Karen Moreno

Distintos representantes y abogados de organizaciones de la sociedad civil consideraron que las propuestas de reformas que entregó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado 25 de marzo, son positivas para evitar la corrupción y establecer mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Estas organizaciones esperan que el paquete de reformas sea presentado a la nueva Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación.

El contenido de las reformas no ha sido revelado por el gobierno, incluso Casa Presidencial y Cancillería han negado la existencia de la información; sin embargo, GatoEncerrado tuvo acceso al paquete de propuestas que contienen modificaciones a la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), a partir del uso que tuvo ese fondo de emergencia durante la crisis sanitaria; reformas al Código Penal, con el propósito de ampliar los plazos de prescripción de delitos; y reformas al Código Procesal Penal, para permitir que la comisión o cualquier persona natural o jurídica pueda representar en procesos penales. 

Durante la emergencia por la pandemia, el gobierno transfirió más de $600 millones del Fopromid a diferentes ministerios sin rendir cuentas y transparentar el uso de los fondos. Debido a que es un fondo para compras de emergencia, la ley exime la utilización de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). 

José Marinero, abogado de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, explicó a GatoEncerrado que el problema de Fopromid no es que los recursos estén a disposición de una posible emergencia, sino cómo se han utilizado. Por eso, consideró que es conveniente elevar los estándares de control y transparencia de los recursos de Fopromid.

Esos estándares contemplan homologar el procedimiento de adquisiciones a los controles de transparencia de la Lacap, para determinar qué tipos de bienes y servicios que se pueden adquirir; además, sugiere establecer consecuencias de no cumplir estos estándares. 

En el documento de “Anexo a propuesta de reforma a Fopromid”, la Cicíes señala que algunos ministerios no le han entregado información sobre los gastos que realizaron durante la pandemia, a pesar de que el Acuerdo Marco entre el Gobierno y la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos establece que el Ejecutivo garantizará “el acceso inmediato a la información que esté en poder del Órgano Ejecutivo, incluyendo archivos oficiales, bases de datos, registros públicos y cualquier otro documento o información útil y necesaria para el cumplimiento del propósito de la Cicies”. 

Para Marinero, la renuncia de entregar información a la Cicíes evidencia cómo opera la “política de absoluta opacidad” en el gobierno con el manejo de los recursos públicos.

El gobierno sigue buscando cómo evadir controles. El pasado 5 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia que, además de dar amnistía a casos irregulares, autoriza a las instituciones de salud a saltarse la Lacap para evadir mecanismos de control y transparencia. 

Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo que las propuestas de la Cicíes tienen como base las recomendaciones de los mecanismos de evaluación sobre la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, las cuales no han sido cumplidas hasta la fecha.

Robles dijo a GatoEncerrado que al inicio algunas organizaciones y sectores tuvieron reservas sobre el trabajo de la comisión por la “postura tibia” que tuvo la OEA ante la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020; sin embargo, dijo que han podido observar que ha llevado a cabo investigaciones y monitoreo del gasto público durante la emergencia de Covid-19. “Aunque no se conoce toda la información, sabemos que le ha remitido a la Fiscalía un paquete de 12 casos”, sostuvo.

Prescripción y querella

La Cicíes también propuso aumentar las penas para delitos contemplados en el Código Penal como prevaricato, cohecho propio, cohecho impropio, concusión y tráfico de influencias, con el fin de ampliar los plazos de prescripción. 

Al respecto, Manuel Escalante, abogado constitucionalista del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dijo a GatoEncerrado que las penas por delitos de corrupción en El Salvador “son risibles y sumamente bajas”. “En la lógica de quien promueve la corrupción desde lo legislativo, no es tanto disminuir los años de cárcel lo que le preocupa, sino disminuir los años de posibilidad de investigarlos”, señaló.

En esos mismos delitos, la comisión propuso ampliar los delitos a terceros beneficiarios de la corrupción. Para Escalante esta reforma es necesaria porque el sistema penal se enfoca en el corrupto y no en el corruptor. “Las redes de corrupción no solo están enquistadas dentro de las instituciones públicas, sino que también tienen corresponsabilidad con algunos actores sociales”, dijo.

La Cicíes también incluyó dos nuevos delitos: obstaculización de la justicia y soborno transnacional pasivo. Sobre el segundo, Escalante mencionó que puede existir la posibilidad de que ese delito sea cometido por empresas o instituciones extranjeras, como un fenómeno de alcance internacional, y que esta propuesta significa modernizar el sistema penal al mismo nivel de nuestras relaciones económicas, en la lógica de la globalización. 

En el paquete de reformas, la Cicíes también pide facultades de autonomía jurídica para representar los casos en los procesos penales y que se permita a toda persona natural o jurídica, incluido extranjeros, querellar (ser parte de la acción penal). Actualmente, el Código Procesal Penal, en el artículo 107, específica que “podrá querellar todo ciudadano o cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituida”.  

Según Escalante, esa regulación tiene un origen. “¿Por qué es nacionalista la querella? Para evitar que los familiares de los jesuitas presentaran el caso (de los asesinatos) en El Salvador. El Código Procesal Penal de 1998 construyó esa querella pensando en el caso de los jesuitas”, explicó. Por tanto,  cree que “si la intención es ampliar la querella para incluir a agentes internacionales, es un enorme avance que nos podría llevar a estándares internacionales en el tema de acceso a la justicia”.

Combatir la impunidad

Abraham Abrego, director de Programa de Litigio Estratégico de ‎Cristosal, dijo a GatoEncerrado que el acuerdo del país con la Cicíes no solo habla de corrupción, sino que también de combatir la impunidad, y  tampoco establece un límite de los casos o la temporalidad para investigar; por lo tanto,  considera que la comisión podría actuar sobre casos sistemáticos de impunidad del conflicto armado que no han sido resueltos y que ameritan respuesta. Recordó que actualmente hay un proceso por el caso de El Mozote y sitios aledaños, una masacre efectuada en 1981. Sobre ese acontecimiento, el presidente Bukele ha impedido el acceso a los archivos militares que contienen información. 

En ese sentido, Escalante considera que la Cicíes también podría tener un papel en la superación de la impunidad histórica en El Salvador. Dijo que así como el país necesitó del apoyo internacional a través de una Comisión de la Verdad para conocer lo que pasó en el conflicto armado, “ahora hace falta apoyo internacional para superar la impunidad”. 

Uno de los objetivos del acuerdo firmado con la Cicíes, establecido en el artículo 1.3.,  habla de apoyar, fortalecer, acompañar y colaborar cuando se vea afectada la armonía social.

En ese sentido, Escalante considera que la Cicíes también debe enfocarse en otros problemas como la delincuencia, homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otros fenómenos que afectan directamente a la población.  

Capres y cancillería niegan las reformas

El 25 de marzo se conoció públicamente que el comisionado de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, entregó las propuestas de reformas a la canciller Alexandra Hill Tinoco y al secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro. En las fotografías que publicó la comisión,  se ve a la canciller y el secretario jurídico recibiendo el documento de manos de Ochaeta.  Sin embargo, cuando GatoEncerrado pidió las propuestas vía ley de acceso a la información, Casa Presidencial y la Cancillería  respondieron que el comisionado Ronalth Ochaeta no había presentado propuestas de reforma de ley.