Foto/Emerson Flores
Directora de Patrimonio Cultural retira medidas de protección a Tacushcalco
Tacushcalco es un sitio arqueológico declarado como Bien Cultural protegido por el Estado salvadoreño. Sin embargo, desde 2017, el sitio ha sido vulnerado por empresas constructoras y por la industria cañera, con la complicidad o indiferencia del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Pese a que las medidas que protegen el sitio son de carácter permanente y que solo puede ser intervenido con fines académicos, la directora de Protección al Patrimonio Cultural desafectó el sitio para que Inversiones e Inmobiliaria Fénix siga construyendo en el lugar.
Por Emerson Flores
La directora de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, María Isaura Aráuz Quijano, firmó una resolución, el 25 de enero de 2021, que deja sin efecto las medidas de protección que tenían dos terrenos propiedad de Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V., en Nahulingo, Sonsonate. Esos dos terrenos están ubicados dentro del sitio arqueológico Tacushcalco, que fue declarado como Bien Cultural en 1997 y cuyas medidas de protección habían sido ampliadas en 2019 por el mismo gobierno de Nayib Bukele, de 46 a 500 manzanas, a través de la resolución RD-12/2019 publicada en el Diario Oficial 198, tomo número 425. Las medidas establecían que en el lugar no podía haber construcciones de ningún tipo, calles, tendido eléctrico, estructuras publicitarias, ni nada que afectara la conservación de los vestigios arqueológicos y el paisaje cultural, considerado por los pueblos indígenas como sagrado.
Aráuz alega en su resolución que, pese a que ambos terrenos están dentro de la zona protegida, la declaratoria “no establece restricciones para la tradición de dominio en la zona protegida, por no ser potestad administrativa del Ministerio de Cultura”. En otras palabras, Aráuz dice que Cultura no tiene la autoridad para resolver negociaciones y uso de terrenos y por eso se desentiende de un lugar con riqueza cultural e histórica y lo deja a merced de sus propietarios, donde ya se construyó la primera fase o etapa de la residencial Acrópoli con 604 viviendas. Con la resolución, Fénix no solo hace legal haber construido sobre un sitio arqueológico, sino que tiene vía libre para ampliar el proyecto urbanístico.
La funcionaria también deja sin efecto cualquier restricción impulsada por el Ministerio de Cultura; entre ellas, la medida de paro de obra. Esto, según fuentes consultadas por GatoEncerrado, es la evidencia de que hay un favorecimiento a la constructora Fénix para que valide la construcción que ya ha realizado ilegalmente en los terrenos y hace posible que amplíe su proyecto urbanístico, lo que generaría más afectaciones al patrimonio cultural y a las personas que se abastecen del río Ceniza.
Los artículos 2.1 y 2.2 de la resolución RD-12/2019 mencionaba los usos permitidos y no permitidos dentro del Bien Cultural. Entre los permitidos establecía que los terrenos solo podían ser intervenidos con fines académicos y para investigación arqueológica con el permiso del Ministerio de Cultura. Luego mencionaba que entre los no permitidos estaban las “construcciones, lotificaciones, parcelaciones, urbanizaciones” y cualquier actividad humana que afectara la riqueza arqueológica del sitio y el paisaje cultural.
La Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural dice que el Ministerio de Cultura tiene la obligación de conservar y proteger los Bienes Culturales; pero en el caso de Tacushcalco han ocurrido una serie de irregularidades, a causa de la negligencia o complicidad de funcionarios de gobiernos anteriores y del actual.
DATO
Tacushcalco
El nombre Tacushcalco significa: “El lugar de la Casa de armas”. El sitio está compuesto por 40 estructuras y recoge 3,000 años de historia. El sitio tuvo ocupación maya y nahua.
Tacushcalco constituye un patrimonio biocultural para los pueblos indígenas donde la naturaleza junto a la cultura constituyen una unidad inseparable, porque desde la cosmovisión de los pueblos originarios y actuales comunidades indígenas no se puede separar lo cultural de lo natural.
En el lienzo de Tlaxcala y las cartas de relación de Pedro de Alvarado mencionan que el invasor español Pedro subió a una de las estructuras de Tacushcalco y vio cómo su ejército perseguía a los indígenas a cinco leguas, lo que habla sobre la extensión del lugar.
El abogado constitucionalista y administrastivista de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Jonatan Sisco Martínez, dijo a GatoEncerrado que la resolución de la directora Aráuz es ilegal.
“Si algún funcionario deja sin efecto las medidas de protección de un Bien Cultural, como el paro de obra y la afectación cultural, estaría actuando de forma ilegal y dicho acto sería nulo en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, porque los inmuebles forman parte de un Bien Cultural legalmente declarado. El artículo 47 dice que el Estado está obligado a proteger dicho Bien Cultural. En este orden de ideas, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural no tiene competencia para dejar sin efecto las restricciones y las medidas de protección que la Ministra de Cultura impuso en la resolución RD-12/2019”, aseveró Sisco.
De acuerdo con el abogado, la resolución de Aráuz también estaría sujeta a nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 36, literal “a” de la Ley de Procedimientos Administrativos, porque no tiene la autoridad ni la competencia y tampoco ha seguido el procedimiento legalmente establecido: “Para que se levanten las medidas de protección de un inmueble que ha sido declarado como Bien Cultural debe realizarse el mismo procedimiento que se realizó para haber reconocido el inmueble como Bien Cultural y debe ser el titular del Ministerio de Cultura quien modifique la resolución en virtud de la cual se reconoció el inmueble como Bien Cultural”, señaló.
Sisco agregó que si un funcionario toma la decisión de permitir que se realicen construcciones, incumpliendo la resolución que imponía medidas de protección, podría incurrir en el delito de actos arbitrarios contemplado en el artículo 320 del código penal. De igual manera, Fénix al haber incumplido la medida de protección podría ser multado por el Estado con el equivalente a dos salarios mínimos hasta un millón de salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del hecho y la capacidad económica del infractor. “De hecho, el Estado puede expropiar el inmueble según el artículo 46 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural”.
El abogado independiente Roberto Burgos Viale llegó a la misma conclusión que Sisco y dijo, a esta revista, que la resolución firmada por la directora de Patrimonio Cultural lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger el sitio arqueológico Tacushcalco está facilitando su total destrucción sobre un terreno que en este momento se encuentra en litigio en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
Burgos cuestionó que la resolución de Aráuz carece de justificación: “Un acto administrativo está sujeto a condiciones de validez y una de ellas es la motivación y en esta resolución no la hay. La motivación no puede ser la voluntad de la directora”, señaló y añadió que “la naturaleza de una Dirección de Patrimonio Cultural es proteger el patrimonio cultural. Es una contradicción incluso en su nombre, actúa como si tratara de facilitar el negocio sobre el terreno que debería proteger”.
Para entender las razones por las que Aráuz firmó la resolución para retirar las medidas de protección a Tacushcalco, GatoEncerrado la llamó por teléfono, pero la funcionaria se abstuvo de dar una respuesta. En la llamada se limitó a decir: “Si necesita la información, pídala a Transparencia. Yo no puedo dar información por teléfono. Tiene que hablar con la dirección de comunicaciones del Ministerio”. Esta revista le tomó la palabra y buscó una entrevista a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, pero no hubo respuesta. De igual manera, este medio intentó consultar sobre el caso al recién nombrado viceministro de Cultura, Eric Doradea, quien anteriormente formó parte del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco, pero ni siquiera se detuvo cuando un periodista de GatoEncerrado le preguntó sobre la resolución. Minutos antes, Doradea había estado hablando sobre la importancia y lucha por la defensa de los bienes naturales de los pueblos indígenas ante la comisión ad hoc que estudia la Ley de Recursos Hídricos.
En el pasado, la inoperancia del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), permitió la explotación del sitio a manos de constructoras y empresas cañeras. Hoy, la historia se repite, poniendo en peligro 3,000 años de historia acerca de los pueblos originarios.
¿Quién es la directora de Patrimonio Cultural?
María Isaura Aráuz es arquitecta de profesión y fungió como Directora de Patrimonio Cultural durante los gobiernos de Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores. También fue la Directora Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación durante el gobierno de Elías Antonio Saca. En enero de 2002, mientras era directora de Patrimonio Cultural durante el gobierno de Flores, su compadre Cristóbal Alfonso Centeno, estuvo involucrado en un caso de tráfico ilegal de piezas precolombinas valoradas en $100,000. La investigación de La Prensa Gráfica (LPG) reveló que CONCULTURA (como se llamaba en ese momento la oficina de Cultura del gobierno) estaba omitiendo información sobre el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR). También el Diario de Hoy publicó un artículo sobre el robo de la pieza.
Aráuz también fue contratada por la OPAMSS (Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador) como asesora para el “Programa temporal para la revitalización del Centro Histórico Fase I”, cuando Nayib Bukele era alcalde de la capital.
Tacushcalco, un lugar de encuentro con la historia
El decreto Ejecutivo a través del cual Tacushcalco fue declarado Bien Cultural menciona que “los sitios arqueológicos constituyen el legado ancestral de los actuales pueblos indígenas, descendientes directos de los antiguos habitantes que estructuraron paisajes culturales a partir de la apropiación, modificación e interpretación de su entorno, siendo estos antiguos asentamientos producto de tales actividades humanas”. Sin embargo, ese legado ancestral no se ha respetado.
Miembros de las comunidades indígenas y del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco afirman que Fénix tiene intenciones de seguir ampliando su proyecto urbanístico al este de la residencial Acrópoli, en un terreno que fue intervenido en 2017. Una fuente cercana al caso afirmó a GatoEncerrado que Fénix tiene intenciones de expandir su proyecto urbanístico.
Para el tata Nicolás Sánchez, representante de comunidades indígenas de Nahuizalco, la importancia del sitio arqueológico Tacushcalco radica en la información que se puede obtener sobre el pasado de los pueblos indígenas y por su significado espiritual: “La información contenida en este lugar nos puede servir para reconstruir nuestra historia, porque la historia más conocida es la que está escrita desde el interés de los invasores, quienes nos dominaron”, detalló.
Para el tata Sánchez, el sitio no se tendría que haber intervenido, porque se hace desde una “óptica de invasión”, no con el fin de fortalecer la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. “Yo creo que la idea de estas empresas es terminar de destruir el sitio y nuestros ríos, nuestros sitios sagrados, y esto tiene relación con la persecución y las masacres de las que hemos sido víctimas” en la historia.
El artículo 63 de la actual Constitución de la República reconoce a los pueblos indígenas y establece la protección del Estado sobre la riqueza arqueológica e histórica. También, la Ley de Cultura en su artículo 11 afirma que el Estado salvadoreño debe garantizar a los pueblos indígenas “el derecho a conservar, enriquecer y difundir su cultura, identidad y patrimonio cultural”. En el artículo 21 también se reconoce el derecho a la protección de los bienes culturales y de los saberes ancestrales. El Ministerio de Cultura, sin embargo y pese a las irregularidades presentadas por Fénix, poco o nada ha hecho para parar la destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco.
En 1524, el sitio cívico religioso de Tacushcalco fue el lugar donde se llevó a cabo la segunda batalla que los invasores españoles llevaron a cabo en contra de sus habitantes, según el Lienzo de Tlaxcala y las cartas de relación del invasor español Pedro de Alvarado. En la zona se pueden contemplar 40 estructuras que rodean el centro ceremonial, que dan cuenta de que ese lugar fue un asentamiento humano desde hace 3,000 años.
"Si el gobierno que tiene la responsabilidad de proteger el sitio permite la destrucción de Tacushcalco, es como la masacre que sufrimos en 1932. Sería un etnocidio el que se estaría ejecutando. Eso confirmaría que el Estado sigue siendo racista contra los pueblos indígenas, nos sigue persiguiendo, sigue tratando de matar totalmente la cultura y nuestra cosmovisión”
A pesar de su historia y de lo que significa para los pueblos indígenas, Tacushcalco sufrió una destrucción sistemática que fue documentada por el Ministerio de Cultura en 2018. A causa de las medidas de protección impuestas por el mismo ministerio, Fénix puso una demanda en contra de la directora de la época y dos arqueólogos. Sin embargo, la cámara de lo contencioso administrativo falló a favor de Cultura. Tras esa resolución de la cámara, los abogados de Fénix contra demandaron, pero también la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de las medidas implementadas por Cultura, por lo que esas medidas dejaron de ser provisionales y se convirtieron en permanentes.
Las irregularidades de Fénix
Inversiones e Inmobiliaria Fénix empezó la construcción de la residencial Acrópoli en 2017, sin contar con los permisos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Medio Ambiente. La pasividad de las instituciones del Estado y su complicidad permitió que se realizara la obra de 604 casas entre los municipios de Sonsonate y Nahulingo. La constructora tampoco contaba con una planta de tratamiento de aguas residuales adecuada para un proyecto habitacional de tal envergadura.
Tras la construcción de la residencial y la intervención en la zona de Tacushcalco, Fénix enfrenta un proceso judicial en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate por el delito de daños agravados y otros en perjuicio del patrimonio cultural. La vista pública del caso estaba programada para el pasado 16 de agosto y aunque Rodolfo Recinos de León llegó en representación legal de Fénix, la audiencia tuvo que reprogramarse hasta septiembre por problemas de salud del juez.
Miembros del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco vieron con buenos ojos la iniciativa del gobierno de Bukele de ampliar las medidas de protección sobre el sitio. Pero de nada sirvió, según el Movimiento, porque la resolución firmada por la directora de Patrimonio Cultural retiró las medidas de protección.
Román Cartagena, miembro del Movimiento, conoce de primera mano la historia de la lucha que han mantenido por proteger el lugar: “Otro proyecto urbanístico en la zona afectaría a miles de personas que viven río abajo, porque se abastecen del agua del río ante la falta de agua potable. Esa es la otra parte del problema, porque aquí no se puede separar lo cultural de lo ambiental”, dijo a GatoEncerrado.
Cartagena también dijo que Fénix está realizando una consultoría para construir otras 400 viviendas en la zona, además de las 604 que ya construyó. Esa ampliación de la residencial pone en más riesgo a las comunidades de Nahulingo que no cuentan con agua potable y que tienen que abastecerse de pozos a la orilla del río Ceniza: “El problema que se tiene es que hay una empresa que ha construido viviendas sobre un sitio sagrado y lo ha destruido. Aparte de eso, contaminan un río que sirve a más de 2,600 familias aguas abajo”, explicó Cartagena, haciendo referencia a las aguas residuales que caen directamente al río y a un oficio del Juzgado Ambiental de Santa Ana de finales de 2020, que hace referencia a que Acrópoli no contaba con una planta de agua residuales.
Cartagena, los miembros del Movimiento y las comunidades indígenas dicen que además de la destrucción al patrimonio cultural están preocupados por los daños ambientales y afectaciones directas por la construcción de residenciales sin permisos, los planes de construcción de un nuevo centro comercial en la zona y la contaminación que llega al río Ceniza a causa del cultivo de la caña.
“Este caso es paradigmático porque, en lugar de devolvernos la dignidad, en lugar de devolvernos los elementos para encontrarnos con nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro como pueblo salvadoreño, está ocurriendo todo lo contrario. La institucionalidad está fallando, no ha sido capaz de monitorear la contaminación que se está provocando al río Ceniza y no ha sido capaz de proteger nuestro patrimonio cultural”.
Miembros de comunidades indígenas temen que lo mismo que ha pasado en Tacushcalco suceda en otros lugares como el río Sensunapán, donde la cámara ambiental dictó medidas cautelares y prohibió al Ministerio de Medio Ambiente dar el permiso para construir una octava represa en el río.
