Foto/Emerson Flores
"Nuestros datos (de violencia contra la mujer) estaban desfasados”: Directora nacional de la mujer de la Fiscalía
Por Karen Moreno
@KarenMorenoPala
GatoEncerrado publicó el 8 de marzo de este año la investigación periodística La justicia se empantana para las mujeres víctimas de violencia en El Salvador. Uno de los principales hallazgos fue que en 2019 y 2020 hubo una caída en picada de los casos de violencia contra las mujeres que llegaron a los tribunales para entrar al sistema judicial. Los datos analizados por esta revista fueron obtenidos de forma oficial a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República (FGR) el 13 de enero de 2021. Siete días después, el 20 de enero, esta revista buscó una explicación sobre la alarmante reducción en los casos judicializados. La coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, dijo que a su parecer esos datos eran ilógicos en 2019, pero admitió que en 2020 bajó la presencia de fiscales en las diferentes sedes debido a la pandemia por COVID-19 y que los esfuerzos se concentraron en los crímenes cometidos en flagrancia.
Tras platicar con Sagastume, GatoEncerrado gestionó una nueva entrevista para saber si había encontrado una explicación a la reducción de casos que la Fiscalía llevó a los tribunales en 2019, pero el área de comunicaciones no respondió. El 17 de marzo, después de publicada la investigación, la encargada del área de comunicaciones de la Fiscalía, Rosy Arce, solicitó una reunión entre la periodista que publicó el reportaje con Marina de Ortega, directora nacional de la mujer, niñez, adolescencia, población LGBTI y grupos en condición de vulnerabilidad de la Fiscalía. En una llamada telefónica, Arce adelantó que los datos utilizados en la investigación, proveídos por la misma Fiscalía, estaban desactualizados. Esta revista optó por ofrecer una entrevista con la directora nacional de la mujer para entender la situación. Esa entrevista, en la que tuvo participaciones la encargada de comunicaciones, tuvo lugar el 18 de marzo. Además de explicar la actualización de datos, la jefa fiscal también reaccionó a las críticas que hacen organizaciones de sociedad civil sobre casos que son remitidos a la Fiscalía y que parece que no avanzan en la investigación, mientras que otros que son mediáticos sí avanzan.
GatoEncerrado publicó el 12 de marzo que la Fiscalía falló en la persecución de los delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de casos judicializados o que llegaron a los tribunales por estos delitos cayó de 1,187 en 2019 a 103 en 2020. Esta revista encontró que este número representó el 2.18 % de las denuncias en 2019, y que en 2020 solo el 0.82 % de los casos logró la judicialización. Esta entrevista se genera debido a que esta institución considera, como mencionó el área de comunicaciones, que los datos están desactualizados. ¿Por qué alega la Fiscalía, específicamente usted licenciada Marina de Ortega, que los datos publicados están desactualizados?
Primeramente, quiero agradecerle que nos den esta oportunidad. Tal como usted lo ha manifestado, en mi calidad de directora del área de la mujer, me sorprendieron estos datos que se habían dado (a través de la oficina de acceso a la información). En efecto, para nosotros fue una alerta para poder revisar y ver qué había sucedido. Como usted sabrá, 2020 fue un año atípico por el tema de la pandemia, y todas las instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República, se vieron reducidas en las labores. Eso no quiere decir que la Fiscalía dejó de prestar servicios. Déjeme decirle que, durante la pandemia, la Fiscalía realizó varias acciones encaminadas a brindar el servicio y a cumplir con estándares de debida diligencia y de acceso a la justicia para las víctimas. Se habilitó una línea telefónica, que es 2523-7000, donde se podía dar asesoría y las víctimas podían poner en conocimiento algún hecho de violencia y nosotras realizamos las respectivas coordinaciones con la Policía Nacional Civil, a efecto de brindarle el apoyo a la mujer que estaba siendo agredida y poder realizar las diligencias, ya sea de captura en flagrancia o evitar que se cometiera un hecho mayor. Asimismo, se utilizaron herramientas tecnológicas, como las plataformas que la Fiscalía tiene de redes sociales para poder informar a las víctimas, a las mujeres, a toda la población en general, de los servicios que la Fiscalía estaba brindando y que todas las sedes a nivel nacional, que son 19, estaban brindando el servicio las 24 horas. Ahora bien, cuando nos referimos a datos, en efecto, por esas circunstancias que le he manifestado, todos los sistemas de alimentación de nuestras bases de datos estaban desfasados, por el hecho de que el servicio estaba disminuido y no se estaban alimentando. Recordemos que la prioridad para nosotros como fiscales es atender a nuestras víctimas. En el tema de datos, por eso (ocurrió) esa desactualización y nosotros, al revisar los datos (identificamos que) no concordaban. Como periodistas, ustedes pueden ver que casi a diario salen muchos casos, tanto de incidencia que se cometen, pero también hay muchos casos de respuesta, en los que la Fiscalía está dando a conocer que se están presentando ante los juzgados, condenas que se estén realizando y operativos que se llevan a cabo. El por qué (de esos datos) fue esa falla en la desactualización de nuestro sistema. Aunado a esto, la información, si usted ve, la entregaron en enero. Veníamos de tener ese año irregular y veníamos entrando de diciembre, de las vacaciones del año. Para la fecha, al revisar, obviamente los datos han cambiado.
¿Cuáles serían los nuevos o actualizados datos?
Ustedes pidieron la cantidad de casos judicializados. Los datos han cambiado: para los años a los que se estaba refiriendo que hubo una disminución, en el año 2019, los datos judicializados son 1,695 y para el año 2020 son 1,482. En cuanto al delito de expresiones de violencia contra las mujeres, que era también un dato erróneo, para el año 2019 se judicializaron 1,550. Ese incluso es un número mayor al año 2017 y 2018. Y para el año 2020, 1,375. Esta información usted la va a obtener también. Sí sabemos que hay una leve disminución, pero es por el efecto que recordemos que había limitantes para que la gente acudiera. Tuvimos también la suspensión de plazos procesales. Hay audiencias que hasta este año se están realizando.
En la entrevista, la encargada del área de comunicaciones, Rosy Arce, extendió a la periodista una hoja con los nuevos datos. En la primera línea, color verde, se visualizan los datos oficiales que GatoEncerrado solicitó por acceso a la información pública en enero de este año. En la segunda, color azul, se reflejan los nuevos datos brindados durante la entrevista. La nueva información indica que en 2017 hubo un caso más que llegó a los tribunales; en 2018, se suman 428; En 2019, se suman 1,592 y, en 2020, se suman 1,449 casos más que entraron al sistema judicial.
Los datos obtenidos a través de acceso a la información pública, en enero de este año, reflejaron 2,221 casos de expresiones de violencia que entraron a los tribunales. En su rectificación, la Fiscalía sostiene que son 5,427. En esta gráfica comparativa se observa la cantidad de denuncias y los casos judicializados.
¿Cuál es la garantía de que los datos que está brindando ahora son los reales y no los que se obtuvieron a través de acceso a la información pública?
Marina de Ortega: La garantía es que son estos datos oficiales y son los datos que nuestro departamento de estadística ya tiene reflejado en el sistema que tenemos, y que cada estadístico tiene a su base una referencia fiscal; tenemos los nombres de las víctimas, el nombre del imputado. Claro, no podemos dar esa información por las reservas que hay.
Rosy Arce: Si usted solicita nuevamente estos mismos datos, por medio de acceso a la información pública, lo que va a obtener es esta misma data.
Marina de Ortega: Sería bueno que pidiera también (los datos de) violencia sexual, porque es una de las violencias más graves que le suceden a las mujeres, y de acuerdo a los datos que tenemos, solo en 2019 y 2020, fueron 2,118 y 1,814 (respectivamente). Cuando hablamos de resultados no podemos hablar solo de condenas, porque si bien es cierto pudo haber una absolución, que no depende de nosotros, a esa víctima se le dio el servicio y se le dio el acceso a la justicia.
Los delitos de violencia sexual no están contemplados en la Leiv, sino en el Código Penal. En la primera gráfica, color verde y rojo, se visualizan los datos oficiales obtenidos por GatoEncerrado a través de acceso a la información pública, en enero de este año. En la segunda, color azul, las cifras nuevas que la Fiscalía brindó durante la entrevista. La Fiscalía corrige y afirma que son 36 y no 24 los casos de feminicidios que entraron al sistema judicial desde 2017 hasta 2020; son 167 casos de feminicidios agravados y no 103, en el mismo periodo; los casos de feminicidios agravados en grado de tentativa son 96 y no 29; los casos de feminicidios en grado de tentativa son 68 y no 26. En los nuevos datos brindados por la Fiscalía también se observa que la institución actualizó las cifras de todos los años, desde 2017 hasta 2020. Por ejemplo, al comparar las cifras obtenidas en enero con las que brindaron en la entrevista, han rectificado al sumar un caso más que entró a los juzgados por feminicidio en 2017, dos casos más por este delito en 2019, cuatro y no cero en 2019 y cinco y no cero en 2020.
Siguiendo con los nuevos datos que acabo de obtener, la pregunta es: ¿Por qué se han dado cuenta que los datos están desactualizados casi dos meses después de que esta revista consultó a la jefa fiscal Graciela Sagastume, y que en ese momento no logró dar una explicación lógica a los datos de 2019? ¿Por qué tuvieron que pasar dos meses para llegar a la conclusión de que los datos están desactualizados?
En un primer momento, cuando se le hizo la entrevista a la licenciada Sagastume, ella no contaba con un dato estadístico, porque también nosotros como fiscales los datos estadísticos no los tenemos. Si ustedes piden datos estadísticos, hay un proceso para sacar la información y, en este caso, en ese momento, ella no contaba con esos datos estadísticos, eran datos que ustedes estaban manejando. Lo que nosotros sabíamos es que los sistemas de información no podían estar actualizados, por el hecho de que estábamos trabajando con un personal limitado. No era el hecho de venirnos a dar cuenta hasta aquí, sino que había que esperar también a que la información se introdujera en el sistema. Los datos han existido porque los expedientes existen, las víctimas existen y los resultados, por supuesto, existen. En ese sentido, para nosotros era importante tener actualizado el sistema a la fecha.
Pero también surge la pregunta sobre cómo hacen la evaluación del desempeño de la institución, porque los datos de la caída de los casos que llegaron a tribunales que obtuvimos fueron a partir de 2019, mientras que la pandemia y sus consecuentes limitaciones ocurrieron en 2020. Entonces los datos actualizados se dan un año después. ¿Cada cuánto se actualizan?
No. Lo que sucede es que hay dos tipos de actualización: si usted me habla de incidencia, es algo diferente. La incidencia es cuando ingresa el caso, pero para que nosotros tengamos información completa del caso, hay que pasar las fases del proceso penal, eso no depende de nosotros. Hay que esperar resultados de audiencia, hay que esperar que se venzan los plazos para presentar un dictamen de acusación, hay que esperar a que llegue a vista pública y obtener un resultado. Aunado a eso, el fiscal debe de darle la mayor atención a la víctima. La labor como fiscales es dura y el hecho de ingresar al sistema información requiere tener ese espacio, y si no estábamos trabajando al 100 %, los grupos de trabajo que se hicieron atendían víctimas, había que hacer sus requerimientos.
Entonces, ¿cómo se hace la evaluación del desempeño y cada cuánto?
Marina de Ortega: La evaluación del desempeño se hace con base a ciertos indicadores, pero estos son datos estadísticos. Esa es otra cosa. Yo voy a evaluar a mi personal con base a ciertos indicadores que tengo. ¿Para qué utiliza datos estadísticos la institución? Porque hay que tomar decisiones, porque hay que brindar información a las diferentes instituciones, los datos estadísticos nos sirven para tomar decisiones más grandes, no es para una evaluación de desempeño.
Rosy Arce: Los datos estadísticos no nos pueden servir para evaluar el desempeño de resultados. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos la baja en feminicidios, por ejemplo, que es un dato estadístico. Si usted toma el simple número, usted dice “estamos bien”, porque los feminicidios han bajado, pero cuando yo veo qué hay detrás de esa baja relativa, usted puede decir “no, no es que hayamos mejorado”.
La licenciada Sagastume, de hecho, fue una fuente en GatoEncerrado para hacer un análisis de por qué este número de la baja en los feminicidios puede ser engañoso, porque necesitamos el análisis cualitativo, pero también es importante el análisis cuantitativo…
Sí, pero si estamos hablando específicamente en el tema de los feminicidios, pero le sirve para hacer esos tipos de análisis. Esta información va para el Ministerio de Justicia. Nosotros somos una de las fuentes generadoras de información. Incluso yo ayer estuve en una reunión y el mismo encargado de los sistemas estadísticos mencionó lo mismo que le estoy diciendo, porque los sistemas no se estaban alimentando, porque la concentración de personal estaba prácticamente en el día a día del trabajo que llegan a hacer y el otro trabajo en casa. Eso es lo que suele suceder, pero datos estadísticos para efecto de una evaluación del trabajo fiscal no. Si yo evalúo el trabajo fiscal con base a datos estadísticos saldría menos, porque hay menos feminicidios.
Usted mencionaba que hay indicadores para evaluar el trabajo de los fiscales, ¿cuáles son?
Prácticamente donde se ve el diligenciamiento de los casos, la forma de cómo fundamentan los casos, la preparación de sus testigos, la preparación de sus víctimas. La evaluación es más de calidad que cantidad.
Ahora que estoy viendo los datos nuevos, me gustaría compararlos con las denuncias que han ingresado a la Fiscalía por estos mismos delitos Leiv. ¿No le parece que aún con los datos nuevos, sigue siendo insuficiente la cifra de casos judicializados?
Primero le debo explicar algo. Por eso le digo que debemos hablar de resultados. No todas las denuncias van a ser judicializadas porque, por ejemplo, puede ser que un caso del año pasado nosotros lo judicializamos hasta este año porque tenemos los procesos de investigación. Hay muchos casos que están en investigación. Recordemos que, para judicializar un caso, debemos de tener plenamente identificado al autor del delito, tenemos que tener plenamente establecido con una investigación objetiva los elementos del tipo penal y los elementos probatorios.
¿Cuáles son los criterios para decidir judicializar un caso?
No es que como Fiscalía tengamos criterios. Nosotros nos debemos a la aplicación de la ley. La ley nos pide: uno, para poder imputar un delito, que la persona que ha cometido el delito esté plenamente identificado, que esta persona nosotros le hayamos establecido que, efectivamente, ha participado en el delito, y para eso hay que hacer una serie de diligencias y que lo que se está denunciando efectivamente los hechos casan en un delito, porque hay muchos hechos que, podría ser, que no son competencia de nosotros. Esa es otra gran realidad. A nosotros nos viene una gran cantidad de denuncias o avisos y están las derivaciones. ¿A donde derivamos? Hay casos que van a la Procuraduría General de la República, hay casos que se derivan a juzgados de familia, hay casos que incluso solo procede una medida cautelar o de protección y se le da la asesoría, hay casos que son dirigidos al CONNA (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia). Hay una serie de casos que entran a la Fiscalía y eso no quiere decir que no se le haya dado una respuesta.
Organizaciones como Ormusa han denunciado en publicaciones de GatoEncerrado que hay miles de casos que están esperando justicia. ¿No le parece que a veces la Fiscalía actúa inmediatamente cuando el caso es mediático y no cuando el caso no lo es?
Cada caso lleva su investigación. Una de las situaciones por las que depende (que se judicialice el caso) es que tengamos plenamente establecido al imputado, tengamos elementos de prueba y tengamos configurada el hecho que están denunciando como delito.
Otras denuncias que han hecho las organizaciones civiles como Ormusa es que han remitido casos de violencia contemplados en la Leiv, pero que no son recibidos en la Fiscalía. Mencionaba una de las representantes que probablemente esto se debe a que las personas que están en las recepciones o cabinas receptoras posiblemente no tienen la preparación suficiente para ingresar la denuncia.
Toda denuncia o aviso que llega a la Fiscalía es recibido. Lo que sucede es que hay mucha denuncia o aviso que puede ser que sea competencia de otra institución. Eso suele suceder. Por otra parte, se está capacitando, se está sensibilizando para la atención a la víctima y al público en general. Tenemos protocolos para brindar esa atención incluso especializada. Por supuesto que es una forma de capacitación de manera progresiva.
Usted mencionaba, al inicio de la entrevista, la violencia sexual que se comete en el país contra las mujeres. GatoEncerrado ha dado seguimiento a unos casos y lo que ha resuelto el juez es que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para determinar que hubo violencia sexual.
Nuestra obligación es recabar todos los elementos de prueba y, dentro de las investigaciones, podemos establecer cuáles son los elementos de prueba y para nosotros está probado. Ahora bien, los jueces tienen su independencia judicial y su criterio eminentemente de valoración de la prueba. Para ellos, lo pueden ver en ese momento como que no hay elementos, pero para nosotros, como fiscales, siempre vamos a estar convencidos, porque trabajamos de la mano con las víctimas. Hay jueces que están siempre naturalizando la violencia contra la mujer y devienen ese tipo de valoraciones.
En ese mismo tema, en la investigación publicamos sobre la falta de aplicación del enfoque de género en las sentencias. Hay hechos relacionados a este punto que causan alarma en la sociedad, por ejemplo, recientemente se ha conocido que la jueza del caso contra Jaime Perla le dijo a la comunicadora de Canal 10 que debía estar acostumbrada al acoso. ¿Cómo enfrenta la Fiscalía estos criterios sin enfoque de género que implementan los jueces?
Esas son las situaciones que se dan a nivel nacional. Todo el sistema de justicia debería estar preparado y sensibilizado, porque no podemos seguir normalizando la violencia contra la mujer. Nosotros siempre vamos a estar convencidos de que hay elementos de prueba, pero el criterio de un juez puede ser diferente. No pueden decir que es un fallo de la Fiscalía.
Rosy Arce: Las víctimas muchas veces dejan el caso y dicen “mejor ya no sigo”. Ponen la denuncia y a veces mejor se retiran y prefieren no continuar, porque se van topando con frustraciones. Este tipo de resoluciones emitidas para nosotros es un bloqueo.
Por el lado de la Fiscalía, ¿cómo monitorean que las auxiliares de la zona oriental, paracentral y central hagan sus peticiones con perspectiva de género? Es decir, cuando formulan los requerimientos fiscales, las acusaciones y los anticipos de prueba?
Cada unidad tiene una jefa, quienes están pendientes de que estos requerimientos vayan con enfoque de género y que lleven todos los elementos que la ley nos pide.
En caso de que la petición no tenga enfoque de género, ¿qué hace la Fiscalía?
Inicialmente, lo primordial es que la persona rectifique, porque podemos hacer peticiones por escrito, pero las audiencias son orales. Normalmente, a la fiscal se le dice que tiene que rectificar. Si ustedes ven algunos requerimientos, son breves pero lo que cuenta es la audiencia oral y, es más, si ustedes han presenciado audiencias orales, van a ver que de forma oral es que se da ese argumento.
Para finalizar, me gustaría consultarle sobre el caso del Youtuber Roberto Silva, quien fue acreditado para dar cobertura al escrutinio final de las elecciones y ahí surgió el acoso que sufrieron las excandidatas del FMLN. ¿Cuál es su valoración acerca de este precedente histórico con el fallo de la jueza?
Es un muy buen precedente, ya que se le ha presentado todas las evidencias. Nosotros lo teníamos plenamente identificado y se trabajó toda la evidencia, que fue de conocimiento de todos. En este caso, había prácticamente hechos violentos a través de las tecnologías, donde teníamos a una persona que estaba dando la cara. Para nosotros es un muy buen precedente, porque es una persona que realmente estaba cometiendo delito y con conocimiento de todo el mundo.
