Uno de septiembre. 

El mes en el que se conmemora la instalación de un Estado salvadoreño demócrata y libre de ataduras autócratas se inaugura con un hecho que pone en duda la vigencia de aquellos valores que se celebrarían en este próximo bicentenario. Mario Gómez, especialista en Informática, quien desde hace meses ha venido divulgando de forma independiente, a través de redes sociales y grupos de discusión, información y cuestionamientos referentes a la protección informática que presupone el uso del Bitcoin -cuya circulación entra en vigencia el 7 de septiembre- a través de sus soportes tecnológicos (como la wallet Chivo que promueve el gobierno), ha sido arrestado arbitrariamente sin una orden judicial ni mayor explicación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Horas después de efectuada la captura, cuando ya circulaba en redes el hashtag #LiberenAMario, la PNC, a través de su cuenta oficial de Twitter, alegó que la detención se debía por una investigación por los delitos de fraude financiero. Sus abogados y allegados confirmaron a diversos medios que esta resolución no fue sino una excusa para opacar las verdaderas intenciones de su captura: un llamado claro y directo al silencio, al deseo incondicional del Estado por no tener mentes libres y críticas que le estorben. 

Llegado el mediodía, se anunció que Mario Gómez había quedado en libertad.

Todo apunta a que fue fruto de la presión social, pero lo hecho, hecho está y el temor que infundió tal actuación no se quitará ni olvidará fácilmente, pues como repito, el mensaje queda muy claro a la ciudadanía: Los enemigos del Estado serán aquellos que se propongan abrir diálogos y debates en torno a las acciones mismas del Estado. El presidente, muy a la lógica de El Estado soy yo, tiene como prioridad mantener a todo un país hincado frente a su imagen, celebrando sus actos o censurando toda opinión que no encaje en su idiosincrasia. 

La madre de Mario, la señora Elena, por sus declaraciones me recordó a las mujeres que durante los 80 se acercaban a las bartolinas buscando a sus hijos apresados por la represión (mi tía difunta fue una de esas que no se cansó de buscar junto con sus Comadres). Una parábola rota que se ajusta a la cacería de brujas comunistas durante el Macartismo en Estados Unidos en los años 50. O si lo queremos ver más de cerca: Una triste reminiscencia de los años en que la Democracia Cristiana perseguía a personas progresistas en El Salvador. 

En la noche del martes 31, una luna antes del arresto de Gómez, ocurrió otro hecho lamentable en la Asamblea Legislativa. La bancada oficialista aprobó una reforma con la intención de depurar al órgano Judicial, en cuya iniciativa se busca jubilar a abogados sexagenarios o que hayan cumplido 30 años de carrera. 

El enorme inconveniente es que, primero es una acción que debe venir desde el mismo órgano Judicial, no Legislativo, y lo otro es que una de las implicaciones de esta iniciativa hace que el juez encargado del caso Mozote, Jorge Guzmán, por su edad, quede fuera de sus facultades constitucionales para continuar con el caso, lo que significa que una vez más, el Estado salvadoreño ha colocado piedras de tropiezo para la dignificación y restitución de justicia en los casos de memoria histórica, muy en específico en el que se considera la masacre más grave ocurrida en América Latina durante la guerra fría (978 civiles asesinados, entre los cuales 553 eran niños y niñas, según lo constata la Corte Interamericana de Derechos Humanos.). Eso y que ahora será mucho más difícil encontrar jueces independientes en el Estado. 

Todo esto sucede después de que el ecosistema de medios informativos se inundara de una reciente campaña de reclutamiento voluntario para jóvenes que deseen enlistarse en el ejército nacional. Si el presidente lo quisiera, se pusiera a él en vez del tío Sam para decirlo: I want you (Te necesito), porque es mejor tener una Fuerza Armada robusta y lista para defender los intereses del oficialismo (que, como siempre, se ha apropiado del sentido de la patria), que educar, sensibilizar y apoyar otras formas de ciudadanía alternativa. Basta con revisar los últimos recortes presupuestarios revelados por el Ministerio de Hacienda ($58 millones), en el que se incluyen recortes económicos para el proyecto de becas universitarias Dalton. 

¿Cuántos aplausos, cuántos bitcoins nos va a costar nuestra joven democracia? Una en la que se ha desmantelado durante todo el siglo XXI, desde las instituciones oficiales, los últimos resquicios de confianza ciudadana que le quedan a este país, a través de corrupción, violencia social y pedantería institucional. Es difícil mantenerse al margen con esta situación que se viene como una avalancha. Es durísimo tener que escribir sobre tal oscuridad mientras espero a mi padre a las afueras de un quirófano, pero por él y por la gente que amo necesitamos hablar. Y necesitamos cambios reales, estructurales, procesales. 

Un país no cambia en seis años, lo sé, pero por algo se empieza, y así como hemos empezado estamos muy lejos de cambiar las estructuras injustas. 

¿Quiénes serán los siguientes? Habrá que estar preparados para no perder la esperanza.