Bitácora ambiental

Organizaciones e iglesias piden incluir participación de mujeres y juntas de agua en propuesta de ley

En la cuarta sesión de la comisión ad hoc que estudia la ley de agua del gobierno, los colectivos de la sociedad civil propusieron la ratificación constitucional del derecho humano al agua, la participación ciudadana y la reducción de los 15 años de autorización por el uso del agua.

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Por Marvin Díaz

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Gloria Olivares

En la cuarta reunión de la comisión ad hoc que estudia la propuesta de Ley de Recursos Hídricos, presentada por el gobierno de Nayib Bukele, fueron recibidos distintos representantes de organizaciones civiles e iglesias, quienes aprovecharon la oportunidad para señalar que la discusión de la ley carece de la participación de diferentes sectores de la población, como las mujeres, pueblos indígenas y miembros de juntas comunitarias de agua. Así como lo hizo la academia, las organizaciones también recomendaron reducir el plazo de 15 años de autorización y permiso para el uso y aprovechamiento del agua con fines mercantilistas.

“Pensamos que hace falta en este proyecto de ley la figura del comité zonal de cuenca, que pueda llamarse de otra manera, pero que garantice la participación del pueblo pobre, el de a pie”, mencionó a los diputados el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, respecto de permitir la participación de sectores excluidos en la discusión de la ley.

Los voceros de la  Alianza Contra la Privatización del Agua propusieron la creación de artículos en cuanto al uso y acceso al agua para las mujeres, ya que estos aspectos impactan de forma diferenciadas en este sector de la población. 

“Para ir a traer un cántaro de agua es cuesta arriba y nosotras hemos tenido esas dificultades de no tener agua entre ocho y 15 días. Para nosotras es difícil, porque estamos al frente de nuestros hogares e hijos (…) Estamos en este lugar para que se tome en cuenta las peticiones de las mujeres indígenas”, comentó Omelina Mendez, miembra del Foro Nacional de Salud y lideresa de la Fundación Maquilishuatl.

En otro punto, los miembros de la Alianza Evangélica de El Salvador y de la Iglesia Luterana pidieron tomar en cuenta a las juntas comunitarias de agua, quienes se encargan de abastecer a 1.4 millones de personas, según datos del Foro del Agua. Los líderes religiosos recomendaron crear artículos específicos para darle participación en la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). 

“Si esta ley puede desarrollar en su artículo que está vinculado con las juntas de aguas un poco más, donde se pueda visualizar que las juntas de agua van a tener una asistencia técnica y cooperación financiera. Que las juntas de agua puedan tener en el articulado de la ley un lugar especial”, recomendó Santiago Rodríguez, pastor de la iglesia Luterana. 

Los voceros de las organizaciones también dijeron que lamentan que los diputados de la Asamblea Legislativa, conformada en su mayoría por los oficialistas de Nuevas Ideas, rechazaron incluir en la agenda del pleno una pieza de correspondencia para ratificar la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y su saneamiento en los artículos 2 y 69. 

La pieza de correspondencia fue rechazada con 55 votos de los diputados de Nuevas Ideas, incluidos los integrantes de la comisión ad hoc, y partidos aliados al oficialismo. Únicamente los cuatro diputados del FMLN y Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, votaron a favor, según el registro de la sesión plenaria del 11 de mayo de 2020.

El representante de la organización Caritas El Salvador, Antonio Baños, explicó a los diputados la necesidad de ratificar el derecho al agua y saneamiento para que la ley de agua en estudio tenga un asidero constitucional.

“Esta Asamblea Legislativa sí es responsable de ratificar el derecho humano al agua y saneamiento. No puede haber una ley que no tenga un asidero constitucional. Aunque aquí se ha dicho que hay legislación y jurisprudencia por una disposición de la Sala (de lo Constitucional), eso es otra cosa, pero no está en la constitución”, comentó Baños.

En ese sentido, los colectivos de la sociedad civil insistieron a los diputados en ratificar constitucionalmente el derecho humano al agua y saneamiento.

“El reconocimiento al derecho humano al agua es una deuda pendiente. Hay una reforma constitucional que debe ser ratificada por esta legislatura. Rogamos que se considere volver a esa discusión y hacer la ratificación pertinente”, dijo Amalia López, vocera de la Alianza Contra la Privatización del Agua. 

Entre otros temas, los colectivos insistieron en incorporar en la ley la sustentabilidad, la sostenibilidad, precaución, prevalencia del interés colectivo e instrumentos para garantizar el relevo generacional; además, planes integrales para el cuido de las cuencas hidrográficas, bosques y áreas naturales protegidas.

GatoEncerrado intentó conversar sobre lo planteado por las organizaciones e iglesias con los diputados de Nuevas Ideas: Christian Guevara, secretario de la comisión ad hoc, y con Sandra Martínez, presidenta de la comisión; pero se retiraron sin dar declaraciones a los medios.