Foto/Carolina Amaya/Archivo

Sala impuesta tuerce la Constitución para avalar la reelección presidencial de Bukele

Tan solo tres días después del tiro de gracia al Órgano Judicial con la destitución de jueces, magistrados y fiscales mayores de 60 años, la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea de Bukele emitió un escrito en el que da pase libre a la reelección presidencial inmediata, a pesar de la clara incompatibilidad de esta decisión con lo que expone la actual Constitución. Los argumentos expuestos en el documento fueron escritos sin más base jurídica que adjudicarse lo que "el pueblo quiere" y un uso forzoso de las palabras. Funcionarios del partido Nuevas Ideas han celebrado por adelantado una victoria electoral, mientras el presidente Bukele guarda silencio e intenta borrar críticas pasadas a presidentes de países conocidos por prácticas antidemocráticas. El vicepresidente Ulloa también guarda silencio sobre el tema, después de haber asegurado en distintas ocasiones que el gobierno nunca ha pretendido la reelección presidencial.

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Por Karen Moreno*

Por Karen Moreno*

@KarenMorenoPala

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impuestos por la Asamblea Legislativa del presidente Nayib Bukele, publicaron la noche de este viernes 3 de septiembre una resolución que abre la puerta a la reelección presidencial inmediata y, por tanto, a la consolidación de una nueva dictadura en El Salvador en manos de Bukele. En la resolución de la Sala, que es la encargada de interpretar y hacer cumplir la Constitución de la República, se ignoraron tres artículos que establecen claramente la alternabilidad en la presidencia de la República para garantizar el mantenimiento del sistema democrático. Abogados constitucionalistas explicaron a GatoEncerrado que esa resolución no debería tener validez porque en un Estado de derecho avala lo ilegal y porque en el fondo es un simple documento firmado por magistrados usurpadores que hicieron una interpretación “de manera forzosa” y con un juego de palabras lograron “tergiversaciones sobre de la voluntad popular” para legitimar la continuidad en el poder Ejecutivo de una misma persona.

Para el cumplimiento de la decisión expuesta en el documento, los magistrados ilegítimos Óscar López Jeréz, Javier Peréz, Elsy Dueñas, Luis Suárez y Héctor Martínez ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acatar, “de conformidad con el artículo 152 ordinal 1°”, y permitir que el presidente Nayib Bukele se postule. Ese artículo 152 de la Constitución establece expresamente que no podrán ser candidatos a la presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores”. Aunque claramente no se permite la reelección inmediata, los magistrados impuestos señalaron que “la Constitución no establece la prohibición para ser presidente, sino para ser candidato a presidente”, y sugiere solicitar una licencia durante los seis meses previos, para saltarse la prohibición. 

La respuesta del Tribunal Supremo Electoral no tardó en llegar. A las 8:32 de la mañana de este 4 de septiembre, los magistrados Dora Esmeralda Martínez, Luis Guillermo Wellman Carpio, Rubén Meléndez García y Noel Antonio Orellana Orellana publicaron un comunicado en el que anunciaron que acatarán la orden de la Sala de Bukele. Irónicamente, reiteraron "su apego irrestricto a las leyes y a la Constitución salvadoreña". El magistrado Julio Alfredo Olivo Granadino declaró unas horas después que está “muy sorprendido por ese comunicado”, ya que el organismo colegiado no sesionó para discutir el documento publicado por la Sala impuesta. 

GatoEncerrado contactó al magistrado Wellman, pero dijo que no opinaría por el momento. El magistrado Orellana aseguró que regresaría la llamada al salir de una reunión, pero al cierre de esta nota no lo había hecho.

Mientras tanto, el gabinete del Gobierno de Bukele, los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y otros funcionarios de la administración actual celebraron en sus cuentas de redes sociales la decisión de la Sala impuesta y comenzaron a hacer campaña presidencial adelantada. Dania González, diputada oficialista, fue una de las primeras en tuitear: publicó una foto de Bukele con un escueto “2024-2029”. Francisco Alabí, ministro de Salud y cuestionado por casos de corrupción, escribió que "se han hecho grandes avances, pero es importante defender esos cambios y no retroceder al pasado". Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, escribió en su cuenta que "las verdaderas transformaciones sociales deben continuar". 

Tras las reacciones de los funcionarios, el abogado Enrique Anaya dijo a esta revista que probablemente todo haya sido armado con anticipación y que la redacción del documento de la Sala impuesta fue en Casa Presidencial.

Por su parte, la única reacción de Bukele ha sido borrar un tuit que publicó en 2017, en el que señaló que a Juan Orlando Herández, presidente de Honduras, “no le importó incendiar Honduras para mantenerse en el poder”. Bukele, hasta el cierre de esta nota guardaba silencio, a pesar de que es alguien muy activo en sus redes sociales.

Tampoco el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, había dicho una sola palabra cuando esta nota se publicó. Estos hechos contrastan con las reiteradas declaraciones de Ulloa en las que ha afirmado que el gobierno nunca ha buscado la reelección presidencial de Nayib Bukele. El 17 de octubre de 2020, durante la presentación del criticado y denominado Equipo ad hoc que estudia las reformas a la Constitución, Ulloa declaró que “es tan sagrado el principio de alternabilidad que (la Constitución) le reconoce al pueblo el derecho a la insurrección”. El 2 de julio de 2020, respondió a José Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch: "Jamás he propuesto ni estaría de acuerdo con la reelección continua en nuestro país".

La publicación del documento de la Sala impuesta tuvo su origen en una demanda que había sido admitida el 22 de febrero de este año por los magistrados destituidos, presentada por el abogado Enrique Anaya en contra de la excandidata de Gana Nancy Díaz de Martínez, por promover o apoyar la reelección del presidente de la República, lo cual es causa de pérdida de los derechos de ciudadano, como señala la Constitución en el artículo 75. A juicio de la Sala impuesta por el oficialismo, la Sala anterior “generó un círculo vicioso de interpretaciones erróneas”, que volvía necesario hacer una interpretación “progresiva y extensiva” de los derechos fundamentales. Esto a pesar de que ha sido un principio permanente en el constitucionalismo salvadoreño no permitir la reelección presidencial, como explicó Anaya a GatoEncerrado.

“¿Cuál es la visión progresista en permitir la reelección presidencial? Cuando se habla de una visión progresista es para poder posibilitar vigencia o mayor protección a los derechos humanos. Es absolutamente absurdo”, expresó el abogado constitucionalista. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró, en una opinión consultiva el 7 de junio de este año, que reelegirse indefinidamente no es un derecho humano autónomo, “pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho”.

El 1 de mayo, la Asamblea de Bukele impuso a nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Foto/Emerson Flores.

Debido a que “estas personas no son magistrados, sino usurpadores, todo lo que resuelven, y disculpe la expresión, tiene el valor, jurídica y constitucionalmente, de un papel higiénico usado”, manifestó Anaya. Añadió que el discurso utilizado en el documento, en el que se menciona la palabra “pueblo” 43 veces, es “típico lenguaje fascista”, porque si bien la soberanía reside en el pueblo, como menciona el artículo 83 de la Constitución, el pueblo debe regirse por las reglas de la Constitución.

En la página 24 del documento, se plantea que se ha dejado en en manos del pueblo “la manifestación inequívoca de su voluntad”, a través de las votaciones, y se hace referencia a las que se llevaron en 2019, cuando Bukele ganó la presidencia, así como las elecciones de 2021, cuando los candidatos a diputados por el partido Nuevas Ideas ganaron la mayoría absoluta en la Asamblea. Para los magistrados impuestos, estos fueron “cambios históricos en las tendencias ideológicas que ejercieron el poder durante décadas precedentes”.

Para José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), el lenguaje utilizado “es más propio de un mitin político” y “un descaro”, para autorizar un cambio en las reglas de la reelección. 

“Vale la pena destacar lo absurdo que es este papel. Es una proclama reeleccionaria, en términos del valor que tiene. Al final, esta gente que lo está suscribiendo son usurpadores”, recalcó.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, coincidió en que hay una tergiversación de la voluntad popular en los argumentos plasmados y que las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando sean emitidas por personas legitimadas constitucionalmente. “Es un juego de palabras lo que han hecho”, resumió.

El documento de la Sala impuesta fue emitido a tan solo cuatro días de haber asestado otro golpe a la independencia del sistema judicial. En la sesión plenaria del 31 de agosto, los diputados de la bancada oficialista y sus aliados reformaron la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para destituir de manera automática a los jueces y fiscales con más de 60 años de edad o con 30 años de servicio, bajo excusa de la “depuración judicial” contra la corrupción, aunque no hubo ninguna disposición para ello. Si bien el silencio se apoderó de los jueces y magistrados desde el golpe al poder Judicial del 1 de mayo, el 1 de septiembre se pronunciaron tanto los que se encuentran en el occidente como en el oriente del país, contra la Asamblea de Bukele por violar derechos constitucionales como la independencia judicial.

El documento emitido por los magistrados impuestos ha sido publicado a dos años y medio de las próximas elecciones presidenciales. El constitucionalista Anaya especuló que la razón de emitir el fallo con antelación pueda ser que ha empezado a disminuir la popularidad de Bukele o tal vez el infructuoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En todo caso, recomendó no dejar de lado en la discusión pública temas como la entrada en vigencia del bitcoin el próximo 7 de septiembre y la reciente destitución de jueces y magistrados. También sugirió a la ciudadanía trascender de las redes sociales y manifestarse en las calles de forma masiva.

Anaya consideró que la resolución no solo es un insulto a la memoria de lo más de 75 mil salvadoreños que murieron durante la guerra civil, sino que es una declaratoria de que la situación futura pueda ser peor, por motivos como los grupos criminales con los que el gobierno ha pactado una tregua, la posible legalización de grupos armados en las propuestas de reformas del equipo ad hoc o el involucramiento de funcionarios de la administración actual en actividades ilícitas como lavado de dinero, según la Lista Engel.

Estados Unidos condena la decisión de la Sala

Este 4 de septiembre, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, condenó la resolución de la Sala impuesta. 

La resolución es “claramente contraria a la Constitución salvadoreña”, dijo en conferencia de prensa y agregó que se trata de una “estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar los contrapesos críticos”, lo cual ha provocado un “declive de la democracia” en el país. 

“Cada día estamos tratando de traer buena inversión al país, pero no es posible si su sistema judicial no está funcionando. Las empresas que piensan dos, tres veces, porque quién sabe qué va a ocurrir el día siguiente”, mencionó como impacto inmediato de las acciones del gobierno de Bukele. Manes también reaccionó ante la destitución de jueces y magistrados y señaló que la intención real no es combatir la corrupción. 

Algunos usuarios de redes sociales han cuestionado, sin embargo, las donaciones estadounidenses de doce helicópteros, formación de pilotos y donación de equipo para apoyo aéreo, en el contexto de acciones dictatoriales del gobierno.

*Con reportes de Beatriz Benítez y Xenia Oliva

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