Es falso que todas las universidades cuentan con protocolos para abordar la violencia de género
La Ministra de Educación, Carla Hananía, planteó ante a la Comisión Legislativa de la Mujer que las instituciones de educación superior tienen protocolos para detectar y prevenir el acoso y la violencia de género. Con eso, dio a entender que los campus universitarios son seguros para las mujeres estudiantes. GatoEncerrado verificó la afirmación y encontró que es falsa.
Por Marcela Benítez
La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aseguró que todas las universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) de El Salvador cuentan con “reglamentos” o protocolos para prevenir y sancionar el acoso sexual y, consecuentemente, hacer de los campus universitarios lugares seguros para las mujeres estudiantes. De acuerdo con la funcionaria, es el mismo Ministerio de Educación y Tecnología quien tiene la responsabilidad de verificar que esos reglamentos existan.
Así lo dijo a las diputadas de la Comisión Legislativa de la Mujer, el 2 de julio de este año, cuando fue invitada para dar a conocer el trabajo que su ministerio ha realizado para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley Especial para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y el artículo 18 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LEI) para garantizar el acceso a la educación superior sin ningún tipo de discriminación.
En la comisión, las diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas la felicitaron por su labor y la dejaron desarrollar su exposición sin ningún tipo de cuestionamiento o pregunta.
“En este momento sabemos que todas las IES cuentan con ese reglamento y es responsabilidad del Ministerio ver que cuenten”, expuso y luego agregó que al recibir “quejas de sexismo” lo que procede es un seguimiento inmediato por la gerencia de Acreditación y por la Dirección de Educación Superior y la Gerencia de Género”.
Eso no es todo. La funcionaria también dio a entender que el Ministerio de Educación está trabajando en erradicar el acoso en todos los niveles educativos, no solo el superior, y por eso cuenta con “un protocolo de actuación recientemente actualizado para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas, en donde participan en su implementación las Consejerías Escolares y (se) articula con las Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia del CONNA”.
Tras documentar la participación de la ministra Hananía en la Comisión de la Mujer, la sección de verificación del discurso público de GatoEncerrado se tomó la tarea de preguntar a 15 instituciones de educación superior —seleccionadas bajo el criterio de tener la mayor población estudiantil inscrita— si contaban con los protocolos específicos para prevenir y sancionar el acoso sexual. De esas, solamente dos dijeron tener protocolos para la atención de casos de acoso y violencia de género de forma accesible e incluso publicados en sus sitios web. Otras dijeron que tenían protocolos para dar seguimiento a denuncias pero que no eran específicos sobre acoso y algunas instituciones se limitaron a decir que ese tipo de información se maneja de forma “interna” o ni siquiera respondieron.
Esta revista también solicitó, a través de la oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Educación, los reglamentos internos de las IES que norman el comportamiento entre docentes y estudiantes y las respectivas sanciones y protocolos de actuación para la atención de casos de acoso o violencia de género. Pero, a pesar de que el artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Educación Superior estipula que el Ministerio de Educación debe llevar un expediente de cada IES, con sus reglamentos internos, tan solo tenían 29 documentos pertenecientes a 25 instituciones. Es decir, el Ministerio de Educación ni siquiera tenía actualizado el reglamento interno de cada una de las 41 IES que están legalmente establecidas bajo el sistema educativo en el país.
Esto, sumado a diferentes testimonios documentados por GatoEncerrado sobre estudiantes que aseguran haber sido ignoradas o no atendidas por sus autoridades académicas cuando denunciaron acoso o violencia sexual, es evidencia de que la ministra Hananía mintió y que su afirmación en la Comisión de la Mujer encaja en la definición de Falsa, que es una de las seis categorías bajo las que la sección Ojo de Gato hace verificaciones del discurso público.
Para comprender a qué se refería la ministra Hananía con “actualización” del Protocolo de Actuación para el Abordaje de la Violencia Sexual en las Comunidades Educativas, que se enfoca en los niveles de primaria y secundaria, GatoEncerrado también solicitó ese protocolo a través de la oficina de Acceso a la Información. Y aunque sí puede afirmarse que hay un nuevo documento publicado en marzo de 2020, no puede definirse como una “actualización”. A menos que “actualización” sea entendida como dejar todo el contenido intacto y solo cambiar el escudo nacional de la portada que estaba en 2013 por el que utiliza el gobierno de Nayib Bukele y eliminar los nombres de los funcionarios que lo suscribieron hace ocho años por el de la ministra Carla Hananía. La única información que sí podría calificarse como “actualización” en el nuevo documento es que fueron cambiadas las ubicaciones de las instituciones involucradas.
Tener un nuevo documento que no incluye ninguna “actualización” en su contenido, no solo deja en evidencia que la ministra Hananía también hizo afirmaciones engañosas en la comisión, sino que contradice a lo publicado por el mismo Ministerio de Educación en 2019 cuando anunció que iban a revisar, actualizar y fortalecer los mecanismos de prevención y abordaje de violencia y acoso sexual en los centros escolares. Un dato que también revela el nivel de prioridad con el que el Ministerio se toma la erradicación de la violencia sexual en las comunidades educativas, desde la primaria hasta el nivel superior, es que a la fecha de cierre de esta nota ni siquiera había subido a su portal web el nuevo documento de Protocolo de Actuación y, en su lugar, seguía apareciendo el de 2013.
Sin protocolos
La Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres exige, en sus artículos 20 y 21, que las instituciones de educación superior deben reglamentar internamente sus acciones de detección y prevención de violencia en el ámbito educativo, con el fin de evitar que la violencia de cualquier tipo sea un motivo para que las mujeres abandonen sus estudios o formación académica. Tener protocolos no es opcional, sino un deber de las universidades y el Ministerio de Educación debe verificar que así sea.
A pesar de esa exigencia de la ley, no todas las instituciones tienen un protocolo para garantizar que las mujeres estudiantes se formen en lugares seguros, como la ministra de Educación afirmó. Para decirlo en palabras más claras: La mayoría de las instituciones de educación superior están incumpliendo la ley y el Ministerio de Educación es negligente porque no hace su trabajo para verificar que las instituciones cumplan.
De las 15 instituciones de educación superior que GatoEncerrado contactó para esta verificación, 10 son las universidades con mayor cantidad de población estudiantil inscrita, tres son instituciones especializadas y dos institutos tecnológicos. Las únicas dos que contestaron que sí tienen sus protocolos específicos para abordar el acoso en sus campus son la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) dijo que aunque no tiene un protocolo específico para atender denuncias de acoso, sí tiene un reglamento para dar seguimiento a cualquier tipo de caso ocurrido en sus instalaciones. Básicamente, en esa universidad se procesan las denuncias de hurto junto con las que necesitan una atención y acompañamiento con enfoque de género.
La Universidad José Matías Delgado (UJMD) y la Universidad Gerardo Barrios (UGB) dijeron que tienen un protocolo especializado en dar seguimiento a las denuncias por acoso; sin embargo, la UJMD tan solo ha publicado una propuesta de protocolo que realizó la Red de Mujeres Líderes de las Instituciones de Educación Superior de El Salvador (REDLIES) y la UGB indicó que GatoEncerrado tenía que, en este tema, comunicarse con REDLIES para mayor información. Si bien ambas instituciones son parte de REDLIES y se han adherido a la propuesta de protocolo, el documento no especifica los procesos de prevención, denuncia y sanciones que cada universidad con sus particularidades debe seguir. En otras palabras, estas universidades se han conformado con atender las denuncias de acoso que interpongan sus estudiantes bajo una propuesta de protocolo que no está adaptada a las necesidades específicas de su forma de organización estudiantil, de su cuerpo docente, su personal administrativo e incluso de su campus universitario.
La REDLIES fue constituida en 2017 por un acuerdo interinstitucional firmado por 11 instituciones del sector educativo. Nueve de estas eran universidades, ITCA-FEPADE y el Ministerio de Educación. Publicaciones tanto de las universidades como de REDLIES, en sus redes sociales, indican que en 2019 fue entregado el protocolo para abordar el acoso y la violencia sexual. Esta revista solicitó a REDLIES el documento final del protocolo, pero hasta el cierre de esta nota no había respuesta y solo fue posible acceder a la propuesta final del protocolo.
Tras la cantidad de casos que ocurren cada año, movimientos estudiantiles de mujeres y colectivos feministas, como la Mesa Interuniversitaria de Mujeres (MIM) y la Colectiva Amorales, han denunciado públicamente la falta de esfuerzos que las instituciones realizan para tratar con la problemática de acoso y violencia de género en los campus.
Andrea Duke, integrante de la MIM, dijo a GatoEncerrado que en el caso de la Universidad de El Salvador las estudiantes no han sido escuchadas en el proceso de creación del protocolo, el cual ha quedado estancado. Asimismo, añadió que aunque hay universidades que ya cuentan con un protocolo, estos no cumplen con los requisitos de prevención, denuncia y seguimiento que se necesita en este tipo de reglamentos para evitar revictimizar a la denunciante.
Las denuncias se manejan “internamente”
Hananía también explicó que el Ministerio de Educación da “seguimiento inmediato” a las “quejas de sexismo” a través de la gerencia de Acreditación y por la Dirección de Educación Superior y la Gerencia de Género. La Comisión de Acreditación de la Calidad de Educación Superior (CdA), por cierto, ha tenido una gestión intermitente en los últimos años. El 10 de febrero de 2020, los miembros de la Comisión renunciaron por falta de fondos y porque las autoridades del Ministerio de Educación nunca se organizaron para elegir a nuevos miembros. Los miembros de la comisión, que fueron electos en 2014, ya tenían dos años de mantenerse en el cargo, después de que su periodo había finalizado en 2018. El expresidente de la CdA, Carlos Guillermo Ramos, explicó en una entrevista para el Diario de Hoy que “(la Comisión) no estaba haciendo nada, sino que existiendo” por la falta de fondos. Fue hasta el 25 de marzo de este año que fue electa la nueva CdA.
La ministra no especifó de qué instituciones provienen las “quejas de sexismo”. En el caso de universidades como la UJMD, la UCA y la UGB, según explicaron a GatoEncerrado, dan seguimiento a las denuncias de forma interna y no tienen o no conocen ningún mecanismo para reportar estos casos al Ministerio de Educación.
Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) dijo a esta revista que los protocolos —en el caso de las pocas instituciones que los tienen— no garantizan justicia para las víctimas, ya que no establecen un sistema de aviso a la Fiscalía General de la República.
“Esta ha sido una salida recurrente de las instituciones en términos de pedir que se maneje internamente para cuidar la imagen de las instituciones educativas, ya que les preocupa más su imagen frente al agresor que la misma protección de las víctimas”, señaló Juárez.
Campus inseguros para la mayor población universitaria
Andrea* fue estudiante del departamento de Física de la Universidad de El Salvador. Mientras cursaba primer año de la Licenciatura de Biología, en 2017, un docente se le acercó al salir de un laboratorio y le dijo que había una forma sencilla de pasar la materia: “Si vos usás esos shortcitos y te sentás todo el tiempo aquí cerquita mío, vos pasás la materia”.
Como Andrea se negó a cumplir con lo que pedía el docente, reprobó la materia al final del ciclo. Cuando se inscribió para llevar la materia por segunda vez, volvió a reprobarla. En ambas ocasiones, el mismo docente también era el encargado de repartir a los estudiantes en grupos y asesorías. Ya en la tercera inscripción, en 2019, al verse en un callejón sin salida por no poder cursar la materia con otro docente, optó por dejar la carrera.
Tras lo ocurrido, Andrea decidió no denunciar, porque no confiaba en las autoridades académicas de la Universidad de El Salvador. Unos meses antes, una compañera había denunciado una situación similar en la Fiscalía Universitaria, pero en vez de recibir acompañamiento y justicia solo recibió amenazas. Desde la misma Fiscalía Universitaria se filtró información sobre la denuncia y el agresor la llegó a conocer.
El caso de Andrea no fue aislado, ni el de su compañera. La Colectiva Amorales realizó, en 2019, una campaña llamada #OjosEnLaU, en la que mujeres del campus universitario, sin importar que fueran estudiantes o personal administrativo, denunciaron públicamente el nombre de su agresor en un buzón. Entre los denunciados estaban catedráticos, personal administrativo y hasta estudiantes organizados de la Universidad de El Salvador. Esa actividad fue el inicio de una serie de acciones tomadas por las estudiantes, donde por iniciativa propia comenzaron a llenar papelógrafos con los nombres de los docentes, estudiantes y personal de la universidad que acosan o violentan a mujeres sin enfrentar ningún tipo de sanción.
La Mesa Interuniversitaria de Mujeres nació dentro de ese movimiento en 2019 y fue conformada por mujeres pertenecientes a diversas universidades del país, quienes coincidieron en que el acoso y violencia contra la mujer era una realidad que también las demás vivían en sus respectivos campus universitarios.
Esta agrupación interuniversitaria presentó, junto con el exdiputado de ARENA José Godoy del período 2018-2021, una reforma de ley del artículo 21 de la LEIV para garantizar la inserción de la prevención de la violencia contra mujer en los planes de estudio, así como protocolos de actuación en casos de discriminación y violencia de género. Estas reformas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en el mismo año; sin embargo, la realidad de las estudiantes universitarias sigue siendo la misma.
Según la Política de Género del Ministerio de Educación y Tecnología 2020-2025, una de las metas es que las instituciones de educación superior implementen los respectivos protocolos, teniendo a la Unidad de Género y a la Dirección Nacional de Educación Superior como responsables.
Para hablar sobre el tema, GatoEncerrado también solicitó una entrevista con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y con la Comisión de Acreditación pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.
