El Salvador y Guatemala no tienen una Ley de agua y en sus Constituciones no está consignado el derecho humano al líquido, a pesar que la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho en 2010, por tanto los países también deberían trabajar en su legislación para reconocerlo. 

En Nejapa, El Salvador, las comunidades pagan por el servicio potable, pero escasamente lo reciben. A pesar de estar asentados en el manto acuífero más grande de San Salvador y que es la principal fuente de abastecimientos para los municipios aledaños. El agua se escasea más para los habitantes desde que las industrias, construcción y comercio se han asentado en la zona. La ironía diaria de miles de familias es vivir en un municipio rico en agua y tener sus recipientes solos. 

Santa Cruz Chinautla, en Guatemala, la situación es similar. Los habitantes, del pueblo poqoman, no tienen un acceso a agua de calidad y cantidad. Los pobladores han impulsado diferentes proyectos comunales porque la municipalidad que debe de ser la encargada de garantizar el agua no lo hace. 

Dos municipios, una realidad. Esta investigación expone los diferentes factores que han influido para que no se apruebe una ley de agua, y los impactos sociales y ambientales que se producen por ello.