Durante muchas décadas los gobiernos Centroamericanos han aceptado, casi como un dogma, que las políticas macroeconómicas, incluyendo la fiscal, tienen como principal y único objetivo lograr un balance económico que permita el funcionamiento de los mercados, dejando por un lado su uso como herramienta para la redistribución de los ingresos y la reducción del desempleo. De ello resulta que la evaluación de los efectos de las políticas macroeconómicas se realice principalmente a tenor de los incrementos del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual tiene enormes limitaciones, pues esos incrementos esconden grandes desigualdades, así como una diversa serie de discriminaciones y exclusiones sociales. 

En ese sentido, los derechos humanos se han constituido como un marco de evaluación alternativo a la metodología predominante, un enfoque ético para evaluar las políticas macroeconómicas, en especial la política fiscal, siendo esta la herramienta esencial para lograr que los Estados cumplan sus compromisos en materia de derechos humanos, al establecer los mecanismos para financiar la acción pública, la forma en que estos recursos se traducirán en bienes y servicios públicos que garanticen y protejan derechos y los estándares para evaluar resultados y rendir cuentas a los ciudadanos. Es así que los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, elaborados y publicados en mayo de 2021 por diferentes organizaciones sociales, así como por expertos y expertas de América Latina en la materia, constituyen una herramienta valiosa para examinar la política fiscal a la luz de los derechos humanos. Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal concentran las obligaciones de los Estados en 15 principios, de los cuales, en este artículo se profundizará en el principio de movilizar el máximo de los recursos disponibles para el logro de los derechos. 

El principio de movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr la plena efectividad de los derechos humanos conlleva la obligación de los Estados centroamericanos de lograr el aprovechamiento máximo de los fondos públicos de los que se disponen, lo cual requiere que el gasto público sea eficiente y eficaz, es decir diseñado y ejecutado con calidad, en el que no se pierdan recursos públicos a causa de la corrupción o en su utilización en rubros no prioritarios, como por ejemplo, gastos en armamento militar (buques, aeronaves, etc.) o el gasto en viandas, viajes y otros lujos para los funcionarios públicos. 

Por otro lado, el principio de movilizar el máximo de los recursos también conlleva la obligación de que los gobiernos de Centroamérica tomen todas las medidas necesarias para la ampliación de los espacios fiscales, incluyendo los que resultan de la erradicación de la evasión y elusión fiscal, así como la utilización de impuestos directos progresivos y la eliminación de gastos tributarios mal diseñados. La existencia y amplia utilización de mecanismos de evasión y elusión fiscal como los revelados por los Papeles de Panamá y, recientemente, por los Papeles de Pandora, son un claro ejemplo de cómo los Estados no realizan todas las medidas necesarias para lograr una movilización de recursos adecuada para el logro de los derechos humanos. Por el contrario, estos mecanismos son utilizados incluso por autoridades gubernamentales que deberían velar por garantizar que el Estado cuente con la mayor cantidad de recursos para cumplir con sus obligaciones.

En esta época del año en que  los diferentes gobiernos de Centroamérica se encuentran en procesos de aprobación de los presupuestos que regirán para el 2022, es importante recordar la obligación que tienen los órganos legislativos de asegurar que los presupuestos públicos destinan la mayor cantidad de recursos disponibles hacía la resolución de los problemas más urgentes que afectan el goce pleno de los derechos de la población: las enfermedades, la desnutrición, la exclusión educativa, la pobreza extrema, el desempleo, la discriminación contra mujeres y pueblos indígenas y la desprotección de los más vulnerables —niños, personas mayores, personas con discapacidad—. Deben evaluar no solamente que no se reduzcan presupuestos para la atención de dichas problemáticas, sino que se eliminen aquellos rubros que resulten ineficientes e ineficaces en términos del logro de los derechos humanos, y destinarlos al aumento progresivo de los recursos de las acciones de política pública que garantizan los derechos humanos. 

Más allá de la aprobación de los presupuestos para el próximo año, es necesario que los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil y la población se comprometan seriamente a discutir y alcanzar acuerdos políticos que permitan conseguir un horizonte financiero funcional para la movilización de los recursos suficientes para garantizar los derechos de todas los centroamericanos: asegurar el uso extensivo de financiamiento con criterios de progresividad, fortalecer las administraciones tributarias, luchar contra el fraude fiscal, erradicar la corrupción, mejorar la efectividad y calidad del gasto público, así como evaluar, justificar y transparentar estrictamente los beneficios fiscales (gasto tributario), y rendir cuentas sobre lo logrado, tal y como lo han señalado los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal.