Regularmente en septiembre de cada año, en prácticamente todos los países de la región, se agitan las aguas porque los gobiernos de turno tienen como responsabilidad constitucional la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que regirá el funcionamiento del aparato estatal para el ejercicio fiscal siguiente. En términos de política fiscal, el presupuesto público debiera ser la materialización de corto plazo, de la programación contenida en el Plan Estratégico de cada país,  la que teóricamente está inspirada en la obtención de los resultados planteados en las Constituciones Políticas; por ello,  su  importancia radica en que allí se debiera plasmar paso a paso el camino hacia la mejora de las condiciones de vida de los centroamericanos, dado a que los fines primordiales de estos Estados es la protección de la vida y la garantía del bienestar de las personas.

El análisis presupuestario debiera tener dos diferentes miradas complementarias, pero ambas indispensables: la de suficiencia fiscal para evaluar si con los recursos asignados se pueden atender las necesidades de la población, y la de sostenibilidad fiscal para verificar la factibilidad de ejecutar lo previsto, sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. Lamentablemente, en la práctica centroamericana común, los presupuestos normalmente representan la materialización de políticas coyunturales de los gobiernos de turno, que anteponen la sostenibilidad de la deuda a la oportuna atención de las demandas de sus habitantes, descuidando y en muchas oportunidades obviando, el análisis de suficiencia fiscal.

En forma complementaria, el análisis macrofiscal que involucra la formulación presupuestaria debe descansar en la evaluación de corto plazo de la dinámica económica esperada por las autoridades monetarias del país,  pero también de las expectativas de impulso fiscal que pretenden los gobiernos.   Estas evaluaciones inician este mes en la región.   

Por ello, y previo al necesario análisis que habrá que realizar a los proyectos de presupuesto de cada uno de los países, es pertinente comentar su situación fiscal actual, como parámetro de referencia anterior a la aprobación de estos importantes instrumentos de política fiscal que regirán en 2022.

En materia de ingresos públicos, Centroamérica, que depende de los impuestos en cerca del 90% de sus recursos,  reporta en 2021 una recuperación significativa en la dramática caída tributaria de 2020,  causada primariamente por:  los efectos de la pandemia de Covid-19 que implicó además de la pérdida de producción, ventas, exportaciones y empleos en general, la adopción de algunos países de estrategias de protección a los grupos empresariales por medio del diferimiento o exención en el pago de impuestos; y por la disminución de los precios internacionales de los combustibles.  

De esa forma en 2021, prácticamente la recaudación de todos los países de la región, ahora ya con precios de los derivados del petróleo en valores normales y con una actividad económica con tendencia a normalizar, se estima que tendrá una recuperación total, aproximadamente al nivel observado previo a la pandemia.  

En este rubro es importante destacar el caso de El Salvador, que conforme sus estadísticas oficiales fue el único país de la región que no reportó una caída en la recaudación tributaria en 2020 y en donde además, con los esfuerzos de la combate a la evasión fiscal anunciados por sus autoridades, se espera que continúen en la senda de mejorar los ingresos esperados.  

También es importante comentar los casos de Costa Rica y Nicaragua, en donde, y a pesar de la implementación de sendas reformas tributarias, básicamente los ingresos tributarios esperados al cierre de 2021 son relativamente similares a los previos, sin que haya evidencia que dichas reformas hayan producido un cambio significativo en la percepción tributaria, lo que debiera ser objeto de análisis de sus autoridades, para evaluar si las mismas fueron diseñadas conforme las necesidades propias de los Estados.

En materia de gasto público, y con la salvedad de El Salvador y Panamá, que siguen presentando valores relativamente similares a los registrados en 2020 durante el primer año de la emergencia sanitaria, la mayor parte de los países de la región se estima que tendrán una ejecución de gasto relativamente similar a la histórica. Aquí debe recordarse el complejo panorama de Costa Rica, en donde a pesar de la implementación de diferentes medidas de austeridad, el peso de la deuda sobre el presupuesto público, continúa presionando el gasto hacia el alza, estimado para el presente año registre un cierre cercano al 21.9% del PIB, por encima del 21.2% de 2020.  

El Salvador y Panamá conservan estructuras de gasto similar a las reportadas en 2020; así el Salvador que reportó un gasto del 30.3% del PIB en 2020, se estima que cierre en alrededor del 27.8% en 2021, mientras que Panamá que reportó una ejecución del 21.7% del PIB en 2021, se estima que cerrará con 21.2% en 2021.

En forma complementaria, Guatemala reducirá su gasto del 15.6% al 14.6% del PIB, Honduras del 25.6% al 22.6% y Nicaragua del 20.3% del PIB a un estimado del 19.7%.

La mejora en la recaudación tributaria y la ligera reducción del nivel de gasto público producirá una disminución del déficit fiscal de los países de la región.  De esa forma, el déficit fiscal en Costa Rica se estima que se reducirá hasta un 6.6% del PIB en 2021, luego del 8.0% en 2020; mientras que El Salvador, que reportó el nivel más alto de déficit en 2020, lo disminuirá desde el 10.6% anterior hasta 7.9% en 2021; y Panamá lo reducirá del 9.2% del PIB en 2020 al 7.0% en 2021; estos países aun cuando reportan contracción en su déficit fiscal, todavía estos se pueden considerar excesivos,  atendiendo a la necesaria sostenibilidad de la deuda pública.   Los otros países reportan déficits fiscales mas acordes a su trayectoria histórica.  

Finalmente, y a pesar de los esfuerzos de austeridad anunciados, los que no necesariamente responden a una apropiada planificación, el saldo de la deuda pública seguirá su trayectoria creciente en todos los países, aunque obviamente ya sin el sobresalto que implicó 2020, como producto de las caída de la actividad económica.  Aun así, la situación fiscal más delicada se avizora en El Salvador que se estima que alcanzará 89.6% del PIB como saldo de su deuda al cierre de 2021, por encima del 73.7% de Costa Rica y del 70.4% de Panamá.  El país más conservador, producto de su política de austeridad pública, Guatemala,  mantendrá un saldo de alrededor del 32.6% del PIB.