Foto/Emerson Flores

Gobierno antepone la inversión económica sobre el medioambiente

A dos años de gobierno, los desaciertos continúan dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por favorecer la inversión económica ante la gobernanza y gestión ambiental, según dijeron expertos a GatoEncerrado.   

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Por Marvin Diaz

Por Marvin Diaz

“La discusión medioambiental no existe. Parece que tenemos una discusión de inversiones, una discusión de dinamizar la economía, sin que se esté haciendo una discusión seria de medioambiente. Allí deberíamos ponerle atención”. 

Esa es la conclusión y análisis de Sandra Gutierrez, arquitecta, investigadora y  académica de la Universidad José Simeón Caña (UCA) sobre la línea del gobierno del presidente Nayib Bukele de agilizar los trámites para otorgar permisos ambientales en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según la investigadora, en estos años de gestión, el gobierno prioriza la agilización de los permisos ambientales y las inversiones.

En sus primeros 10 días al frente del Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele le ordenó al ministro de MARN, Fernando López, firmar y autorizar los permisos, bajo el argumento de dinamizar la inversión económica en el país.

“Le he instruido al ministro de Medio Ambiente que en cien días quiero todos esos permisos ambientales firmados y autorizados, para que esos miles de millones de dólares entren a la economía salvadoreña”, le ordenó Bukele a López, el 10 de junio de 2019, en la inauguraron del sexto hangar en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámezjunto a directivos y ejecutivos de la empresa Aeroman.

Según Bukele, los trámites burocráticos no atraen la inversión, sino que la alejan. 

A menos de dos meses de la orden, el 23 de julio, el ministro de ramo de ambiente informó a Bukele en una reunión del Consejo de Ministros que la agilización de permisos ambientales había dejado una inversión superior de $1,415 millones.

Según el registro de la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, entre 2020 y el 2021, el MARN autorizó 1,559 permisos ambientales para construcciones; además, le ingresaron 1,558 solicitudes de permisos, que están a la espera de respuesta.

Uno de los permisos aprobados desde noviembre de 2020,  fue el megaproyecto urbanístico Valle El Ángel, ubicado entre los municipios de Apopa, Nejapa y San Salvador. El proyecto, de la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada tuvo el aval de la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental al considerar que no existía “vicios de ilegalidad y que cumplía con el Reglamento de Medio Ambiente”. 

Anteriormente, la autorización para construir Valle El Ángel había sido rechazado por las afectaciones irreversibles que tendrá en las aguas de la subcuenca del río Tomayate, y porque representa un peligro para uno de los principales acuíferos de la zona norte, según consta en una resolución, con número de referencia 7586 -0769- 2009 del MARN.

Por otra parte, la construcción de la octava represa sobre el río Sensunapán, en Sonsonate, está a la espera de recibir el permiso ambiental de parte del ministerio. El proyecto, según denunciaron cuatro comunidades de Nahuizalco, afectaría la disponibilidad de agua de los cantones Sisimitepec, Pushtan, Loma del Muerto, El Almendro.  En 2014, el MARN rechazó la represa  por su inviabilidad ambiental, según documentó GatoEncerrado

El año pasado, en una entrevista de televisión, el ministro Fernado López dijo que hay una “falsa concepción” de proteger al medioambiente no dando permisos. 

“Al final vemos que no funcionó porque nosotros recibimos un medioambiente sumamente degradado, unos ecosistemas degradados. Y, a parte de eso, recibimos un gran número de permisos detenidos ¿De qué nos sirve tener inversión detenida, sino estamos cuidando el medioambiente tampoco?”, dijo.

En el “Plan Cuscatlán”, el presidente Bukele incluyó entre sus propuestas planes en la gestión y prevención de riesgo, agua y saneamiento, simplificación de trámites para otorgar permisos, manejo de las cuencas fronterizas, cambios de las actividades extractivas  y el acceso a la información ambiental.  

El 3 de diciembre de 2020, 11 instituciones del gobierno firmaron un memorando de entendimiento para implementar una ventanilla de agilización de trámites y permisos de construcción. La ministra de Vivienda, Michelle Sol dijo ese día que con la implementación de esta ventanilla el clima de negocios mejorará en el país, así como la generación de inversión en el sector construcción.

“El sector construcción es el que más genera empleo”, el secretario de Comercio e Inversiones Miguel Kattan.

GatoEncerrado entrevistó a profesionales para verificar el cumplimiento de las promesas electorales a dos años de gobierno. La conclusión de los especialistas es que la gestión y gobernanza ambiental no han estado en la agenda del gobierno: rechazaron el Acuerdo de Escazú; la gestión y prevención de riesgo ha estado en abandono; y promueven proyectos como el monocultivo de la caña de azúcar.

“Estas promesas del plan Cuscatlán son letras muertas. Por una parte, se ha ofrecido unas medidas, que en la práctica del MARN, podríamos decir que se ha reducido asimismo a una agencia tramitadora de permisos, a un observatorio ambiental y una clínica veterinaria”, consideró Cesar Artiga, miembro del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú. 

Comunidades sin acceso a información

En cadena nacional, del 25 de septiembre de 2020, el presidente anunció que no firmaría el Acuerdo de Escazú porque estaba en desacuerdo con “algunas cláusulas”. Sostuvo que lo firmaría si le hacían algunos cambios, ya que “no podemos dejar de construir viviendas”.

Escazú legisla, entre otras cosas, en favor de la generación, divulgación y acceso a la información ambiental, según lo describe en sus artículos 5 y 6. El acuerdo fortalece las leyes nacionales vigentes de los países firmantes. 

“El Salvador perdió mucho al no dotar al Estado con un acuerdo que venía a ampliar el asidero legal, robustecer las políticas nacionales y el fortalecimiento de las instituciones públicas”, comentó Artiga, del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú. 

Líderes ambientalistas entrevistados por GatoEncerrado también denunciaron bloqueos y falta de respuestas a solicitudes de información. 

Para el caso de la construcción de la octava represa en el río Sensunapán, la información y transparencia fue limitada para las comunidades. El MARN no respondió a una solicitud de información pública. Mientras que el ministro Fernando López, y la exministra de cultura, Suecy Callejas, negaron reunirse con las poblaciones afectadas por la represa, explicó José Francisco Morán, miembro del Comité Ambiental de Nahuizalco.  

“En todas las entidades del gobierno hemos tenido todo negativo. Hemos solicitado información al MARN de todo el proceso de consulta que se dio, queríamos la respuesta, y todo eso se nos ha negado”, comentó Morán. 

El 30 de junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid-19, el Ministerio de Medio Ambiente intentó realizar una consulta pública para el proyecto de la represa. El proceso estaba programado entre el 19 de junio al 2 de julio, sin embargo fue rechazado por la alcaldía de Nahuizalco porque significa exponer a la gente ante la COVID-19. Hasta la fecha, el MARN no ha convocado a nueva consulta pública.

El pasado 26 de mayo, líderes comunitarios interpusieron una denuncia contra el MARN y el Ministerio de Cultura ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla por no entregar los informes sobre la situación del río Sensunapán, luego de una visita que realizaron, el 4 de marzo de 2021, esos ministerios y la comuna.

El 22 de marzo de 2021, Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla pidió un informe; sin embargo, el juez de la Cámara Samuel Lizama confirmó a esta revista que las instituciones del gobierno han incumplido la orden  de informar sobre la situación del río Sensunapán y sus sitios sagrados y culturales. 

Para César Artiga, del Grupo Impulsor, los casos de Valle El Ángel y la represa Sensunapán reflejan la inoperancia del Ejecutivo en cuanto a la transparencia y acceso a la información, violentando procedimientos para favorecer los intereses económicos de los proyectos.

“El asunto es que al no tener la información oportunamente hay un vencimiento de plazos y nosotros hemos tenido que recurrir a otras instancias del Estado, pero ya prácticamente vamos sobre hechos consumados”, comentó Santiago Rodríguez, del Colectivo “Salvemos Valle El Ángel.

Debilidad en gestión y prevención de riesgo

En 2020, El Salvador fue golpeado por cuatro fenómenos climatológicos: las tormentas Amanda y Cristóbal, y los huracanes Eta e Iota. Estas lluvias dejaron 30,871 afectados, 31 fallecidos y centenares de escuelas dañadas y cultivos perdidos, según registros de la Concertación de Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR) en Centroamérica.

En ese contexto, GatoEncerrado reportó que las autoridades de Protección Civil no actuaron con la urgencia del caso y el Gobierno despertó hasta que las tormentas ya caían sobre El Salvador, a pesar que el Observatorio Ambiental del MARN alertó, cinco días antes, de las lluvias. 

La negligencia afectó a los residentes de las comunidades La Cuchilla, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Panamericana; Tiembla Tierra, en San Salvador; y el caserío Los Alvarado, en el lago de Coatepeque, Santa Ana, según constató GatoEncerrado en junio 2020. 

Inclusive, el presidente tardó en ordenar alerta roja, lo hizo el 31 de mayo 2020, en plena emergencia por Amanda, en un tuit.

El 29 de octubre de 2020, los caseríos Los Angelitos I y II, del cantón Los Conacastes, en Nejapa, fueron soterrados por un deslave de lodo y piedras. En la tragedia murieron nueve personas y dejó 110 familias afectadas. 

En este caso, el MARN demoró en alertar a Protección Civil y a la comisión municipal de Nejapa. La tragedia ocurrió entre 10 y 11 de la noche; el ministerio reaccionó una hora después, 11:45 pm, según publicó GatoEncerrado en noviembre de 2020. 

Las tragedias de las tormentas y el deslave en Nejapa fue por la “centralización de las decisiones” y la falta de coordinación entre El Ministerio de Gobernación, Protección Civil y los liderazgos comunitarios, según analizó Rubén Quintanillas, representante de El Salvador ante la Concertación de Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR) en Centroamérica.

El analista, con 20 años de experiencia en la gestión de riesgo, señaló la falta de planes preventivos y prospectivos en el segundo año de gobierno. Explicó que las instituciones responden de forma “reactiva”. Quintanilla aseguró que las promesas del “Plan Cuscatlán” siguen sin cumplirse a dos años de gobierno.

El Salvador es uno de los países más vulnerables en Latinoamérica, indica el mapa de vulnerabilidad Germanwatch. Pese a ello, el MARN decidió reducir el presupuesto del Observatorio de Amenazas pasando de $2779,827.00 que tenía en 2020, a $2,513,570.00 en 2021; es decir, una disminución de $266,257, según el proyecto de presupuesto del MARN   

De igual forma, los fondos para el Fortalecimiento de la Prevención y Reducción de Riesgos a Nivel Nacional disminuyeron de $945,805 a $749, 405, con una reducción de $196,400.

Agua y saneamiento: otras deudas ambientales

Los cumplimientos de las promesas para promover y gestionar el agua son inciertos en el segundo año del presidente Bukele. A la fecha, no hay claridad en los planes del uso racional del agua y el manejo de cuencas transfronteriza, según el análisis de dos especialistas hídricos. 

El discurso oficial sobre la participación de sectores privados en la gestión del agua fue contradictorio durante la campaña presidencial. En octubre de 2018, la fórmula presidencial de Gana se comprometió a no privatizar el agua.

“Ni Félix Ulloa, ni yo, seríamos capaces de contemplar la idea de privatizar el agua, ni siquiera contemplarla. Félix ni yo no vamos a privatizar el agua”, recalcó Nayib Bukele durante su participación en el conversatorio de la UCA. 

Tres meses después, en enero 2019, el candidato a la vicepresidencia aseguró estar en contra de la privatización del agua; sin embargo, consideró que los empresarios deberían participar en las discusiones sobre políticas públicas relacionadas con el agua. 

De igual forma, el ministro del MARN tiene un doble discurso en cuanto a la gobernanza del agua. El 6 de junio de 2019, Fernando López dijo estar a favor de que “entes privados” participen en decisiones del agua, pero con “regulación''. Luego, el argumento cambió. El titular de Medio Ambiente dijo que la gestión del agua es responsabilidad del gobierno y no de los sectores privados. 

La protección de río Lempa es una de las deudas ambientales en el gobierno, esto por la falta de diálogo para la protección de las tres cuencas fronterizas: El Río Paz y el Lago de Güija, con Guatemala; y el Río Goascorán, con Honduras, dijo Héctor Aguirre, representante de la Mancomunidad Trinacional del Río Lempa, 

Las aguas del Lempa abastecen al 56 % del territorio salvadoreño, según datos oficiales. Aguirre señaló que esta cuenca está amenazada por la contaminación de las aguas mieles del cultivo del café, la basura y la industria minera, entre ellas el proyecto minero Cerro Blanco, en Guatemala, fronteriza con el río Ostúa y el lago de Güija, en Metapán. 

Al igual que en los gobiernos del FMLN, la actual gestión sigue desinteresada por dialogar en favor del Lempa.  “Aunque en el plan Cuscatlán haya establecido algunas acciones a favor del río Lempa, pero no vemos una consecuencia del plan y el cotidiano vivir de este gobierno”, dijo Aguirre a GatoEncerrado

El especialista lamentó la ausencia de planes y políticas ambientales en los tres países, algo que complicaría el deterioro de las aguas del Río Lempa, según cita un informe de la Mancomunidad. 

El megaproyecto urbanístico Valle El Ángel tendría a disposición 400 litros de agua por segundo (l/s), según el certificado de factibilidad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), con número de referencia 127/2019. 

La aprobación del permiso ambiental para construir Valle El Ángel va en contrasentido de la visión sostenible y de preservación del agua que promete el Ejecutivo en su “Plan Cuscatlán”, comentó el hidrólogo Julio Quiñonez, quien tiene 18 años de experiencia en temas hídricos. 

“Valle el ángel debería salvarse porque significa la pérdida de 1,4 millones de metros cúbicos al año, un volumen que abastecería a 26 mil personas al año. Ya no se puede seguir sobrepasando porque comprometería el abastecimiento de agua en la capital” afirmó el especialista hídrico. 

Quiñonez explicó a GatoEncerrado que la precariedad hídrica en El Salvador se debe a varios factores: la construcción de urbanizadoras, la producción del monocultivo de caña de azúcar, la deforestación en lugares de recarga acuífera y por desorden territorial. 

El estudio “Efectos socio económicos, sociales y ambientales en El Salvador” de la Fundación Heinrich Boll, publicado en 2019, revela que la industria de la caña de azúcar deteriora las tierras, sobreexplota las aguas, impide la producción de cultivos tradicionales como el maíz y frijol y contamina los ecosistemas con agroquímicos. 

Quiñonez comentó que una manzana de cultivo de caña de azúcar necesita 3,800 metros cúbicos de agua para su producción. Además, según ha documentado esta revista, los productores son los responsables de desviar ríos, sobreexplotar las aguas subterráneas y de construir diques o remansos de agua para regar grandes extensiones de terrenos. 

La producción de caña de azúcar en El Salvador aumentó un 5 % durante el 2020. Según datos del Consejo Superior de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), en el ciclo agrícola 2018-2019 y la cosecha 2019-2020, el volumen producido en el país aumentó en 0.84 millones de quintales, al pasar de 17.13 millones de quintales a 17.97 millones de quintales.

La disponibilidad de agua en el país ronda en 2,750 metros cúbicos por habitantes al año. Según el hidrólogo, esa cantidad está en peligro por el “exceso acelerado de los procesos urbanísticos”, los cuales destruyen importantes áreas de captación y recargas acuíferas.

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