Rita Segato, una reconocida antropóloga feminista de Argentina, analizó el caso de Manuela y concluyó que “el Estado salvadoreño está muy lejos de tener éxito en su gestión y administración de la vida de las personas”. Manuela es la mujer que fue encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica y luego falleció esposada a una cama de hospital. Su caso es uno de los más emblemáticos de lo que enfrentan las mujeres salvadoreñas por la prohibición absoluta del aborto.

En un conversatorio organizado por la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a propósito del Día de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, Segato señaló que la penalización absoluta del aborto “es una violación del Estado salvadoreño” a los derechos de las mujeres. Agregó que la existencia de una ley que permita el aborto en un país es un parámetro o “un índice de la manera en que un Estado trata a sus mujeres en general”.

Para la antropóloga, el caso de Manuela es ejemplificante ya que demuestra “la barbarie” que sufren las mujeres salvadoreñas. Manuela era una mujer de 31 años, madre de dos hijos pequeños, analfabeta y de escasos recursos. En 2008, sufrió una emergencia obstétrica y fue trasladada de emergencia a un hospital. Ahí, el personal médico la acusó de haberse provocado un aborto y la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Tras la acusación, Manuela fue llevada por las autoridades a la cárcel y sometida a un proceso judicial lleno de irregularidades, según peritos que analizaron el caso en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Al final del proceso judicial, Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Dos años después, murió esposada en la cama de un hospital por un cáncer linfático, para el cual no se le dio el tratamiento adecuado. Con estos antecedentes, el Estado salvadoreño podría ser condenado por la Corte IDH por vulnerar los derechos de Manuela de acceso a la salud y no proveer el debido acceso en la administración de justicia. 

Sin derecho a decidir 

Si bien Manuela fue condenada por homicidio agravado, en el expediente de su caso, la médico tratante la acusó por el delito de aborto. El 10 de marzo de este año, durante la audiencia pública del caso en la Corte IDH, la parte demandante representada por el Centro de Estudios Reproductivos y la Colectiva Feminista expusieron que el estigma en torno a la prohibición absoluta del aborto lleva a los médicos a hacer juicios de valor sobre los casos de sus pacientes y a denunciarlas, violando así el secreto profesional, como ya la corroborado esta revista. 

Las organizaciones de sociedad civil han hecho cuatro intentos por revertir la prohibición absoluta del aborto que entró en vigencia en 1998. La última propuesta de despenalización fue presentada a la Asamblea Legislativa en septiembre pasado; sin embargo, los diputados de mayoría oficialista votaron para no aprobarla.