaciones que pudieron haber iniciado en la Fiscalía, incluso por iniciativa de la Cicíes, el efecto de la ley es bloquear todas las investigaciones. Nuevamente caemos en una ley pro impunidad”, añadió Escalante. 

El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, también señaló su inquietud por el hecho de que la ley  se haya creado para que tenga un efecto retroactivo. 

“Casi como si esta fuera una especie de licencia, una especie de borrón a todas las anormalidades que se dieron durante la pandemia. Esto se da dentro del contexto de que hay algunas investigaciones abiertas precisamente sobre irregularidades durante el manejo de la pandemia”, dijo Ávila.  

Al final del día, se le preguntó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sobre cómo la nueva ley podría abrir la posibilidad a cometer delitos. 

“Yo no soy fiscal y no puedo opinar en eso, las cosas legales que vean los procesos legales y las cosas acá en la Asamblea las veremos nosotros”, dijo.

El riesgo de vulnerar la salud y acceso a la justicia 

Durante la plenaria, antes de que la ley se aprobara con 63 votos, Donato Vaquerano, de Arena, y Jaime Guevara, del FMLN, pidieron que la ley pasara a comisión para que se analizara cada punto con especialistas médicos y científicos, pero fueron ignorados. 

“¿Vamos a permitir que nuestra población se convierta en conejillos de india y que pueda venir y suministrarse cualquier medicamento y que no haya la oportunidad de demandar o exponerse ante una situación de esta?”, cuestionó Guevara. 

Manuel Escalente expuso que la forma en cómo la ley implementa el tema de la inmunidad podría dejar en el limbo a personas que sean afectadas por tratamientos, servicios o productos. 

“Lo que estás diciendo es que las personas que sufrieron algún daño por algunos de los servicios o productos que han sido aplicados alrededor de la pandemia, estas personas no tienen derecho de acceso a la justicia, ni tienen derecho de indemnización porque se está blindando al personal que pudo haber estado vinculado a un tema de mala praxis o algo defectuoso”, destacó Escalante. 

Para el abogado esto implica una amputación a los derechos de las personas, ya que el artículo 2 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a la protección y defensa de sus derechos.  

“Esta persona tiene derecho a defenderse, a acceder a la justicia para buscar indemnización”, dijo Escalante. 

Añadió que quienes comercializan los productos deben ser los responsables de que sea seguro para la salud y que los funcionarios que permiten que los productos circulen tienen la obligación de verificar su calidad. 

El economista Ricardo Castaneda dijo que es la primera vez que se ve una ley que brinde este tipo de inmunidad en El Salvador. Pero desde ICEFI ya han visto leyes similares en Honduras, Nicaragua e incluso en Guatemala. 

“Lamentablemente parece que El Salvador está siguiendo el modelo nicaragüense, donde el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción no son las prioridades, lamentablemente esa crisis de democracia y política se traduce en una crisis económica muy fuerte. Nicaragua lleva tres años en recesión”, dijo Castaneda.  

Para Sandoval, los saltos que se han realizado sobre la Lacap permiten pronosticar mayor corrupción en el país. “Si con el andamiaje que teníamos había niveles de corrupción,  con este tipo de leyes que van a propiciar menos control y menos rendición de cuentas, va a propiciar que los funcionarios delinquen más. Los que se van a ver afectados son la ciudadanía en su calidad de vida”, lamentó Sandoval.

Señaló que quienes pierden sus garantías legales son los ciudadanos. Aunque desde la Asamblea Legislativa se vendió la idea de que la ley va a salvar vidas, Sandoval sostuvo que la rendición de cuentas y la transparencia no es excluyente del tema de la agilidad para adquirir medicamentos.  “Son temas complementarios que deben ser balanceados”, dijo. 

Castaneda coincidió en que los procesos administrativos no se pueden poner como pretextos para “crear mecanismos que legalicen los casos de corrupción”. Señaló que los nuevos diputados habían enarbolado la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción durante la campaña electoral. 

“Los costos de la corrupción tarde o temprano los paga toda la población, pero principalmente los más pobres”, expuso.

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