Foto/Emerson Flores
Nombramiento de nuevo fiscal incumple evaluación de requisito de moralidad notoria
Rodolfo Delgado, quien fue elegido como el nuevo fiscal general sin el debido proceso por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, tiene una denuncia y un proceso abierto por violencia intrafamiliar. Según abogados consultados por GatoEncerrado, los diputados podrían haber cometido los delitos de actos arbitrarios al haber designado como fiscal de la República a un acusado de violencia de género.
Karen Moreno
Aclaración a nuestros lectores
Este viernes, 7 de mayo, llegó al correo electrónico de GatoEncerrado un oficio del juzgado que lleva un caso de violencia intrafamiliar en contra del nuevo fiscal general. El juzgado ordenó a esta revista suprimir de nuestro sitio web y de nuestras cuentas en Facebook y Twitter la noticia que titulamos originalmente: “Nuevo fiscal Rodolfo Delgado enfrenta un proceso por violencia intrafamiliar”, bajo el argumento de que el caso tiene reserva y que por ley se tiene que proteger a la víctima.
Aclaramos que la publicación no reveló datos personales de la víctima ni otros que pudieran permitir su identificación, tal como pueden confirmar quienes leyeron nuestro material. Como GatoEncerrado, decidimos publicar la nota debido a nuestra responsabilidad como periodistas de informar a la sociedad salvadoreña sobre el perfil del nuevo fiscal general, impuesto por la nueva Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, durante una elección exprés que no siguió el debido proceso. En la nota, planteamos como fondo del asunto que además la Asamblea no se detuvo a revisar y debatir el perfil de Rodolfo Delgado, quien está procesado en un caso de violencia, por lo que existe la posibilidad de que no cumple con el requisito de moralidad notoria que es exigido en la Constitución.
En aras de cumplir el oficio y por el respeto a la ley que nos caracteriza, hemos eliminado dicha nota y las publicaciones de redes sociales, pero debido a nuestro compromiso con la verdad, la libertad de prensa y el derecho que tiene la ciudadanía a tener información verificada y rigurosa sobre sus gobernantes y sus actuaciones, decidimos publicar una nueva versión que omite el extracto de la resolución del caso, así como el lugar y fechas en las que se lleva a cabo el proceso por violencia que enfrenta el fiscal Rodolfo Delgado.
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El nuevo fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, fue elegido de forma exprés —menos de dos horas— por la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficial Nuevas Ideas y los votos de los diputados de Gana, PCN y PDC. Tras la destitución del exfiscal Raúl Melara, la noche del 1 de mayo, el bloque de partidos impusieron al nuevo fiscal general sin seguir el debido proceso de elección y verificación de perfiles de candidatos, además de obviar que Delgado tiene un proceso abierto por violencia intrafamiliar desde febrero pasado.
Delgado tomó las riendas de la institución que debe defender los derechos de todos los salvadoreños, la madrugada del domingo 2 de mayo, mientras es procesado en un caso por violentar derechos y cometer violencia. Ingresó a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) acompañado del mismo director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas y fue instalado en la oficina del fiscal general, rodeado de oficiales de la Policía.
La diputada del FMLN, Dina Argueta, comentó a esta revista que “nunca se conoció el tema de los perfiles” de los candidatos a sustituir al exfiscal Raúl Melara. “No se hizo un proceso adecuado”, señaló la diputada.
Los diputados que votaron a favor de imponer a Delgado dijeron desconocer el proceso en contra del nuevo fiscal.
El diputado de Gana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dijo a GatoEncerrado que no sabía si Delgado tiene un expediente abierto por violencia intrafamiliar. “Desconozco, pero seguramente eso no le impide el hecho de poder optar al cargo de fiscal general”, aseguró.
Al diputado del PDC y secretario de junta directiva, Reynaldo Carballo, quien votó a favor de la elección del nuevo fiscal, se le preguntó si no debieron seguir los pasos que ordena el Reglamento de la Asamblea, cuando se elige a funcionarios de segundo grado, pidiendo informes a diversas instituciones para evaluar la solvencia de los candidatos. Carballo alegó que en la anterior Asamblea ni siquiera conoció el currículum de los funcionarios que eligieron y que al menos ahora tuvo acceso a la hoja de vida de Delgado. “Tuve su currículum, es cierto que 24 horas antes, pero sí, ya es un hombre muy conocido”, alegó. Al comentarle que Delgado tiene un proceso abierto por violencia intrafamiliar y que esto pone en duda el requisito de moralidad notoria que establece la Constitución, expresó: “Me parece extraño porque él ya tiene muchos años de estar en la Fiscalía ejerciendo como fiscal y es un fiscal de carrera”.
Rodolfo Delgado sí ha tenido una carrera en la Fiscalía desde 1995, pero dejó la institución en 2017. El caso de violencia intrafamiliar es reciente y sigue abierto.
Delgado, quien en algún momento tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados por el caso que enfrenta, se convirtió en el nuevo jefe de una Fiscalía que no logra llevar a los tribunales la mayoría de denuncias por violencia de género. GatoEncerrado reveló que, en 2020, ni siquiera el 1 % de las víctimas que interpusieron denuncias lograron que sus casos llegaran al sistema judicial. El 17 de marzo, después de publicada la investigación, la Fiscalía solicitó una entrevista con esta revista para decir que sus datos eran erróneos y no reflejaban su trabajo en casos de violencia de género, así que los corrigieron y ofrecieron a esta revista la actualización. Cuando esta revista los revisó, encontró que a pesar de la modificación en los datos, las cifras de casos que ingresaron a los tribunales se quedó corta con un 36.7 %. Es decir, de cada 10 mujeres que presentan una denuncia, solo 3 o 4 reciben un seguimiento de la Fiscalía que llega hasta los tribunales para buscar justicia.
Inconstitucionalidad
Un abogado penalista, quien decidió no ser citado con su nombre por motivos de seguridad, dijo a GatoEncerrado que además de ser elegido irregularmente por la Asamblea Legislativa, el nombramiento como fiscal general de la República de Rodolfo Delgado es inconstitucional porque viola el requisito de moralidad notoria que exige la Constitución.
El penalista explicó que si bien todo el procedimiento para la elección de Delgado fue inconstitucional porque no se siguió el debido proceso y que con este caso de violencia que enfrenta “se confirma todavía más el desastre respecto de la elección de segundo grado del cargo tan importante como fiscal general, por parte de esa mayoría calificada (de diputados de Nuevas Ideas)”.
El abogado también dijo que por la irregularidad en el proceso de la elección y por no cumplir con todos los requisitos, procede una demanda de inconstitucionalidad, a pesar de que lo más probable es que sea desestimada por los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes también fueron elegidos por la nueva Asamblea de forma ilegal, exprés y por afinidad con el gobierno de Nayib Bukele. El abogado consideró que a pesar de la posible desestimación de la demanda, la diligencia puede habilitar que la inconstitucionalidad llegue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, de hecho, ya está dando seguimiento a la crisis política que ocurre en El Salvador por las destituciones y nombramientos ilegales de funcionarios.
Para el abogado, no debe restarse importancia a que se interponga una demanda de inconstitucionalidad porque la elección de Delgado “refleja la clase de perfil y la clase de persona que es”. El abogado cuestionó que no es posible que un agresor sea el jefe de una institución que debe buscar justicia para las víctimas de todo tipo de violencia. “¿Y cómo va a estar gerenciando una institución tan importante como la Fiscalía una persona que es agresiva? Una persona o abogados o los que van para funcionarios públicos deben tener limpio su expediente”, dijo.
Explicó a GatoEncerrado que Delgado, incluso, podría influir en su propio caso, en el que es imputado o procesado por el delito de violencia intrafamiliar, a través del fiscal del caso o una persona dentro de ese contexto que se sienta intimidada por enfrentarse al fiscal general. “¿Y quién lo va a acusar? El subalterno de él. Por eso no debería ser el fiscal, en mi opinión”, añadió.
¿Actos arbitrarios?
A pesar del caso por violencia intrafamiliar, el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, aseguró que Rodolfo Delgado fue propuesto y elegido como fiscal general junto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional después de un “análisis” hecho por los diputados del partido oficialista.
“Se hizo un análisis previo a la hora de presentar estos nuevos perfiles, todos tienen una trayectoria que los respaldan”, dijo el diputado Ayala, en un programa televisivo de entrevistas matutinas.
"Se hizo un análisis previo a la hora de presentar estos nuevos perfiles, todos tienen una trayectoria que los respaldan", diputado @rodrigoayalasv. pic.twitter.com/a1iAdfdi2B
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) May 4, 2021
De acuerdo con el penalista consultado por esta revista, los diputados que eligieron a Delgado también pudieron incurrir en el delito de actos arbitrarios, contemplado en el artículo 320 del Código Penal, porque tuvieron que haberse cerciorado del proceso abierto que tiene por violencia intrafamiliar y tuvieron que haber pedido los informes respectivos al juzgado para evitar nombrar a una persona que no tiene moralidad notoria.
El abogado mencionó que, debido a que el fiscal general electo seguramente no abrirá una investigación en contra de su propio cargo, se podría disponer a su fiscal adjunto, como lo estipula el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para seguir una investigación por actos arbitrarios en contra de los diputados. “Ahora, ya sabemos que va a seguir adelante y no habrá antejuicio en contra de ellos (los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN Y PDC) porque son la mayoría, pero sería bueno este ejercicio, porque así se evidencia que estamos en presencia de un imperio total”, analizó.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a GatoEncerrado que el proceso para escoger a una fiscal general de la República está normado en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, a partir del artículo 98.
“60 días antes de vencerse el periodo del funcionario, la Asamblea hace una convocatoria pública para que todas las personas que reúnan los requisitos que establece la constitución para ser fiscal presenten su documentación y se postulen para el cargo. Es una convocatoria abierta y pública. No hay una restricción más allá de cumplir los requisitos constitucionales”, detalló Escobar.
Según el artículo 99 y 100 del reglamento, la comisión política de la Asamblea Legislativa lleva a cabo el proceso de selección o nombra una subcomisión, que es la que analiza el procedimiento, que resulta en una propuesta de dictamen con el listado de los candidatos que supuestamente reúnen los requisitos.
En reiteradas ocasiones, los diputados y diputadas de legislaturas anteriores han obviado los requisitos que requiere la constitución y han escogido a funcionarios que tienen procesos abiertos, bajo el argumento de que no han sido condenados en juicio y por la presunción de inocencia. Sin embargo, este criterio no exime a los candidatos de cumplir el requisito de moralidad y competencia notoria.
“Cuando decimos honradez notoria, nos referimos a que esa persona es honrada a toda prueba, que no hay el mínimo de posibilidad o el mínimo de espacio para que esta persona tenga una tacha por su moralidad. Cuando alguien tiene un proceso, aunque no esté condenado, ya pone en duda esa moralidad notoria. No digo que no pueden haber acusaciones o procesos falsos contra alguien solo para obstaculizar que lleguen a alcanzar un cargo (…) Si alguien tiene un proceso abierto, si bien no ha sido condenado, no hay que confundir con la elegibilidad (…) y hay posibilidad de que sea condenado”, aclaró Escobar, y coincidió con el abogado penalista en cuanto a que lo más probable es que el caso sea denegado en la nueva Sala de lo Constitucional, que también adolece de haber sido elegida irregularmente.
Delgado fue propuesto para el cargo de fiscal general por el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro, y su petición fue apoyada con 64 votos. Justificó la decisión de la bancada cian diciendo que “lo que se hizo no fue una elección, fue una destitución avalada por el artículo 186, que confirma que al destituirlos no es una elección, es una sustitución por el tiempo que le quedaba a los magistrados destituidos”, durante una entrevista en un programa de televisión de este 4 de mayo.
Para Escobar, la sustitución de magistrados a la que hace referencia el diputado Castro es una figura que no existe jurídicamente ni en la Constitución ni en la ley. Sin embargo, en el caso de que un funcionario elegido por la Asamblea renuncie, sea destituido o muera, los diputados deben seguir el procedimiento establecido en los artículos del reglamento interno del Órgano Legislativo.
Conflicto de intereses
Delgado fue electo para el cargo después de que la nueva Asamblea Legislativa destituyó a Raúl Melara por tener vinculación con el partido Arena. Irónicamente, Delgado también tiene conflicto de intereses, ya que en 2020 ejerció la defensa legal del director de la PNC, funcionario del gobierno de Nayib Bukele, cuando fue acusado de incumplimiento de deberes, por negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda a la anterior Asamblea Legislativa para que rindiera cuentas por sus actuaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con Delgado, el 1 de mayo, después de haber trabajado para el gobierno en la defensa legal del director de la Policía, fue citado a la Asamblea Legislativa para asumir el cargo de fiscal general, tras haber sido propuesto por el partido oficialista Nuevas Ideas.
“A mí me avisan (de la propuesta para ser fiscal) cuando la pieza de correspondencia, en la cual me proponían para el cargo, estaba ingresando en la plenaria. En ese momento fue que se comunicaron conmigo y que me empezara a desplazar porque existía la posibilidad (de asumir el cargo). Luego de eso, se dio la votación nominal y pública”, declaró Delgado en un programa de entrevista televisiva, el pasado 3 de mayo por la mañana.
En el mismo programa de televisión, detalló que ingresó a la Fiscalía como fiscal adscrito al Tribunal Primero de lo Penal de Sonsonate. Luego fue trasladado a San Vicente, a la unidad de delitos contra el menor y la mujer y crimen organizado, hasta que fue designado como asesor del exfiscal Douglas Meléndez, en 2016.
Antes de ser defensor particular, Delgado era asesor legal del despacho del fiscal general con un salario de $3,100 y trabajó en la Fiscalía desde el 18 de abril de 1995 hasta 2017, cuando renunció, según el portal de transparencia de la Fiscal
