Por Mónica Campos

El Estado salvadoreño es culpable de haber violentado los derechos humanos de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de prisión luego de sufrir una emergencia obstétrica. Así lo dictó en su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que hizo pública su resolución la noche del 30 de noviembre. Manuela fue denunciada por el personal médico que la atendió en 2008 por considerarla sospechosa de haber abortado. Tras su condena, murió esposada a la cama del pabellón de reos del Hospital Rosales en 2010 a causa de un cáncer linfático para el cual no recibió el tratamiento adecuado. 

“Me duele haber perdido a mi mamá”, dijo Jesús, de 22 años, hijo de Manuela, frente a las cámaras de medios de comunicación nacionales e internacionales, luego de enterarse de la sentencia de la Corte IDH. El joven pidió al presidente Nayib Bukele que trabaje para garantizar que casos como el de Manuela no se repitan. En su sentencia, la Corte IDH expresa que durante el proceso se constató que desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador se ha criminalizado a otras mujeres que han sufrido abortos espontáneos y emergencias obstétricas. 

Jesús relató a la prensa lo duro que ha sido para él y su familia vivir sin Manuela bajo la sombra de la condena que recibió: “El nombre de mi mamá se ha limpiado y me siento muy orgulloso por eso, me siento dichoso de ser hijo de ella”, dijo. 

Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, dijo que esta sentencia es producto de años de trabajo en conjunto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Las organizaciones comenzaron a preparar el caso en 2012 y a lo largo del tiempo hubo varios retos, entre ellos el estigma que sufrió la familia de Manuela por ser considerados como familiares de “una asesina”, por lo que esta sentencia ayuda a dignificar no solo el nombre de Manuela sino el de todo el grupo familiar.

Medidas de reparación

La sentencia dicta que el Estado debe cumplir medidas de reparación tanto a la familia de Manuela como a las mujeres salvadoreñas en general. Expresa que el Estado debe hacer un acto público de reconocimiento donde asuma la responsabilidad internacional por el caso, brindar tratamiento médico psicológico y psiquiátrico a los padres de Manuela, regular la obligación al personal médico de mantener el secreto profesional, crear un protocolo de atención para emergencia obstétricas, pagar indemnizaciones y otorgar becas de estudio a los dos hijos de Manuela. 

“Con esta sentencia, el gobierno tiene la oportunidad de reparar a la familia de Manuela en representación del Estado”, dijo Morena Herrera, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto. 

Parte de las medidas de reparación es que el Estado salvadoreño asuma la educación de los hijos de Manuela. Sobre esto, Jesús dijo a GatoEncerrado que de recibir apoyo estatal quisiera estudiar mecánica automotriz. Estos años, su trabajo como agricultor no le han permitido acceder a educación de calidad. Ni siquiera ha logrado culminar el bachillerato, por lo que aseguró que para él y su hermano las medidas de reparación implican una oportunidad que están dispuestos a aprovechar. 

De acuerdo con la sentencia, el Estado salvadoreño también debe implementar algún programa de educación sexual y reproductiva, además de un elaborar un protocolo para atender y no criminalizar las emergencias obstétricas.

Una carrera de obstáculos

El caso de Manuela ha puesto los ojos del mundo en El Salvador y en la discusión por la despenalización del aborto. A lo largo de los años ha habido grupos religiosos que se han encargado de publicar información no verificada sobre el caso y a revelar detalles personales de la víctima y su familia. Para Carmen Martínez, este fue un gran reto: luchar contra el discurso fundamentalista. 

Para Martínez este discurso pretendía perpetuar las vulneraciones de derechos humanos que enfrentó Manuela. “Los grupos antiderechos siempre han estado exponiendo los nombres de la familia a pesar de que tienen reserva internacional”, expresó. 

La identidad de Manuela y otros detalles de su familia fueron expuestos a pesar de que la Corte IDH decretó la reserva de las identidades a causa de amenazas y mensajes de odio que han enfrentado durante el proceso. Así lo expresó también en la audiencia, realizada en marzo pasado, la presidenta de la Corte IDH Elizabeth Odio Benito. 

Para Martínez, el reto que queda es establecer rutas de diálogo con el Estado para implementar las medidas de reparación de manera exitosa. Sobre esto, Morena Herrera recalcó que el Estado salvadoreño está obligado a dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH y que el gobierno de Bukele tiene un año para presentar en nombre del Estado el nivel de cumplimiento de las medidas de reparación. 

Herrera también recalcó que las sentencias de la Corte IDH generan jurisprudencia con peso y validez en discusiones de ley. Tanto el gobierno de Bukele como la Asamblea Legislativa han sentado su posición sobre el tema del aborto y han desechado las propuestas presentadas por las organizaciones feministas para la despenalización por causales. Para Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana, estas propuestas aún están vigentes y espera que los legisladores tomen en cuenta la sentencia.