Por Emerson Flores

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate volvió a suspender, este 20 de septiembre, la vista pública en contra de los representantes de la constructora Fénix S.A de C.V., acusados de cometer delitos relacionados con la destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco. La suspensión del proceso judicial ha sido una constante desde 2019, cuando una audiencia tuvo que reprogramarse a petición del Ministerio de Cultura. Luego, en agosto pasado, la vista pública se reprogramó porque uno de los jueces del caso enfermó. 

La razón por la que el Tribunal decidió suspender esta vez la vista pública fue porque el equipo jurídico de la constructora hizo dos solicitudes, y una de las dos no podía resolverse inmediatamente. La primera solicitud fue separar del caso a los testigos Irma Flores, exdirectora de Protección al Patrimonio Cultural y Natural, y Hugo Díaz, exdirector de Arqueología del Ministerio de Cultura. La empresa argumentó que actualmente no trabajan en el Ministerio y por eso su testimonio respaldado con documentación sobre la destrucción de Tacushcalco debe ser excluido. 

La segunda petición fue que el Tribunal admita como parte del descargo una resolución emitida el 29 de junio de 2020 y ratificada el 25 de enero del presente año, en la que la actual directora de Patrimonio Cultural, María Isaura Aráuz, deja sin efecto las medidas de protección sobre el sitio Tacushcalco. Fénix también presentó documentación que comprueba que el Ministerio de Cultura recibió $319,000 en calidad de pago por una sanción administrativa. 

Los jueces descartaron la primera petición y decidieron mantener como testigos del caso a los exdirectivos del Ministerio de Cultura, pero sí accedieron a la segunda solicitud. Para revisar la documentación presentada por el equipo jurídico de Fénix, los jueces suspendieron la vista pública hasta nuevo aviso y ordenaron al Ministerio que proporcione la resolución que desafecta el sitio arqueológico y un informe que explique la razón por la que fue desafectada la zona protegida. 

El arqueólogo Hugo Díaz dijo a GatoEncerrado que durante la audiencia los jueces le hicieron ver a los imputados, Rodolfo Joaquín Recinos de León y Carlos Eduardo Nosthas Castillo, que el delito cometido contra el Bien Cultural era continuado; es decir, que el Ministerio de Cultura emitió resoluciones que ordenaban el paro de obras, pero ellos fueron destruyendo sistemáticamente el sitio y lo hicieron con dolo (sabiendo y sin importar las consecuencias). Los jueces también advirtieron que, de ser encontrados culpables, les aplicaría la pena máxima que puede ser de 10 a 13 años de prisión. A los imputados se les acusa de cuatro delitos: desobediencia de particulares, daños agravados, construcciones no autorizadas e infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales. 

“La Fiscalía también solicitó un valúo de daños ocasionados, con el objeto de incorporar la destrucción sistemática del centro cívico ceremonial nahua y la construcción de la residencial Acrópoli, violentando todas las medidas de protección establecidas entre 2017 y 2018. Sin embargo, el Ministerio de Cultura no estuvo de acuerdo con ellos (fiscales), alegando que no era necesario y que dicha institución no lo había solicitado. Esto deja clara la intención de proteger a la empresa destructora y falla en cuanto a la obligación constitucional de ser el garante del tesoro cultural salvadoreño”, explicó el arqueólogo a esta revista.

Díaz también rememoró que el Ministerio de Cultura (en aquel tiempo SECULTURA) interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la destrucción del sitio, el 3 de octubre de 2017. Fue desde ese momento cuando todo el caso inició y que el paso de los años se debe a una estrategia de dilatación del equipo jurídico de Fénix, con peticiones como excluir del juicio a testigos claves.

El abogado constitucionalista y administrastivista Jonatan Sisco Martínez dijo a GatoEncerrado que el Tribunal de Sentencia también debería de remitir un oficio a la Fiscalía para que investigue posibles delitos de actos arbitrarios cometidos por la Dirección de Patrimonio Cultural. 

“La zona está protegida por ser Bien Cultural y hay varios delitos como desobediencia a particulares, daños agravados. Con esta maniobra (que el Tribunal admita y revise la resolución de la directora de Patrimonio Cultural) quieren quitarse la construcción no autorizada, pero el pago de ese dinero no cambia lo discutido durante el juicio”, explicó. 

GatoEncerrado también conversó con líderes de organizaciones y colectivos de los pueblos indígenas para conocer sus impresiones sobre el caso. Según comentaron, cuando buscan respuestas y explicaciones solo encuentran silencio en el Ministerio de Cultura. Lo único que les han dicho es que no se puede hablar sobre Tacushcalco, debido a que “el caso tiene reserva”. Pero eso es falso, el caso no tiene reserva y el documento a través del cual la directora de Patrimonio, María Isaura Aráuz, desafectó el sitio arqueológico Tacushcalco es público y fue localizado por esta revista entre los documentos del Centro Nacional de Registro (CNR).

“Estamos indignados por tanto silencio por parte del Estado y ese silencio significa que hay algo oscuro o que hay hipocresía. ¿Por qué se silenciaron en la mesa tan armónica que tenían con los pueblos indígenas cuando tocamos el tema de Tacushcalco? ¿Por qué se quedaron congelados? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Por qué no abordamos el tema y por qué tanta reserva si es información pública?”, mencionaron los líderes.

Asimismo cuestionaron la falta de voluntad del gobierno para proteger Tacushcalco, la memoria y cultura de los pueblos indígenas. “El gobierno tiene los tres órganos del Estado y tiene el poder para reinvindicar a los pueblos indígenas que han sufrido discriminación, tienen todas las facultades para hacer algo por nosotros. Nuestros antepasados estuvieron antes de que existiera el Estado independiente, quienes tenemos más derecho de conservar ese lugar somos nosotros. Así como el Estado se lamenta por la destrucción de una caseta de Bitcoin, es más grave que se destruya este lugar histórico para los pueblos indígenas. Una caseta la pueden reconstruir; en cambio, Tacushcalco es algo que se pierde para siempre si se destruye”.

El tata indígena Eulogio Juárez, de Nahuizalco, mencionó que la impresión que tiene es que para el gobierno no hay indígenas, porque no se vela por sus derechos ni tienen apoyo de instituciones del Estado: “Los españoles vinieron y nos aplastaron y este gobierno está haciendo lo mismo. Está aplastando nuestra dignidad y nuestros derechos como indígenas y como salvadoreños. Este gobierno quiere desaparecer a los pueblos indígenas y eso no lo vamos a permitir”, explicó.