Por David Penado

La diputada oficialista de Nuevas Ideas Sandra Yanira Martínez, quien preside la comisión ad hoc que estudia la propuesta de Ley de Agua, afirmó el pasado 16 de noviembre, en su cuenta de Twitter, que algunas juntas de agua “solo han hecho de este líquido una mercancía” y las acusó de extraer el agua para venderla a terceros, lo que provoca que no termine de llegar a las poblaciones más necesitadas.

La sección Ojo de Gato de GatoEncerrado, que hace verificaciones del discurso público de los funcionarios, encontró que la afirmación de la diputada Martínez encaja en la definición de Engañosa, debido a que omite las razones por las que fueron creadas las juntas de agua, las generaliza y criminaliza. 

El papel de las juntas de agua

Representantes de ocho juntas de agua, ubicadas en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Cuscatlán, San Vicente y La Unión platicaron con GatoEncerrado sobre su razón de ser y cómo se organizan administrativa y legalmente. En resumen, explicaron que son organizaciones sin fines de lucro y que su actividad principal es abastecer de agua a las familias, sobre todo de la zona rural, donde el Estado no llega a través de la  Administración General de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Lo que contaron, con documentos oficiales en mano, desmiente las acusaciones de la diputada Martínez.

El representante de una junta de agua de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, detalló que todas las decisiones son tomadas por una junta directiva de forma colegiada; es decir, por mayoría. Las personas que conforman la junta directiva son elegidas en asambleas generales, en las que tienen voto todas las personas que reciben y pagan por el servicio de agua potable.

El administrador de una de las 13 juntas de agua, aglutinadas en la Asociación de Juntas de Agua de Suchitoto, explicó que en su caso particular abastece a seis comunidades. Esas seis comunidades eligen una junta directiva de 12 personas, conformada por dos habitantes de cada una de las seis comunidades. De esa junta directiva, tres conforman una junta de vigilancia que revisa los acuerdos tomados y confirma que estén en el plan de trabajo. Esta junta directiva se renueva cada dos años, en una votación de la asamblea general, en la que la alcaldía municipal es invitada como observadora electoral y para que valide los resultados y luego otorgue una acreditación a la nueva junta directiva. 

Aunque todas las juntas operan de forma individual y bajo sus propios estatutos, aunque sean parte de una asociación de juntas, todos los representantes coinciden en decir que basan su trabajo en el principio de autogestionar el agua potable de la comunidad para la comunidad.

Cada junta de agua cuenta con una estructura administrativa y de empleados que incluye, según sea el organigrama de cada una, los cargos de secretaría, colecturía, bombeo y fontanería. Todas estas personas tienen un sueldo que es asignado por la junta directiva. Algunos, incluso, tienen prestaciones de ley. En el país existen 2,326 juntas de agua, según el consolidado que tiene la comisión ad hoc que estudia la ley de agua. 

¿Cómo administran sus fondos?

En general, las juntas de agua son organizaciones proveedoras de agua a escala comunitaria; es decir, dentro de una misma comunidad, organizadas por la propia comunidad beneficiada con el servicio. Cada usuario paga una cuota que varía entre cada junta, según explicaron a esta revista los representantes de las juntas. En la mayoría de los casos, las juntas cobran $5 por cada 7 metros cúbicos de agua. En algunas juntas cobran $6 por 12 metros cúbicos. En otras, incluso, pueden cobrar más, pero también es más la cantidad de metros cúbicos servidos.

Sobre el cobro de servicios, una administradora de una junta de agua de Suchitoto detalló que los usuarios reciben una factura mensual que debe ser cancelada en una agencia bancaria, en la que la junta tiene una cuenta de ahorros y una corriente. De la corriente, la junta emite cheques para pagar salarios de los empleados, mantenimiento de las bombas de agua y gastos fijos de oficina y operaciones. Para gastos inmediatos, como reparaciones, se hacen acuerdos de junta directiva, en los que deben evaluarse cotizaciones y luego se autoriza el monto para pagar. Estos acuerdos tienen un mecanismo para ser transparentados, ya que constan en un libro de actas de junta directiva que puede ser consultado por los miembros de la asamblea general.

En la mayoría de los casos, los directivos de las juntas de agua no son empleados, sino que reciben una dieta de $5 por cada reunión en la que toman diferentes decisiones.

¿Existe una ley que las regule?

No hay una ley que regule específicamente el funcionamiento de las juntas administradoras de agua potable. Lo que sí existe es un esfuerzo de organizaciones por contribuir a la gestión pública local que hacen las juntas de agua. La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa elaboró un “Manual de Operación y Mantenimiento de la Junta Administradora de Agua Potable”, en el que se establecen algunos lineamientos que las comunidades pueden seguir para integrar una Junta Administradora de Agua Potable y así autogestionar su recurso hídrico.

En este documento, las juntas de agua son definidas como “un grupo de personas que representan a la comunidad ante cualquier institución, gestión o trámite para el logro de la cooperación en la solución de las necesidades comunitarias en el tema del agua y saneamiento”.

En la iniciativa de Ley de Recurso Hídrico, que diputados de la Asamblea Legislativa están discutiendo actualmente, y en cuyo panel se encuentra la diputada Sandra Martínez, ya hay un acuerdo sobre los cobros por el aprovechamiento de aguas nacionales. Si la ley llega a aprobarse, con este acuerdo sobre los cobros, las juntas de agua tendrían un gasto extra que, consecuentemente, sería trasladado a los usuarios en su cuota mensual.

Diferentes representantes de juntas dijeron a esta revista que les preocupan los plazos planteados en la discusión de la ley para el aprovechamiento del agua que hacen las asociaciones comunales, debido a que solo podrían tener permiso por 5 años, mientras que a las empresas privadas podría tener hasta 15 años.

Estas preocupaciones, además, constan en una carta escrita por el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, dirigida al presidente de la República, Nayib Bukele. 

“Estamos preocupados por lo dispuesto en el Artículo 61 de la Iniciativa de Ley (de Recursos Hídricos) sobre la autorización para operadores y prestadores locales del servicio de agua como las juntas administradoras comunitarias y asociaciones comunales, con una duración solamente de cinco años, y un tiempo adicional máximo igual si su renovación fuera aprobada; mientras que por otra parte, se observa que las empresas privadas podrían obtener autorización para el uso y aprovechamiento del agua por 15 años, e incluso más, hasta un máximo de 30, al tiempo que podría obtener una renovación por 15 años adicionales”.