Ilustración/Leonel Pacas

Dos años de retrocesos para las mujeres y la diversidad sexual en El Salvador

A dos años de gestión del gobierno de Nayib Bukele hay un retroceso en materia de acceso a la justicia y derechos fundamentales para las mujeres y para la población LGBTIQ, según defensoras de derechos humanos. El Plan Cuscatlán, con el que Bukele vendió su proyecto político, planteaba en materia de mujeres y diversidad sexual un panorama muy diferente al actual. Decisiones del mandatario, como eliminar la Secretaría de Inclusión Social y restar apoyo a programas como Ciudad Mujer, sin un plan alternativo, han marcado un cambio sustancial en la aproximación del Estado a las poblaciones más vulnerables.

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Por Mónica Campos

Por Mónica Campos

El plan Cuscatlán —la ruta que Nayib Bukele prometió que seguiría como plan de gobierno en su gestión presidencial— lo dejaba claro: “En el nuevo gobierno se ha considerado tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas sus áreas”. El documento planteaba el inicio de una verdadera transformación en materia de derechos humanos para las mujeres y la diversidad sexual. Pero a dos años de estar al frente del gobierno, defensoras y analistas coinciden en que hay más retrocesos que avances en derechos humanos para las mujeres y la población LGBTIQ en El Salvador.

En el apartado “Fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género”, el plan Cuscatlán prometía “dar continuidad y mejorar el programa de Ciudad Mujer”, un proyecto insignia de las administraciones del FMLN que se encontraba bajo la Secretaría de Inclusión Social. Una de las primeras decisiones del gobierno de Bukele fue eliminar esa secretaría y colocar el proyecto Ciudad Mujer bajo el nuevo Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL), liderado por la ministra María Chichilco. 

]El 4 de junio de 2019, Bukele tuiteó: “Ciudad Mujer pasará a ser administrada por el Ministerio de Desarrollo Local y su personal pasará a laborar en esa cartera de Estado, con las mismas prestaciones”. Sin embargo, a ese anuncio siguieron una serie de despidos que, según Milagro Alvarado de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, se tradujo en una reducción de la operatividad del programa. 

Los recortes al programa venían desde la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, pero en la era Bukele se agudizaron. En 2019, durante la administración Sánchez Cerén, el presupuesto inicial para Ciduad Mujer era de $11.6 millones, de los cuales se recortaron $2 millones. En la administración Bukele ese presupuesto fue reducido aún más: pasó de ser de $7.6 millones en 2020 a $5.6 millones en 2021.

Vemos que a la entrada de este nuevo presidente, una de las cosas es la reducción de personal que se hizo en el inicio. Entonces, esa fue una de las cosas que se resintió en un primer momento. Eso conlleva también a que la cobertura que pueda tener el programa baja en términos de llegar a más mujeres, que es lo que nosotras esperábamos con los servicios que se brindan en Ciudad Mujer. También en temas económicos, a nivel de presupuesto nacional  se evidenció una disminución y creemos que estas dos medidas vienen no a fortalecer el programa”, comentó Alvarado a GatoEncerrado.

Alvarado conoce bien el programa ya que es la encargada de dar seguimiento a un convenio que el MINDEL firmó con la Colectiva Feminista para trabajar de manera interinstitucional con Ciudad Mujer, en marzo de 2020. Agregó que la falta de recursos ha tenido consecuencias en la cantidad, cada menor, de atenciones a mujeres víctimas de violencia. 

El convenio consiste en un trabajo conjunto entre la institución y la organización. “La ruta que se ha generado a nivel interinstitucional es la identificación de casos. Si identificamos casos en las comunidades, los notificamos a Ciudad Mujer y los referimos. Y las compañeras en sede los reciben y derivan según sea el caso, según sea la mujer lo que solicita, así se deriva. Ahí se reconoce a las organizaciones de mujeres como actoras trabajando”, explicó Alvarado. 

El poco personal y el poco presupuesto que el Ejecutivo asignó a Ciudad Mujer ha provocado que en algunos casos sea la organización la que termine atendiendo de forma completa a las usuarias, a pesar del convenio de trabajo interinstitucional. En otras palabras, es la sociedad civil organizada la que termina asumiendo los compromisos que le corresponden a las instituciones del Estado. “Tenemos casos concretos de mujeres víctimas de violencia donde se pidió un acompañamiento y no se pudo, que son unas mujeres en San Marcos Lempa. También el seguimiento a iniciativas productivas con las mujeres también no se brindó”, comentó. 

Para ejemplificar la problemática, Alvarado tomó un caso concreto de una víctima de violencia que necesitaba asistencia jurídica. “Este caso en concreto tuvo acompañamiento por parte de nosotras, quizá fue una de las medidas que se tomó en el marco de poder brindar atención. Cuando se habló con Ciudad Mujer de Usulután, ellas no podían dar cobertura y fuimos las organizaciones las que asumimos el acompañamiento a la víctima. Ella migró para Estados Unidos porque su caso se complicó y debido a amenazas que recibía del agresor y de la familia del agresor pues ella se fue”, explicó. 

La gran ausencia del enfoque de género

En estos dos años tampoco ha habido cambios sustanciales para la vida de las mujeres, según Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa. En 2019, según datos de la Fiscalía, recogidos por el observatorio de Ormusa, hubo 277 feminicidios. En 2020, año pandémico marcado por una estricta cuarentena, las mujeres siguieron siendo asesinadas. El portal del observatorio de Ormusa registró, con datos del Instituto de Medicina Legal, que en 2020 hubo 125 feminicidios. En 2021, hasta el 26 de mayo, datos de la Policía revelan que han ocurrido 70 asesinatos de mujeres. Para este año, ya sin cuarentena estricta y durante la nueva normalidad, el observatorio de Ormusa ha destacado que para enero se registraron 16 feminicidios, en febrero 12 y en marzo 19; para un total de 47 feminicidios, 19 más que los registrados en el mismo periodo de 2020 cuando fueron 28. 

“El incremento de feminicidios en 2021 y el alto número de mujeres desaparecidas puede conllevar a un incremento de la violencia en todas sus formas”, señalan en su último informe. “Si bien es cierto tenemos las situaciones de violencia muy persistente y hay escenarios de victimización sexual, física, los índices de violencia intrafamiliar siguen inalterados. Hemos tenido periodos de decrecimiento de la violencia feminicida; sin embargo, otras que parecen ser emergentes también deben analizarse como lo son las desapariciones y la trata de personas, el tráfico”, comentó Juárez.

Para la especialista, los planes de seguridad del gobierno necesitan un enfoque de género. “Una de las promesas de los planes era disminuir las muertes y podemos decir que mantuvo una disminución, pero seguía siendo preocupante como en una año de pandemia, y con confinamiento, se siguieron cometiendo los feminicidios. Esto también habla de que deben fortalecerse los planes de seguridad. Siguen sin reconocer que la mayor seguridad se activa cuando se previene y se evitan los delitos. Hechos como la violencia intrafamiliar están a la base de los feminicidios”, señaló. 

Juárez agregó que las políticas gubernamentales no han tenido mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir avances. “No hay planes diferenciados o que hagan análisis diferenciado de las inseguridades de las mujeres, la situación económica de las mujeres o las desigualdades que viven”, aseguró. 

El enfoque de género también es deuda pendiente del gobierno para Morena Herrera, integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto. “Yo creo que este gobierno no ha comprendido las dinámicas de violencia contra las mujeres y las niñas, la ha abordado como parte de la violencia delincuencial y el problema es que la violencia contra las mujeres y las niñas tiene otra forma de expresarse, otras claves en los comportamientos masculinos y no han hecho esfuerzos por comprenderlo y priorizarlo”, aseguró Herrera.

Herrera sostiene que este gobierno tampoco ha priorizado la salud de las mujeres, un eje que la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local  planteó como urgente en una plataforma que hizo llegar al entonces candidato y ahora presidente Bukele. El presidente no solo recibió la plataforma, sino que la incluyó en su plan Cuscatlán.

“Se realizó un proceso de lectura y reflexión de la Plataforma de Demandas por la Igualdad, ‘Nada sobre nosotras, sin Nosotras’, presentada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el objetivo de estar en sintonía con las grandes luchas que miles de mujeres salvadoreñas han realizado durante años y quienes, gracias a la sororidad y a la presión social, han logrado conquistar, poco a poco, derechos en las áreas de salud sexual y reproductiva; derechos económicos; fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género; fortalecimiento de los gobiernos locales desde la articulación con el gobierno central para la territorialización de las políticas de igualdad”, según se lee en el documento.

“Nosotras presentamos la plataforma a todos los candidatos a la presidencia, a todos los que estaban contendientes. Ellos (Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa) fueron los únicos que dijeron ‘sí, vamos a retomar esta parte’, pero desde la candidatura. Lamentablemente, una vez asumieron el gobierno se han olvidado de varias cosas que estaban en el plan Cuscatlán, incluidas las demandas para la igualdad”, explicó Herrera. 

Defender a las mujeres sin el acompañamiento del Estado

En El Salvador, el rol de defensa y promoción de derechos humanos de las mujeres ha recaído históricamente en las organizaciones de sociedad civil, en ausencia de un Estado que proponga soluciones integrales no solo en esta administración gubernamental, sino también en los gobiernos anteriores. 

Las organizaciones han venido trabajando por décadas en el reconocimiento de los derechos humanos y en ese sentido han existido dos formas de asumir este rol, según Milagro Alvarado: la incidencia política y el trabajo comunitario, un trabajo que creen que debe continuar. 

“En mi forma de ver, el rol y la actividad del Movimiento Feminista y de Mujeres es el que ha incentivado cambios importantes para la garantía de los derechos humanos y por tanto el Estado se ha ido encaminando a establecer su compromiso. Reconocer que estamos a medio camino en cuanto a garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos, cuenten con las mismas libertades y las mismas oportunidades que sus pares hombres, requiere de que las organizaciones sigamos trabajando con tenacidad pero también se requiere que los gobiernos locales y el gobierno central avancen en la aplicación real y efectiva de la normativa jurídica de políticas públicas nacionales y locales a favor de los derechos de las mujeres”, concluyó Alvarado.

Las expresiones de organización colectiva responden a agendas que han sido insatisfechas y que demandan del Estado su cumplimiento, avance y transformación, según Silvia Juárez de Ormusa. Juárez recalcó que esto no corresponde a un gobierno en concreto sino a deudas históricas, pero aseguró que a mayor resistencia del Estado a escuchar las voces de las mujeres mayor será la demanda colectiva de esas necesidades insatisfechas.

Este es el mensaje que las organizaciones LGBT hicieron llegar al presidente Nayib Bukele cuando los asesinatos de mujeres trans aumentaron a finales de 2019. Foto/Emerson Flores

La diversidad sexual retrocede en derechos

Con la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección de Diversidad Sexual que se encargaba de la promoción de los derechos de la población LGBTIQ pasó a estar bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura. “Es preocupante ver que el único mensaje que se visibiliza para la población LGTB es meramente cultural”, dijo a GatoEncerrado Bianka Rodríguez, defensora de derechos humanos y directora de COMCAVIS Trans. 

Rodríguez es contundente en decir que para la población por la que trabaja no ha habido más que retrocesos. “No se condena la violencia, no se condena la impunidad, no se fomenta la participación de la población LGTB, no hay políticas claras de inclusión para la población, no hay ni siquiera un plan de trabajo para avanzar desde el Ministerio de Justicia en el rol que antes desempeñaba la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social. No hay absolutamente nada en estos dos años de gobierno”, concluyó.

La falta de un ente que haga las veces de la extinta Secretaría de Inclusión Social es una de las urgencias que más mencionan las activistas, pero también ha sido una de las recomendaciones en el informe de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), un informe que Bukele no tomó a bien y por el cual incluso acusó al organismo de estar mal informando a los países miembros por haberse reunido con organizaciones de la sociedad civil para su realización.

En el apartado de recomendaciones, en el punto 6.1, la Misión Especial recomienda: “Establecer un espacio institucional que supla los espacios de diálogo con la sociedad civil que existían al interior de las Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y de la Secretaría de Inclusión Social”. 

El último evento que Rodríguez menciona como un gran retroceso es la reciente decisión de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa que mandó al archivo el anteproyecto de una Ley de Identidad de Género. “La asamblea legislativa que está dominada por el oficialismo, que implica más retrocesos, porque archivaron anteproyectos de ley que fueron construidos desde la sociedad civil, construidos por instituciones gubernamentales que ahora prácticamente han archivado.

Según la activista, en los viajes territoriales que ha realizado como parte de la organización para la que trabaja ha podido constatar que hay muchas personas de la población LGTBIQ que votaron por Bukele y que incluso “defienden el proyecto político”, pero asegura que el 17 de mayo, día en que las organizaciones fueron a la Asamblea Legislativa a entregar una carta para pedir una reunión con diputados de la “Bancada Cyan” del partido Nuevas Ideas para dialogar sobre el anteproyecto y luego fueron ignoradas, fue un parteaguas para muchas de ellas.

“Algunas otras han abierto los ojos y han reflexionado y esa es una realidad que se dio el 17 de mayo, donde prácticamente la población LGBTI les volvió a conceder el voto para colocar a sus diputados y diputadas, pero archivaron el anteproyecto de ley, entonces la población condenó ese retroceso porque no se trata de llegar a decir que son derechos obsoletos”, dijo la activista.

Rodríguez aseguró que a nueve días de haber entregado ese escrito ninguna de las organizaciones habían sido contactadas por la Comisión legislativa de la Mujer, liderada por diputadas de Nuevas Ideas.  

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