Foto/Karen Moreno

Youtuber Roberto Silva sigue en bartolinas pese a dos órdenes judiciales de llevarlo a un penal

El youtuber Roberto Silva continúa su proceso judicial, por acosar a dos excandidatas del FMLN, en bartolinas de la Policía de Tránsito, pese a que el tribunal que lleva su caso ha solicitado su traslado a un centro penal en dos ocasiones distintas. GatoEncerrado intentó platicar con el director de Centros Penales, Osiris Luna, para saber por qué ha desobedecido las órdenes judiciales, pero no respondió.

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Por Karen Moreno

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El youtuber y activista político de Nuevas Ideas José Roberto Silva Rugamas, procesado por acosar a excandidatas a diputadas por el FMLN, permanece detenido en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), a pesar de que el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador ordenó, en dos ocasiones distintas, que sea trasladado hacia un centro penitenciario. Esas bartolinas son utilizadas para mantener en detención a personas capturadas por conducir ebrios o haber cometido delitos leves.

En la resolución emitida por el Juzgado Especializado el 28 de octubre, a la que GatoEncerrado tuvo acceso, consta que la jueza solicitó por segunda vez al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, que asigne un cupo al imputado Silva Rugamas en un centro penitenciario. La primera vez que el tribunal hizo la solicitud fue el 22 de marzo de 2021, según detalla el mismo documento. 

"Líbrese oficio por segunda ocasión al director general de Centros Penales a fin de que se asigne de manera inmediata un cupo de un centro penitenciario para el imputado José Roberto Silva Rugamas", se lee en la resolución. 

Silva es procesado por tres delitos en contra de las excandidatas a diputadas por el partido FMLN, Daniela Genovez y Karina Sosa: difusión ilegal de información, previsto en el artículo 50 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv), con pena de uno a tres años de prisión; expresiones de violencia contra las mujeres, contemplado en el artículo 55 y sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimos; y acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación, estipulado en el artículo 27 de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, con castigo de hasta con 6 años de cárcel.

Esos delitos, según la Fiscalía, los cometió cuando Silva Rugamas daba cobertura al proceso de elecciones legislativas de este año, junto a otros youtubers autodenominados "La Red Somos Todos", que se dedican a atacar a la oposición política y a todos los sectores que cuestionan al gobierno del presidente Nayib Bukele. Silva y sus compañeros youtubers obtuvieron credenciales de prensa como “periodistas” de Radio Nacional en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a petición de José Luis Coto Ávalos, director general de Radio Nacional, y con sello del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Secretaría de Comunicaciones, tal como reveló GatoEncerrado en marzo de este año. 

Julio César Chacón Flores, abogado  de Silva, confirmó a GatoEncerrado que el youtuber aún permanece en las bartolinas de Tránsito. “Lo que sucede en este momento es que esa decisión la toma el director general de Centros Penales (Osiris Luna)”, dijo el defensor, y aseguró que él está haciendo las gestiones con Luna para trasladarlo hacia un centro penal. Fuentes policiales también confirmaron a esta revista que Silva sigue detenido en las bartolinas de Tránsito.

Gilberto Calderón, abogado encargado de litigio constitucional de Azul Originario, explicó a esta revista que “es peculiar que a una persona se le permita estar en una bartolina cuando ya está a la orden de un juzgado con una resolución de detención provisional”, debido a que el artículo 72 de la Ley Penitenciaria establece que “los Centros preventivos son establecimientos destinados exclusivamente a la retención y custodia de detenidos provisionalmente por orden judicial”.

Si bien el artículo 91 de la misma ley estipula que “cuando los traslados sean solicitados por los internos, estos serán autorizados por el director general de Centros Penales”, pero solo aplica cuando los internos “ya están dentro del sistema penitenciario y estos, por alguno de los motivos establecidos en la ley, deben de ser trasladados a otro centro de cumplimiento de la pena, y es ahí donde se da la discrecionalidad”, dijo Calderón.

El abogado de Azul Originario agregó que “ya existe jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) en la que se establece que las personas que se encuentran en detención provisional deben de entrar al sistema penitenciario y no permanecer en bartolinas”, con base en la sentencia 119-2014.

En condiciones inhumanas

Chacón,  defensor de Silva, destacó a esta revista que los centros penitenciarios están en condiciones de hacinamiento y que no son adecuados para que permanezcan las personas que enfrentan un proceso judicial. 

A diferencia de Silva, el exalcalde Ernesto Muyshondt, quien también enfrenta un proceso judicial por apropiación indebida de retenciones durante su gestión como alcalde de San Salvador, ha permanecido en el centro penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”, pese a que dos juzgados ordenaron que guardara arresto domiciliario y que internacionalmente se ha denunciado la vulneración de sus derechos. Según la defensora de derechos humanos Tamara Suju, Muyshondt presenta “un grave deterioro físico, con notoria pérdida de peso, con episodios de depresión, desorientación y ataques de pánico". 

En cuanto a las condiciones de los centros penitenciarios, el abogado de Azul Originario mencionó que las personas detenidas o condenadas llevan décadas en condiciones consideradas inhumanas, debido al hacinamiento en el que se encuentran. “Existen pronunciamientos de la misma CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) con respecto a las condiciones mínimas que deben de tener las personas dentro de los centros penales, tomando en cuenta que incluso una persona condenada no pierde todos sus derechos, aún posee muchos derechos fundamentales”, señaló Calderon.

Además, la finalidad de la pena de prisión en El Salvador está establecida en el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, cuando dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

Esta revista llamó a la Dirección de Centros Penales y también escribió a la cuenta personal del director de Centros Penales, Osiris Luna, en Twitter, para  entender por qué Silva aún no ha sido trasladado a un centro penitenciario, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas. 

La audiencia preliminar contra Silva, en la que el Juzgado Especializado decidirá si envía el caso a juicio, está prevista para el 14 de febrero de 2022 a las 10:30 de la mañana: “Debido a que el calendario de audiencia de esta sede se encuentra altamente saturado, no existiendo fecha más próxima para la realización de la misma”, según señala la resolución del juzgado. Esta audiencia estaba programada para las 12:00 del mediodía del 28 de octubre de este año; sin embargo, la Fiscalía General de la República solicitó reprogramar por ausencia de una de las víctimas. 

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