Costa Rica y Panamá son los países de Centroamérica con el nivel de desarrollo más alto, y más atractivos para la inversión, tanto por la cobertura y calidad de sus sistemas de educación y salud, como por la profundidad de sus mercados financieros y sus sistemas económicos razonablemente libres, con un papel más efectivo por parte del Estado.

En las discusiones internas en los países de la región, en algunos círculos académicos, empresariales y públicos, afloran las diferencias filosóficas de los ponentes, quienes en muchas oportunidades, cuando presentan sus opiniones e ideas,  lo hacen más por medio de posiciones dogmáticas que con evidencia estadística y documental.   De esa cuenta, sus posiciones son rígidas e irreflexivas e impiden el alcance de acuerdos, dificultando el avance de nuestras sociedades.  

La situación es menos complicada internacionalmente, dado que a las democracias desarrolladas, los inversionistas del mundo y  los científicos que evalúan diferentes dimensiones, han establecido ciertas condiciones mínimas que se pueden considerar como buenas prácticas internacionales para su interpretación. Por ello, han proliferado diversos índices que tratan de evaluar algunos aspectos particulares, a fin de suministrar información a los inversionistas, a los tomadores de decisión mundial e incluso para los nativos de un país, sobre cuál es la percepción del funcionamiento de un país.   Es cierto que algunos de estos índices tienen sesgo ideológico, sin embargo, representan un punto de vista que debe ser conocido, sobre todo, si existe evidencia estadística y documental sobre sus posiciones.  

Uno de los índices más conocidos es el Índice de Competitividad Global (ICG) del World Economic Forum que resume en la calificación de doce vectores, la percepción sobre cuál es la capacidad de un país para la atracción de inversión extranjera.  El índice, en su edición 2019, coloca a Costa Rica en la posición 62 de 141 países, a El Salvador en la 103, Guatemala en la 98,  Honduras en la 101, Nicaragua en la 109 y Panamá en la posición 66.  En este ranking se observa que la región, aunque sin buenos resultados en su totalidad, destaca por la longevidad de su población asociada al desempeño de su sistema de salud,  a la estabilidad macroeconómica, objetivo central de los Gobiernos en los últimos años y en menor medida por el fortalecimiento del sistema financiero y la infraestructura.  Es interesante observar que Costa Rica destaca también por el nivel de habilidades acumuladas de su recurso humano.  

Un índice relacionado es The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index que publica la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra.  En su edición 2021, el índice ubica a Panamá en la posición 81 de 126 países;  Guatemala en la 106, El Salvador en la 111, y Nicaragua en la 116.  Dentro de las ventajas de Panamá está la dinámica económica, la protección a los inversionistas y el Gobierno Corporativo, y la profundidad del mercado de capitales, aspectos descuidados en el resto de la región, en su mayoría.  El índice que considera el ambiente humano y social como uno de los drivers para la atracción de capital, observa que es uno de los puntos de mayor atraso en la región, calificando a Nicaragua en la posición 113, Guatemala 104, El Salvador 103, y Panamá en la 95, todos en el cuartil inferior.    Costa Rica y Honduras no forman parte de los países evaluados.

Otro factor que también influye en el flujo de inversión, es el funcionamiento de la democracia,  que incluye temas como la fortaleza del proceso electoral y el pluralismo; el funcionamiento del Gobierno; la participación política; la cultura política; y las libertades civiles.  Así, la evaluación realizada por The Economist en el Índice de Democracia 2020, coloca a Costa Rica en la posición 19 de 167 países, calificándolo como democracia completa; Panamá en la 46 y El Salvador en la 71, como democracia imperfecta; Honduras en la 89 y  Guatemala en la 93, como regímenes híbridos, y Nicaragua en la 122, como régimen autoritario.   

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, creado para medir la percepción del uso de los recursos públicos y la existencia de prácticas de corrupción,  ubica en su edición 2020 a Costa Rica en la posición 42 de 180 países, El Salvador en la 104, Panamá en la 111, Guatemala en la 149, Honduras en la 157, Nicaragua en la 159.   Los últimos tres países se ubican en el cuartil inferior de la medición por lo que están dentro del 25% de los más corruptos del mundo.  Un índice que es utilizado con mucha frecuencia para tratar de defender los sistemas económicos vigentes en la región es el Index of Economic Freedom que publica The Heritage Foundation, y que en su edición 2021, de un total de 184 países ubica a Panamá en la posición 62, Costa Rica en la 72, Guatemala en la 75, El Salvador en la 94, Honduras en la 98 y Nicaragua en la 125.  

Estos y otros índices, de mucha importancia en la percepción de la situación de los países, como el Índice de Desarrollo Humano de PNUD, parecen concluir en que la mayor parte de países de la región centroamericana, especialmente en la llamada región CA-4, existen problemas de competitividad asociados a un esfuerzo parcial e infructuoso por crear estabilidad macroeconómica, fortalecimiento del sistema financiero y algunas libertades en el mercado, pero que son contrarrestadas por la falta de un apropiado ambiente humano y social, carencia de gobiernos eficientes y con prácticas significativas de corrupción, y la existencia de democracias imperfectas.   

Las mediciones, permiten concluir que, para el mundo, Costa Rica y Panamá son los países de Centroamérica con el nivel de desarrollo más alto, y más atractivos para la inversión, tanto por la cobertura y calidad de sus sistemas de educación y salud, como por la profundidad de sus mercados financieros y sus sistemas económicos razonablemente libres, con un papel más efectivo por parte del Estado.    

Visto de esa forma, es apropiado recomendar a nuestros empresarios, políticos y funcionarios públicos que antes de seguir proponiendo estrategias de incentivos tributarios y de reducción de salarios para buscar mayor competitividad; o para dirigir recursos públicos a tareas improductivas como el  funcionamiento del Ejército, de la cancillería y sus embajadas, de sus organismos legislativos y otros relacionados, enfoquen sus esfuerzos a promover lo que verdaderamente es necesario para potenciar la competitividad de la región: la construcción de democracia, el combate a la corrupción y la defensa del bienestar humano y social.