Por Xenia Oliva

Discusiones exprés

Cuando en 2012 se aprobaron las reformas a las 19 autónomas, uno de los argumentos que se usó para demandar la inconstitucionalidad fue el hecho de que las reformas se presentaron y aprobaron en la plenaria con dispensa de trámite. En esta ocasión, tras iniciar la plenaria y leer la correspondencia en la que se pedían los cambios desde la presidencia de la República, el presidente de la Asamblea Ernesto Castro otorgó un receso al mediodía y convocó al mismo tiempo a las comisiones de Trabajo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Financiera, de Salud, de Hacienda, de Economía, Legislación y Puntos Constitucionales para que estudiaran las reformas a las leyes orgánicas de las 23 autónomas. En algunos casos, como el de la comisión Financiera y de Salud, la discusión se dio de forma tan precisa que duró menos de una hora para emitir un dictamen favorable por las reformas.

Antes de las 3:00 de la tarde, las comisiones ya habían aprobado los dictámenes de reformas a las leyes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), CIFCO, ley orgánica del Banco Central de Reserva (BCR), Ley de la Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, Ley de Creación del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones. También la ley de CEPA, de ANDA, del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, ley del Banco de Desarrollo, ley de la SIGET, ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo, ley Orgánica de Aviación Civil, Ley General Marítimo Portuaria, ley del Fondo de Conservación Vial.

También se aprobaron las reformas de las leyes de Acceso a la Información, del Fondo Social para la Vivienda, Ley de Formación Profesional (INSAFORP), ley de Creación del Fondo de Inversión Social de El Salvador, Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular, Ley del Fondo Ambiental de El Salvador y el Código de Salud.

Entre las reformas a leyes por las que hubo mayor discusión fueron las del Seguro Social y de Formación Profesional en la Comisión de Trabajo.

En la ley del ISSS se modificó el literal ch) del artículo 8 para que establezca que será el Ministro de Economía quien nombre a los dos miembros representantes del sector patronal, que primero sean propuestos por dicho sector; sin embargo, la reforma aclara que los proponentes de los candidatos no estarán obligados a pertenecer a gremiales del sector patronal.

“Los candidatos deberán ser propuestos con treinta días de anticipación a la finalización del período de los miembros a ser sustituidos. De no proponerse candidatos en el período mencionado, el Director General deberá proceder a designar a dichos candidatos”, indica la reforma. 

Similar es el mecanismo que se usará en el resto de instituciones. El proceso también se parece al que se usa para la elección de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), donde se ha visto cómo el Ejecutivo de Bukele ha nombrado a funcionarios afines y hasta puso a una ex precandidata de Nuevas Ideas.  

También hicieron una reforma al artículo 16. La actual ley del ISSS establece que el Consejo Directivo podrá pedir al Presidente de la República la remoción del Director General o del Subdirector General del Instituto, en los casos de condena por delito, incapacidad manifiesta o infracción grave a la presente ley, a los reglamentos del Instituto o a los acuerdos tomados por el Consejo dentro de sus facultades.

Los diputados modificaron la ley y aprobaron que los miembros del Consejo Directivo no podrán ser separados de sus cargos, sino por decisión adoptada por la autoridad que los nombró y con expresión de causa. Entre los motivos que se consideran están incurrir en incumplimientos legales, haber sido condenados en delitos dolosos, poseer conflicto de intereses, pero siempre quedaría a discrecionalidad de las autoridades.  

En el caso de las reformas a la ley de Formación Profesional, se sustituyó el inciso tercero del artículo 8 y estableció que: “Los representantes del sector empleador que integrarán el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), serán electos y nombrados por el presidente de la República, de candidatos propuestos por dicho sector en Asamblea convocada al efecto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de los cuales este conformará las ternas respectivas, de la forma como se establezca en la normativa interna que se emita para ello”.

Asesor de Bukele fue demandante

El 15 de noviembre de 2013, la Sala de lo Constitucional concedió un amparo a Javier Argueta, en ese entonces jurídico de la ANEP y actualmente asesor jurídico de Casa Presidencial, después de que él promoviera un proceso de amparo por “la emisión de disposiciones atentatorias de sus derechos a la seguridad jurídica y a la estabilidad en el cargo”.

La solicitud del amparo fue en respuesta a las reformas a la Ley de Formación Profesional que promovió el expresidente Funes y avaló la Asamblea Legislativa de ese entonces.

En esa ocasión también se modificó el artículo 8 de la ley que hablaba de la conformación del consejo directivo del INSAFORP para que dijera: “Los representantes del sector empleador que integrarán el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional serán electos y nombrados por el Presidente de la República, de un listado abierto de candidatos de las organizaciones patronales que tengan personería jurídica debidamente aprobada. Las entidades mencionadas en el presente inciso que deseen incluir candidatos en el listado, deberán seleccionarlos de acuerdo a su ordenamiento interno”.

Argueta, quien también era miembro del consejo directivo de INSAFORP y había sido afectado por la maniobra del expresidente Funes, señaló que se estaban inobservando los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Ya que no permite a las organizaciones de empleadores del sector privado elegir a las personas que las representarán en las instituciones encargadas de velar por el desarrollo social, económico, cultural, etc. de la población sin interferencias de otras entidades estatales o de terceros”, expresó en ese entonces.

Una estrategia para evitar la contraloría

En declaraciones previo a la aprobación de las reformas, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, argumentó que en la junta directiva del Seguro Social se está obstruyendo todo lo que se propone desde el ISSS, pese a que se tratan de iniciativas para mejorar el acceso a vacunas o medicinas. “Es una junta directiva que ve los intereses de los grupos privados” aseguró.

La ANEP respondió que no hay bloqueos a las autónomas. “Nuestros representantes han acompañado siempre las iniciativas que hayan beneficiado a la población. Lamentamos este nuevo intento por concentrar el poder y cerrar espacios a la participación ciudadana”, fue la postura de la ANEP en comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“Las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa abren el camino a la corrupción y el nepotismo. Podría generar conflictos de interés en el manejo de más de $2 mil millones”, agregó. 

La ANEP y los diputados de Arena dijeron que la representación privada en las directivas es minoría y quien tiene el poder de decisión es la representación pública porque tienen mayoría. 

“Es mentira el argumento que están utilizando que la representación de las autónomas pueda aplazar u obstruir decisiones que se toman en las mismas. Siempre la empresa privada está en minoría”, sostuvo el diputado de Arena, Ricardo Godoy. Consideró que la decisión era para sacar a la “contraloría” de las directivas de las autónomas y poner en los puestos a personas afines al gobierno.

“En la pandemia al ISSS se le extrajeron $25 millones y el representante de la empresa privada lo denunció”, dijo Godoy.

Para Wilson Sandoval, politólogo y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, es necesario reconocer que la labor de contraloría de los representantes de las empresas privadas dentro de las autónomas no había sido la mejor. Además señaló que hay entidades en las que no es tan necesario que haya representantes de la empresa privada, como es en el caso de la junta de gobierno de la ANDA.

Sin embargo, en el actual contexto, solo el hecho de que dentro de los consejos directivos haya personas sobre las que el Ejecutivo no pueda ejercer ningún control puede significar un conflicto de intereses para el gobierno.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, señaló que sí era necesario ampliar la participación de más sectores dentro de cada autónoma. “Se debió sentar el gobierno con las gremiales para ver la necesidad y qué medidas se debían tomar para solventar. Pero el gobierno tomó el camino autoritario, sin consulta y excluyendo a sectores. Obviamente está desplazando a unos para poner a otros afines al gobierno”.

Escobar explicó que es importante que exista una verdadera pluralidad en estas instancias. “En todo acto que involucre fondos públicos, mientras más actores vigilantes hay, es mejor. En primer lugar, disuade que se quiera cometer un acto de corrupción y si al final ocurre, hay diferentes voces que pueden dar a conocer el hecho”, dijo.

Escobar advirtió que cada autónoma mueve importantes cantidades de dinero y que al buscar solo empresarios que sean afines a las decisiones de un gobierno se puede propiciar una situación clientelar y de corrupción en la que el gobierno ofrece contratos o beneficios a empresas a cambio de distintos tipos de favores.

Sandoval añadió que estamos en un contexto complejo y pareciera que están desarticulando cualquier elemento que podría representar una amenaza a actos de corrupción en las autónomas. “Hay que analizar también qué grupos de poder están peleando por mantener presencia dentro de las autónomas”, expresó Sandoval.