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agosto 27, 2026
Política
Nuevas Ideas recicla a los magistrados de la Corte de Cuentas que ocultan los informes sobre el manejo de fondos públicos
En la plenaria del 26 de agosto, la Asamblea dominada por el oficialismo decidió mantener en sus cargos a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República para un segundo periodo, ignorando los cuestionamientos sobre el ocultamiento de los informes de las auditorías. Durante las entrevistas del proceso de elección, los funcionarios dejaron en evidencia su abierta subordinación a los intereses del Gobierno de Bukele. A esta falta de independencia se suma el señalamiento de Acción Ciudadana sobre la opacidad el proceso, un vicio que demuestra cómo la actual legislatura reproduce las mismas prácticas de elección de segundo grado que el bukelismo prometió erradicar.
Por Beatriz Benítez
Editor: Ezequiel Barrera | Agosto 27, 2026
La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, reeligió a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República para que continúen en el cargo por tres años más, que inician este 28 de agosto de 2026 y que finalizan el 27 de agosto de 2029. La maniobra no sorprende, sino que responde al patrón sistemático de someter las instituciones de control a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele. Al renovarles el mandato, el oficialismo vuelve a entregar las llaves de la fiscalización de los fondos públicos a funcionarios que han mostrado subordinación al Ejecutivo.
Walter Salvador Sosa Funes mantendrá la presidencia de la institución, secundado por Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos, quienes seguirán en la primera y segunda magistratura.
Sosa Funes ocupa el cargo desde el 7 de febrero de 2025, tras un movimiento de piezas que la bancada oficialista hizo en el tablero de su ajedrez político, en el que desplazó a Roxana Soriano —una persona de confianza del partido— para colocarla al frente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Bendek desembarcó en la Corte de Cuentas en agosto de 2020 como segundo magistrado, apadrinado en ese entonces por el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, durante la legislatura 2019-2021. Tres años después, en agosto de 2023, cuando la Asamblea ya era controlada por Nuevas Ideas, Bendek fue reciclado y ascendido a la primera magistratura. Fue en esa misma elección cuando el oficialismo nombró a Flores Ramos como segundo magistrado y a Soriano como presidenta.
La reelección de estos tres funcionarios fue propuesta por el partido Nuevas Ideas y respaldada por los aliados PCN y PDC. Las fracciones opositoras Arena y Vamos votaron en contra.
El diputado Raúl Chamagua, encargado de introducir la propuesta de ratificación, omitió explicar por qué la bancada oficialista refrendó su voto por los mismos magistrados y desechó a los otros 14 aspirantes evaluados por la Comisión Política.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, zanjó el trámite alegando que, al analizar las entrevistas, la bancada oficialista llegó a la conclusión de que la Corte necesitaba “continuidad para seguir manejando tal como lo han hecho durante estos últimos períodos”. Castro también justificó la permanencia de Sosa Funes bajo el argumento de que apenas sumaba un año y medio en la presidencia, tras relevar a Roxana Soriano desde febrero de 2025, cuando fue reubicada para dirigir el TSE.
Una Corte que oculta las auditorías
Durante su entrevista en la Comisión Política, Sosa justificó su gestión alegando que, tras suceder a Soriano, encontró auditorías de ministerios empantanadas desde 2020. Según su relato, para lograr avances impulsó un “plan de fiscalización de emergencia”, así la institución pudo auditar a los 16 ministerios y cuatro instituciones autónomas hasta el ejercicio fiscal de 2024; también afirmó que terminó el plan de fiscalizar a las municipalidades en el periodo previo al 30 de abril de este año. En su comparecencia ante los diputados, Sosa se comprometió a que, de continuar en el cargo, extendería este veloz barrido fiscalizador a la gestión de 2025.
En la fase de entrevistas, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, cuestionó al funcionario sobre por qué la institución mantiene ocultos los informes finales de auditoría de 2024 y 2025, a pesar de que el artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas mandata expresamente que los informes de auditoría tendrán carácter público.
Sosa reconoció que los informes deben de ser públicos, pero se escudó en una pirueta legal. Argumentó que, antes de abrir las auditorías a la ciudadanía, la institución debe “armonizar” la Ley de la Corte de Cuentas con la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta coartada burocrática, según insinuó, busca evitar la divulgación de “información sensible” de los funcionarios fiscalizados.
“Es decir, yo tengo un informe de auditoría, no lo voy a publicar así nomás, sino que tengo que armonizar las leyes. ¿Para qué?, para no publicar información sensible de los funcionarios”, dijo.
Sin embargo, el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, recordó que la ley contempla el recurso de las versiones públicas para tachar información sensible sin bloquear el documento completo.
“No es un argumento plausible decir que no se revelan las auditorías por temas de datos personales. Estamos hablando de cómo vigilan la gestión pública y el uso de fondos públicos, y eso no tiene que estar bajo reserva”, sentenció Escobar.
Por este tipo de cosas es que el informe de Acción Ciudadana “Transparencia Activa 2025”, señala que la Corte de Cuentas se encuentra entre los entes de control peor evaluados, al cumplir solo con el 8 % de la publicación de información oficiosa, de acuerdo al monitoreo realizado entre abril y junio de 2025 sobre la información que debía publicarse o actualizarse durante octubre y diciembre de 2024.
Una (re)elección cuestionada
Previo a la votación nominal y pública en pleno, la diputada Villatoro también cuestionó el comportamiento de los aspirantes durante las entrevistas. A su juicio, fue lamentable que los candidatos expresaran elogios y hablaran maravillas del Gobierno. Según la diputada, eso comprometen la independencia de sus decisiones.
🔴La diputada de ARENA, @Villabull, lamentó que durante las entrevistas los candidatos expresan elogios y maravillas sobre las instituciones del Gobierno. Según la legisladora, esa postura de los aspirantes compromete su independencia. pic.twitter.com/vL7cA6wXqS
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) August 27, 2026
Para Acción Ciudadana, el procedimiento de la actual Asamblea para esta elección volvió a adolecer de la misma opacidad que tenían las elecciones de segundo grado antes de que el bukelismo tomara control del Poder Legislativo.
Eduardo Escobar explicó a GatoEncerrado que la bancada oficialista incurrió en una “falta de evaluación de los perfiles, falta de ponderación, falta de cuestionamiento e indagación sobre el desempeño profesional presente y pasado” de los aspirantes, lo que derivó en un trámite consumado “sin criterios establecidos de selección”.
“Cuando se trata de funcionarios en ejercicio, tiene que ser una evaluación más rigurosa y detallada (…), porque se le tiene que increpar y cuestionar por qué debería continuar en el cargo, y más sabiendo que en algunos casos hay deficiencias en la gestión’, señaló Escobar.
