Bitácora ambiental
Empresas denunciadas por daños ambientales avalan ley de agua del gobierno y piden espacio en el ente rector
Sectores empresariales respaldaron la propuesta de ley del agua del gobierno del presidente Bukele que se discute en la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa. Algunas de las empresas que participaron en la reunión han sido denunciadas por contaminar y sobreexplotar el agua y los ecosistemas, según señalan documentos oficiales del MARN y organizaciones ambientales. La presidenta de la comisión, Sandra Martínez, aseguró que “no se puede detener el desarrollo ni el progreso” del país y del sector urbanístico.
Por Marvin Díaz
Gloria Olivares
La mayoría de representantes de empresas privadas que participaron en la tercera reunión de la Comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudia la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos del gobierno del presidente Nayib Bukele, se mostraron a favor de la ley. Incluso, llegaron a decir que la propuesta de ley contiene “los grandes conceptos” que les gustan.
Los privados avalaron la propuesta del gobierno de dar permisos hasta por 15 años para el uso y aprovechamiento del agua con fines mercantilistas, un plazo que ha sido objetado por organizaciones y ambientalistas debido a que pone en peligro el abastecimiento de agua a la población.
Las empresas también aprovecharon la oportunidad para pedirle a los diputados que se les conceda un espacio en la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que sería la encargada de la gestión integral de los recursos hídricos y de dar las autorizaciones. El gobierno ha propuesto que esta entidad autónoma esté conformada por 11 instituciones del gobierno, un representante de la academia y un representante de la sociedad civil.
Los diputados de la comisión, integrada en su mayoría por Nuevas Ideas, recibieron a 10 entidades privadas, entre ellas: Productos Alimenticio Diana S.A. de C.V., Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica, los ingenios azucareros La Cabaña y Central de Izalco, Inversiones Vida S.A. de C.V. (Agua Alpina), Industrias La Constancia ILC, entre otras empresas.
De las entidades privadas que llegaron a la comisión, al menos cuatro empresas han sido denunciadas por daños ambientales en los últimos cuatro años, según documentación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y denuncias de organizaciones ambientalistas.
Una de las empresa denunciadas es Productos Alimenticio Diana S.A. de C.V., industria dedicada a la producción y comercialización de boquitas, la cual además figura entre las cinco empresas más contaminadoras del río Acelhuate, según indica la resolución de la Oficina de Información y Respuesta del MARN, con número de referencia Nº 101-2019. El documento menciona que Diana incumplió “la normativa de los vertidos de aguas residuales”, delito por la que fue acusada ante la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el expediente MARN-DEC-OCA.-86-2018 de fecha 15 de febrero de 2018.
Los representantes legales de la empresa Diana, denunciada por contaminar el río Acelhuate, propusieron a los diputados de la comisión ad hoc que verifiquen el tema de las sanciones que planea la ley del agua, ya que esto podría detener las inversiones extranjeras.
“En cuanto al tema de las sanciones, recomendamos verificar el derecho comparado de la región para que las sanciones que tenemos no nos vayan a quitar competitividad en cuanto al tema de las inversiones extranjeras”, dijo Luis Sánchez, director legal de Diana S.A. de C.V.
Sánchez también propuso derogar o armonizar la legislación sobre la explotación de pozos para tener claridad sobre las atribuciones de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (Anda) y del Ministerio de Medio Ambiente (MARN).
“La ley tiene regulaciones en diferentes temas, los cuales ya están en otros reglamentos y en otras legislaciones. Queremos que por un tema de orden seria bueno que en el proyecto se incorporara la armonización de algunos de estos o la derogación (…) Por ejemplo: en la explotación de pozo existe una carta de no afectación de ANDA, el MARN analiza el permiso para la extracción del agua e impone límites y deberes máximos de extracción; y en el proyecto el ASA permite la autorización para el uso y aprovechamiento hídrico. Es importante definir esta redundancia en funciones”, agregó.
A la comisión ad hoc también asistieron los voceros de la empresa Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica, propiedad de la familia Dueñas, quienes sostuvieron que la ley del gobierno recoge las necesidades del sector inmobiliario y habitacional.
“Vemos con muy buenos ojos la propuesta de ley. Creemos que recoge en grandes términos aquellas necesidades que todos los diferentes sectores, que por muchos años, han estado haciendo sus aportaciones individuales. La ley en alguna manera aglutina aquellos conceptos que nos gustan”, opinó Carlos Ferrera, director legal de Urbánica.
Entre las propuesta presentadas por Urbánica está la reducción de plazos de los procesos administrativos para las autorizaciones y aprovechamiento, delimitar de manera gradual la entrada de la vigencia de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y establecer seguridad jurídica en los permisos que emite ANDA, entre otras.
La Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica tiene el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para construir Valle El Ángel, un megaproyecto urbanístico de 3,500 casas, 3,000 apartamentos, restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas privadas y una terminal de autobuses.
Según han denunciado las organizaciones como el Foro del Agua y el colectivo Salvemos Valle El Ángel, la construcción de este mega proyecto impedirá la filtración de agua en uno de los más importantes acuífero de San Salvador, poniendo en riesgo la accesibilidad del agua para las poblaciones de la zona metropolitana y de los municipios de Apopa y Nejapa.
Las organizaciones sociales cuestionaron la permisibilidad de la ANDA, bajo la dirección del expresidente Frederick Benítez, para que el proyecto de Urbánica tenga 400 litros de agua por segundo, divididos en 240 litros para Valle El Ángel y 160 para las comunidades aledañas, según detalla la carta de factibilidad con número de referencia 127/2019, del 22 junio de 2019.
Además, los colectivos de la sociedad civil han solicitado al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, no otorgar el permisos ambiental para el proyecto, petición que no ha sido escuchada por el MARN, ya que el pasado 3 de noviembre el Ministerio avaló la “entrega de nota de requerimiento de fianza”.
Industrias La Constancia ILC presentó sus propuestas a la Comisión haciendo énfasis en incorporar lineamientos específicos para la industria y así generar un marco de reglas claras estableciendo la delimitación de competencias de las distintas autoridades.
Esta empresa también ha sido señalada en un estudio “Caso Nejapa“, realizado por la oenegé Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua, de sobreexplotar el acuífero de Nejapa y de dejar sin reserva de agua a las familias dentro de 30 años.
En representación del sector cañero, los ingenios central de Izalco y La Cabaña plantearon que están de acuerdo con la propuesta del gobierno de dar autorizaciones de hasta 15 años para extraer más de 473,040 metros cúbicos por año; cantidades que a criterio de especialistas ponen en peligro el abastecimiento de agua a la población.
Entre otras propuestas, también sugirieron cambiar el artículo 108 del anteproyecto de ley con la finalidad de reducir los límites de las zonas de protección de las riberas de los cuerpos de agua de 50 metros a 10 metros. Además, recomendaron fortalecer la Ley de Riego y Avenamiento e insistieron en que el riego debe ser visto como una práctica de la agricultura moderna.
El Ingenio Azucarero Central de Izalco fue denunciado en 2016 en el Juzgado Ambiental por la retención y sobreexplotación del agua para el riego de la caña de azúcar, afectando a 18 comunidades del municipio de Francisco Menéndez departamento de Ahuachapán.
Esto además de afectar el acceso de agua de al menos 11, 500 personas, también rompe el equilibrio de salinidad del agua impidiendo el desarrollo de los manglares.
Propuestas | Empresas |
|---|---|
Establecer 10 o 15 años como plazos de autorización de uso y aprovechamiento del agua. | Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica, Ingenio Azucarero Central de Izalco e Ingenio Azucarero Central La Cabaña, Inversiones Vida S.A. de C.V. |
Establecer una implementación gradual de la ley. | Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica e Industrias La Constancia. |
Definir una fórmula para establecer los cánones. | Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica, Ingenio Azucarero Central de Izalco e Ingenio Azucarero Central La Cabaña, Inversiones Vida S.A. de C.V.,
Productos Alimenticio Diana S.A. de C.V. e Industrias La Constancia. |
Determinar las funciones o facultades del ASA y cada subsector. | Desarrolladora Inmobiliaria Urbánica y Productos Alimenticio Diana S.A. de C.V. |
Incorporar la participación ciudadana. | Empresa Sherwin Williams de C. A. y ASPES. |
Garantizar como usos prioritarios del agua el consumo humano y doméstico. | Cooperativa Cafetalera Los Pinos, Inversiones Vida S.A. de C.V. y ASPES |
Contar con incentivos y beneficios reales. | Cooperativa Cafetalera Los Pinos, Empresa Sherwin Williams e Industrias La Constancia. |
Incorporar la armonización de la ley con otros cuerpos normativos. | Ingenio Azucarero Central de Izalco e Ingenio Azucarero Central La Cabaña y Productos Alimenticio Diana S.A. de C.V. |
Revisar las infracciones y sanciones. | Productos Alimenticio Diana S.A. de C.V. , Industrias La Constancia y Alas Dorada S.A. de C.V. |
“No podemos detener el desarrollo”
Las y los diputados agradecieron los insumos y propuestas hechas por los representantes de la empresa privada. De la misma manera que la reunión anterior, los parlamentarios se comprometieron a tomar en cuenta las observaciones y planteamientos de este sector para la discusión de la ley.
La presidenta de la comisión, Sandra Martínez, se mostró complacida con las sugerencias y recomendaciones que hicieron las empresas privadas a la propuesta de ley de agua del gobierno. Incluso, la diputada de Nuevas Ideas sostuvo que “el desarrollo y el progreso” no debe detenerse para el sector urbanístico, pese a que grandes proyectos habitacionales han sido denunciados por cometer delitos en contra del medio ambiente.
“No podemos detener el desarrollo y el proceso, sobre todo urbanístico. Me gustó algo que ustedes nos han aportado y es que debemos alinear esa cadena de valor del Estado para que las cosas se hagan ordenadamente. Es el desorden del pasado el que nos ha causado problemas, no así las empresas”, afirmó la diputada presidenta de la comisión Sandra Martínez.
“Ha sido bastante positivo escuchar a la presidenta (Sandra Yanira Martínez) decir que el desarrollo no se detiene” replicó la representante de ILC.
De forma general y sin especificar nombres, la comisión aprobó la solicitud del diputado Christian Guevara de recibir las observaciones y propuestas de las organizaciones de sociedad civil.
